Política y Gobierno en España. El texto constitucional y la forma de gobierno. J. Vilas Nogureira
Apartados II. Pp.107-111
II. La forma de gobierno: la monarquía parlamentaria.
El artículo 1.3 de la CE dice que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. La Teoría del Estado y el Derecho Constitucional, suelen utilizar una diferenciación entre “formas de Estado” y “formas de gobierno”.
Así, la “forma de Estado” serviría para tipificar los diversos modos de organización territorial del poder (estados simples y compuestos; unitarios, federales y confederales; centralizados y descentralizados). El criterio más común que proviene de Bodin, es referir las formas de Estado a la titularidad de la soberanía, como hace Héller, (que dice “la manera como se distribuye el poder del Estado determina la forma del mismo”), distinguiendo entre democracia y autocracia. Mientras que las “formas de gobierno” harían referencia a las clases de agenciamiento de las instituciones establecidas para su ejercicio.
En ese sentido, la monarquía sólo puede ser considerada como forma de Estado cuando es absoluta, es decir, cuando la soberanía reside en el monarca, pero, cuando la soberanía pasa a residir en el pueblo, la monarquía deja de ser forma de Estado para convertirse en forma de gobierno.
La consideración constitucional de la monarquía parlamentaria como forma de Estado, supone una novedad. No existe en el Derecho constitucional comparado una formulación igual, de ahí que el texto del artículo 1.3 de la CE haya sido objeto de discusiones en tanto a que la posición dominante entiende que la monarquía en régimen democrático es una forma de gobierno y no una forma de estado.
El término “forma política”, carece de significado unívoco, en ocasiones se utiliza para expresar la forma de estado y la forma de gobierno indistintamente, otras solo la forma de estado y en otras para designar los tipo históricos de organización política (esta última usada en España por Javier Conde, es la que parece más precisa)
Por forma política se entiende así, el modo de organización autónoma de una comunidad determinada, resultado de la integración de una serie de elementos de variada naturaleza (social, cultural, geográfica, económica, propiamente política, etc.), que configura un orden político concreto.
La calificación de la monarquía como forma política del Estado se encontraba ya expresada en el Principio VII del Movimiento, que definía la “monarquía tradicional, católica, social y representativa” como “forma política” del Estado Nacional. Si bien no se trata de mimitizar deliberadamente esos principios, si que el mantenimiento de la fórmula puede obedecer a motivos paralelos, aunque distintos.
A tales efectos debemos remontarnos a 1978 y la propia transición y valorar el papel desempeñado por el rey en la misma, la función integradora de la corona y la consideración de que la opción por la monarquía frente a la República era fundamental, y en ese sentido cualificadora de la forma de Estado y no meramente de la de gobierno contribuye a explicar la fórmula constitucional. De ahí que, las intervenciones de los más destacados líderes políticos se produjeron en el sentido de que el artículo 1.3 de la CE, quiere decir que la monarquía parlamentaria es forma de Estado.
1. La evolución de la monarquía española.
El papel de la monarquía en el juego político es un juego restrictivo. Existen partidos liberales pero con muchas limitaciones democráticas y después entraría el turnismo. Durante todo el periodo, jugará un papel determinante en la defensa de determinados principios político se intereses económicos, tomando parte en el debate político y participando en ese poder, así: mientras que durante los gobiernos progresistas se le obligaba a aceptar el principio de soberanía nacional, cuando llegaban los gobiernos conservadores, la monarquía participa en los gobiernos, renunciando del principio de soberanía nacional que mutaba por el de soberanía compartida entre las Cortes y Rey.
2. El periodo de la Restauración
Política y Gobierno en España. El sistema político (1875-1975). Manuel Rodero. Capítulos I, II. Pp 9-19
En septiembre de 1868 se abría un proceso revolucionario para acabar con el liberalismo restrictivo que se arrastraba desde la muerte de Fernando VII en 1833. Progresistas, demócratas y hombres de la Unión Liberal[1] fueron las fuerzas políticas que, junto con el ejército, destronaron a Isabel II y buscaron una monarquía sin borbones en una democracia con orden.
El Gobierno Provisional surgido de la triunfante revolución, presidido por el general Serrano y que incluía al general Prim (hombre fuerte), convocaba elecciones constituyentes en la que todos los varones mayores de 25 años eran electores. En febrero de 1869 se reunían las Cortes con amplia representación progresista, un buen número de unionistas y demócratas, así como isabelinos y carlistas por la derecha y republicanos federales por la izquierda. El 1 de junio las Cortes votaban un Constitución democrática que contemplaba la monarquía parlamentaria como forma de gobierno y el 16 de noviembre de 1870, Amadeo de Saboya era proclamado rey. Su reinado fue breve. Desconectado de la mayoría del país que le reprochaba su origen extranjero (como Juan Carlos I), abandonado por la vieja oligarquía, hostilizado por carlistas y republicanos, desunidas las fuerzas políticas que le apoyaban, debilitado por su división el Partido Progresista[2] y asesinado Prim (su principal valedor), renunció a la corona el 11 de febrero de 1873 y, ese mismo día las Cortes proclamaban la I República española.
Las República contó con la colaboración de los radicales y republicanos hasta el intento de golpe de Estado del 23 de abril que salieron los radicales y tan sólo quedaron los republicanos (muy divididos) en el gobierno, si bien se identificaron con ella amplios sectores populares que con la revolución habían creado organizaciones (desde el republicanismo federal hasta el asociacionismo internacionalista), estables y de carácter nacional, y conseguido irrumpir en la vida política y social a través de la movilización y el sufragio universal. El primer gobierno fue presidido por Figueras y adoptó medidas populares (amnistía, supresión de consumos, desaparición de las quintas, etc.) y convocó elecciones para formar unas Cortes constituyentes en la que existía amplia mayoría de republicanos federalistas y que se reunió el 1 de junio.
La esperada Constitución mediante la que se deseaba implantar una República Federal de arriba-abajo, no llegó a ser más que un proyecto apenas debatido, mientras que la estrategia de los federalistas intransigentes de provincias se materializó en la insurrección cantonalista (Cartagena en 12 de julio y en otras ciudades y pueblos), y puso en aprietos a los gobiernos presididos por Pi i Margall, Salmerón y Castelar, que, como Figueras, fueron a su vez presidentes de la República.
La explosión cantonal agudizaba la inestabilidad política, que además tenía que hacer frente a un graves crisis económica, una seria rebelión en Cuba y la guerra carlista y o podía esperar ayuda de la Europa posterior a la Comuna de París. La República combatió militarmente contra los cantones que fueron rápidamente sometidos (excepto Cartagena que lo sería en 1874), y se enfrentó con los propios republicanos, deslizándose paulatinamente a posiciones más conservadoras no siempre asumidas por la Cortes, que serían disueltas el 4 de enero de 1874 por el general Pavía, después de que una mayoritaria alianza de parlamentarios de izquierda retirara su confianza a Castelar.
Pavía promueve como regente al general Serrano, con el que colaborarán los republicanos unitarios, radicales y constitucionales. Con el levantamiento del 29 de diciembre en Sagunto, el general Martínez Campos liquidaba la experiencia y proclamaba rey de España a Alfonso de Borbón (su madre Isabel II había abdicado). En la perspectiva de una estrategia política diseñada por Cánovas para restaurar la monarquía constitucional sin recurrir al pronunciamiento miliar, unos días antes de los sucesos de Sagunto, el entonces aspirante a ocupar el trono acataba dicha forma de gobierno a través del Manifiesto de Sandhurst.
[1] Unión liberal. Agrupación política fundada por O'Donnell después de la revolución de julio de 1854. Constituida, al origen, como una coalición entre moderados y progresistas ante los comicios de 1855 para las cortes constituyentes. La Unión Liberal se convirtió en el partido del gobierno durante la presidencia de su fundador (1858-1863). El gobierno de O'Donnell llevó una política particularmente favorable a las clases altas, los nuevos propietarios y los altos cargos del ejército, de la que la Restauración futura no se apartó mucho. Su desdén por la representación popular y su torpeza en asuntos de guerra fueron propicios a una fuerte agitación social que provocó las primeras disidencias en el seno de la coalición; la desaprobación de Cánovas del Castillo en 1862 siguió a la de Ríos Rosas (1861), y fue un preludio a la pérdida del poder (1863). A pesar de su vuelta al gobierno en 1865-1866, la coalición se debilitó por el descontento del sector progresista, que se retiró, y conoció oposiciones internas encabezadas por un grupo de moderados. A la muerte de O'Donnell en noviembre de 1867, sucedió una precaria alianza entre unionistas y progresistas que promovió el levantamiento contra Isabel II y la revolución de 1868. Serrano, nuevo líder de la Unión liberal, fue nombrado presidente del siguiente gobierno de coalición, pero no pudo evitar la ascensión de los progresistas y republicanos. La Unión liberal se fusionó con el Partido Liberal Conservador de Cánovas durante la Restauración. © Planeta Grandes Obras, S.A., 1999
[2] Partido progresista. Partido político español que agrupó el ala más extremista del liberalismo español durante el segundo tercio del siglo XIX. En las cortes de 1836-1837 se denominó con el término de progresistas al sector más radical del movimiento liberal, que defendía los principios de la constitución de 1812. Este partido, propulsor de la constitución de 1837 y de la desamortización, se vio forzado a recurrir a la influencia de los altos jefes del ejército para mantenerse en el poder al carecer de una estructura organizativa sólida.
Tras la caída del general Espartero, su principal líder hasta 1843, el partido se debatió en arduas discusiones sobre la táctica a seguir para recuperar el poder, monopolizado por los moderados con el apoyo de Isabel II. Tras la revolución de 1854, de la que fueron los principales beneficiarios, sus enfrentamientos, la falta de decisión de Espartero y el temor de las masas les desplazó nuevamente del poder en 1856. Bloqueado el camino constitucional, los progresistas intentaron diversos pronunciamientos hasta conseguir la victoria en la revolución de setiembre de 1868. A la muerte de Prim (1870), el partido se escindió en varios grupos de corta existencia que desaparecieron con la Restauración, al ingresar muchos de sus miembros en el Partido liberal. © Planeta Grandes Obras, S.A., 1999