La incorporación del progreso técnico se convierte en importante factor de competitividad y la mayor facilidad para coordinar tareas entre establecimientos separados favorece la descentralización productiva.
Cobra creciente interés una geografía de la innovación capaz de abordar los impactos territoriales de este proceso, incorporando al menos tres cuestiones centrales:
– La distribución territorial de las inversiones en I+D
– Las pautas de localización que caracterizan a los sectores considerados de alta tecnología.
– La producción de espacios para la innovación en parques tecnológicos y científicos.
Las inversiones en I+D constituyen uno de los tradicionales puntos débiles del sistema productivo español. A esto se sumó una deficiente integración entre los componentes del sistema nacional de innovación: universidades y centros de investigación, empresas, organismos públicos. Exponente mas inmediato fue el recurso a la tecnologías procedentes del exterior. El esfuerzo realizado en la última década para superar este lastre es innegable:
– Por un lado, la inversión directa en I+D creció un 12% anual entre 1980 y 1990.
– Por otro, se clarificó el marco normativo e institucional de apoyo con la aprobación de la Ley de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica (1986), el Primer Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (1988) y el desarrollo de diversos programas sectoriales. No obstante, las deficiencias continuaran desde cuatro vertientes esenciales:
* La inversión sigue estando muy por debajo de los restantes países de la Comunidad Europea, excepto Portugal y Grecia,
* El aumento de las compras, especialmente a partir de 1985, ha desequilibrado la balanza de pagos tecnológica.
* La inversión aparece fuertemente concentrada desde el punto de vista sectorial y empresarial, resultando muy escasa su difusión entre los sectores maduros y las PYMES
* Pero mayor interés tiene aún su fuerte concentración territorial. En 1988, Madrid y Cataluña reunieron más del 60% del total, el País Vasco y Andalucía a considerable distancia y siete comunidades no alcanzaron el 1% del total.
Unas ayudas públicas otorgadas con criterios estrictamente sectoriales favorecieron a aquellas empresas potencialmente beneficiarias (Madrid y Barcelona y las principales áreas metropolitanas).
Resulta evidente la fuerte selectividad espacial sobre la localización de las industrias de nueva tecnología, con Madrid y Barcelona nuevamente muy por encima de otros focos como Valencia, Málaga, Guipúzcoa y 27 provincias más sin instalaciones de este tipo.
Finalmente, España se integró a finales de los años ochenta en el club de países que cuentan con espacios destinados a acoger específicamente la innovación en busca de una más eficaz integración del sistema ciencia tecnológica industrial. Tomando el modelo americano, fueron surgiendo una serie de parques tecnológicos en el entorno de las principales ciudades, llegando hasta siete en 1992. Su mayor o menor éxito parece relacionarse con la atracción de algunas grandes multinacionales.
Cuando se trata de multinacionales que suelen operar con una perspectiva global, mantienen escasa relación con su entorno empresarial y realizan lo esencial de su esfuerzo innovador en sus países de origen. Por ello, iniciativas como la del Parque Tecnológico de Valencia, parecen de interés.
Este fenómeno ha generado graves desequilibrios: creciente déficit exterior de la balanza comercial y una rápida desnacionalización de nuestra economía. El incremento de la inversión extranjera fue espectacular pero también creció el movimiento de capitales en sentido opuesto.
Por lo que se refiere específicamente a la industria, la penetración del capital exterior, preferentemente europeo, supera incluso el 60% en los sectores de mayor intensidad tecnológica y el 25% en los de débil. A pesar del avance de la inversión en servicios, su carácter estratégico continua intacto, dominando los sectores motrices.
Pero, a diferencia de etapas anteriores, una parte importante de esa entrada de capital se ha dirigido a la compra o absorción de empresas españolas y no tanto a la instalación de nuevas factorías. Se puede originar una progresiva desestructuración y dependencia del sistema productivo de no mediar una política industrial que potencie el mantenimiento de empresas autóctonas con capacidad de competir internacionalmente.
Estas empresas han mantenido su anterior preferencia por aquellas áreas que ya cuentan con un elevado nivel de industrialización, con lo que refuerzan los desequilibrios preexistentes:
– Entre 1974-1984, las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya y Sevilla, acapararon el 56% de las empresas con participación exterior mayoritaria, con una inversión superior a los 10 millones de pesetas.
Entre 1986-1989 las comunidades de Madrid y Cataluña mantuvieron la primacía. El País Vasco, Asturias o Cantabria perdieron posiciones ante el mejor comportamiento relativo de Andalucía, Aragón o Valencia y el resto de la España interior continuó siendo poco atractivo, con excepción de algún núcleo aislado.
