Geografía de España I - El significado de las influencias exteriores y de otros condicionantes inte

No puede finalizarse esta presentación de factores explicativos del presente sin aludir con brevedad a otros condicionantes complementarios, no asimilables con facilidad a la periodización utilizada.

La influencia ejercida por lo que pueden calificarse como infraestructuras físico-naturales y superestructuras político-institucionales constituye referencia obligada, a la que parece conveniente incorporar un comentario acerca de las cambiantes influencias procedentes del exterior, centradas sobre todo en los efectos del proceso de integración europea que tantos y tan diversos impactos está derivando.

Es evidente que el espacio físico representa algo mas que un mero soporte de la actividad económica y que dicha actividad se adapta en cierto modo al medio ecológico, en cuanto quiere aprovechar su potencial. Así, un relieve accidentado y con grandes desniveles dificulta los intercambios y la articulación e integración regional al igual que los climas fríos o áridos dificultan el aprovechamiento agrario. Sin embargo, todos estos factores se superan cuando existen recursos cuya explotación económica compensa los gastos necesarios para su puesta en funcionamiento.

En este sentido, España cuenta con un potencial ecológico considerable, aunque dispar y no suficientemente aprovechado, en función de las propias dificultades, como la elevada altitud, la escasa accesibilidad de extensos territorios, climas contrastados, etc.

Situación planetaria entre 36º latitud norte en la Punta de Tarifa y 43º47 N de la Estaca de Bares, confiere al territorio español una primera singularidad: clima templado. Este fenómeno se ve potenciado por su posición suroccidental en el continente eurasiático, con lo que hace de encrucijada entre éste y el africano, sirviendo de puente de influencias dispares, tanto biogeográficas como culturales.

Por otro lado, la posición entre dos grandes masas de agua, con importantes precipitaciones que caen sobre las regiones noroccidentales, incrementadas por los relieves montañosos. También con los contrastes térmicos entre un océano templado y un mar cálido. Estos aspectos unidos al gran desarrollo de las costas, potencian la importancia de la pesca como actividad económica. El clima de estas latitudes es básicamente mediterráneo, con predominio de los vientos del Oeste, excepto en el caso de Canarias, afectadas por los alisios.

En principio existen dos dominios climáticos, de los que el Mediterráneo ocupa la mayor parte y el Atlántico que se extiende por Galicia y el norte. El ámbito mediterráneo se distingue ante todo por la aridez estival que dura de 3 a 5 meses, lo que determina un tipo de cobertura vegetal específica, principalmente el encinar. Desde la perspectiva agraria es el mundo de los secanos extensivos, con la denominada trilogía mediterránea (vid, olivo y cereal) y de los regadíos intensivos; el aprovechamiento del agua en verano se convierte, así en una necesidad y en una gran potencialidad.

Por otro lado, esa aridez estival, ha permitido la explotación de otro recurso de gran trascendencia en la España actual: el turismo. La abundante insolación, unida a la casi certeza del verano seco mediterráneo, junto con otros factores socioeconómicos ha hecho de España la primera potencia mundial por número de turistas, fundamentalmente en la costa Mediterránea.

Como país mediterráneo, España cuenta también con una serie de riesgos derivados de especialmente las inundaciones de otoño y primavera, lo que ha obligado, sobre todo en la vertiente mediterránea, a regular los ríos mediante embalses, que a su vez, proporcionan el agua necesaria para la puesta en práctica del regadío. Por otro lado, también se producen los riesgos térmicos: olas de frío, sequías, etc.

La España atlántica que solo ocupa un 20% del territorio, se caracteriza por un clima lluvioso a lo largo del año, bajo el que la hierba (el prado) permanece verde, sin agostarse en verano.

El relieve supone un elemento más en la organización territorial. España es un país grande, a escala europea con 504.750 Km2. que permite el desarrollo de una cierta diversidad no sólo climática, sino también geológica y por lo tanto, del roquedo y los minerales. Sin embargo no aporta abundancia de recursos minerales, más bien escasos, sobre todo, en lo referente a energía, ya que no cuenta prácticamente con petróleo y el carbón se localiza en vetas estrechas y muy fracturadas.

Su extensión se distribuye en un conjunto de tierra altas predominantes (altitud media de la Península Ibérica 660 m). Esta elevada altitud hace un conjunto de tierras frías, de acusados rigores invernales, que dificultan seriamente las comunicaciones, los intercambios y la integración regional.

Como país predominantemente mediterráneo, España cuenta con un clima de prolongada insolación anual, pero dada su aridez estival, necesita el concurso del agua, embalsada, explotada y distribuida artificialmente para aprovechar adecuadamente dicho potencial.

La escasez de cobertura arbórea, que en estado de monte alto no representa mas que un 8,6% del territorio nacional, es fiel reflejo de la pobreza en precipitaciones, a pesar de que las deforestaciones y roturaciones hayan reducido enormemente la cubierta vegetal climática y por más que la España atlántica conserve aún importantes masas de coníferas y frondosas en buen estado.

Puede afirmarse que la naturaleza del poder político requiere varios elementos: un ente o lugar donde se producen las decisiones, un ámbito en el cual se pretende que éstas tengan vigencia y unos órganos encargados de garantizar su ejecución.

En consecuencia, la estructura politico-administrativa del Estado conlleva la formalización de un modelo de organización espacial que suele tener, por lo general, un alto grado de permanencia en el tiempo, manteniendo su vigencia durante períodos muy prolongados y que ejerce diversas formas de influencia sobre otros componentes del sistema territorial. Por tales motivos, la división actual en Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas resulta un factor de raíz política pero con una incidencia geográfica que puede ahora resumirse en algunas de sus dimensiones.

la división provincial resulta de especial interés. Su delimitación propuesta por Javier Burgos en 1833 dividió el territorio en 49 provincias, que ascendieron a 50 en 1927 al desdoblar la antigua provincia de Canarias.

La pretensión de Javier Burgos fue impulsar la riqueza y el desarrollo, mediante un sistema administrativo centralizado en cada capital de provincia. Se intentó dar a cada provincia cuantos elementos de vida se juzgaban necesarios en aquella época, como suelos de vega, cumbres, ríos.

La provincia fue asumida pronto y ha llegado a convertirse en una unidad funcional con mas de siglo y medio de vigencia en virtud de la capacidad de gestión administrativa, política y económica desarrollada por las Diputaciones Provinciales creadas en 1836. En una perspectiva geográfica, su significado puede relacionarse con al menos, dos efectos complementarios:

–      Por un lado, la división provincial favoreció desde sus orígenes una polaridad administrativa, comercial y de servicios profesionales o personales en las respectivas capitales, principalmente en aquellas áreas de la España interior donde faltaron otros elementos de dinamización de sus economías urbanas.

–      Por otro, debido a su tradición la provincia resulta un marco espacial condiciona notablemente la propia visión y utilización del territorio. Resulta la unidad básica con la que se confeccionan en la actualidad numerosas estadísticas. Pero resulta, además, la circunscripción electoral con la que eligen tanto el Parlamento español como los Parlamentos Autonómicos.

En el organigrama administrativo, las provincias aparecen subdivididas en las entidades base que son los Municipios, de los que en 1991 se contabilizaron 8.126.

Pero la unidad territorial de mayor importancia, tanto en la tradición de estudios geográficos como desde la perspectiva politico-administrativa que ahora interesa, es sin duda, la Región.

La Constitución de 1.978 consagró el surgimiento del llamado Estado de las Autonomías, constituido por 17 Comunidades. La transferencia de competencias desde la administración central a los gobiernos y parlamentos autonómicos, producida con ritmo e intensidad diversos, ha incorporado así un ingrediente nuevo y cada vez mas necesario para analizar y valorar las políticas sectoriales y territoriales que se aplican hoy en España.

La Historia de España aparece marcada por la alternancia de períodos en los que domina la apertura a las influencias exteriores con otros de cierre de fronteras, en que cobran fuerza las tendencias aislacionistas. Razones muy diversas, desde las estrictamente económicas a las político-ideológicas, culturales e, incluso, dinásticas subyacen en esas fluctuaciones.

Con tales precedentes, la reciente integración en la Comunidad Europea supone un cambio cualitativo con relación a situaciones anteriores, pues la progresiva disolución de las fronteras estatales de la actual Europa de los Quince y la mayor movilidad de personas, mercancías, capitales, información o tecnología está forzando un profundo cambio estructural necesario para operar en este nuevo contexto.

Parece así hoy evidente que frente al aislamiento y autarquía de la posguerra civil la nueva realidad del territorio, sociedad y economía españoles está marcada por la adaptación a las "reglas de juego" vigentes en el interior de la Comunidad Europea.

El Tratado de Adhesión de España a la CEE significó un paso decisivo para la integración en Europa y, a través de ella, en el resto del mundo. El Tratado se amparó en los diversos contactos y negociaciones precedentes, que cristalizaron en el Acuerdo Preferencial de 1970, el cual supuso un primer paso para la homologación.

Las duras negociaciones que siguieron, tanto antes como después de la muerte de Franco, evidencian las dificultades existentes entre España y los países de la CEE, hasta que, por fin se consiguió la formalización del Tratado y el Acta de Adhesión, que entraron en vigor en Enero de 1986, obligando a España a la aceptación de la normativa comunitaria referente al establecimiento del mercado único, para lo cual se acordó un período transitorio, que terminaba en 1992, excepto para algunos sectores, como el de frutas y hortalizas (Enero 1996), uno de los mas competitivos y temidos por los otros países comunitarios.

Pero esta situación se profundizó con la firma del Acta Única en Febrero de 1986, cuyo objetivo era el logro de un mercado interior, es decir "un espacio sin fronteras interiores”. Su entrada en vigor a partir del 1 de Julio de 1987 favoreció la armonización de políticas económicas y sociales, así como de todo tipo de intercambios.

No obstante, el paso mas importante en este sentido ha sido dado recientemente mediante el Tratado de Maestrich, firmado el 7 de Febrero de 1992, que contempla la Unión Monetaria y la Unión Política como objetivos finales; a lo que se añade, además, la toma de decisiones supranacionales por los organismos comunitarios.

En una panorámica que presta especial atención a los aspectos geográficos, la integración supraestatal incide sobre los países miembros en cuatro vertientes complementarias, donde la presencia de la Comunidad resulta ya indispensable para interpretar una situación y unos problemas actuales, definidos por:

1.    Una creciente especialización regional de la actividad agraria, contraponiendo la especialización ganadera y los pastos, forrajes o cereales-pienso de la vertiente atlántica a la especialización agrícola (frutas, hortalizas, oleaginosas) de la mediterránea.

2.    Una progresiva integración de España en el marco de una economía-mundo de carácter global, donde se intensifican los movimientos internacionales de capital y la importancia estratégica de los grandes grupos empresariales, cada vez mas diversificados en su actividad y multilocalizados según una estricta división espacial del trabajo que asigna a cada país o región aquellas funciones para las que ofrece ventajas competitivas según la cantidad, calidad y precio de sus recursos (naturales, humanos, de capital, conocimiento, etc.).

3.    Una integración territorial cada vez mas estrecha mediante el fortalecimiento en la densidad y calidad de las redes de transporte y telecomunicación transeuropeas (red de autopistas, autovías, red ferroviaria de alta velocidad, programas ESPRIT, BRITE, COMETT, etc.).

4.    Una creciente presencia de los Fondos Estructurales (FEDER, FEOGA, FSE) en la implantación de las políticas de desarrollo regional/local y de la política social/laboral sustituyendo o complementando las competencias tradicionales del gobierno central. La declaración de un área como Región Objetivo 1 (regiones atrasadas), de Objetivo 2 (industrias en declive), o de Objetivo 5b (zonas rurales desfavorecidas), o su inclusión en otras iniciativas de desarrollo (programa Leader) se ha convertido en factor de primer orden para la captación de recursos públicos con estos fines.

Los recursos destinados por el Fondo Social Europeo a la lucha contra el desempleo de larga duración o la inserción profesional de los jóvenes suponen apoyos complementarios. Pese a todos, el logro efectivo de una mayor cohesión social y territorial dentro de la CE sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes del proceso, con repercusión muy directa en países como el nuestro que se sitúan en la periferia de la Comunidad.