Los cleavage políticos en la historia contemporánea española - La dictadura franquista.

La evolución del régimen y su definición

El proceso de institucionalización del régimen franquista comenzó en el inicio mismo de la sublevación y estuvo permanentemente abierto a lo largo de su historia. Durante todo ese tiempo, España no disfrutó de una Constitución porque las llamadas Leyes Fundamentales (que se configuraron a lo largo de los años siendo la primera el Fuero del Trabajo), eran un burdo remedo de aquella. El curso que tomaba la 2ª GM en 1942 con el declive del Eje y la condena de las NNUU que en 1945 deciden la no adhesión de España y en 1946 su aislamiento internacional, llevaron a Franco a promover la ocultación de las formas más autoritarias del Estado buscando su legitimación en una nueva formulación de las características del régimen: la democracia orgánica.

Mediante la Ley de junio de 1942 se crean las Cortes Españolas, pero no pueden ser consideradas un órgano legislativo (Franco seguía gozando de plenos poderes), ni tampoco representativo (inexistencia de sufragio universal libre).

En julio de 1945 se promulga el Fuero de los Españoles, que emulaba una declaración constitucional de derechos pero con muchos recortes y sin ningún sistema de garantías. En octubre del mismo año se consumaba la Ley de Referéndum que facultaba al Jefe del Estado para someter a consulta popular proyectos elaborados por las Cortes.

España no firmó hasta 1953 el tratado con los EUA y el concordato con la Santa Sede y hasta 1955 no ingresó en las NNUU, pero la aparición de la guerra fría hizo que desde 1947 la amenaza internacional se fuera resquebrajando, lo que disminuyó la esperanza de los exiliados republicanos de derribar a Franco por la presión exterior y los monárquicos de restaurar la monarquía con Juan de Borbón.

En este contexto, la Ley de Sucesión de julio de 1947 determinaba el carácter vitalicio de la jefatura del Estado, declaraba España como reino y reservaba a Franco el derecho de designar un sucesor, que en 1969 concretaría en Juan Carlos. Con la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958 y, sobre todo con la Ley Orgánica del Estado de 1967, que permitía la separación de los cargos de Jefe de Estado y Presidente del Gobierno (en junio de 1973 fue nombrado Carrero Blanco como Presidente del Gobierno), y la posibilidad de fundar asociaciones de acción política, se cerraba el cuerpo de la legalidad constitucional del régimen.

þ      Sobre la naturaleza del franquismo.

Se trata de un debate en el que no hay acuerdo unánime. Muchos han sido los calificativos que se han utilizado: fascismo, bonapartismo, despotismo, autoritarismo, dictadura, accidentalismo y ficción monárquica.

Juan J. Linz propuso una definición: “régimen autoritario y no totalitario que, aunque presentaba una alta concentración de poder en el jefe, admitía un limitado pluralismo político que excluía la formación de una ideología sistemática e intransigente y no necesitaba una constante movilización política”. Las críticas a esta definición es que se trata de una tesis pensando en las peculiaridades del franquismo de los años 60, pero que menosprecia su trayectoria anterior.

Pérez Ledesma propone otra definición: “una dictadura militar y eclesiástica de tipo tradicional en la que el ejército, que representa el papel más estacado en la nueva estructura política, comparte el poder con otras élites o familias, entre las cuales la católica consiguió los mejores frutos”. Al margen de los intereses corporativos que el ejército defendiera, su identificación con el orden social y sus lazos con las clases superiores explican el que la coalición militar y clerical (con una Falange en condiciones de subordinación), permitiera que la oligarquía agraria y los grandes industriales y financieros, recuperaran en el periodo de la autarquía, sus posiciones sociales, pero con limitaciones a su autonomía de acción por las decisiones políticas de quienes tenían el poder. El cambio del modelo económico a favor de la racionalización capitalista, acaecido tras el agotamiento de la fase autárquica, y las nuevas formas de institucionalización fueron posibles, a diferencia de lo ocurrido con los fascismo, por la ausencia aquí de un partido dominante capaz de imponer a toda costa sus propios objetivos. El citado cambio, no obstante, traería consecuencias no deseadas para el régimen, que se agudizarían con el paulatino distanciamiento de la Iglesia.

Transformaciones sociales y crisis del franquismo.

Con el Plan de Estabilización de 1959, la economía española conoció un trascendental proceso de apertura y liberalización y un rápido y acusado desarrollo que se mantuvo con una tasa de crecimiento del PIB en torno al 7% anual hasta la crisis de 1974. Se remontaba el atraso producido por la Guerra Civil. Esta dinámica alteró la estructura productiva, así entre 1959 y 1975 el peso proporcional de la agricultura en el PIB pasó del 22% al 9%, el de la industria del 35% al 38% y el de los servicios del 43% al 53%.

Se produjo también una mutación en la estructura social, haciéndose patente un dinamismo social. La altísima cifra de población activa agraria de 1940 había descendido en 1976 a un 20%, el sector industrial daba ocupación al 36,6% y los servicios al 40,6%. El núcleo básico de la población activa agraria no la formaban ya los jornaleros y las expectativas de revolución social que tenían en los años 30 se había esfumado. La clase obrera industrial, numerosa, diversificada y repartida por todo el territorio, había acrecentado su nivel de cualificación y perdido el carácter propiamente proletario. Las clases medias aumentaron sus efectivos y modificaron hondamente su composición (disminuyendo la tradicional y aumentando las nuevas clases medias, con un elevado componente asalariado y muy vinculadas a los mecanismos del nuevo capitalismo y, como en el caso de la clase obrera, muchos de sus miembros asumieron ideales democráticos). Salvo grupos minoritarios, la sociedad se hallaba en esos años bastante integrada objetivamente en los mecanismo del sistema capitalista, lo que no impedía que para diversos sectores dicho sistema careciera de legitimidad por haber conseguido su fortalecimiento bajo el régimen franquista. El desarrollo del capitalismo y la racionalización del funcionamiento del mercado están en la base del paulatino debilitamiento del control estatal sobre la sociedad, a consecuencia de los cual fueron apareciendo formas de organización social que al expresarse con relativa autonomía, constituyeron a la creación del tejido organizativo propiciador de la reconstrucción de la sociedad civil.

La crisis del franquismo se debió en buena medida a su incapacidad para afrontar las consecuencias de la transformación socioeconómica que había potenciado. Existía una auténtica crisis de adaptación política y una disfuncionalidad entre el dinamismo de su sociedad y la persistencia de su régimen político cerrado y obsoleto. El régimen vivía al final de su historia una situación de crisis permanente que le dificultaba seguir dirigiendo pacíficamente la sociedad, lo que se vio agravado por el paulatino alejamiento de la Iglesia que pasó de su apoyo unánime a la existencia de multiplicidad de actitudes. El sistema de relaciones Iglesia-Estado entró en un periodo difícil y generó una dinámica de tensión y, en ese contexto, la Iglesia adquirió capacidad para enlazar con los sectores de la oposición y pedir para todos un régimen político plural y democrático. El contexto hostil y deslegitimador de la Europa democrática, también ayudó a erosionar la fortaleza del régimen. Las dictadura del sur de Europa (España, Portugal y Grecia), eran restos de un pasado universalmente condenado.

La implantación de un régimen democrático era demandada socialmente por la mayoría de la clase trabajadora, estudiantes, sectores nacionalistas, una pequeña parte de la burguesía y grupos profesionales. En la oposición renovada desde los años 60 y con un peso cada vez mayor de los grupos clandestinos, la fuerza hegemonía era el PCE que preconizaba un frente interclasista como “pacto para la libertad”. El 30 de julio de 1974 se presentaba en París la Junta Democrática que era un organismo unitario (PCE, CCOO, PSP, PT, Partido Socialista de Aragón, Partido Socialista de Andalucía, durante un tiempo el Partido Carlista e independientes como Trevijano, Calvo Serer y Vidal Beneyto). Un año más tarde se formaba la Plataforma de Convergencia Democrática (PSOE, con Felipe González muy receloso del PCE, la UGT, Izquierda Democrática, PNV, Unión Socialdemócrata, Partido Galego Socialdemócrata, el MC, la ORT).

La ruptura con el franquismo para devolver al pueblo su soberanía fue el lema de la oposición, que pretendía dirigir el proceso de la transición, una vez desplazados del poder los sectores franquistas a causa de las movilizaciones populares y tras una negociación conos poderes fáctico para la formación de un Gobierno Provisional.

La crisis del franquismo afecto a sus clases políticas que se escindieron en aperturistas (deseaban perfeccionar y abrir el régimen para adaptarlo a los cambios habidos en la sociedad) y los inmovilistas. La muerte de Carrero Blanco en diciembre de 1973 puso de manifiesto la gravedad de la crisis y pareció llegado el momento de la aplicación de las tesis aperturista explicitadas por el Presidente Arias Navarro el 12 de febrero de 1974. Pero la apertura pronto se agotó y el régimen se cerró volviendo a una dura represión y a un mayor aislamiento, pero fue capaz de mantener una relativa fuerza debido a que amplios sectores de la población no le eran manifiestamente hostiles y debido a que la coalición franquista mantenía bajo su dirección los aparatos burocráticos y políticos del Estado, conservaba el control de las fuerzas represivas y tenía el apoyo del ejército, es decir, contaba con un Estado bastante modernizado si bien no democratizado.

La sociedad española había conseguido alcanzar un cierto equilibrio social, no era especialmente conflictiva y su opinión pública, respondía básicamente a las pautas de una sociedad no muy radicalizada. Desde los años 60, la integración en el sistema a medida que se entraba en la sociedad de consumo, la represión existente y la pervivencia en la memoria de la guerra, habían sido poderosos factores desmovilizadores. Se formó una mayoría silenciosa y despolitizada, con actitudes políticas elementales, más preocupada por cuestiones económicas concretas que por problemas políticos globales. Esta mayoría que en los años 60 suponía algo más del 50% de la población, había servido indirectamente de base al mantenimiento del régimen y después serviría al desarrollo moderado del cambio político. A ambos lados giraba el segmento social que se identificaba con el régimen (15%) y el creciente sector social (25%), que aspiraba a la implantación de una democracia, si bien no todos estaban dispuestos a asumir grandes riesgos en la lucha por las libertades.

Debe tenerse en cuenta que el Estado franquista tuvo un gran protagonismo en el desarrollo industrializador del país llevando a acabo una política de fomento industrial para crear la autosuficiencia frente al exterior y reforzar la defensa nacional. También intervino para asentar las bases de la industrialización privada mediante facultades administrativas y de concesión de garantías y beneficios y participando directamente a través del Instituto Nacional de Industria. Pero el desarrollo industrial generó la necesidad de una mayor racionalización económica y administrativa, así que , al compás de la liberalización y fuerte crecimiento de la economía, se produjo también un proceso de racionalización en las propias estructuras burocrático-administrativas del Estado.

Desde 1957 comenzó una reforma de la Administración Pública, de gran valor para el momento, efectuada con criterios de aumento de la eficacia y de la racionalización de la actividad administrativa impulsado por los sectores del Opus Dei que representaban los intereses globales del capital. Además, junto al proceso racionalizador, se estaba dando una fuerte expansión del propio Estado que alcanzaba no tan sólo a la ampliación de sus funciones más propias y permanentes, sino a actividades en las que tradicionalmente había tenido poca presencia, como la creación de un potente sector público (empresas públicas, sanidad, educación, transporte, etc.) lo que le proporcionó un gran peso específico en la sociedad española.

Al ensancharse y modernizarse el Estado franquista ha tenido que asumir diversas políticas en varios campos, que van más allá de la simple ejecución de los intereses de las cases dominantes. En mucho escasos, esas políticas se explican por el deseo de dar satisfacción a estratos leales de otras clases e, incluso, como concesiones hechas a las clases populares ante ciertos conflictos y problemas.

Así pues, el Estado franquista, debido al proceso de racionalización que había sufrido, a su gran crecimiento y a las necesidades que se vio obligado a cubrir, no puede considerarse una mera herramienta de las clases dominantes o de alguna de sus fracciones, a pesar de sus muchas conexiones con ellas, porque había adquirido una considerable autonomía. Al morir Franco, los reformistas, desde ese Estado todavía no democratizado, impulsados por la oposición, acabarían con el régimen.