Los cleavage políticos en la historia contemporánea española - Política y Gobierno en España. El sistema político (18

III. La II República.

La caída de la dictadura dejó tambaleante la propia monarquía, que había unido su suerte a la de aquella, y el 14 de abril de 1931 se proclama la II República, la primera democracia española del S. 20. El gobierno del general Berenguer trató inútilmente de retornar de forma paulatina a la legalidad constitucional de 1876. Mientras, la oposición adquiría cada vez más fuerza y los líderes de las organizaciones republicanas, del nacionalismo catalán y gallego y los socialistas Prieto y Fernando de los Ríos (a título personal), reunidos en San Sebastián en agosto de 1930, esbozaban un programa republicano y elegían un Comité Revolucionario para impulsar el cambio de régimen. A mediados de diciembre una huelga general de alcance desigual y un pronunciamiento militar en Jaca (cuyos cabecillas, los capitales Galán y García fueron fusilados), deterioraron extraordinariamente el clima político. El Gobierno se reafirma en su propósito de volver a la normalidad constitucional y convocar Cortes ordinarias, que son rechazadas por la oposición, provocando su dimisión. El siguiente Gobierno del almirante Aznar (no el del PP, pero por afinidad ideológica primos lejanos), decide que las elecciones a Cortes sean precedidas de unas elecciones municipales a celebrar el 12 de abril. Sus resultados (cargados de honda significación política), son favorables a la Conjunciòn Republicano-Socialista en los núcleos de población más habitados y son interpretados como un voto de censura a la monarquía y su titular abandonó España. La República nacía cuando con el auge de las dictaduras en Europa, la democracia no era una empresa fácil de llevar a la práctica.

El Gobierno Provisional y el bienio reformador.

El Gobierno Provisional, compuesto básicamente por el Partido Radical, el Radical Socialista, Acción Republicana, nacionalistas catalanes del Partir Catalanista Republicá (PCR) y gallegos de la Organización Regional Gallega Autonomista (ORGA) y el PSOE, estaba presidido por Alcalá-Zamora y representaba los intereses y aspiraciones de grandes franjas de trabajadores y clases medias urbanas que se movilizaron a favor de la República en los meses previos a su proclamación.

En los primeros días, el Gobierno recondujo la proclamación de Maciá de la República Catalana, a la instauración de la Generalitat Provisional y en los meses siguientes legisló mediante decretos, que más tarde ratificarían las Cortes. Con el decreto de 8 de mayo y con la Ley de 27 de julio de 1933 (que consagró los cambios de aquel), se modificó la Ley Electoral de 1907.

Se pasaba del sistema de distritos uninominales al de circunscripciones provinciales plurinominales, se eliminaba el artículo 29 de la antigua ley que designaba automáticamente como diputados o concejales a los candidatos que fueran únicos en su distrito y se rebajaba la edad para ser elector a los 23 años, respetada después (incluyendo a la mujeres), en la Constitución. La normativa establecía un sistema mayoritario, limitado por la imposibilidad de los electores de votar a más del 80% de los posibles elegidos (para garantizar cierta representación de las minorías) y por el derecho de los votantes de borrar e las listas o introducir en las mismas algún candidato. El 3 de junio se convocaban elecciones para Cortes constituyentes de una sola Cámara y se abría la campaña electora (en la que destacó el activísimo papel de la Iglesia, en contra de la República, lo que será una constante durante la corta vida de la democracia).

La candidatura de la Conjunción obtuvo una aplastante victoria en las elecciones del 28 de junio (PSOE con 117 escaños; Partido Radical 90; el Radical-Socialista 52 y Acción Republicana 30) y una severa de la derecha destacando el grupo de los Agrarios con 26. En Catalunya triunfo de ERC con 36 y fracaso de la Lliga Regionalista con 4. La República arrancaba con un sistema numeroso y a menudo débiles partidos. El 14 de julio se reunían las Cortes y nombraban como Presidente a Basteiro y el 28 ratificaban la confianza al Gobierno que sería presidido por Azaña, líder de Acción Republicana.

Un proyecto de Constitución elaborado por una Comisión parlamentaria, sirvió de base para la discusión del texto aprobado el 9 de diciembre de 1931. El texto estaba inserto en la tradición ideología de las constituciones de 1812 y 1869 y con influencias de las de Weimar, austriaca y mexicana, era democrática, en la que todos los poderes de los órganos del Estado manaban del pueblo, reconocía ampliamente los derechos individuales y políticos y se añadían otros de carácter social y económico, protectores de los trabajadores, fijándose la separación Iglesia-Estado.

Las Cortes gozaban de muchas competencias legislativas y tenían el control político sobre el Gobierno y, en algunos casos sobre el Presidente de la República que era elegido pro los diputados y un número igual de compromisarios que lo serían por sufragio universal, pero el primer Presidente, Alcala-Zamora, lo fue el 10 de diciembre de 1931 por las Cortes constituyentes en virtud a una disposición transitoria de la propia Constitución. El Gobierno cuyo Presidente era nombrado y podía ser separado por el de la República, respondería políticamente ante el Parlamento, así estaba sujeto a un sistema de doble confianza. Con la fórmula de Estado Integral, que la Constitución recogía, se permitía la configuración de regiones autónomas. También se regulaba el Tribunal de Garantías Constitucionales.

La coalición presentó siempre una notable fragilidad y su heterogénea composición dificultaba la consecución de políticas coherentes incluso tras el abandono del Gobierno de sus miembros (el Partido Radical de A. Larroux). Pese a todo consiguió aprobar la Ley de Bases de la Reforma Agraria, el Estatuto de Catalunya e importantes reformas que afectaron a las relaciones laborales, a la Iglesia y al ejército, si bien tuvo que soportar enormes presiones. Desde la derecha con el intento de golpe de Estado de Sanjurjo en agosto de 1932 y desde la izquierda las insurrecciones revolucionarias de enero de 1932 y enero de 1933 de la CNT.

La derecha poco a poco resurgía y se organizaba en torno a la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) liderada por Gil-Robles que movilizaba a grandes masas y en cuyo origen y desarrollo la Iglesia (como no), había tenido un extraordinario papel. La nueva formación nunca llegó a aceptar la República y reclamaba la revisión constitucional sobre todo en los temas e las relaciones con la Iglesia y la legislación laica.

La derecha política, el Partido Radical y las asociaciones patronales desencadenaron en 1933 (cuando la crisis económica empeoraba y los apoyos sociales a la política republicana disminuía), una intensa ofensiva lo que provocó que el 7 de septiembre, Alcalá-Zamora retiró su confianza al Gobierno y forzó su dimisión. El 10 de octubre disolvía las Cortes y convocaba elecciones para el 19 de noviembre, reguladas por la Ley Electoral de 27 de julio de 1933 que beneficiaba a las grandes coaliciones.

2.    El bienio radical-cedista

Las elecciones generaron profundas mutaciones en el sistema de partidos. Mas de 30 formaciones políticas se repartían los 470 escaños, pero solo 3 de ellas sobresalían: la CEDA con 115, el Partido Radical con 104 y el PSOE con 59. Solo ERC se salvaba de la quema con 18 escaños. La izquierda republicana, rota la coalición con lo socialistas salía muy malparada sin apenas diputados y el PSOE reducía mucho su peso parlamento. Su tendencia mayoritaria encabezada por Largo Caballero mantenía posiciones muy críticas con relación al régimen republicano. Los Agrarios y la Lliga (con 29 y 26 escaños respectivamente), obtenían buenos resultados. Constituidas las Cortes el 8 de diciembre (cuando estallaba otra insurrección anarquista), eligieron a Santiago Alba como su presidente.

Este período se caracteriza por la implantación del conservadurismo de la acción política oficial encaminada a revisar la labor reformista del período anterior.

La reticencias que provocaba la posible entrada de miembros de la CEDA entrasen en el Gobierno, afianzaron en el Presidente de la República el convencimiento de que formación del Gobierno debía recaer en el Partido Radical, sin dar cabida en él a la formación de Gil-Robles. Pero esta forma (que también comprometía a los Agrarios y a la Lliga), estuvo erizada de obstáculos y sufrió en su interior crisis frecuentes y, desde el exterior, los socialistas, incitados por el ascenso de Hitler a poder y la eliminación del socialismo austriaco, preparaban una ofensiva armada. Por su parte la extrema derecha se reagrupaba con la fusión de la Falange y las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas (JONS) y los monárquicos y carlistas en contacto con Mussolini, conspiraban contra la República.

La entada en el gobierno de Lerroux de tres miembros de la CEDA, desencadenó en 4 de octubre de 1934 un proceso revolucionario con especial incidencia en Asturias que fue liquidada con un elevado numero de muertos y heridos, seguida de una dura represión que cerró muchos locales de partidos y sindicatos, el establecimiento de la censura, innumerables detenciones y la supresión del Estatuto de Catalunya.

En medio de ese paisaje, los republicanos de izquierda logran recomponerse con éxito tras el nacimiento de la Unión Republicana[1] de Martínez Barrio y la Izquierda Republicana[2] de Azaña, mientras que el Partido Radical se hundía, agravado por escándalos financieros en los que estaba implicado. Alcalá-Zamora, que se resistía a entregar la presidencia del Gobierno a la CEDA, disuelve las Cortes y convoca elecciones para el 16 de febrero.

El Frente Popular[3]

El acercamiento alcanzado entre los partidos republicanos a partir de abril de 1935 sirvió a Azaña para proponer a los socialistas la formación de una coalición electoral para recuperar la República del primer bienio. La aceptación del PSOE (dividido entre prietistas y largocaballeristas), tuvo que superar reticencias de éstos último que condicionaban el pacto a la presencia en él de otras organizaciones obreras. En enero de 1936 la practica totalidad de toda la izquierda (la CNT mantenía una actitud de cierta neutralidad), firmo el Manifiesto Electoral del Frente Popular, que con un contenido moderado, estaba concebido para ser desarrollado por un gobierno compuesto por miembros de partidos republicanos con ayuda exterior de las fuerzas obreras. A este bloque de izquierdas se le opondría otro de derechas encabezados por la CEDA.

La victoria del Frente Popular fue acompañada de la practica desaparición del Partido Radical y la configuración de un sistema de partidos pluralista polarizado. Los comunistas entraban con 16 diputados. El sistema de partidos seguía presentando una alta fragmentación, reflejando los diferentes conflictos (regionales, confesionales, sociales y sobre la forma de gobierno) que se manifestaban en la realidad española del momento.

Los republicanos formaron el primer Gobierno frentepopulista presidido por Azaña hasta que en mayo pasó a ocupar la presidencia de la República tras la destitución de Alcalá-Zamora pro las Cortes. El Gobierno concede una amnistía para los represaliados de la revolución de 1934, restablece la Autonomía de Catalunya y reanuda una serie de reformas (entre ellas la agraria), en un situación de graves tensiones sociales y gran violencia. Se hace necesario que el PSOE entre en el Gobierno para contrarrestar la debilidad manifiesta de los republicanos, pero los largocaballeristas bloquean esta salida. Esta situación deja un vasto espacio para la actuación muy radicalizada de los sindicatos UGT y CNT que se han convertido en auténticos poderes sociales.

Mientras tanto, la CEDA está atenta a los movimientos y pierde relevancia política en la medida que ganan peso otras formaciones derechistas de nítido antiparlamentarismo (la trama militar de inspiración monárquica), en la conspiración contra la legalidad republicana. El ejército tendrá el protagonismo en el golpe de Estado que se inicia en Melilla el 17 de julio de 1936, y la división en sus filas abrirá las puertas a la Guerra Civil.

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[1] Unión republicana. Agrupación política destinada a unir a los diferentes grupos republicanos de España a partir de 1893. La primera coalición se remonta a los comicios de 1886 y representaba a los partidarios de Salmerón (del Grupo republicano unitario), Ruíz Zorrilla (del Partido republicano progresista) y Pi y Margall (del Partido federal), a los que se juntaron los posibilistas de Castelar, en 1891. Cuando, en 1893, nació la primera Unión republicana como un conjunto de las tres principales ramas republicanas, independientes cada una pero articuladas alrededor de un mismo eje electoral, los resultados de las elecciones fueron muy prometedores para esta novísima fuerza política: 37 actas obtenidas y la mayoría en las grandes capitales del país. Sin embargo, la muerte de Ruíz Zorrilla, en 1895, ralentizó la carrera ascendiente del grupo. Surgieron disensiones que dividieron la unión entre partidarios de Esquerdo y de Sol y Ortega, dentro del Partido centralista creció el desacuerdo entre Pedregal y Salmerón y, sobre todo, la coalición no resistió a las nuevas tensiones que provocó la polémica sobre la independencia de Cuba, defendida por Pi y Margall. A pesar de los esfuerzos de Salmerón en 1896 y 1897, la Unión se disolvió.

Unión nacional republicana fue una nueva iniciativa de Salmerón, apoyada por Azcárate y Muro, y se constituyó sobre el acuerdo conseguido en la asamblea de Madrid (13 y 14 de mayo de 1900), con los republicanos progresistas Sol y Ortega y Esquerdo. Esta nueva unión reclamó la soberanía del estado, la unidad de la patria, la supremacía del poder civil, el laicismo del estado, la independencia del poder judicial, etcétera, y afirmó su voluntad de llegar a la creación de un gobierno republicano provisional que respetara la constitución de 1869. Surgió un ala más izquierdista liderada por Lerroux y que contaba con Soriano y Blasco Ibáñez entre sus filas. En la campaña electoral de 1903 se juntaron los federales y los comicios dieron 36 diputados a la Unión, que se mantuvo hasta 1905. Salmerón rompió la unidad del bloque republicano con su participación en Solidaritat catalana (1906-1909), y la Unión desapareció con el fracaso de Solidaritat. Lerroux, que marcó directamente su oposición a la entrada del catalanismo en la coalición republicana, formó el Partido radical (Santander, enero de 1908) tras sus sucesivas derrotas en las asambleas de Zaragoza (febrero de 1906) y Madrid (junio 1907). Después de la muerte de Salmerón (setiembre de 1908) y de la extinción de Solidaritat catalana (antes de las elecciones de 1909), y a pesar de un intento de coalición con los socialistas en 1910, Unión republicana no recuperó nunca su popularidad.

Los lerrouxistas, y más tarde el Partido reformista de Melquíadez Álvarez (1912), se convirtieron en los representantes más emblemáticos del republicanismo español. La Unión republicana que participó en el Frente popular, con el que su representación alcanzó los 37 diputados, nació de la escisión del Partido popular y fue creada por Martínez Barrio en 1934. © Planeta Grandes Obras, S.A., 1999

[2] Izquierda republicana. Partido político español, fundado en 1934. Tras el fracaso de las elecciones de 1933, en que los partidos de izquierda liberal perdieron más de cien diputados, Manuel Azaña, dirigente de Acción republicana, y Marcelino Domingo, por los radicalsocialistas, llegaron a un acuerdo para unir ambos grupos y constituir la Izquierda republicana (abril 1934); poco después ingresó en ella Santiago Casares Quiroga, al frente de la ORGA.

Izquierda republicana, cuyo órgano era el diario Política, firmó, en abril de 1935, un pacto de cooperación con Unión republicana (el grupo de Martínez Barrio) y con los nacionalistas republicanos de Sánchez Román así como acuerdos con Esquerra republicana de Catalunya, e inició una serie de grandes mítines (campos de Mestalla, Lasarte y Comillas), en los que Azaña atacó duramente a los gobiernos radicalcedistas. Fue el eje del Frente popular, y en las elecciones de febrero de 1936 logró 86 diputados. Formó entonces gobierno, presidido por el propio Azaña, quien en mayo fue nombrado presidente de la república y sustituido al frente del gabinete por Casares Quiroga; éste sería a su vez sustituido por José Giral (también de IR), después de la sublevación militar de julio.

A partir de septiembre del mismo año, IR formó parte de gobiernos presididos por socialistas. Tras la guerra civil, el partido dirigió varios gobiernos en el exilio, y alguno de sus miembros ocupó la presidencia de la república. Tras la restauración de la democracia, participó, sin éxito, en las elecciones legislativas posconstitucionales de 1979. © Planeta Grandes Obras, S.A., 1999

[3] Frente popular. En España, a partir de abril de 1935, Manuel Azaña y otros republicanos de izquierda propugnaron la cooperación y la unión de las fuerzas políticas liberales y obreristas; en julio-agosto de este mismo año la III internacional, en su séptimo congreso, revisó su política de oposición sistemática a la socialdemocracia y propuso la agrupación de todas las fuerzas izquierdistas en un Frente popular, con objeto de oponerse al ascenso del movimiento nazifascista. Entretanto, y después de los escándalos del estraperlo y de Nombela, Niceto Alcalá Zamora, Presidente de la República, encargó a Portela Valladares la formación de un nuevo gobierno (14 diciembre 1935), con la misión de disolver las cortes y realizar elecciones (Alcalá Zamora deseaba la victoria del centro, que afianzase la democracia y la república moderada, pusiese un freno al avance de las izquierdas y del marxismo, y eludiese el peligro de que la república fuese gobernada por elementos no declaradamente republicanos).

El 7 de enero de 1936, Portela Valladares anunció la convocatoria de elecciones. Días más tarde (15 enero) se firmaba el pacto electoral del Frente Popular, entre Izquierda Republicana, Unión Republicana, el PSOE, el PCE, el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), la UGT, la Federación Nacional de Juventudes Socialistas, el Partido Sindicalista y el Partido Republicano Federal; al mismo tiempo, en Cataluña se acordaba el Front d'esquerres de Catalunya. Estas alianzas electorales tenían un programa mínimo en el que se prometía una amnistía para los 30 000 presos politicosociales (en gran parte consecuencia de la fallida revolución de octubre de 1934) y el retorno a una política claramente republicana y evolucionista.

Por parte de los partidos firmantes del pacto se establecieron listas conjuntas de candidatos, y se convino en que, en caso de victoria, se formaría un gobierno exclusivamente de republicanos, mientras que los partidos obreros lo apoyarían sin formar parte de él. Incluso la dirección anarquista de la CNT, atemorizada por la represión sufrida y deseosa de que sus presos recobrasen la libertad -como exigían sus masas-, se abstuvo de hacer campaña antielectoral, y alguno de sus miembros, privadamente, recomendó se votase a las izquierdas. Éstas prometieron que el gobierno de la Generalidad -entonces encarcelado- sería reintegrado en el poder, y que se aceleraría la transferencia de funciones a la Generalidad; se propugnó, asimismo, la concesión de la autonomía al País Vasco.

Las elecciones se celebraron el 16 de febrero, presididas por Portela Valladares, jefe del gobierno y ministro de Gobernación (la mayoría de los gobernadores civiles habían sido nombrados después de la victoria centroderechista de 1933 o fueron designados para sustituir a los gobernadores civiles izquierdistas separados después de la revolución de octubre de 1934). En 52 de los 70 distritos electorales los votantes pudieron elegir entre dos listas: la del centro-derecha y la del Frente popular. El 20 de febrero las juntas electorales dieron a conocer los resultados: el Frente popular había obtenido 257 diputados y unos 4.800.000 votos, la derecha 139 y 3.997.000, y el centro 57 y 449.000; 20 escaños quedaron sin decidir y hubo que recurrir a una segunda vuelta. El Frente popular se había impuesto en Cataluña, Madrid, País Valenciano, Aragón, Murcia, Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias y Vizcaya.

Emisarios de las fuerzas derechistas urgieron a diversas personalidades militares (entre ellas a Franco) a que se diese un golpe de estado, lo que fue rehusado por considerar que las circunstancias no eran oportunas. El 19 de febrero Azaña se hizo cargo del poder, sin esperar a la apertura de las cortes, prevista para el 16 de marzo. El gobierno Azaña, formado por nueve ministros de Izquierda republicana y tres de Unión republicana, amnistió a los presos politicosociales (22 febrero), suspendió el pago de las rentas agrícolas en Andalucía y Extremadura, primer paso para la revitalización de la reforma agraria (23 febrero), restableció en sus funciones a los ayuntamientos vascos suspendidos en el verano de 1934, al gobierno de la Generalidad, a los ayuntamientos catalanes y a los socialistas suspendidos después de la revolución de octubre de 1934. Azaña envió a Franco a la capitanía de las islas Canarias y a Goded a la de las Baleares, con objeto de alejarlos de Madrid.

Al constituirse las cortes (17 marzo), los partidos del Frente popular contaban en ellas los siguientes diputados: socialistas 99, comunistas 17, Izquierda republicana 87, Unión republicana 39, Esquerra y sus aliados 36, federales 2, independientes de izquierda 17. El 7 de abril Alcalá Zamora fue depuesto de su cargo de presidente de la república (por 238 votos contra 5), acusado de haber disuelto por dos veces las cortes. El cargo lo ostentó Diego Martínez Barrio, presidente de las cortes, hasta que Azaña fue elegido presidente el 8 de mayo. Éste confió el gobierno a Casares Quiroga (10 mayo), quien lo formó con siete ministros de Izquierda republicana, tres de Unión republicana, uno de Esquerra y un independiente de izquierda. © Planeta Grandes Obras, S.A., 1999