La deuda externa, un problema político global - De las propuestas convencionales a la anulación de las deudas

Las diversas alternativas planteadas frente al sobreendeudamiento de los países subdesarrollados han fracasado constantemente y han agravado la crisis de los países pobres. Los diversos esquemas utilizados, como las continuas renegociaciones, el Plan Baker, los canjes de deuda, el Plan Brady o el Programa para Países Pobres Altamente Endeudados (PPPAD o HIPC, en las más conocidas siglas inglesas de Heavily Indebted Poor Countries), no han resuelto el problema, a pesar de haber sido presentados pomposamente, cada uno a su tiempo, como "la solución definitiva".

Todas estas soluciones, como se ha visto a lo largo de la historia de la deuda eterna, han concluido en suspensiones de su servicio. Por lo tanto se puede afirmar que la historia de las relaciones financieras de América Latina con los mercados internacionales es una historia de moratorias (17).

Luego de agotar todos los medios posibles para sostener el servicio de las deudas, prácticamente todos los países de la región, más de una vez, tuvieron que incurrir en este tipo de medida, generalmente contra su voluntad. Y esta realidad, tan conocida en el mundo subdesarrollado, también se registró, una y otra vez, en los países industrializados, empezando por los propios EEUU (varios de sus estados tienen desde hace más de 100 años una serie de deudas impagas) y Gran Bretaña (Véase Acosta 1994 y 1999). John Maynard Keynes (Defaults by foreing governments, 1924) reconoció oportunamente que "los incumplimientos por gobiernos extranjeros de su deuda externa son tan numerosos y ciertamente tan cercanos a ser universales que es fácil tratar sobre ellos nombrando a aquellos que no han incurrido en incumplimiento, que aquellos que lo han hecho. Además de aquellos países que incurrieron técnicamente en incumplimiento, existen algunos otros que pidieron prestado en el exterior en su propia moneda y permitieron que esa moneda se depreciara hasta menos de la mitad de su valor nominal y en algunos casos a una fracción infinitesimal. Entre los países que actuaron así cabe citar a Bélgica, Francia, Italia y Alemania."

Si se recuerda que el problema es sistémico y que no ha habido respuestas sistémicas, entonces las repetidas crisis casi resultan inevitables. Por eso el establecimiento de proyectos más eficaces de desarrollo y aún de mejoramiento de las estructuras macroeconómicas y políticas a nivel nacional, procurando reducir el peso relativo de la deuda a partir de un mayor crecimiento económico, no resuelven el problema ni garantizan por sí solos un desarrollo sostenible.

Más aún, asegurar simplemente los flujos financieros de corto plazo conduce a un incremento sostenido de la deuda, postergando temporalmente el problema. Esta situación es más marcada en el caso de países dependientes de uno o de muy pocos bienes primarios; pues estos países caen con frecuencia en un círculo infernal de crecimiento vertiginoso, endeudamiento, recesión y moratoria; un proceso que ahonda aún más las tendencias recesivas en la medida que gran parte o aún la totalidad de las exportaciones hay que destinarla al servicio de la deuda.

Frente a esta realidad, la anulación o cancelación total y sin condiciones de las deudas externas públicas es una posición contundente en términos económicos; hay suficientes argumentos no sólo para considerarla sino para exigirla. Por otro lado, pedir a los países que primero se ajusten para luego reducirles la deuda es un error; "el orden debería ser inverso: primero reducir o anular la deuda y después (o en todo caso simultáneamente) exigir a los gobiernos beneficiados que adopten medidas de lucha contra la pobreza" (Teitelbaum). Sin embargo, a pesar de que la anulación sea la salida más inmediata, "no es de por sí la solución del problema de la deuda, si no se hace a la vez lo necesario frente a las causas que originan el proceso de endeudamiento" (Hinkelammert 1999: 117).

Los argumentos a favor de una anulación o cancelación son múltiples. Desde una simple sumatoria matemática, la deuda estaría pagada en el caso de América Latina (18). Si se toma como ejemplo a Ecuador, desde 1982 al 2000, el país pagó por concepto de capital e intereses 75.908,2 millones de dólares y recibió como nuevos desembolsos 65.678,8 millones, habiendo una transferencia neta negativa de 10.229,4 millones, a pesar de lo cual la deuda creció en 6.931,7 millones, pues pasó de 6.633,0 millones a 13.564,5 millones en el período mencionado. Cabe mencionar que con la transformación de los Bonos Brady en Bonos Global en el año 2000, la deuda de este país se redujo en 2.717,8 millones en dicho año, pero se mantuvo alrededor del 100% del PIB; reducción que, sin embargo, oculta la realidad: el saldo neto que habría que pagar al final de período pactado en esta nueva negociación es mayor que el existente cuando regían los Bonos Brady.

Además, el no pago se justifica legalmente porque muchos créditos contratados caen en el ámbito de las deudas odiosas (las deudas del Apartheid, aquel sistema inhumano de sociedad sustentada en la exclusión racial que existió en Sudáfrica, por ejemplo); además, existen otros créditos que, por sus condiciones, podrían ser considerados como usurarios y corruptos, que por definición deberían ser nulos. A modo de ejemplo de los factores que habría que considerar, se puede mencionar la existencia de cláusulas ilícitas, vicios de consentimiento, anatocismo, tasas de interés usurarias, gastos y comisiones desproporcionados, operaciones simuladas, deudas "estatizadas" o "socializadas", etc.

Igualmente, hay deudas cuyo servicio se ha visto imposibilitado porque las condiciones impuestas a los países deudores dependían de escenarios impredecibles. Una situación explicable por los desbalances de poder en los diversos procesos de negociación y porque, en muchos casos, se ha partido de situaciones que luego resultaron equivocadas -como las mencionadas anteriormente en el mercado petrolero- o que de antemano eran imposibles de cumplir (19).

A contrapelo de las declaraciones oficiales u oficiosas, el impacto de una anulación masiva de las deudas en la economía mundial no sería desestabilizador. Si la deuda pública externa del "tercer mundo" fuera totalmente anulada sin ningún tipo de indemnizaciones a los acreedores, sólo representaría una pérdida del 5% para sus carteras (Toussaint) (20). Una anulación de este tipo podría ser procesada en un contexto programado para evitar sobresaltos en el mercado financiero internacional, el cual, como es obvio, debe ser urgentemente civilizado, es decir controlado y normado. Y si hay "pérdidas" como resultado de este proceso, éstas ya no pueden ser asumidas una vez más por las poblaciones de los países pobres.

Es importante puntualizar que una anulación incondicional de la deuda externa liberaría de sus obligaciones a aquellos grupos reducidos en los países del Sur que sí se beneficiaron de dicha deuda y hasta ampliaría la disponibilidad de recursos a gobiernos que podrían dar rienda suelta al despilfarro fiscal. Se dispondría de recursos dentro de las economías endeudadas para que sean gastados a voluntad de los gobernantes y de los grupos dominantes y, quién sabe, si éstos en poco tiempo volverían a endeudarse de manera irresponsable. Con lo cual, a la vuelta de poco tiempo, nuevamente estarían lucrando los mismos especuladores internacionales.

Una cancelación absoluta de toda la deuda de los países subdesarrollados sin condiciones sigue siendo un reclamo justo, pero no modificaría las reglas de juego, aún cuando extraería recursos de los acreedores. Por lo tanto, sin minimizar el valor de dicho reclamo, que podría ser el punto de partida para el establecimiento de un nuevo sistema financiero internacional, hay que rescatar la necesidad de que una eliminación de las deudas o su no pago se haga en el marco de condicionalidades positivas para impedir que las élites dominantes de los países endeudados sean beneficiarias de este tipo de soluciones temporales. Elites que deberían revertir de alguna manera los beneficios obtenidos con el endeudamiento externo.

De allí la necesidad de poner condiciones a los gobiernos de los países deudores por parte de su propia sociedad civil (por ejemplo a través de veedurías ciudadanas), respaldada de ser preciso por la sociedad civil de los países del Norte, para impedir que la deuda siga siendo una fuente de financiamiento de privilegios o una herramienta imperial en manos de determinados gobiernos acreedores. Y más que eso, hay que diseñar estrategias que impidan la reedición de alegres procesos de sobreendeudamiento externo y que conduzcan a la reconstrucción de las viejas estructuras de dominación.

En este contexto, se precisa encontrar renovadas formas de acción capaces de doblegar el poder del capital financiero internacional. Sin embargo, antes de desarrollar algunas ideas básicas de cómo abordar la problemática, cabe recordar que más allá de las propuestas convencionales hay opciones que han rendido frutos en otras ocasiones. Opciones que no han estado inspiradas en la lógica financiera, sino en claras definiciones y voluntades políticas, como se verá a continuación.