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En los últimos años se han producido novedades legislativas en la lucha contra la violencia de género; entre otras, las llevadas a cabo en el ámbito del Derecho Penal y Procesal Penal (Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de Inmigrantes; Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica el Código Penal; y Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica).
Pero sin lugar a dudas, el empuje decisivo frente a esta manifestación de la violencia ha venido de la mano de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que, entre otras materias, dedica los Títulos IV y V, respectivamente, a la “Tutela Penal” y “Procesal” de las víctimas.
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En este contexto, el grupo almeriense liderado por la catedrática de Derecho Procesal, Carmen Senés, pretende analizar los instrumentos penales y procesales de protección de las víctimas de la violencia de género. Dado su carácter interdisciplinar aborda temáticas diversas pero estrechamente interrelacionadas.
Reforma del Código Penal
Estas temáticas son las que tienen que ver con la reforma del Código Penal (delitos y faltas) y sus implicaciones constitucionales a luz de los principios de igualdad (art. 14 de la Constitución), legalidad penal y proporcionalidad de las penas -incluida su función resocializadora (art. 25 de la Constitución); la especialización acometida en las diversas instancias judiciales (Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales); las atribuciones en materia civil y en materia penal de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (procesos matrimoniales, custodia de hijos, pensiones alimenticias, agresiones); las medidas de protección frente a las agresiones del varón (orden de protección y demás medidas de seguridad); y los medios de agilización de los procedimientos relacionados con la violencia de género ('juicios rápidos' penales y civiles).
Así, este proyecto engloba el análisis contrastado de la práctica judicial a dos niveles: de estadística judicial -con balance de las conductas delictivas, de los índices de criminalidad, del perfil de los agresores y de las víctimas-, y el análisis de la jurisprudencia (resolución de los conflictos de competencias, doctrina sobre los delitos y faltas susceptibles de ser calificados como “violencia de género”.) Incluye, además, un análisis de derecho comparado sobre los instrumentos de otros sistemas jurídicos de nuestro entorno.
Violencia de género en España
En España, la incidencia de la violencia de género tiene especial virulencia. De ello dan cuenta, de una parte, la estadística judicial de los últimos tres años, y de otra, las recientes reformas legislativas que desde diversos ámbitos jurídicos e instancias políticas brindan instrumentos de protección –preventiva y represiva- a las víctimas de esta clase de violencia, que no sólo son las mujeres, sino también las personas a su cargo (menores y convivientes). Según estadísticas elaboradas por el Instituto de la Mujer, el año pasado murieron un total de 81 mujeres por violencia de género, y en lo que va de año, ya van 19 víctimas.
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