El PSOE ha firmado un convenio de colaboración con la SGAE para perseguir la piratería en los municipios socialistas. Ha elegido el lado equivocado en esa pelea. En este artículo se muestran algunas de las prácticas cuestionables y abusivas de la SGAE, poco consistentes con la defensa del bien común.
El pasado 6 de febrero, el PSOE firmó con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) un convenio marco para perseguir los delitos contra la propiedad intelectual en los municipios gobernados por los socialistas. Este acuerdo supone, según la escasa información de que dispongo, la persecución policial de la "piratería" musical y la promoción de campañas de sensibilización de los ciudadanos ante este problema, que, según los portavoces socialistas, representa una seria amenaza para la cultura.
En este artículo intentaremos mostrar que el PSOE ha elegido el lado equivocado en esta pelea, que la SGAE no defiende los derechos de autor en general, sino sus propios intereses de naturaleza monopolista; que ha venido realizando prácticas abusivas y reñidas con la libre competencia, y que sus pretensiones recaudadoras exceden todo límite razonable y equilibrado entre los derechos de todas las partes afectadas.
Quiero dejar claro que estoy en contra de la piratería, siempre que este término se utilice para definir prácticas manifiestamente ilegales que persiguen el lucro y dañen las bases de una industria empleando métodos ilícitos. Pero las compañías discográficas, cinematográficas y los intereses corporativos estrechos nos están acostumbrando a una ceremonia de la confusión. Desde los gerifaltes de las redes ilegales de piratería hasta el ciudadano que hace copias caseras, pasando por los internautas que intercambian música de su propiedad sin fines de lucro, un amplio abanico de prácticas muy diferentes caen bajo el estigma del pirata que aborda la propiedad ajena sin el más mínimo respeto por la ley. En esas "campañas de sensibilización" se ocultan, más o menos disimuladamente, la insaciable avaricia de aquellas compañías e intereses privilegiados. Todo menos un enfoque equilibrado y justo entre todos los intereses y derechos en competencia que, al tiempo que salvaguarde los estímulos e incentivos para la creatividad, permita también que los ciudadanos accedan a y utilicen la cultura y el arte para su enriquecimiento cultural propio y ajeno.