Frente a las etapas anteriores, en las que la sociedad y el espacio españoles evolucionaron lentamente, en esta nueva fase que comprende el periodo 1960-1975 se produjo una aceleración de los cambios apuntados, que comenzó con la apertura de nuestras fronteras al exterior y siguió con la integración plena de la economía en el contexto internacional. Auge en la movilidad de la población, el proceso urbanizador, desequilibrios regionales o la planificación indicativa.
Los años cincuenta conocieron ya una cierta recuperación del pulso económico y una moderación del aislamiento precedente con la mejora de los abastecimientos exteriores tras la firma del acuerdo con Estados Unidos y la incorporación a los organismos internacionales. No obstante, la ruptura con el modelo autárquico, junto a una relativa liberalización del mercado interior y la plena inserción de la economía mundial sólo se produjeron con el PLAN DE ESTABILIZACIÓN, aprobado en 1959. El ajuste, apoyado por la mayor parte de la burguesía industrial y financiera nacional y contando con organismos internaciones, comenzó a dejar sentir sus efectos en 1961.
Desde esta fecha y hasta 1974-1975 se registró un período de crecimiento sin precedentes del PIB. Su abrupta crisis en la segunda mitad de los años setenta, al converger el final del ciclo económico con la descomposición del régimen político, supuso el inicio de un proceso de reestructuración.
En cuanto a la apertura exterior, la incorporación a una economía mundial, que vivía una fase expansiva sin precedentes, supuso un impulso global para la economía española: aumento de ingresos por turismo, emigración de excedentes laborales hacia Europa como válvula de seguridad frente al paro, transferencias de capitales generadas por esos emigrantes, aumento de la exportación al devaluarse la peseta, etc. Pero el efecto mas significativo fue, sin duda, el rápido incremento de la inversión extranjera directa mediante la instalación de un buen número de empresas multinacionales.
Pero buena parte de la expansión y del cambio estructural debe vincularse directamente a la actuación de las empresas de capital nacional, que continuaron siendo ampliamente dominantes en el conjunto, y que debieron evolucionar para adaptarse a la nueva situación.
El INI perdía el peso de su anterior protagonismo en la política industrial, sin embargo, el aumento en el consumo de manufacturas privado y público (viviendas, infraestructuras, etc.), la existencia de crédito barato, un estricto control político de la fuerza del trabajo o diversos incentivos fiscales y financieros que cristalizaron en los Planes de Desarrollo de 1964, crearon un marco que animó a la inversión empresarial.
Se produjo un fuerte incremento del consumo energético en esos años. Progresiva sustitución del carbón por los hidrocarburos. Tampoco puede olvidarse los importantes efectos económicos y territoriales generados por el auge turístico iniciado en esos años. También se elevó el turismo interior.
El auge turístico se integra en un proceso más amplio de avance hacia una economía de servicios. Junto a una rápida evolución en las pautas culturales y de comportamiento tuvieron lugar importantes cambios sociolaborales, con ampliación de las clases medias y del proletariado urbanos.
El crecimiento económico también acarreó transformaciones demográficas, con una progresiva moderación de las tasas anuales de mortalidad general y sobre todo, mortalidad infantil, en tanto las de natalidad se mantenían prácticamente constantes con lo que, dentro de la peculiar transición demográfica española, entre 1956-1965 se alcanzaron los mayores crecimientos vegetativos del siglo, algo superiores al 1% anual. Este baby boom español, asociado al aumento de la nupcialidad y fecundidad que propició la mejora económica, se convertiría en factor de presión sobre el mercado de trabajo en los años ochenta ante el elevado número de jóvenes que alcanzaron la edad activa en esas fechas.
Los años del desarrollismo, entre 1960 y 1975, supusieron para la agricultura española un vuelco total de las condiciones en que se desenvolvía, transformándose radicalmente todos los elementos del espacio, sociedad y la economía agrarias. El proceso industrializador desencadenó los cambios iniciales, demandando mano de obra industrial, que procedente del campo, emigró hacia la ciudad en busca de mejores condiciones de vida.
Al mismo tiempo, se fueron abandonando producciones tradicionales excedentarias y potenciando otras demandadas por una población que cambió su dieta tradicional de cereales y legumbres por otras mas ricas, que añadía leche, carne, frutas y hortalizas a las producciones básicas. La explotación agraria, mejor equipada y tecnificada, se fue agrandando y adaptando a la demanda del mercado nacional e internacional, de modo que el campo español quedó así completamente renovado, la edad media de los trabajadores se elevó, excesivamente equipado, con unas explotaciones pequeñas, que producían a costes mayores de los del mercado internacional. Eran la cara y la cruz de la agricultura española: una modernización evidente, pero con claras disfuncionalidades, como lo pone de manifiesto la tremenda caída de la agricultura en el PIB. Así la década de 1950 supuso la etapa dorada de la agricultura tradicional. A partir del ingreso en la Comunidad comienza una nueva fase.
El fenómeno arranca, pues, del éxodo rural y de la consiguiente mecanización, desencadenado a partir del proceso industrializador. Éxodo y mecanización modificaron las bases de la agricultura tradicional que se vio obligada a adaptarse a las nuevas realidades. Las producciones, superficies y el comercio agrarios cambiaron de signo. Las producciones tuvieron que responder a una demanda más exigente y voluminosa, tanto por el cambio de la dieta tradicional como por la gran afluencia de turistas. Las superficies cultivadas se reorientaron a las necesidades y exigencias de las máquinas y del mercado; el comercio exterior se hizo subsidiario de las producciones internas, aportando gran cantidad de piensos para una ganadería que se modernizaba aceleradamente.
Se abandonaron muchas tierras no mecanizables y se roturaron otras, creció a un ritmo vivo el regadío y disminuyó el barbecho, incremento las frutas y hortalizas en la España mediterránea cálida y valle del Ebro y los de uva, girasol patata, maíz y trigo, del que se produjeron excedentes en 1967. A partir de este año el trigo cede extensión a la cebada. En los cultivos industriales se incrementaron las producciones como la remolacha y se produjo una auténtica explosión en el girasol que fue expandiéndose desde el sur hacia el norte de España.
La ganadería también conoció asimismo una expansión sin precedentes, tanto la de bovino como la de porcino y aviar. El único ganado de renta a la baja fue el ovino y el caprino. La ganadería de equino se hunde presionada por la mecanización.
Ante estos cambios profundos de las producciones y superficies agrarias, se modifica también el comercio exterior, para adaptarse a una nueva demanda. Si tradicionalmente España había sido exportadora de productos agrarios y en 1960 los productos alimenticios representaban un 53,2% del valor exportado, en 1975 habían caído al 21,7%.
La denominada “Política de Estructuras" se orientó a la labor concentradora, que se consideraba indispensable para la modernización del campo. La concentración hizo cambiar la mentalidad del agricultor, que pasó a considerar la tierra como un bien económico, más que como un patrimonio y atributo familiar del que no se podía desprender.
En cuanto a las infraestructuras, la ampliación, mejora y extensión del regadío continuó siendo la clave. El Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) logró poner en marcha diversos planes, que elevaron la superficie regada desde 1.828 a más de 3 millones de Ha., distribuidas por todo el territorio nacional, aunque con predominio claro en la España mediterránea cálida y valles o cuencas de los ríos.
A pesar del indudable progreso del regadío y de todas las transformaciones del campo español, las estructuras agrarias básicas (propiedad y explotación) no cambiaron suficientemente. Las modificaciones en la propiedad agraria no tuvieron demasiada importancia, pues el número de propietarios continuo siendo muy elevado y muy parco el tamaño de la propiedad. En realidad, el tamaño medio en la primera mitad de los ochenta está en torno a "1 Unidad Agraria Tipo", o sea, unas 65 Ha. equivalentes de secano, aunque la disparidad dimensionales sean enormes.
Durante los años sesenta y setenta se echan pues, las bases de la agricultura moderna en España que ha conocido una crisis profunda para adaptarse a un nuevo modelo económico: el propio de un país industrial de Europa occidental que ha obligado a reducir tremendamente el empleo en el campo, a incrementar el tamaño de la explotación, a tecnificarla y modernizarla, a producir a costos competitivos, etc.; hechos que han provocado cambios drásticos y adaptaciones insuficientes a la nueva realidad social y económica del país. Los años posteriores a la crisis mundial de 1973 no supusieron más que una fase de estancamiento y adaptación a las coyunturas, una especie de freno a la crisis general del campo, aunque ya en los años ochenta se cambió el rumbo de la política agraria para empezar a adaptarse a la normativa de la Comunidad Europea.
La consolidación de una sociedad plenamente industrializada, tanto en lo económico como en los aspectos socioculturales o demográficos, supuso una paralela profundización de los procesos polarizadores, dominantes desde el pasado siglo.
No obstante, se vio contrarrestada por el desarrollo de procesos difusores que favorecieron el trasvase de actividades y población hacia ciertos ejes, ciudades medias, etc. contribuyeron eficazmente a lograr una mayor integración del sistema territorial español.
Las tendencias concentradoras fueron visibles, inicialmente, en la industria con el reforzamiento de aquellas áreas que ya contaban con una mayor densidad fabril, si bien se inició el debilitamiento de algunas monoespecializadas como Asturias.
Su constatación puede hacerse en tres planos sucesivos y complementarios:
– A escala regional Cataluña, País Vasco, Madrid y Comunidad Valenciana, aumentaron su presencia en la población activa industrial española del 51,1% en 1955 al 60,5% en 1975, frente al declive continuado de Andalucía, las dos Castillas, Galicia e incluso Asturias. El progresivo desplazamiento de la actividad industrial hacia el cuadrante nordeste peninsular permitió a algunos autores proponer la hipotética diagonal Castropol (Oviedo) - Cartagena como divisoria entre la España fabril y la agraria.
– Al reducir la unidad de observación, los contrastes se agudizan, pues si en 1955 las cinco provincias mas industrializadas reunían el 44% de la producción y empleo en el sector, dos décadas después superaban ya la mitad del total.
– En el plano urbano, las ciudades con mas de medio millón de habitantes duplicaron efectivos industriales, mientras que las situadas entre 200.000-500.000 habitantes lo hicieron en un 80%, los núcleos que no alcanzaban los 20.000 habitantes sólo crecieron en un 43%, muy debajo del 69% correspondiente al promedio español.
Estas tendencias centrípetas se vieron complementadas, aunque sólo parcialmente compensadas, con el inicio de un proceso difusor desde las áreas mas saturadas hacia su entorno próximo. Esta tendencia que se inicio en los focos tradicionales catalán y vasco, dio origen a la formación de verdaderos ejes de desarrollo, principalmente en el valle del Ebro y litoral mediterráneo, con algunas ciudades como Vitoria, Zaragoza, Valencia o Alicante en rápida expansión. Frente al contraste litoral interior, la concentración en el triángulo Barcelona-Madrid-Bilbao, se fue definiendo con progresiva nitidez una “Y" en rápida expansión que enlazaba los litorales cantábrico y mediterráneo a través del Ebro. En posición excéntrica quedaban otros focos como Valladolid, Avilés, Gijón. al tiempo que se acentuaba la evolución regresiva del resto.
El efecto multiplicador de la industria sobre los servicios, destinados tanto a la producción como a una población que elevaba su renta, junto a la crisis de la agricultura tradicional, aceleraron el trasvase del campo a la ciudad y de las regiones agrarias a las industriales hasta límites extremos, agravando el despoblamiento de extensos territorios.
En los años sesenta, unos 2,6 millones de personas abandonaron su provincia de residencia, en tanto que 1,4 millones se desplazaba de unos a otros municipios dentro de las mismas. Respecto a la emigración exterior, el cambio esencial fue la sustitución del tradicional flujo ultramarino, por el destinado a los países europeos. La emigración entre 1962/1976 ascendió a mas de 1 millón de personas, al que debe sumarse otro millón y medio con un carácter temporal (principalmente hacia la vendimia francesa), lo que supone una cifra muy importante que vino a aliviar las presiones que sobre el mercado de trabajo supuso el Plan de Estabilización y la acelerada desagrarización posterior.
Sus destinos fueron Suiza, Alemania y Francia, donde fueron a ocupar por lo general puestos de escasa cualificación. Si bien es cierto, que la emigración supuso la entrada de divisas y transferencias de capital tampoco puede ignorase, la descapitalización humana y el envejecimiento de amplios espacios, privados así de lograr un cierto desarrollo endógeno, el consiguiente aumento de la desigualdad territorio, el desarraigo social y familiar padecido por algunos de los implicados, o los problemas de la vivienda y déficit de equipamientos para muchas ciudades que recibieron la avalancha migratoria.
La urbanización de la sociedad española, es el último tipo de transformación a mencionar. No solo aumentó el número de municipios por encima de 10.000 habitantes, sino que además el crecimiento resultó superior en las ciudades de mayor dimensión dando origen a la formación de verdaderas áreas metropolitanas.
En el interior de las ciudades tuvo lugar una profunda transformación de su morfología y estructura interna, a veces con destrucción de un patrimonio arquitectónico de inestimable valor.
Pero lo más representativo, sin duda, de esos años fue la rápida expansión de las periferias urbanas para acoger los nuevos contingentes de población en grandes polígonos de viviendas, de iniciativa privada o pública, escasamente integrados y con frecuentes insuficiencias en materia de equipamientos.
Todo este conjunto de tendencias, comenzó a verse alterado a partir de los años setenta, iniciándose un período de cambios acelerados que llega hasta la actualidad.
