En el plano jurídico-legal, esta misma iniciativa se expresa en el objetivo de criminalizar a los autores de aplicaciones técnicas y científicas que persigan alternativas a las restricciones impuestas por la tecnología propietaria. En los Estados Unidos ya está vigente la llamada ``Digital Milenium Copyright Act (DCMA, Ley de Copyright del Milenio Digital) que castiga severamente a quien ose infringir esas restricciones. La DCMA es una de las leyes norteamericanas que pertenecen al paquete de medidas del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas), es decir, pueden ser extendidas a todos los países adheridos a este tratado. Europa también sufre el lobbing de poderosos grupos de presión que tratan de imponer a los países miembros y al parlamento europeo un ``clon de esa legislación antidemocrática. Una legislación que criminaliza a los ciudadanos, basada en una ampliación de las normas que nacieron con la regulación industrial, o sea, para productos materiales, y que pudo tener sentido para una determinada época, pero que ahora trata de ser aplicada a productos inmateriales (digitales) que tienen un coste de (re)producción básicamente nulo. Esa criminalización no tiene sentido en la nueva sociedad de la información.
Bajo el discurso de la protección de los intereses comerciales de los contenidos digitales se están eliminando una serie de derechos ciudadanos para el uso legítimo de materiales con copyright que estaban garantizados dentro de las legislaciones industriales. Tenemos derecho a prestar un libro impreso. Tenemos derecho a grabar en una cinta magnética o a copiar un CD de música o una cinta de video con fines no comerciales. Tenemos derecho a copiar parcialmente un libro en una biblioteca o de un amigo para ampliar nuestro conocimiento sobre determinados temas. Pero tenemos muchos derechos que están amenazados en el plano digital. Los ``ciberderechos no pueden basarse en presupuestos totalitarios y fascistas.
Esas leyes e iniciativas en el campo tecnológico afectan directamente a todos los individuos, autores, programadores, etc., y no pueden ser tratadas sólo desde la óptica de la gran industria monopolista. Las organizaciones en defensa de los derechos de los consumidores, de los derechos civiles y de las pequeñas y medianas empresas deben movilizarse para defender sus derechos. Aprovechando la ``moda, podríamos crear una ``Coalición por el Libre Derecho de Usar la Computadora y los Productos Digitales.