Con la comida no se juega - Segundo

No existe voluntad política ni corporativa en realizar estudios intensos, serios, rigurosos e independientes, sobre las consecuencias de los transgénicos en la salud humana.

El Dr. Domingo Roig, toxicólogo de la Universidad de Tarragona (España), advirtió que "No se han realizado los suficientes estudios experimentales sobre los potenciales efectos adversos de los alimentos modificados genéticamente en la salud animal ni, por supuesto, en la humana, que puedan servir de base para justificar la seguridad de estos productos" . Belinda Martineau, creadora del tomate transgénico Flarv Savr de Calgene, señaló que "Proclamar de manera tan simple que estos alimentos son seguros porque no existe evidencia científica que pruebe lo contrario, no es lo mismo que decir que se han realizado extensos estudios y aquí están los resultados" . La Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de los Alimentos (AFSSA, por sus siglas en francés) indicó que "son necesarios estudios de toxicidad sobre animales de laboratorio para evaluar los efectos de una exposición prolongada a pequeñas dosis de OMG (Organismos Modificados Genéticamente) sobre sistemas vitales..." .

Michael Meacher, ex ministro de Medio Ambiente en Reino Unido , también destacó la carencia de investigación y advirtió posibles presiones a científicos, con posiciones incómodas para el gobierno y la industria biotecnológica. Al Prof. Ignacio Chapela, hasta el momento se le ha denegado su titularidad en la Universidad de Berkeley en California, a pesar de la mayoría aplastante de expertos y compañeros que la apoyan. Este hecho podría tener su origen, en sus hallazgos de contaminación genética en México -ocasionada por maíz transgénico- que han originado una preocupación mundial sobre la seguridad de estos cultivos, que evidentemente no agrada a la industria. Esta hipótesis, se refuerza ante la turbiedad del proceso que vive el Prof. Chapela y ante el acuerdo de 25 millones de dólares, entre la Universidad de Berkeley y la conocida multinacional biotecnológica Novartis (Ahora Sygenta) .

Fenómeno similar, fue reconocido por el Grupo de Ciencia Independiente (ISP, por sus siglas en inglés), cuando denunció, que existe un patrón sistemático de supresión y tergiversación de datos científicos, adversos a la industria biotecnológica .

Y es que las aprobaciones, se basan en la denominada "equivalencia substancial" de la variedad transgénica, respecto a su contraparte no transgénica; y existe cuando ambas son parecidas en las características generales (metabolismo, grasas, composición, etc...). Para el Dr. Arpand Pusztai, este método es absurdo ya que "?una vaca alcanzada por el BSE (la enfermedad conocida como "el mal de las vacas locas") es equivalente a una vaca sana por el hecho de que el 99,999% de sus proteínas, grasas, etc? tienen una composición idéntica" .

La "equivalencia substancial" facilita la aprobación de un alimento transgénico, ya que suele evitar estudios pormenorizados, rigurosos e individuales, que desentrañe posibles efectos adversos a largo plazo. De los estudios que hay, algunos son financiados por las multinacionales y los resultados son dudosos, limitados y podrían estar manipulados a favor de éstas. Al respecto, Amigos de la Tierra realizó un informe sobre la aprobación en Reino Unido, del maíz transgénico T25 de la compañía Aventis (Actualmente Bayer). En el mismo se observan diversas opiniones cualificadas, que denuncian irregularidades en el informe presentado por la compañía . En Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), no exige en los estudios de las empresas, ciertos parámetros para medir posibles alergias . Y en un informe fechado en febrero de 2002, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, reclamó al Departamento de Agricultura, un proceso de evaluación de transgénicos "sustancialmente más riguroso y transparente" .

La Dra. Mae-Wan Ho, realizó un informe sobre el maíz híbrido NK603xMon810, cuestionando el estudio efectuado por el Comité Asesor del Reino Unido sobre Liberaciones al Medio Ambiente (ACRE, por sus siglas en inglés), que concluyó que dicho maíz transgénico no planteaba riesgos en la salud humana y en el medio ambiente. La Dra. Ho, contradijo la seguridad del maíz y observó numerosos vacíos, como la falta de estudios toxicológicos y alergénicos, falta de pruebas en vacas o cerdos, etc... Este caso abre otra dimensión al debate. Según descubrió Amigos de la Tierra, 8 de los 13 miembros de ACRE tenían vínculos con la industria y 6 estaban a sueldo con entidades que cultivaban transgénicos. Esta sospechosa conexión gobierno-empresas, se hace más visible en Estados Unidos, donde la bibliografía consultada establecía lazos entre multinacionales y funcionarios del gobierno y de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus sigla en inglés) .

Sobre el maíz dulce transgénico Bt11 de la compañía Sygenta -aprobado recientemente en la Unión Europea- en un comunicado de Ecologistas en Acción , se leía que el gobierno de Austria no estaba conforme con los informes aportados por la empresa, ya que hay "carencia de análisis toxicológicos, de pruebas sobre los efectos a largo plazo del consumo de la proteína transgénica y de pruebas alergénicas adecuadas". En Francia, la AFSSA rechazó por tercera vez el Bt11 y subrayó la falta de pruebas en animales de laboratorio. En Bélgica, el Conseil Consultatif Belge de Biosécurité, determinó que Sygenta no había proporcionado suficientes datos . El Comité Científico para los Alimentos Europeo, afirmó que la compañía aportó "...una evidencia escasa sobre la seguridad del producto" . La Dra. Ho y el Prof. Joe Cummins, denunciaron que las pruebas en el Bt 11, se realizaron con toxinas naturales y no con las producidas por las plantas transgénicas . Y el Institute of Science in Society, expuso que en generaciones de seis variedades transgénicas (incluida el Bt 11), los fragmentos insertados se habían fraccionado y habían cambiado de posición. Dicha inestabilidad, contradice los análisis de riesgo iniciales, establecidos en la Directiva 2001/18/CE, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente .