El reinado de Felipe III - Política mediterránea: la expulsión de los moriscos y sus consecuencias soc

El 9-4-1609 Felipe III tomó la decisión de la expulsión de los moriscos de España.  La distensión alcan­zada gracias a la paz con Inglaterra en 1604 y con las Prov. Unidas en 1609 permitió a España concentrar sus fuerzas terrestres y marítimas en el Me­diterráneo para garantizar la seguridad de la operación contra los moriscos.  Pero de­trás de ellos se vislumbra el empeoramiento de la situación econ., en el que las fluctuaciones en el comercio de las Indias eran, al mismo tiempo, un síntoma y una causa.  Las restricciones econ. tuvieron un impacto direc­to en la posición española en los P. Bajos.  + insidiosos fueron sus efec­tos sobre la situación de los moriscos.  En un período de empeoramiento del nivel de vida -años 1604-1605- no cabía esperar sino que se hiciera + agudo el resentimiento de las masas contra una minoría próspera.  No hay que pensar que el gobierno español ac­tuó siguiendo directamente los sentimientos de la opinión pública, pero su de­cisión reflejaba el malestar general, y también el estado de ánimo de los diri­gentes de Castilla.  Expulsar a los moriscos suponía liberar a España de un grupo al que desde hacía tiempo se consideraba como un enemigo nacional y, asestar un golpe a favor de la ortodoxia religiosa, reforzando el poder y el prestigio castellanos.

En la guerra con el islam había desaparecido casi por completo el sentimiento de urgencia y en 1609 ya no constituía una preocupación fundaméntal. Cierto que las depredaciones de los corsarios berberiscos y de sus aliados otomanos continuaban planteando un problema de seguridad en el Mediterráneo occ.  Pero nadie creía seria­mente que había que librar una guerra de religión y no existía peligro real de invasión de España ni de una colaboración militar entre Argel y los moriscos. Por tanto, el argumento estratégico había perdido en gran parte su contenido, aunque todavía se invocaba.  El propio Lerma recurrió a él.

El problema fundamental que planteaban los moriscos era el de integración.  Los moriscos seguían siendo un mundo aparte, con su propia lengua y religión y una forma de vida que se basaba en la ley islámica.  En Aragón y en Valencia constituían un auténtico enclave del islam en España, que se resistía a la cristianización y a la hispanización, con sus propios líderes y su clase diri­gente, sus ricos y sus pobres, todos ellos inmunes a la integración.  Y dado que su patria espiritual estaba fuera de España, se sospechaba que ocurría lo mis­mo respecto a su lealtad política.  A los ojos de los castellanos, esta era una situación anormal y monstruosa, la aceptación del fracaso de la política del pasado.  Sin embargo, la opinión pública, en tanto en cuanto pueden apreciarse sus puntos de vista en las Cortes y en la literatura de la época, no presionaba para que se llegara a una solución definitiva, ni existía una campaña masiva en favor de la expulsión.  No puede hablarse de tolerancia, pues todo el mundo pensaba que el islam era un enemigo secular de la fe católica y de España, pero la hostilidad hacia los moriscos se expresaba normalmente contra abusos espe­cíficos -el bandolerismo, o la competencia por los puestos de trabajo-, pero no adoptaba la forma de una condena general ni de una petición de expulsión.  El debate político se circunscribía a los grupos políticos dirigentes de la Iglesia y el Estado. Algunos representantes de la Iglesia, como fray Luis de Aliaga, el confesor real, y los obispos de Tortosa y Orihuela, salieron en defensa de los moriscos «bien dispuestos» y de los auténticos conversos.  Pero sus voces eran eclipsadas por otras que expresaban un mayor fanatismo.  Jaime Bleda, fraile dominico y miembro de la Inquisición de Valencia, instó a Roma a que decla­rara apóstatas a todos los moriscos e hizo un llamamiento al rey y al gobierno para que los expulsara en bloque e inmediatamente.  Las opiniones de este tipo no eran bien recibidas en Roma y no eran compartidas por todo el clero, una parte del cual se mostraba partidario de una política de asimilación paciente, ni por la Iglesia como institución, que no tenía una opinión oficial.  También en los círculos del gobierno estaba dividida la opinión, tal como se reflejaba en el Consejo de Estado, entre una mayoría que apoyaba la política de Idiá­quez de su expulsión total y aquellos que veían con buenos ojos los argumentos del duque del Infantado en el sentido de que la expulsión debía ser discrimina­da, y no masiva.  Obviamente, los más ardientes defensores de los moriscos eran aquellos que tenían un interés personal, la aristocracia de Aragón y Valencia, en cuyas propiedades trabajaban los moriscos como tenentes o vasallos.  En cuanto a la masa de los campesinos castellanos, sentían envidia y resentimiento hacia sus rivales moriscos y los consideraban como satélites de la aristocracia terrateniente.

En la raíz del problema morisco había una cuestión demográfica.  En víspe­ras de la expulsión, la pob. morisca de España era de 319.000 almas, para un total de 8 mill. de habs.  Pero esos moriscos no estaban distribuidos de manera uniforme por toda la penín.  + del 60% se hallaban concentrados en el cuadrante suroriental del país.  En Valencia, que contaba con la mayor concentración de pob. morisca, eran 135.000, apro­x. el 33% de la pob.  El problema se veía agravado por el hecho de que la pob. morisca aumentaba + rápidamente que la pob. cristiana.  En Aragón pasaba algo parecido. Allí, había unos 61.000 moriscos, aprox. el 20% de la po­b., y su tasa de crecimiento también era mayor que la de los cristianos.

En Castilla, la situación era menos tensa.  Las antiguas comunidades de mu­déjares, que constituían una pequeña minoría, nunca habían planteado pro­blema alguno.  La dispersión de 84.000 moriscos de Granada por toda Castilla tras ser sofocada su revuelta en 1570 modificó ligeramente el panorama demo­gráfico.  En conj., los mudéjares y los moriscos granadinos eran entre 110.000-120.000, que no planteaban amenaza alguna a los 6,5 mill. de cristianos que vivían en Castilla.  Ni siquiera las 2 comunidades moriscas estaban integradas entre sí.  El rápido crec. demográfico de los moriscos de Valencia y Aragón no tardó en amenazar con restablecer el equilibrio de poder entre las 2 co­munidades y, tal vez, incluso de decantar la balanza en favor del islam.  Por ello, la expulsión puede considerarse como el 2º acto de la Reconquista.

En último extre­mo, es difícil determinar las razones precisas por las que fueron expulsados los moriscos.  La decisión no fue simplemente consecuencia de la «presión demo­gráfica». Esta política de expulsión fue responsabilidad de unas cuantas per­sonas: Felipe III, en quien residía la soberanía, y sus consejeros inmediatos, que fueron quienes le plantearon la opción.  El duque de Lerma tomó la iniciativa y en este asunto desempeñó con diligencia sus ta­reas políticas y ejecutivas.  Bajo su dirección, el Consejo de Estado debatió la cuestión y en enero de 1608 el Consejo comenzó a propugnar la expulsión, en razón de la seguridad del Estado, y el 4-4-1609 recomendó firmemente esta medida al monarca.  Felipe III aceptó el consejo y el 9-4-1609 se decidió expulsar a los moriscos de todo el conj. de España, comenzando por Va­lencia.  Los preparativos empezaron en el + ab­soluto secreto: se concentraron las galeras del Mediterráneo, acudió la flota del Atlántico y se movilizaron tropas.  En sept., había escuadrones navales acantonados en 3 puertos, Alfaques, Denia y Alicante, y 3 tercios proce­dentes de Italia ocupaban posiciones estratégicas al N. y al S. de Valencia.  El 22 de sept., el virrey de Valencia, marqués de Caracena, ordenó que se publicara el decreto de expulsión. Los aristócratas terratenientes de Valencia, patronos y protectores de los mo­riscos, ya habían celebrado varias reuniones y organizaron una protesta contra el gobierno de Madrid.  Su protesta fue infructuosa, aunque Lerma había pensado en algún tipo de compensación.  Se permitió a los moriscos que llevaran consigo los bienes muebles, pero sus casas, sus semi­llas, sus cultivos, sus árboles y otras posesiones irían a parar a manos de sus señores como compensación, decretándose la pena de muerte contra cualquier acto de destrucción o incendio.  Pero estas órdenes se interpretaron de muy di­versa manera y muchos moriscos se apresuraron a llevar sus productos y sus propiedades al mercado.  Por lo demás, no causaron problemas.  Abandona­ron tranquilamente sus aldeas y conducidos por agentes especiales recorrieron, en largas columnas, el camino que les llevaba hasta los puertos de embarque.

Allí, a partir del 30 de sept., se amontonaron en los barcos que les esperaban.  Partieron para dirigirse al N. de África en con­voyes sucesivos y bajo escolta naval.  Durante los 20 primeros días de oct., unos 32.000 moriscos fueron trasladados por el Mediterráneo.  Los incidentes fueron escasos, pero los que se produjeron tuvieron repercusiones.  Hubo algu­nos casos aislados de robos y violencia por parte de los capitanes de los barcos y algunos grupos de moriscos sufrieron robos y ataques a manos de algunos árabes en el N. de África.  Cuando llegaron a Valencia las noticias de estos incidentes, se recrudecieron los temores de quienes todavía no habían embarca­do. La rebelión estalló el 20 de oct. en el remoto valle de Ayora donde unos 6.000 insurgentes desafiaron a las autoridades y se atrin­cheraron en los yermos de Muela de Cortes.  5 días después, 15.000 moris­cos protagonizaron un levantamiento + imp. en una zona próxima a la costa del S. de Valencia y los rebeldes tornaron posiciones en el valle de La­guarda.  El gobierno envió a los tercios y a la milicia local y, entre tanto, con­tinuó embarcando a los moriscos para impedir que se propagara la revuelta.  A finales de nov., los rebeldes fueron vencidos y los que sobrevivieron a la matanza fueron enviados a galeras o expulsados inmediatamente.  En los 3 1os. meses de la operación, 116.022 moriscos fueron trasladados al N. de África y en 1612, cuando ya habían sido enviados también los rezagados y los huidos, el nº total de moriscos expulsados de Valencia ascendía a 117.464.

La operación se desarrolló con la misma eficacia en Aragón, donde se reali­zó en 1610, una vez garantizada la seguridad de Valencia.  También allí protestó la aristocracia, pero en vano.  A mediados de sept. ya habían sido expulsados al N. de África, a través del puerto de Alfaques, 41.952 moriscos. El resto de los moriscos aragoneses, 13.470, fueron conducidos por los Pi­rineos hacia Francia, y allí las autoridades francesas les llevaron en tropel al puerto de Agde para embarcarlos y les obligaron a pagar derechos de tránsito y el pasaje de la travesía.  Por lo que respecta a Andalucía, donde era + difícil detectar a los moriscos por su riqueza relativa, a mediados de 1610 ya habían sido expulsados 36.000. En el resto de Castilla la expulsión no presentó problemas con respecto al nº, pero sería complicada por la exis­tencia de 2 grupos de moriscos, los antiguos mudéjares y los + recientes emigrados de Granada.  1º se les ofreció la oportunidad de emigrar voluntariamente a Túnez a tra­vés de Francia.  Muchos aprovecharon la oportunidad y los demás fueron ex­pulsados mediante un decreto del 10-6-1610, abandonando el país desde los puertos del S. de España.

Aunque España había expulsado a la mayor parte de los moriscos, la ope­ración no estaba totalmente terminada.  Llevó 3 años, entre 1611 y 1614, loca­lizar a todos los rezagados, que se mostraron particularmente escurridizos en Castilla.  Gradualmente, se completaron las operaciones de limpieza y para 1614 habían sido expulsados 275.000 moriscos en todo el país.  En su mayor parte, se habían trasladado al N. de África, a Marruecos, Orán, Ar­gel y Túnez, donde no todos fueron recibidos de la misma forma, pero final­mente aportaron su laboriosidad y su habilidad a sus nuevas patrias.  Algunos se trasladaron a Salónica y Constantinopla.  Tal vez fueron unos 10.000 los que consiguieron permanecer en España.

España había saldado, por fin, su cuenta con el islam.  La mayor parte de los arbitristas consi­deraron que el proceso no tuvo apenas consecuencias para la econ. del país en su conj.; el gobierno hizo gala de una total indiferencia respecto a las consecuencias econ. de la medida y cuando el Consejo de Castilla hizo balance del estado de la nación en 1619 ni siquiera se refirió a la expulsión.  Probablemente, esa complacencia estaba justificada en el caso de Castilla, donde las consecuencias demográficas y económicas de la expulsión sólo pudieron ser muy ligeras, aunque incluso allí se produjo un descenso de la población en al­gunas zonas, aumentaron los salarios de los artesanos y los de los trabajadores del campo y subieron los costes del transportes.  Sin duda, la expulsión constituyó una pérdida de capital y de mano de obra, pues a pesar de los reglamentos que lo impedían, los moriscos vendie­ron una gran parte de sus propiedades y se llevaron consigo el dinero obtenido de la operación, pero resulta imposible cuantificar esa evasión de capital.

Sin embargo, una vez dicho todo esto, no puede negarse que la expulsión de los moriscos fue un acontecimiento imp. en la hª de España que no puede explicarse mediante una simple ref. a los niveles de salarios y precios en determinadas zonas.  La pérdida del 4% de la pob. de España puede parecer pequeña, pero representaba un porcentaje + elevado de la población activa.  En algunos lugares, la deportación de los moriscos abrió una brecha imp. por lo que respecta a la masa de los trabajadores y los contribuyentes y en este aspecto la despoblación fue una realidad durante muchos decenios.  Algunas profesio­nes se vieron especialmente afectadas por la escasez de mano de obra y, en con­secuencia, por la elevación de los salarios, caso de la producción de seda, la horticultura y el transporte.  Ciertamente, la disminución + imp. de pob. se produjo en la zona oriental de España.  Aragón perdió una 6ª parte de su pob., en su mayoría en las zonas de regadío de Borja, Tarazo­na y Vega del Jalón, que fueron recolonizadas por cristianos viejos que no co­nocían las técnicas agrícolas practicadas por los moriscos y que permitieron que descendiera la producción.  Por su parte, Valencia perdió una 3ª parte de su pob.  Sin duda, la repoblación permitió una cierta recuperación de­mográfica en Valencia gracias a la inmigración desde Castilla y Aragón, aun­que la mayor parte de los nuevos pobladores procedían de las proximidades. 40 años después, en 1646, Valencia seguía estando despoblada. Con la excepción de la prov. de Castellón y la huerta de Valencia, todas las regiones del reino de Valencia experimentaron una imp. pérdida de mano de obra.  Mu­chas de esas zonas eran demasiado pobres para atraer nuevos pobladores y en una gran parte de las tierras de los moriscos las rentas y otros tributos eran demasiado elevados como para que constituyeran una buena inversión.  Valencia siguió siendo una economía de subsistencia, aunque ahora el cul­tivo fundamental era el trigo, no los cereales de inferior calidad que cultivaban los moriscos.  En algunas regiones, la producción de caña de azúcar descendió notablemente, y también perdió importancia el cul­tivo del arroz, aunque la producción de seda y de vino aumentó y ello permitió su comercialización.  Los campesinos y agri­cultores pobres tenían la ilusión de gozar de mayor prosperidad al desaparecer la competencia y, asimismo, por los nuevos niveles salariales, pero muchos de ellos heredaron de los moriscos deudas y créditos por los suministros agrícolas y el ganado, que con frecuencia suponían sumas imps.  Esas deudas no fueron canceladas y la corona las puso en manos de los nobles, a quienes con­sideraba como las víctimas reales de la expulsión.

Prácticamente todos los señores de Valencia y, en menor medida, de Ara­gón, habían hipotecado sus propiedades moriscas.  Los acreedores de las hipo­tecas eran, generalmente, inversores privados y comunidades eclesiásticas que, por tanto, se aseguraron unas rentas regulares a costa de los ingresos señoria­les.  Ahora, los grandes señores comenzaron a exigir rentas extraordinariamen­te elevadas a los nuevos tenentes o a suspender el pago a los acreedores.  El go­bierno intentó compensar a los señores adjudicándoles la propiedad de las posesiones moriscas y reduciendo la tasa de interés de las hipotecas, pero nin­guna de esas medidas resultó suficiente.  Así pues, los terratenientes continua­ron exigiendo rentas excesivas a los pocos nuevos tenentes, lo cual sólo sirvió para alejar a otros posibles pobladores.  Además, seguían con la obligación de hacer frente al pago de sus hipotecas.  Otro grupo de acreedores afectados por la expulsión fueron aquellos que habían invertido directamente en la agricultu­ra otorgando créditos a los campesinos moriscos.  Como se trataba, en su mayor parte, de comunidades eclesiásticas y grupos de ingresos medios en las ciudades, no hay duda de que las conse­cuencias no se dejaron sentir únicamente en el campo.   Fue un nuevo golpe para las capas medias de la sociedad española y un nuevo desincentivo a la inversión en una agricultura ya descapitalizada.

Si los grandes señores de Valencia sufrieron duramente las consecuencias de la expulsión, este no fue el 1er. golpe para su prosperidad.  Mucho antes de 1609, las fortunas de muchas familias nobiliarias se habían visto re­cortadas por el simple hecho de que vivían por encima de sus posibilidades, se entregaban a un consumo desenfrenado de productos de lujo y administra­ban sus propiedades con total ineficacia.  La expul­sión de los moriscos fue el golpe definitivo y, paradójicamente, permitió a mu­chos aristócratas superar sus dificultades financieras y comenzar de nuevo.  Con la ayuda de la corona, la tasa de interés de sus hipotecas descendió del 10 al 5% y fueron autorizados a impo­ner a los nuevos pobladores las mismas obligaciones y cargas que recaían sobre los moriscos.  Algunos terratenientes acrecentaron sus propiedades con los des­pojos moriscos y otros, los //senyors //feudales, estaban + interesados en afian­zar sus derechos sobre la producción agraria que en modernizar sus propieda­des.  Pero, a pesar de las compensaciones que consi­guió en forma de tierra y ventajas financieras, no recuperó la gran prosperidad de la que había disfrutado en el S. XVI.  Sus deudas les abrumaron durante el resto de la centuria y si sobrevivieron en la cima de la sociedad fue gracias a la ayuda de la corona y como leales servidores suyos.

Pocos peros pueden ponerse a la expulsión de los moriscos como operación adm.  Pocas maquinarias de gobierno europeas podían haber hecho acopio de la información estadística que la posibilitó y haber organizado la con­centración y transporte de tan gran nº de personas.  La burocracia es­pañola superó esta prueba con gran eficacia.  Inclu­so el tan criticado Lerma consiguió gracias a ella un cierto crédito, como admi­nistrador, ya que no como responsable político.  Además, fue un ej. de cómo la política y la dirección centrales podían llegar a las provs.  Este aspecto de la operación tuvo consecuencias que tras­cendieron el problema de los moriscos.

La expulsión de los moriscos fue una medida decidida y ejecutada por Cas­tilla.  Desde este punto de vista, alteró aún + el equilibrio de fuerzas en el interior de la penín.  Al expulsar a los moriscos de Aragón y Valencia, Madrid estaba atacando la inmunidad de esos reinos y ahondando el desequilibrio entre el centro y la periferia.  De hecho, esto suponía un ataque contra la aristocracia no castellana.  En su origen, la aristocracia de Aragón era militar, con pronunciados rasgos feudales y señoriales, y debía su existencia ini­cial al control que ejercía sobre una imp. pob. morisca.  La expulsión de los moriscos supu­so un golpe contra el poder y la riqueza de la aristocracia aragonesa.  Lo mismo puede decirse en el caso de Valencia, donde la alta nobleza sufrió un imp. descenso de sus ingresos procedentes de las propiedades seño­riales a partir de 1609. Los fueros de los reinos del levante penin. los disfrutaban fundamentalmente las clases altas de las ciudades y del campo.  Por tanto, atacar a la aristocracia terrateniente suponía atacar la inmunidad cons­titucional de esas regiones.  En el proceso, Castilla acabó con el poder que Aragón y Valencia pudieran poseer en el seno de la monarquía, pues fue allí donde las consecuencias econ. de la expulsión se dejaron sentir con ma­yor fuerza.  Esa es la razón por la que el gobierno de Castilla hizo oídos sordos a los argumentos econ. en contra de la expulsión.