Socialismo y cultura - Un modelo lingüístico democratico

El concepto de lengua propia, superlegimitador ideológico de la política lingüístico-educativa vigente, no posee, desde el punto de vista de un análisis teórico mínimamente riguroso, ninguna fundamentación racional. De ahí la importancia del aviso de Branchadell: si se quiere justificar una política lingüística que vulnera los derechos de la mitad de la población del territorio, debe hallarse una justificación más sofisticada que el recurso al extraño concepto de Llengua pròpia, que además resulta incompatible con los principios de la mí- nima moralia liberal.

Las derivaciones ideológicas más palmarias de este concepto, como observa Jesús Royo, son muy peligrosas. Su certera traducción como la lengua de los propietarios del territorio se une a su uso como selector social. Las diferencias sociales son subrayadas por la lengua, que se constituye en una barrera cultural para la participación de la clase obrera en la vida pública, que queda reservada a los que hablan catalán. Si en la época de la gran emigración de los 60 se acunó la consigna: «catalán es el que vive y trabaja en Cataluña», una curiosa fórmula que deriva de la situación laboral, la ciudadanía plena, las altas tasas de paro y precariedad laboral actuales la han invalidado, pues ¿qué pasa con el que reside pero no en- cuentra trabajo en Cataluña? Quizás para sortear este escollo, y también para reservar ciertos puestos de trabajo para las clases medias autóctonas, parece querer imponerse la siguiente máxima «catalán es el que habla catalán». Ahora, con una enseñanza exclusivamente en catalán, no sirven las excusas del franquismo y quien no lo habla es porque no le da la gana. La situación social en el Principado, como mostró el sociólogo James Petras en su trabajo sobre el mercado laboral español»(17) realizado en el cinturón industrial de Barcelo na, que presenta «los niveles de desempleo y paro juvenil más altos de Europa Occidental y Norteamerica», es el telón de fondo donde se desarrolla la normalización . Si a esto le unimos el elevado porcentaje de f racaso escolar que alcanza, en estos barrios, a mas del 30% de sus habitantes, se configura u n escenario de exclusión social en el que la len gua propia aporta el ingrediente de la segrega ción cultural y alimenta un efecto perverso: lo s jóvenes desempleados de los barrios de la em igración, nacidos en Cataluña, se aferran a su l engua como uno de los pocos signos de identid ad, y de hecho. practican una resistencia sord a y tenaz frente a la política asimilacionista de la Generalitat.

Para las clases medias autóctonas, la función de la lengua propia como signo superidentidario de la Nación les sumerge en un universo ideológico extremadamente conservador que a veces recuerda a los defensores de la nobleza de sangre (aquí de apellidos), anterior a la Revolución Francesa, que ciertos ideólogos del nacionalismo empiezan a ver como el origen de todos los males. Además proporciona un elemento de «radicalidad» en torno al objetivo de la Independencia política, que ejerce sobre la pequeña- burguesía una enorme fascinación, separando a estos estratos de cualquier alianza con la clase obrera, como ocurrió con el PSUC, pues ahora estos sectores son considerados por el nacionalismo como una especie de quinta columna del españolismo.

¿Cuánto tiempo podrá ser silenciado el carácter irracional y reaccionario del concepto de llengua pròpia, único legitimador de la política lingüística en vigor? No será un efecto inme- diato, sino mas bien retardado que, lenta pero inexorablemente, hará imposible sostener en un debate racional el discurso normalizador que soporta las prácticas institucionales monolingües.

El problema que queda por resolver es plantear un modelo lingüístico democrático que salvaguarde los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña en un plano de igualdad. Quizás la clave nos la proporcionen las declaraciones de la ONU y de la UNESCO sobre el derecho a recibir la enseñanza en la lengua materna y a emplearla normalmente sin «preferencias» en todas las relaciones publicas y privadas, allí donde existe una minoría lingüística demográficamente significativa. Quizás la experiencia de la política lingüística de la II República española, que quería asegurar una especie de bilingüismo simétrico, cuando el 80% de la población del Principado hablaba catalán, nos pueda proporcionar valiosas indicaciones para construir este modelo.