La traslación a España del modelo centralista francés.

En 1833 se produce el final de Antiguo Régimen y el asentamiento del Estado moderno centralista, pero el intento de la creación de un Estado centralista es anterior. En 1833 lo que se hace es poner al día la vieja política iniciada hace dos siglos.

El primer mito que hay que desmontar es la boda entre Fernando e Isabel en 1479. No se puede decir que de ese matrimonio surja el Estado nacional, ahora bien, si que supuso un antecedente dado que sus herederos sentaron la unión dinástica. Pero a pesar de la unión matrimonial, tanto Castilla como Aragón mantuvieron sus propias instituciones (así, en cada reino, los ciudadanos del otro reino eran extranjeros). Tras Fernando II, Carlos I y V de Alemania hereda las dos coronas junto con más territorios del resto del mundo. Desde entonces tendrán el mismo rey pero con estructuras políticas diferenciadas.

El primer intento de centralización proviene de la Casa de los Austria (1640-52), a raíz del conflicto de la Guerra de los 30 años[1] que finalizó con la Paz de Westfalia[2]. Felipe IV utiliza una política de potencia y el Conde Duque de Olivares le aconseja que sea el rey de España y que elimine las leyes e instituciones que existían. Tras la pérdida de la guerra, con el Tratado de los Pirineos[3] Catalunya pierde parte de sus territorios si bien se preservaron las instituciones.

Bajo la monarquía hispánica se produce la Guerra de Secesión[4] (1702-14) a la muerte de Carlos II, así ¿quién heredaba?. La disputa está entre Carlos de Austria (Imperio Austro-Húngaro con el apoyo de Gran Bretaña) y Felipe de Borbón apoyado por Francia. Los antiguos territorios de la Corona de Aragón apuestan por Carlos y el resto por Felipe. El 11 de Septiembre 1714, caída de Barcelona ante las tropas del Felipe V (Rafael de Casanovas), se suprimen las instituciones de autogobierno de Catalunya mediante el Decreto de Nueva Planta[5] de 1716 y Catalunya pasa a ser gobernada y reprimida por un Capitán General. Nuevos impuestos (el catastro,, que no será aplicado a Castilla hasta mediados del S. 19) sobre los bienes inmuebles y actividades económicas, supresión de la universidad catalana (apertura de una universidad en Cervera por los favores prestados), represión de la lengua. Se reserva el Derecho Civil.

En 1802 existe un vacío de poder a la muerte de Fernando VII y se produce un pacto entre Isabel II y los liberales y el centralismo, también se produce la división del territorio en provincias (Javier de Burgo[6]), situándose a los Subdelegados de Fomento como responsables de ejecutar en la provincia (posteriormente pasarán a ser los Gobernadores Civiles), también se introduce la figura del Jefe de la Provincia nombrado por el Gobernador que es un cargo político y que será el Presidente de la Diputación (para controlar el funcionamiento de los ayuntamientos).

Toda esa política centralista, recibe un impulso definitivo con la Constitución de 1845 (de carácter moderado y centralista), así, del ejército (que participa activamente en la vida política mediante golpes de estados y como garante del orden público y en favor de la monarquía), el 27% de sus efectivos se ubicaba en Catalunya y estaba formado por soldados profesionales y de quinta (1 de cada 5 hombres en edad militar hacía el servicio militar), pero, quien podía pagar se libraba, lo que provocó una movilización de madres y mujeres en Catalunya contra las quintas en Catalunya y, a la postre, sería uno de los elementos que justificará el origen del catalanismo político (haciendo referencia a los privilegios que había tenido Catalunya antes). Las quintas estarán vigentes hasta 1912. En 1857 sale una ley sobre la instrucción pública que fija un plan de estudios homogéneo para todo el Estado (señalando que la lengua en las escuelas será el castellano). En 1845 existe una voluntad de crear un sistema fiscal homogéneo en todo el Estado (implantar el catastro). Es decir; hacienda + escuela + ejército + otros intentos como el de unificar el Derecho civil, es un proceso de uniformización que dará lugar al origen del catalanismo político.

Este modelo entrará en crisis con la Gloriosa Revolución de 1868 (los republicanos federales que también participan en esta revolución, son los únicos que tienen una concepción de la organización territorial del poder del Estado no centralista, partidarios de una república federal que comporta la división territorial del poder en diferentes entidades). El fracaso del intento de la monarquía de Amadeo de Saboya, da lugar a la I República y en su seno se produce una crisis interna entre republicanos federalistas y centralistas. Surgimiento del cantonalismo. Fin de la república y vuelta con la monarquía.

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[1] Cataluña (1640), Rebelión de, conflicto entablado entre la Monarquía Hispánica y los territorios catalanes, conocido también como guerra dels Segadors, que transcurrió desde 1640 hasta 1652, si bien se puede considerar asimismo 1659 como su año de finalización, dado que hasta entonces no acabó la intervención francesa en el mismo.

Las causas del conflicto

Las causas de la rebelión se encuentran en la política imperial y sus elevados costes, en la oposición a la monarquía absoluta, en el malestar campesino y en la presencia de las tropas de la Monarquía Hispánica en Cataluña. Durante el siglo XVI, la prosperidad de Castilla y la llegada de oro y plata de América ayudaron a mantener el Imperio. A finales de siglo, durante el reinado de Felipe III (1598-1621), la Hacienda castellana se encontraba en estado ruinoso. A partir de 1618, la guerra de los Treinta Años (que no finalizó hasta 1648) acentuó los problemas económicos de la monarquía, de manera que, en 1627, se podía hablar de bancarrota. En este contexto, el programa del valido de Felipe IV (1621-1665), el conde-duque de Olivares, tenía por objetivo la reforma institucional del Estado para conseguir la colaboración de los reinos no castellanos en la financiación de la Hacienda. Se trataba de unificar legislativa e institucionalmente la Monarquía Hispánica, suprimiendo leyes e instituciones feudales, crear un Ejército en el que todos los reinos participasen (la denominada Unión de Armas) e imponer una fiscalidad más exigente. Este programa reformista, fundamento de la monarquía absoluta, fue rechazado por las Cortes catalanas, lo que creó una relación conflictiva entre Cataluña y la monarquía. A ello ayudó el clima de inestabilidad provocado por el bandolerismo.

Durante los primeros años del reinado de Felipe IV, tres problemas hicieron aumentar la tensión: el fracaso de las Cortes de 1626 y 1632, que frustraron la Unión de Armas; los abusos de los tercios imperiales alojados en Cataluña en 1626 en previsión de la guerra con Francia, finalmente declarada en 1635, momento en que se enviaron más tropas para defender la frontera, lo que acentuó al malestar campesino; y, por último, la aparición del hambre, que endureció más las tensiones, de forma que, entre 1635 y 1640, los enfrentamientos entre campesinos y soldados fueron constantes.

El desencadenamiento de la rebelión

En 1638, la elección del canónigo radical Pau Claris como presidente de la Generalitat, desplazó a la burguesía y a la nobleza pactistas de la dirección de las instituciones catalanas. A partir de enero de 1640, los enfrentamientos entre las tropas imperiales y los campesinos aumentaron. Se produjo un clima de lucha antiseñorial, que se anticipó y se sumó al conflicto político abierto. En mayo de 1640, 4.000 campesinos se enfrentaron a los tercios en Girona y el obispo sancionó con la excomunión a los soldados. Ello dio fuerzas a la religiosidad popular, que apoyó la revuelta campesina espontánea. El 22 de mayo, los segadores entraron en Barcelona y abrieron las puertas de la cárcel liberando al diputado militar Tamarit, encerrado por desobedecer las órdenes de reclutamiento de Olivares. El 7 de junio, día del Corpus, entraron por segunda vez en la ciudad, y el virrey Dalmau de Queralt, conde de Santa Coloma, cayó asesinado: la ruptura con el Estado era inevitable. Los dirigentes de la Generalitat optaron por encabezar la revuelta y sumar así a los objetivos sociales o antiseñoriales los objetivos políticos de rechazo del programa unificador.

La rebelión catalana y la participación francesa

Ante la gravedad de los acontecimientos, el conde-duque de Olivares formó un ejército para invadir Cataluña. Al mismo tiempo, la Generalitat se aliaba con los franceses. Así fue como la rebelión de 1640 de Cataluña se convirtió en un episodio local de la guerra de los Treinta Años. En 1641, los franceses no respetaron la independencia de las instituciones catalanas —pactada previamente— y nombraron al rey Luis XIII conde de Barcelona, cediendo a las presiones políticas del cardenal de Richelieu. El ejército de Felipe IV avanzaba desde el sur pero fue frenado en la batalla de Montjuïc, a las puertas de Barcelona, en enero de 1641. La revuelta nobiliaria de Francia debilitó la actividad militar francesa, coyuntura aprovechada por las acciones ofensivas de Juan José de Austria, que dieron como fruto la conquista de Barcelona, en 1652. Los franceses continuaron presionando militarmente durante siete años más, razón por la cual algunos historiadores sitúan el final de la guerra en 1659 y otros en 1652, con la caída de Barcelona. Las aspiraciones territoriales francesas se vieron satisfechas en 1659, año en que se firmó la Paz de los Pirineos, por la que una parte de Cataluña pasaba a ser dominio francés.

[2] Paz de Westfalia. Firmada en Münster el 24 de octubre de 1648, influyó sustancialmente en la historia posterior de Europa. Además de convertir a Suiza y a las Provincias Unidas (Países Bajos independizados de España) en estados independientes, el tratado debilitó gravemente al Sacro Imperio y a los Habsburgo, supuso el surgimiento de Francia como principal potencia del continente europeo y retrasó la unificación política de los estados alemanes.

Las consecuencias económicas, sociales y culturales de la guerra fueron muchas, siendo los territorios alemanes las víctimas principales. Las estimaciones actuales sugieren que la población total del Sacro Imperio disminuyó entre un 15 y un 20%. Las zonas rurales, a diferencia de las ciudades fortificadas, fueron las que más sufrieron. Salvo en las ciudades portuarias, como Hamburgo y Bremen, la actividad económica decayó en todos los estados alemanes. La incertidumbre, el miedo, el caos y la brutalidad marcaron la vida diaria y permanecieron en la memoria colectiva alemana durante siglos.

Aunque la Paz de Westfalia marcó el final de la guerra de los Treinta Años como conflicto europeo generalizado, el enfrentamiento entre Francia y España, agudizado desde 1640, fecha en que Francia alentó la Rebelión de Cataluña contra España, no finalizó hasta 1659, en que ambos países firmaron la Paz de los Pirineos.

[3] Pirineos, Paz de los (1659), tratado firmado en 1659 por el que finalizó la guerra entre la Corona española y la francesa declarada en 1635 dentro de la guerra de los Treinta Años (1618-1648) y la rebelión de Cataluña de 1640 o guerra dels Segadors. Dibujó una nueva frontera franco-española en el Pirineo oriental, modificada por la presencia en la zona —durante 19 años— del Ejército francés, coaligado con los protagonistas de la rebelión de 1640. Fue firmado en la isla de los Faisanes por Luis Menéndez de Haro, representante de Felipe IV, rey de España, y el cardenal Jules Mazarin, representante de Luis XIV, rey de Francia. Según la Paz de Westfalia (1648), Cataluña había sido territorio de intercambio en las negociaciones, pero las pretensiones francesas hicieron que no se tomaran decisiones. Se aprobaron cláusulas relativas a la reorganización territorial de Europa y a las relaciones comerciales y políticas entre Francia y España. En la frontera del norte Francia recibió, junto a las plazas de Metz, Toul y Verdún, algunos territorios de los Austrias españoles: el condado de Artois, Hainaut, Luxemburgo y Rocroi. Los franceses devolvieron a España el Charolais —en el Franco Condado— y las conquistas de Italia. En la frontera catalana del sur, devolvieron territorios ocupados a cambio del dominio sobre el Rosellón, el Conflent, el Vallespir y una parte de la Cerdaña.

Los negociadores españoles aceptaron la mutilación de Cataluña a cambio de mantener posiciones en Flandes. La Paz de los Pirineos fue complementada por el Tratado de Llívia (1660) que acordó el paso a la soberanía francesa de 33 pueblos y lugares del valle de Querol y el Capcir, quedando el enclave de Llívia bajo dominio español pero rodeado de tierras francesas. Así se trazó de manera más precisa la división de la Cerdaña entre Francia y España. En la Paz de 1659 se incluyó un indulto general y la restitución de bienes a todos los perseguidos durante los años de guerra (1640-1659). Las instituciones políticas catalanas fueron respetadas. El comercio francés obtuvo un trato de favor. Francia se comprometió a no ayudar a Portugal y a no coaligarse con Inglaterra si estaba en guerra con España. Una cláusula de trascendencia política fue el matrimonio de Luis XIV con la hija mayor de Felipe IV, María Teresa, que años más tarde abriría las puertas del trono español a los Borbones.

[4] Española, Guerra de Sucesión (1702-1714), conflicto dinástico e internacional tras el cual se asentó en España la dinastía Borbón. Además de dilucidarse el testamento de Carlos II y la legitimidad Borbónica, las potencias europeas se disputaban una serie de intereses territoriales, políticos y económicos a costa de España, víctima del reparto que se realizó al término del enfrentamiento.

Causas

La progresiva convicción de que Carlos II, después de sus dos matrimonios, no iba a tener descendencia, activó la pugna entre los candidatos europeos para hacerse con su herencia. Inicialmente el candidato designado como heredero había sido José Fernando, hijo del elector de Baviera, pero su muerte, en 1699, volvió a abrir el problema de elegir entre el archiduque Carlos, hijo del emperador Leopoldo y futuro emperador a su vez como Carlos VI, apoyado por la reina Mariana de Neoburgo y el partido austriaco de España, y Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV y María Teresa de Austria. El siempre moribundo Carlos, aconsejado por el cardenal Portocarrero y el partido nacional, decidió que sólo el apoyo de Francia, cuyas tropas se encontraban en la frontera española, podían garantizar la conservación de la monarquía en toda su integridad, y optó por Felipe. A pesar de las fuertes presiones, mantuvo esta decisión en su último testamento de 3 de octubre de 1700, con dos condiciones: no reunir nunca las coronas de España y Francia en una misma persona y no enajenar parte alguna de los territorios españoles.

Cuando murió Carlos II, el 1 de noviembre de 1700, las potencias europeas, salvo el emperador Leopoldo, reconocieron a Felipe V como rey de España. Sin embargo, la actitud de Luis XIV, ocupando algunas plazas de los Países Bajos españoles y haciéndose confiar su gobierno por el nuevo rey, contribuyó a formar la opinión de que España pasaría a formar, de hecho, un potente bloque con Francia, dirigido por el monarca francés, que rompería el orden europeo. Este temor empujó a las potencias marítimas —Inglaterra y Holanda—, opuestas a la hegemonía borbónica a apoyar las pretensiones del archiduque de Austria formando la Gran Alianza (La Haya, 1701) que el 15 de mayo de 1702 declaró la guerra a los Borbones. Europa se dividió en dos bloques que, con una excusa legitimista, buscaban sacar beneficios de un futuro desmembramiento de los territorios hispánicos y ventajas económicas de la apertura del monopolio de su comercio americano. Frente a Francia y España, a los que se unirá Baviera, militaron los aliados de La Haya, que pronto contaron con Dinamarca, la mayor parte de los príncipes alemanes y Prusia; más tarde se unirá Saboya y por el tratado de Methuen, en 1703, Portugal, que aportará una excelente base de operaciones en la península Ibérica.

Guerra civil

En lo que respecta a España, Castilla, aunque contó con alguna oposición, apoyó a Felipe V, mientras que Cataluña y Valencia desde 1705 y Mallorca y Aragón en 1706, temerosos del centralismo Borbónico, se declararon decididos partidarios del archiduque, que desembarcó en Barcelona, donde comenzó a ejercer como monarca efectivo. Con estos hechos, la nueva dinastía Borbónica, presionada entre Levante y Portugal, se vio en serias dificultades, hasta el extremo de que Felipe V se vio obligado a salir de Madrid, donde entró el pretendiente Carlos (1706), que fue proclamado Carlos III. Mal recibido por el pueblo madrileño, las tropas aliadas tuvieron que retirarse hacia Valencia y Murcia, aunque conquistarán en estos años definitivamente Gibraltar y algunas plazas de Baleares, entre ellas Menorca. Felipe, gracias a la lealtad de Castilla, salvó la situación. Los ejércitos hispano-franceses, dirigidos por el duque de Berwick, derrotaron a las tropas aliadas mandadas por lord Galloway en la batalla de Almansa (1707), sometiendo a casi todo el reino de Valencia. En castigo por la adhesión de Aragón y Valencia al archiduque, Felipe abolió sus fueros (los de Cataluña lo fueron en 1716).

La situación se agravó en 1709. La rendición de las plazas francesas de Tournai y Mons llevó a Luis XIV al casi abandono de su nieto, pese a lo cual Felipe continuó el esfuerzo militar, y aunque sufrió el revés de Almenara, obtuvo los éxitos de Brihuega y Villaviciosa (1710), que le abrieron el camino hacia Cataluña. En el mismo año, a la muerte del emperador José, hermano del archiduque Carlos, éste accedió a tal dignidad, por lo que las potencias aliadas temieron que se pudiera reconstruir la situación geopolítica del emperador Carlos V (I de España) y que se rompiera el sistema de equilibrio. Así se llegó al comienzo de unas negociaciones de paz; Inglaterra y Portugal convinieron una suspensión de armas con España y Francia, y el Tratado de Utrecht (1713) habría puesto fin a la guerra de no haber sido por la resistencia de Mallorca y Cataluña que, hasta su capitulación el 13 de septiembre de 1714, siguieron luchando.

[5] Nueva Planta, Decretos de, serie de decretos que en la España de principios del siglo XVIII suprimieron el gobierno propio de los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y del principado de Cataluña. Fueron promulgados por Felipe V en respuesta al apoyo que las instituciones de estos territorios habían prestado al archiduque Carlos de Austria más tarde el emperador Carlos VI en la guerra de Sucesión. Obedecen, también, a la tendencia centralizadora que el rey había conocido en su Francia natal. Esta tendencia consideraba que la mejor forma de gobernar sus reinos y territorios era con unas mismas leyes y con unas instituciones similares que fueran totalmente dependientes de la Corona.

En 1707 se promulgó el primer decreto de Nueva Planta que abolía los fueros de Aragón y Valencia imponiendo una legislación y unas instituciones muy similares a las del reino de Castilla. Se crearon las audiencias de Valencia y Zaragoza que presidía el capitán general del Ejército. El segundo decreto se promulgó en 1715 para el reino de Mallorca aunque se conservaba parcialmente alguna de sus instituciones tradicionales. En 1716, se publicó el tercer decreto para el principado de Cataluña que disolvió sus instituciones de gobierno (Generalitat, Consell de Cent y otros). Se suprimieron, también, otras instituciones y derechos tradicionales como la prerrogativa de celebrar cortes, la representación de los brazos, la coronela y diversos organismos burocráticos. Se creó la Real Audiencia, presidida por el capitán general y una Superintendencia que heredó los bienes y rentas que tenía la Generalitat y creó un nuevo tipo de impuesto, semejante a la talla o al equivalente llamado catastro. Se prohibió el uso del catalán en la administración judicial y en la nueva administración. La Nueva Planta también afectó al poder territorial, organizándose los corregimientos a la manera castellana. Se conservaron, no obstante, algunas particularidades como la vigencia de derecho privado, la exención de quintas y el oficio de notario público de Barcelona. Enciclopedia Encarta 2000.

[6] Burgos, Francisco Javier de (1778-1849), político español. Reformista moderado (en realidad era un afrancesado), colaboró con los franceses durante la guerra de la Independencia, lo que le obligó a emigrar. Nombrado ministro de Fomento (1833) en un gabinete de Cea Bermúdez, sus reformas racionalizadoras de la administración pública condujeron a la famosa división territorial de España en provincias que pervive hasta nuestros días. Creó también los subdelegados de Fomento, que se convertirían en los futuros gobernadores civiles. Años después fue ministro de Gobernación con Ramón María Narváez (1846).