El ingreso de España en la CE se produjo en el momento en que la Comunidad había decidido revisar a fondo su política agraria debido a las disfuncionalidades que habían surgido ante la excesiva protección al agricultor, creando una Europa fuerte capaz de colocar sus productos en mercado internacional, pasando de una situación de desabastecimiento a otro de enormes excedentes.
Esto hizo que la PAC no aguantara la presión de los elevados costes, que supuso entre un 60 y un 75% del presupuesto comunitario. España ingresó en ella cuando se estaba haciendo balance o reestructurándola.
Los logros de la Europa comunitaria se basaron en la agricultura, capaz de auto-abastecerse y de exportar cuando la Europa había sido deficitaria en productos agrarios. Estos logros conseguidos a través de organizaciones comunes de mercado (OCM), protegieron al agricultor por las vías de unos precios altos con "prevelements". Con todo esto el agricultor europeo se sintió estimulado para producir más y más, todo este mecanismo favoreció la acumulación de enormes cantidades de excedentes, tanto de mantequilla como de vino, carne, etc., que eran compradas por el FEOGA y vendidas con pérdida en el mercado internacional.
En el documento de reflexión de la Comisión Europea, del 1 de febrero de 1991, sobre el desarrollo y futuro de la PAC, se hace balance en el que se diagnostican los problemas y se marcan las directrices para su reforma en profundidad; estas directrices debían ajustarse a los acuerdos comerciales en el seno del GATT, los cuales obligarían a nuevas modificaciones.
El proceso de reforma de la PAC comenzó con la publicación, en 1985, del Libro Verde de la agricultura europea, estableciendo recorte de precios, tasas, cuotas a los productos excedentarios, sobre todo a los lácteos y cereales.
En el Memorándum de 1985 se propuso:
1. Reducir las producciones excedentarias mediante una política de precios.
2. Elevar eficazmente las rentas de las pequeñas explotaciones.
3. Apoyar la actividad en zonas sensibles
4. Mejorar el medio ambiente evitando su deterioro.
Como medidas complementarias, la retirada de tierras (set aside) más la producción extensiva y la jubilación anticipada que no tuvieron éxito.
Esta política se ha endurecido, impuesta en parte por la presión ejercida por Estados Unidos sobre los responsables comunitarios del GATT, y por todos los fallos descubiertos que son: fuertes excedentes, restitución a la exportación y acaparamientos de las subvenciones por unos pocos.
En 1992 la nueva PAC pretende, manteniendo los tres principios de unidad de mercado, preferencia comunitaria y solidaridad financiera, adecuar los precios comunitarios abaratándolos y compensar las pérdidas al agricultor mediante subvenciones directas, es decir, premiar las rentas no el producto.
En ese año, se aprobó la reducción de la superficie cerealista en un 15% y se toman medidas para reducir excedentes de cereales. Nueve son los objetivos de la nueva PAC:
1. Mantener suficientes agricultores.
2. La función productiva y protección del medio ambiente.
3. Desarrollo rural.
4. Equilibrio de producciones.
El resto de los puntos se resumen en el estímulo de la competitividad, adecuar los precios a las regiones e impulsar ayudas directas para compensar las pérdidas.
Todos son acuerdos difíciles de conseguir debido a la presión ejercida por EE.UU. con el acuerdo en el seno de la GATT.
Como apunta Lamo de Espinosa y otros, los agricultores españoles nunca habían vivido una etapa semejante de desconcierto, pues antes de la entrada en la CEE habían invertido grandes sumas ahora resulta que lo que producen carece de mercado. Se les dice que produzcan menos, extensifiquen sus cultivos y se mantengan en un mundo empobrecido para conservar la naturaleza.
El agricultor está desorientado y desanimado, situación que conoce desde el momento de la adhesión. El tratado recogía, gestionado principalmente por el FEOGA dos vertientes, una de política de precios y otra estructural. Todas estas medidas, principalmente el FEOGA, han trabajado sólo en su versión "precios", jugando negativamente para España.
En cuanto a la política de "estructuras" se ha hecho muy poco. Las ICM (indemnizaciones compensatorias de montaña) han supuesto propinas. (En 6 años 100 MM. de pta.). La reforma de los fondos estructurales tuvo que ser emprendida antes de 1990. Se pretendió coordinar las acciones de FEDER, FSE y FEOGA financiando el desarrollo de determinadas regiones, entre las que estaban las de Objetivo 1 y las de 5a y 5b.
Objetivo 1 ocupan más del 75% del territorio español y para ellos se han ido presentando Planes de Desarrollo Regional o de zonas rurales.
Objetivo 5a y 5b regiones que necesitaban adaptarse o estimular el desarrollo cuentas con menos de 1 Millón de habitantes.
Para estos objetivos se han presentado Planes de Desarrollo Regional o de zonas rurales.
