Perú: Un año más de trampas a la justicia - Ministerios de Defensa y del Interior, refugios de la impunidad

Un gran obstáculo a las investigaciones proviene directamente de los ministerios de Defensa y del Interior, que niegan sistemáticamente toda información solicitada por fiscalías y juzgados para identificar a los responsables, con el argumento inadmisible de que la documentación "no existe" o "ha sido incinerada". Así lo ratificó públicamente y muy suelto de huesos, hace dos semanas, el actual ministro de Defensa, general Chiabra. De ser cierto lo que dice, sería necesario establecer entonces cómo, en qué circunstancias y bajo responsabilidad de qué ministros y funcionarios se destruyó información tan importante, y debería recaer sobre ellos la acción legal que corresponde contra quienes encubren delitos de lesa humanidad.

El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior también interfieren con las investigaciones al impedir la aplicación de los mandatos de detención dispuestos en contra de militares y policías responsables de crímenes. La Defensoría señala que, de un total de 78 órdenes de detención, sólo se han ejecutado 28, mientras 50 presuntos responsables siguen libres. Lo que es peor, muchos de ellos están en actividad, como sucede en un caso seguido en la provincia de Huamalíes, donde "los mandatos de detención dictados (...) que corresponden a 6 presuntos responsables de homicidios calificados, hasta la fecha de elaboración del presente informe, no se habían hecho efectivos. Ello pese a que 3 de éstos son miembros del Ejército en servicio activo" (p. 66). Debería, en consecuencia, plantearse cuanto antes la responsabilidad penal de los ministros y funcionarios que corresponda por obstrucción a la justicia.

Otra fuente de interferencia proviene del Fuero Militar, donde se ha abierto o reabierto procesos paralelos en 4 casos con la intención de sustraer a los acusados a la jurisdicción de la justicia ordinaria. El Fuero Militar es la institución que a lo largo de muchos años ha garantizado la impunidad de los militares acusados de violación de derechos humanos y hasta de delitos comunes. No es un auténtico tribunal de justicia sino una entidad sujeta a la jerarquía y la organización militar, encuadrada en el Ministerio de Defensa. Su intervención, ahora, abriendo procesos paralelos es maliciosa y totalmente ilegal, pues está establecido que los tribunales militares no pueden conocer delitos contra los derechos humanos.