Uno de los rasgos esenciales que definen el espacio geográfico es su heterogeneidad. Las condiciones naturales y los recursos disponibles introducen un primer elemento de diversidad, de contrastes, que la actuación de los grupos sociales en el tiempo ha contribuido a ampliar. Los desequilibrados territoriales actuales resultan de una combinación de factores heredados y condiciones actuales.

Para el estudio de la desigualdad en el territorio se han primado 2 tipos de concepciones básicas, las que los identifican a partir del diverso potencial o capacidad productiva medida en términos económicos y los que se fijan en el acceso de la población regional al bienestar.

Existe una 3ª dimensión de carácter funcional relacionada con la visión estructuralista de la realidad: la división del trabajo y especialización funcional de los grupos sociales, empresas y espacios crea la jerarquización, origen de los fenómenos de intercambio desigual: los espacios centrales dominan sobre el resto por concentrar funciones y actividades de alto rango y valor añadido, los periféricos se caracterizan por funciones banales, producciones masivas de menor valor, bajos niveles de cualificación y renta.

La década de los 60 fue un período altamente expansivo para la economía española, y a la vez de lanzamiento de los desequilibrios regionales y la instauración de un modelo de crecimiento polarizado. Parte de ellos se refieren a las distintas condiciones sociales y geográficas de las regiones españolas. Otros se explican por la pervivencia de las estructuras propias del período anterior.

Pero fueron el cambio de rumbo operado en la política económica y el favorable entorno exterior los factores decisivos en las transformaciones productivas que reforzaron los contrastes, cuyo común denominador fue la puesta en práctica de un Plan de Estabilización.

Al finalizar la década de los sesenta las diferencias demográficas entre las regiones se han acrecentado. En el origen de estas diferencias hay que situar la crisis de la agricultura, que expulsa población rural a las aglomeraciones urbano-industriales, a áreas turísticas y hacia el extranjero. La población tiende a concentrarse en 13 regiones del cuadrante nororiental, despoblándose el interior peninsular y Galicia, especialmente Extremadura.

En las variables de producción y empleo también se generan importantes desequilibrios regionales. El crecimiento industrial de los años sesenta parte de una diferenciación entre los focos tradicionales (vasco, catalán y madrileño) y el resto de las regiones. La industrialización y el desarrollo del turismo implican una concentración del empleo y del PIB en las regiones más especializadas en estos sectores de la actividad.

Las pautas de localización industrial se caracterizan por una concentración manufacturera (Barcelona, Vizcaya, Asturias, Madrid, Valencia, Guipúzcoa) acompañada al finalizar la década, de una relativa difusión industrial que afecta a algunas provincias limítrofes a las principales áreas metropolitanas (Guadalajara, Toledo, Gerona, Tarragona, Navarra) y al desarrollo de determinados centros industriales mediano-pequeños fruto de la política de Polos.

La figura 1 muestra el crecimiento medio anual del PIB regional entre 1960 y 1973. Del mismo modo que en el caso de la población, son las comunidades de Baleares, Cataluña y Madrid, a las que se une Canarias, las que incrementan en mayor medida su capacidad productiva. El resto del territorio, con las excepciones navarra y valenciana muestran niveles de crecimiento productivo inferiores a la media española. Asturias y Cantabria, otrora regiones con una elevada capacidad productiva ya presentan incrementos por debajo de la media española. Con dinámica parecida a la de la población, los valores más bajos se encuentran en el interior peninsular: Extramadura, Castilla La Mancha y Castilla León.

El flujo migratorio hacia estas zonas donde se concentra la producción y en particular las principales urbes, genera efectos expansivos derivados: desarrollo de la industria de la construcción y sobre todo la industria ligera para satisfacer las necesidades de consumo de una población urbana en crecimiento y con mayor capacidad de compra.

Además esta polarización de las fuerzas productivas ha precisado también de un aprovisionamiento de materias primas y energía, con lo que algunas regiones refuerzan su funcionalidad como exportadoras netas de este tipo de recursos (Andalucía, León, Asturias y, particularmente, Extremadura). La actuación del sector público, y particularmente del INI, se caracterizó por llevar a cabo un trasvase continuo de recursos desde una perspectiva de rentabilidad global, con efectos territoriales claramente desequilibradores.

El desarrollo del sistema financiero canaliza los ahorros de las regiones más pobres en dirección a las más ricas, de rendimientos más seguros y elevados, siendo el saldo desfavorable para las regiones del interior peninsular, únicamente el turismo supondrá una matización a este panorama de elevada concentración de los factores de producción.

Pero, los flujos antes señalados, y particularmente los movimientos migratorios, tendrán como consecuencia un aparente reequilibrio al final de este período en aquellas variables en que intervenga la población. En las regiones en desarrollo el aumento de la renta por habitante se debe al incremento de su capacidad productiva, mientras en las regiones que se despueblan por emigración de los grupos sociales de los estratos de renta más baja, se experimenta un aumento relativo de la renta por capita superior al promedio del país. Los desequilibrios se han acortado entre 1960 y 1973 fundamentalmente desde su techo, pues las regiones más ricas en 1960 lo son relativamente menos en 1973, y las más pobres, salvo Extremadura, experimentan una mejora de sus condiciones acercándose al nivel medio. Asimismo, aumenta la distancia entre las cuatro regiones de cabeza (Madrid, País Vasco, Baleares y Cataluña) y el resto. Se detectan alteraciones importantes en algunas posiciones que ponen de manifiesto el desigual reparto de los beneficios del crecimiento, comenzando a retroceder el País Vasco, Cantabria y Asturias, afectando las mejoras más sustantivas a los archipiélagos, manteniendo el resto su situación relativa.

El inicio de políticas de desarrollo regional reequilibradoras tuvo lugar en los años 60, aunque existen precedentes:

–      Confederaciones Hidrográficas 1926

–      Planes comarcales: Badajoz 1952, Jaén 1953

que orientaron su actuación hacia la mejora agraria en algunas área deprimidas, pero a partir de medidas aisladas e inconexas. Sólo con la aprobación de los Planes de Desarrollo Económico y social, vigentes entre 1964-1975, se puso en práctica una planificación donde el Estado define las metas a alcanzar, establece un marco normativo, pone en práctica diversos instrumentos de intervención, invita al capital privado a seguir esas directrices mediante la concesión de incentivos financieros y fiscales.

En el transcurso de la década aparecen diversas figuras de intervención buscando incentivar la localización de empresas industriales en ciertos espacios atrasados, contribuyendo de paso a moderar la creciente congestión de las grandes ciudades y áreas metropolitanas del país:

–      planes comarcales: Tierra de Campos, Campo de Gibraltar, Canarias

–      planes provinciales de mejora infraestructural,

–      polígonos industriales del Instituto Nacional de Urbanización (INUR), etc.

No obstante, las principales acciones se orientaron a la selección de diversos Polos de Promoción y Desarrollo Industrial, exponente emblemático de la política regional del período.

El objetivo central de los polos de crecimiento fue la promoción de ciudades medias, un intento de “descentralización concentrada” apoyado en la instalación de ciertas industrias “motrices” que deberían favorecer la atracción de otras vinculadas a ellas como clientes o proveedores (polarización técnica), el desarrollo de los servicios al aumentar la demanda empresarial y privada (polarización de rentas), junto a una mejora de la imagen y las expectativas del área (polarización psicológica).

Fueron aprobados un total de 7 Polos:

-       5 de desarrollo, por ubicarse en poblaciones que ya contaban con cierta base industrial pero en regiones con bajo nivel de renta: La Coruña, Vigo, Sevilla, Valladolid y Zaragoza;

-       2 de promoción, por corresponder a espacios deprimidos que exigían mayor esfuerzo en inversión infraestructural y subvenciones empresariales: Burgos y Huelva.

Se sumaron a éstos los de Granada, Córdoba, Oviedo, Logroño y Villagarcía de Arosa hasta un total de 12, aunque nunca estuvieron en vigor más de 7 simultáneamente. Supuso una concentración de actuaciones en favor de Andalucía, Castilla-León y Galicia, quedando en un plano secundario el Valle del Ebro.

Los incentivos ofrecidos en los Polos para la instalación de empresas industriales podían variar ligeramente según la adscripción de éstas a uno de los 4 grupos establecidos según características y sectores, pero básicamente consistieron en:

1.    Subvenciones a fondo perdido hasta el 10% de la inversión inicial en capital fijo.

2.    Créditos oficiales de hasta el 70% de la inversión total.

3.    Desgravaciones fiscales en determinados impuestos y tasas locales.

4.    Suelo industrial relativamente barato en polígonos urbanizados al efecto.

5.    Ayudas para gastos de formación profesional y otros.

La combinación de beneficios financieros + fiscales + política de suelo han dominado desde entonces las estrategias públicas de desarrollo regional, con enorme resistencia a cualquier innovación.

Se intentó formular la política de desarrollo regional desde una perspectiva más amplia, sustituyendo las actuaciones puntuales que representaban los Polos por las Grandes Áreas de Expansión Industrial (GAEI): similares efectos en espacios más amplios.

Para su impulso se crearon las Sociedades de Desarrollo Industrial (SODI), con participación del INI, las cajas de ahorro y el capital privado, pero no modifican substancialmente las estrategias anteriores.

Valoración de los resultados de esta política de desarrollo: Los Polos indujeron cierta movilización de inversiones en favor de determinadas ciudades poco dinámicas hasta ese momento, generando un aumento de empleo en las mismas y una aceleración de su desarrollo urbano. También en Valladolid, Vigo o La Coruña los resultados obtenidos desbordaron las previsiones iniciales, debido en buena parte a la instalación de algunas grandes empresas.

No obstante, existen debilidades y limitaciones, sobre todo desde la perspectiva de los objetivos inherentes a toda política de desarrollo regional:

Heterogeneidad de comportamientos entre unos Polos y otros, siendo factor relevante el potencial previo de crecimiento con que contaba cada ciudad y su localización en relación a los ejes dinámicos del período.

Su capacidad para frenar el proceso de concentración territorial de la población, el empleo, la inversión y la riqueza fue bastante modesta, favoreciendo por contra una creciente polarización intrarregional e intraprovincial en detrimento de las área rurales circundantes.

El período de vigencia de muchas de estas actuaciones resultó también demasiado breve para alterar de forma sustancial unas estructuras productivas consolidadas durante decenios, siendo unas pocas empresas de dimensiones relativamente grandes las que reunieron una parte sustancial de la inversión y el empleo (Explosivos Riotinto, Citroën, FASA Renault, SECEM, etc.) generando limitados efectos multiplicadores en su entorno.

La multiplicación de actuaciones y la escasa coordinación entre las mismas "sembró" el territorio nacional de núcleos y áreas donde las empresas podían beneficiarse de algún tipo de incentivo, pero limitaron su capacidad para orientar selectivamente las decisiones en materia de localización.

Fin de franquismo + inicio de crisis internacional = ruptura de estas políticas, no llega a entrar en vigor el Cuarto Plan de Desarrollo que debía aprobarse en 1975.