Propuestas unitarias de UGT y CCOO sobre mercado de trabajo - La promoción del empleo de las personas con discapacidad

España es uno de los países europeos en los que se observa una menor proporción de personas con discapacidad que trabajan, tanto en el sector privado como en las Administraciones Públicas.

Las políticas públicas dirigidas a promover la integración social y laboral de las personas con discapacidad deben tener un enfoque integrado, que tenga en cuenta aspectos como el acceso a la educación y a la formación, a la vivienda, a la protección social y a los servicios públicos, a la actividad laboral y al empleo, así como actuaciones de sensibilización y eliminación de prejuicios.

Las políticas de empleo deben tener como objetivo prioritario la integración de las personas con discapacidad en el empleo ordinario y, subsidiariamente, al empleo protegido. Es esta integración laboral la que a su vez garantiza más eficazmente la integración en un proyecto de vida autónomo e independiente.

Partiendo de estos dos criterios generales, las actuaciones en materia de empleo deben dirigirse a:

Reforzar el cumplimiento de la cuota de reserva, teniendo en cuenta todos los instrumentos que pueden favorecerlo: el cumplimiento en las Administraciones Públicas y el papel ejemplarizante de éstas; la negociación colectiva; el apoyo a la adecuación de los puestos de trabajo; la labor de los Servicios Públicos de Empleo en la gestión de la colocación y en la formación, información y orientación, tanto a las empresas como a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad; la vigilancia del cumplimiento de las normas por la Inspección de Trabajo.

Recuperar la función de tránsito del empleo protegido hacia el empleo ordinario, para lo que es imprescindible evaluar las políticas actuales de apoyo al empleo protegido y sus resultados, y en particular:

Las subvenciones a los centros especiales de empleo, modulándolas en función de parámetros como el grado de discapacidad, el porcentaje de trabajadores con discapacidad frente al total de la plantilla, los niveles de inserción en el empleo ordinario.

La regulación de los enclaves laborales promoviendo mayores compromisos de inserción en las empresas ordinarias donde se establece el enclave.

La revisión de las actuales medidas alternativas al cumplimiento de la cuota de reserva, evitando que vuelvan a ser un nuevo incentivo al empleo protegido.

La creación de un registro de Centros Especiales de Empleo que permita conocer la evolución e impacto del empleo de las personas con discapacidad, dado el crecimiento que han experimentado estas empresas en los últimos años.

Contar con los instrumentos adecuados de información estadística sobre las personas con discapacidad y su posición en el mercado laboral, una carencia histórica todavía no resuelta.

Comprometer la participación de los interlocutores sociales en el diseño y desarrollo de las políticas públicas dirigidas a la inserción laboral de las personas con discapacidad.