Perspectivas actuales de las funciones del Estado - El nuevo Estado

            El desafío principal de reformar al Estado es abrirlo a la sociedad, perfeccionar la descentralización y la redistribución de poder y transformar lo estatal en un asunto efectivamente público. Esto es, valorizar a la sociedad como su fuente originaria de legitimidad. Ello implica un cambio profundo en la cultura organizacional del Estado, mediante el desarrollo de una actitud compartida de servicio público en el funcionariado. Se debe pasar de un Estado estructurado con base en el principio autoritario y jerárquico a un sistema pluralista y flexible de toma de decisiones, que articule distintos mecanismos de conformación de la voluntad colectiva, sin poner en riesgo las bases del orden democrático.

            Implica también que dicho Estado garantice un mayor control social sobre su gestión, mejore los medios e instrumentos que hoy existen de representación política y social y establezca otras vías de participación complementarias a las de representación política, que fortalezcan la democracia, descentralizen su poder con las respectivas transferencias de responsabilidades y recursos a las comunidades estatales y locales y, finalmente, mejoren sus estructuras políticas.

            El nuevo Estado debe desarrollar una estrategia de acción  concurrente y propulsar responsabilidades solidarias tendentes a la protección y al desarrollo de la seguridad ciudadana, la salud, la educación, el deporte, la cultura, el trabajo, y en fin, el bienestar social.

            Se requiere de un Estado redimensionado en su ámbito, fuerte en su rol estratégico y armonizador, capaz de actuar descentralizada y coherentemente, en forma coordinada y eficiente en todo el territorio nacional.

            La reforma está dirigida a lograr que el Estado asuma otras responsabilidades, además de la diferente ponderación que otorgará a sus funciones tradicionales. A dotarlo de una clara transparencia en todos los asuntos públicos para combatir el flagelo de la corrupción y rescatar la confianza y credibilidad de la comunidad nacional e internacional en el más pequeño de sus actos. En este sentido, se trata de proponer una nueva ética, en la cual la práctica institucional de quienes proponen y ejecutan políticas públicas esté claramente signada por una actitud de servicio y no por la búsqueda de beneficios personales.