A la universidad acreditada se le presentan múltiples desafíos: demanda de una adecuada función crítica y propositiva; formación que posibilite el desarrollo científico y tecnológico con base en una clara dimensión ética y en valores; Fortalecimiento de las funciones de docencia, investigación y extensión; realización de un trabajo interdisciplinario con una clara flexibilidad del sistema; ofrecimiento de educación permanente como una educación abierta a tod@s y para toda la vida; generación de nuevos modelos educativos y en consecuencia de un adecuado rediseño curricular, además de la transformación del papel del docente.
Al respecto, Ortega y Gasset, colocó como compromiso vital para la universidad el que se salvará a sí misma, reclamando a sus miembros la dignificación de su presencia histórica y social como intelectuales comprometidos con su tiempo. (ORTEGA Y GASSET, 1930)
Así, Ramón Mayorga11 destaca los siguientes puntos que a su juicio, deberían formar parte de una agenda de discusión y de acción por parte de los académicos y políticos:
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El reto de constituir una sociedad justa basada en el conocimiento.
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Afianzar la identidad cultural iberoamericana en un mundo globalizado.
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Trasformar los sistemas educativos de la región.
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Prolongar la educación durante toda la vida.
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Emplear eficazmente los nuevos medios tecnológicos disponibles. Hacer investigación científica y tecnológica de alta calidad.
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Vincular la universidad a las empresas
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Contribuir a la integración latinoamericana
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Cumplir bien las funciones universitarias tradicionales: docencia, investigación y presencia-servicio a la sociedad.
En este contexto, la acreditación, adquiere un enorme significado político y social. La evaluación y, particularmente, la autoevaluación de una institución educativa, está fundamentada en un sentido de hombre y de sociedad en permanente construcción que se encuentra a la deriva de las circunstancias, de los cambios, del devenir diario y contingente y, también, se fundamenta en un paradigma de la educación y una idea de universidad basada en procesos de comunicación y de diálogo. Por ello es importante comprender la acreditación más en función de mejoramiento de la calidad que de procesos de mercantilización en ínfima relación con las posibilidades de reforma.
Esto obliga a identificar la calidad y el mejoramiento institucional como el fin que se pretende y la acreditación, como el medio. La ambigüedad que se pueda generar al respecto repercute notoriamente en la responsabilidad corporativa de la formación que compete a una institución educativa del mas alto nivel. En consecuencia, debe ser un proceso social, de interés público, de construcción de sentido y de contextos compartidos que posibilite la consolidación de la universidad como organización inteligente que aprende sobre la base del respeto, la solidaridad, la responsabilidad, la participación y por ende el diálogo. Un manejo superficial y poco responsable de los procesos de evaluación y acreditación conlleva serios riesgos en la consolidación del verdadero sentido del ser y el quehacer universitario. En consecuencia, la acreditación debe ser una política de Estado más que de simple gobierno.
Los procesos concebidos e implementados a raíz de la acreditación obligan a reflexionar en torno de los cambios generados en la universidad, a evaluar su impacto en la calidad. Al respecto, la concepción, el concepto de calidad, liga la palabra a unos atributos, en este caso de la Universidad, cuando se identifica con el grado de aproximación a “prototipos ideales”, definidos históricamente, esto orienta la indagación hacia el sentido de la universidad desde sus orígenes, los modelos existentes, buscando establecer el significado y sentido de la universidad contemporánea surgida de los procesos de acreditación.
Para el CNA, la calidad de una institución educativa del nivel superior o de un programa que estas instituciones ofrecen está dada por “el grado en que se aproximan al nivel de desempeño esperable que corresponde a su naturaleza. El logro y preservación de la calidad es entonces un reto en materia de educación superior, él anima la acción del Estado y convoca la voluntad de las instituciones” (CNA:2003).
Guillermo Hoyos (2002), señala que “pensar” el proceso de acreditación, nos orienta a redefinir la calidad, identificándola como cooperación, como inclusión de otros, como heterogeneidad, como participación de todos en la formación de cultura, como interculturalidad, y también como pertinencia, siendo la calidad más el espacio de la ética que del mercado. Debe entenderse la calidad más como saber responsable que como proceso técnico cuantificable; como proceso comunicativo, dialogal, discursivo, en el cual se privilegian a la vez la comprensión y la argumentación, a través de diálogo de pares y con la sociedad civil. La calidad es competencia discursiva, en cuanto capacidad colectiva de aprendizaje. Una teoría discursiva de la calidad busca sistemas de educación en los que se aprende comunicando, relacionándose, reconociéndose.
En este sentido la acreditación se constituye en una ratificación pública del diálogo entre la comunidad académica y la sociedad civil y de sus resultados. Se fomenta así una teoría discursiva de la educación. Participativa, “incluyente”, pluri e intercultural. Esto desarrolla el sentido de la educación para la ciudadanía, la mayoría de edad y la democracia en consecuencia, se da el fortalecimiento de la sociedad civil y de las comunidades académicas.
