Es necesario que los consumidores conozcan cuáles son los derechos que les amparan para poder defender adecuadamente sus intereses.
Los derechos reconocidos en la ley son los siguientes:
Derecho a la protección contra los riesgos que pueden afectar la salud y la seguridad.
Derecho a la protección de los legítimos intereses económicos y sociales.
Derecho a la idemnización o reparación de los daños y perjuicios sufridos.
Derecho a recibir una información correcta sobre los diferentes productos o servicios, así como a la educación y la divulgación de todo lo relacionado sobre el uso de éstos.
Derecho a expresar su opinión y ser oídos a través de las asociaciones o agrupaciones de consumidores.
Por lo que respecta a la protección de la salud y seguridad en relación a todos aquellos productos, bienes y servicios que puedan suponer un riesgo potencial en su uso cotidiano, hay que resaltar que ningún producto o servicio debe llevar implícitos posibles peligros o riesgos para los consumidores. La normativa prohibe la utilización de aditivos no autorizados, el almacenamiento de sustancias tóxicas junto a productos alimentarios y bebidas, la venta domiciliaria de alimentos, la construcción de viviendas con materiales que puedan resultar peligrosos para la salud y la venta de productos farmacéuticos sin envasar o sin la información adecuada.
Por lo que se refiere a la indemnización de los daños y perjuicios, hay que tener presente que para poder ejercer este derecho es preciso demostrar que el daño sufrido se ha derivado directamente del producto y no de su empleo inadecuado.
La información correcta sobre los distintos productos y servicios deberá consignarse en la etiqueta, el envase o la presentación del producto y, como mínimo, deberá constar la denominación del producto, la composición, los ingredientes, la fecha de caducidad o de consumo preferente, así como las instrucciones de conservación.
Todas las personas pueden ejercer los derechos que les amparan como consumidores/as, y en caso de indefensión o de inferioridad puede acudir a las instancias públicas o privadas para defender sus intereses individuales y colectivos.