Finanzas Públicas - Conclusión

Luego de haber investigado y realizado el presente trabajo pudimos apreciar el sistema de privatizaciones en el mundo y en Argentina. Observamos que el origen del este proceso de privatizaciones fue en Inglaterra, en la década del 80, durante el Gobierno de Margaret Thatcher, producto de su política neoliberal que era la tendencia del mundo en ese momento para fomentar una economía de mercado, y acabar con los monopolios estatales en su mayoría ineficientes y deficitarios.

Esta tendencia se fue propagando en el mundo con el propósito de reducir la deuda pública, tanto externa como interna, (característica de muchos países de América Latina) y lograr un equilibrio presupuestario, ya que en muchos países el déficit presupuestario era persistente. En Argentina ésta fue una de las principales causas, ya que uno de los mayores problemas de nuestro país fueron los ya nombrados persistentes desequilibrios fiscales y la gran crisis de deuda en la que se hallaba el país  a partir de la década del 80. Este proceso debería haberse llevado a cabo durante el gobierno de Alfonsín a fin de que la estabilidad económica se consolidara, pero por razones políticas de mayorías y minorías gubernamentales, que superaron las razones económicas, no se concretó este proceso. Como consecuencia el proceso inflacionario se multiplicara y golpeara cada vez más la economía del país.

Finalmente con el gobierno de Menem, que había sido el principal opositor de las privatizaciones, se fue consolidando el proceso de privatizaciones pero no mostraron los resultados esperados, porque no se adecuo la situación para llevarlas a cabo . Si bien estos resultado mostraron indicios favorables en el corto plazo, a largo plazo demostraron sus resultados negativos conduciendo a la ruptura de las bases económicas y de desarrollo de nuestro país.

Tanto los gobiernos de los presidentes Alfonsín como Menem han manifestado una voluntad política de efectuar privatizaciones, pero sin que hayan existido unos planes específicos al respecto plasmados en normas legales, a diferencia de países como México y Chile.