Desde mediados de los 70 profundas transformaciones económicas y político-institucionales alteran la política regional. Las razones son las siguientes:
• La intensa reestructuración productiva iniciada en esos años cuestiona la tendencia hacia la concentración y el papel de la industria como motor del crecimiento, generando graves problemas económicos y sociales cuya solución pasó a valorarse como prioritaria en detrimento de las cuestiones relacionadas con la distribución territorial.
• Adquieren creciente protagonismo las actuaciones orientadas a impulsar proyectos de desarrollo local basados en la movilización o el mayor aprovechamiento de los recursos endógenos, y a un mayor protagonismo de los agentes públicos o privados del área, partiendo de un modelo de gestión descentralizada.
• La consolidación del Estado de las Autonomías y la adhesión a la Comunidad Europea transformaron la distribución de competencias en materia de desarrollo regional. La creación del un Fondo de Compensación Interregional, la promulgación de la Ley de Incentivos Regionales (1985), la formulación de Programas de Desarrollo regional por las Comunidades Autónomas y la reforma de los Fondos Estructurales realizada por la Comunidad Europea en 1988 establecen un nuevo contexto normativo.
La integración en la Comunidad Europea introduce las siguientes novedades:
– Se hace cada vez más necesaria la dimensión supraestatal.
– Una parte de los recursos destinados a política regional proceden de los fondo comunitarios.
Situación de las distintas regiones:
– Salvo Baleares, todas la Comunidades Autónomas se situaron por debajo de la media comunitaria en el PIB por habitante (1986-1988) quedando incluso 8 de ellas por debajo del 75%. Sobre las 171 unidades regionales, sólo el archipiélago balear está entre las 100 mejor situadas, Extremadura, Ceuta y Melilla, Andalucía, Castilla La Mancha y Galicia entre las 25 más atrasadas.
Respecto al nivel de empleo, todas las Comunidades españolas superan la tasa de paro comunitaria del trienio 1988-1990. Ceuta y Melilla, Andalucía, Extremadura, Canarias y el País Vasco se sitúan entre las 10 primeras. Mientras que Baleares, Aragón y La Rioja mantienen una tasa inferior al 10% (Luxemburgo 1,5%).
La localización de las regiones españolas en el marco económico-territorial de la Europa de hoy, resulta excéntrica respecto a los ejes de desarrollo continentales, con las megápolis o dorsal europea: Desde el Mar del Norte hasta Lombardía (eje renano). Una segunda tendencia es el progresivo deslizamiento del centro de gravedad al sur arco mediterráneo: desde la Tercera Italia hasta Baleares y la Comunidad Valenciana. Como contrapunto, el debilitamiento de la fachada atlántica.
En 1988, y vinculada al Acta única Europea:
– Se reforman los Fondos Estructurales
– Plantean la duplicación de los recursos disponibles (apenas el 7,5%) del presupuesto comunitario entre 1975-1988
– Mayor protagonismo de la comisión
Esta reforma se orientó a coordinar en mayor medida las actuaciones en esta materia mediante la definición de un limitado nº de objetos seleccionados, para concentrar las subvenciones otorgadas. Tres de estos objetivos tienen un componente territorial explícito que permite delimitar áreas de intervención para el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).
Regiones del objetivo 1: las tradicionalmente atrasadas: altas tasas de desempleo, destacado sector agrario, PIB por habitante inferior al 75% del promedio europeo, Andalucía, Asturias, las 2 Castillas, Comunidad Valenciana, Canarias, Extremadura, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla (58% de población, 76% del territorio).
Regiones del objetivo 2: áreas de industrialización en declive por la reconversión, invirtiéndose en muchos casos el sentido de las corrientes migratorias anteriores. Vizcaya y Guipúzcoa, algunas áreas de Álava, Cantabria, Navarra, La Rioja, Barcelona, Tarragona, Girona y Madrid (9% de la superficie, 22% de la población).
Regiones del objetivo 5b: áreas rurales con problemas de desplazamiento, debilidad de su estructura económica y escasez de nuevos puestos de trabajo, pero con un patrimonio ecológico y cultural capaz de favorecer cierto impulso de fuentes alternativas de ingresos (turismo, artesanía, PYMES industriales, etc.). Cierta áreas de las cordilleras Pirenaica, Cantábrica e Ibérica, áreas montañosas de Baleares y la sierra Norte de Madrid, (12,5% del territorio, 2,5% de la población).
A lo largo de 1989 el gobierno español presentó a la Comisión de las Comunidades Europeas los siguientes planes regionales a desarrollar hasta 1993:
– Plan de Desarrollo Regional de España (PDR): regiones del objetivo 1.
– Plan de Reconversión Regional y Social de España (PRR) : para las del objetivo 2.
– Plan de Desarrollo en Zonas Rurales de España (PDZR): las del objetivo 5b.
Las proposiciones de actuaciones se basan en 4 directrices:
1. Mantener y consolidar la dinámica de crecimiento de las áreas que han mostrado mayor capacidad de adaptación al cambio y vitalidad económica (ejes del Ebro y Mediterráneo, Madrid), favoreciendo su difusión hacia otras regiones.
2. Freno al declive de la cornisa cantábrica, buscando restituir su antigua capacidad de crecimiento autosostenido, mejorando el medio ambiente y diversificando su base económica.
3. Expansión del dinamismo del eje mediterráneo en dirección al sudeste y sur peninsular, mediante una fuerte inversión en comunicaciones.
4. Aplicación de una estrategia de ajuste estructural positivo en las regiones menos desarrolladas del interior, además de Galicia y Canarias, apoyando su potencial endógeno y una mejor integración territorial con el resto.
La ley de incentivos entra en vigor en 1988, distinguiéndose 3 tipos de áreas que reciben ayudas con cargo a los presupuestos del Estado:
1. Zonas de Promoción Económica: las menos desarrolladas, regiones del objetivo 1 excluido el litoral valenciano, incluyendo parte de Cantabria y Aragón.
2. Zonas Industrializadas en Declive: afectadas por procesos de reconversión y ajuste industrial. Cuenca central asturiana, y zonas de Cantabria, Galicia, País Vasco y Extremadura.
3. Zonas Especiales: problemas específicos de ciertas comarcas de Huesca y Zaragoza.
En cualquiera de los 3 tipos de zonas (80% del territorio) el mecanismo de promoción se basa en otorgar subvenciones a fondo perdido para apoyar la inversión productiva empresarial, desapareciendo los incentivos fiscales, y pudiéndose acoger además de las empresas industriales, las relacionadas con los servicios a la producción, comercio y turismo.
Por su parte, el Fondo de Compensación Interterritorial tiene su origen en la Constitución, funcionando desde 1982, modificada en 1990. Fue utilizado como vía de financiación para las nuevas inversiones asociadas a la transformación de servicios hacia las Comunidades Autónomas.
Dispersión y multiplicación de actuaciones, una maraña de ayudas que abarcan la práctica totalidad del territorio español. Las dificultades de coordinación entre las múltiples administraciones implicadas, la complejidad burocrática resultante y las "guerras de incentivos" que a veces se establecen entre regiones o municipios para atraer inversiones son algunos de los efectos indeseados que deberán ser objeto de atención para mejorar la productividad económica, social y territorial.
