Finanzas Públicas - Resumen

La aplicación de un programa de privatización de empresas públicas implica una decisión estratégica por parte de un gobierno de retirarse de la actividad económica directa. Uno de los países precursores en adoptar este tipo de programas fue el Reino Unido. A fines de la década del 70, el partido conservador británico puso en marcha un extenso programa de privatizaciones con la idea de reducir la intervención del gobierno en la actividad económica y ampliar la participación del sector privado. En América Latina, el primer país en desarrollar un programa de privatizaciones de gran alcance fue Chile, cuando a partir de 1974 el gobierno militar transfirió a manos privadas la mayoría de las empresas que habían sido nacionalizadas por el gobierno anterior, devolviéndolas a sus antiguos dueños. Unos años después, el programa también alcanzó a las más grandes empresas públicas de infraestructura y transporte.

Más tarde, a partir de mediados de la década siguiente y particularmente a comienzos de los 90´s, estos programas comenzaron a llevarse a cabo en un número importante de países en desarrollo, en especial en América Latina. En estos países, además de perseguir objetivos de largo plazo, las privatizaciones fueron una manera de aliviar los abultados déficits presupuestarios de los gobiernos, en un momento en el que el acceso al crédito era muy restringido. México fue uno de los primeros de la región en emprender un amplio y extenso programa de privatizaciones. Luego de ventas de empresas públicas menores llevadas a cabo a mediados de los ochenta, se privatizaron a fines de la década las dos aerolíneas nacionales y las empresas de telecomunicaciones y, a principios de los noventa, bancos nacionales y empresas mineras y de manufacturas de hierro y acero.

El amplio proceso de privatizaciones encarado por el gobierno argentino a comienzos de la década del noventa se enmarcó en este contexto. En ese momento, se inició en el país un importante proceso de reformas que apuntó a la reestructuración de la economía y a la redefinición del rol del estado en la misma. La privatización de las principales empresas estatales (avalada por la Ley de Reforma del Estado de 1989) constituyó uno de los lineamientos principales de la nueva política económica, cuyo primer objetivo residía en la estabilización de precios, paso primordial para lograr la confianza y credibilidad de los inversores y la subsecuente entrada de capitales necesarios para el crecimiento de la economía. 

Las privatizaciones aliviaron la situación financiera del gobierno en varios sentidos. El ingreso de efectivo sirvió como financiamiento en un momento en el que el acceso al mismo era escaso tanto interna como externamente, y la aceptación de papeles deuda pública como forma de pago permitió mejorar la situación de las cuentas externas y de ese modo, acercarse a un acuerdo con sus acreedores, que desde la década anterior presionaban por la realización de este tipo de operatoria. Por último, se mejoró la situación fiscal ya que el estado se desprendió de empresas que generaban déficit y las nuevas empresas privatizadas generarían futuros recursos tributarios con el pago de impuestos.

La forma en que se realizaron los pagos de las privatizaciones respondió a distintos motivos prioritarios a lo largo del proceso. Los primeros desprendimientos realizados por el Estado Nacional tuvieron como objetivo central reducir la deuda externa y facilitar la regularización de los pagos externos, requisito necesario para generar confianza en la comunidad de negocios y crear las condiciones para lograr el acceso a los mercados de capitales y la estabilidad macroeconómica. Para cerrar el paquete financiero - que concluyó con la negociación del Plan Brady en 1992- el estado necesitaba reducir el stock de deuda a refinanciar a un monto compatible con los fondos disponibles para destinar a la compra de las garantías del nuevo plan de refinanciación.[1] 

Durante los años 1990-1991 fueron vendidos algunos de los activos más preciados del Estado, a diferencia de otros países que comenzaron sus procesos privatizadores con la venta de activos menores. En el año 1990 el valor nominal de los títulos entregados en pago ascendió a U$S 6.343 millones lo que representó un 47% del total para todo el período. A partir de 1992, ya lanzado el plan de convertibilidad, con la mejora en el ordenamiento de las cuentas públicas y con la economía en franca recuperación, las privatizaciones comenzaron a privilegiar la recaudación en efectivo.

Todo este proceso estuvo caracterizado por una amplia participación del capital extranjero llevando a un rápido crecimiento de los flujos en concepto de inversión extranjera directa y de inversión de cartera.