En España el inicio de la crisis se hizo patente con unos años de retraso, para alcanzar especial virulencia a partir de 1975-1977. La crisis económica fue, ante todo, una crisis industrial. El sector fabril se vio directamente afectado por las convulsiones internas y externas. Algunos indicadores externos pueden dar cuenta de las dimensiones alcanzadas por esta crisis.

–      En primer lugar, el efecto más relevante fue la reducción del empleo industrial en un 28% a lo largo del decenio 1975-1985. Si esto se suma la destrucción de empleo en la construcción y la desagrarización, frente al débil incremento en el sector servicios, el resultado es la elevación de la tasa de desempleo más que en ningún otro país de la OCDE, pasando del 3,8% de la población activa en 1975, al 21,9% en 1985.

–      Sin embargo, no cayó la producción, que creció rápidamente hasta 1977, estabilizándose posteriormente. La productividad creció un 4% al año. La disociación de estos dos indicadores pone de relieve una de las vertientes del cambio industrial.

–      A partir de 1985 y debido a la entrada masiva de capital extranjero se produjo un período de recuperación que culminó en 1990. En la industria el empleo aumentó en un 20%. La producción creció un 23% en solo cinco años, superando el promedio de los países de la Comunidad. La recuperación de la inversión industrial culminó el proceso.

El antiguo binomio industria - desarrollo resultó cuestionado ante la caída del sector en el conjunto de la economía española hasta el 23% de la población activa y el 26% del PIB en 1990.

Si entre 1960-1975 un 45% del crecimiento se debió a la industria, desde entonces su participación quedó reducida al 30% por el mayor protagonismo del sector terciario.

Además la crisis industrial acarreó efectos más diversos según ramas de actividad, tipos de empresas y territorios, afectando intensamente a la estructura del sistema industrial en su conjunto.

En el plano sectorial, mientras las químicas, de alimentación o de papel y artes gráficas mostraron una elevada capacidad de respuesta positiva, las de textil/confección, madera y mueble, metalurgia básica y de transformación o materiales de construcción, padecieron una evolución más desfavorable.

Esto supuso un cambio sustancial, debilitándose la participación de las industrias de cabecera y medios de producción, frente al mejor comportamiento de los bienes de consumo.

No debe olvidarse que en la recuperación iniciada en 1985, tuvieron especial protagonismo algunas industrias denominadas de "demanda fuerte" por la Comisión de las Comunidades Europeas, sectores informático y de telecomunicación, material eléctrico y la industria aeronáutica o la química, junto a otras de "demanda media", como automóviles, plásticos, maquinaria y equipos. Las ramas de "demanda débil" (metalurgia básica y de transformación, construcción naval, textil y confección, cuero y calzado, madera, vidrio y cerámica, etc.), mantuvieron una producción con débil crecimiento, aunque fueron las que generaron mayor número de empleos, poniendo de manifiesto un dualismo interno que parece reforzarse con el tiempo.

La novedad más significativa de estos años fue la detención del proceso de concentración dominante anteriormente, tanto a escala regional como provincias y municipal. Destaca la tendencia a una hegemonía creciente de Cataluña, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana. Las regiones interiores, excepto Madrid, elevaron su presencia relativa.

A escala provincial, de una parte, la proporción acumulada por las cinco más industrializadas retrocedió en esos doce años. De otra, se pone en evidencia un reparto algo confuso al observar la distribución de ganancias y pérdidas, al registrar Barcelona, Madrid, Vizcaya, Guipúzcoa o Asturias una evolución mas desfavorable que la del conjunto, mientras que Valencia era el foco industrial tradicional que mostró un mejor comportamiento relativo.

Finalmente, la evolución del empleo industrial en establecimientos con más de 50 trabajadores, invirtió entre 1975-1985 el sentido de la relación de la década anterior, al ser los municipios con menos de 20.000 habitantes los únicos con ganancias. Las mayores pérdidas afectaron a las ciudades por encima del medio millón de habitantes.

Esto favorecería un progresivo trasvase de industrias hacia espacios periféricos. Las anteriores relaciones de desigualdad entre centros y periferias quedarían desdibujadas.

Una observación más atenta de otros indicadores básicos, permite establecer ciertas regularidades espaciales más nítidas en la evolución registrada desde 1975. Por ejemplo, se comprueba que, dentro de esa relativa dispersión del crecimiento, fueron los ejes del Ebro y del Mediterráneo los que reforzaron en mayor medida su posición, frente al debilitamiento del Cantábrico, Madrid y Barcelona.

En cuanto al reparto de la inversión en nuevas industrias y ampliaciones para 1977-1988, los mayores niveles de capitalización continuaron produciéndose en Cataluña, País Vasco y Madrid, incorporándose los dos ejes ya mencionados, incluso la Galicia litoral.

El cambio industrial en España resulta de la confluencia entre una serie de transformaciones globales, a escala internacional (factores externos), junto con las específicas condiciones que suponen la estructura industrial heredada y la coyuntura histórica del período, marcada por la transición democrática.

Respecto a las mutaciones que marcan el nuevo ciclo, para algunos identificable como una Tercera revolución Industrial, cuatro son las esenciales:

–      Primeramente, tiene lugar una masiva incorporación de innovaciones ante el agotamiento del ciclo tecnológico anterior (electromecánica-química) y el inicio de otro con la microelectrónica y la información como ejes centrales. Todos estos sectores, junto con otros que les sirven de soporte, constituyen las industrias de nueva o alta tecnología.

–      El modelo fordista de principios de siglo, basado en la fabricación mecanizada en serie de grandes cantidades de productos homogéneos, realizada en establecimientos integrados verticalmente, experimentó un progresivo declive respecto al pasado. Son cada vez mas numerosas las actividades donde lo esencial es la capacidad de las empresas para atender una demanda diversificada. Esto resulta más fácil en unidades productivas de tamaño pequeño y mediano, y exige un mayor esfuerzo en diseño, calidad, servicio y posventa.

–      La creciente segmentación en fases de los procesos de fabricación, junto a la mejora del transporte y las comunicaciones, favorece una división del trabajo entre territorios, que se especializan según sus respectivas ventajas comparativas. Todo ello, junto a la apertura exterior, refuerza la mundialización de la economía y la posición semiperiférica de España.

–      Finalmente, el cuestionamiento del Estado del bienestar y de algunas conquistas sociales ante la prioridad a la reducción del déficit público y una progresiva desregulación del mercado de trabajo, para dotarle de mayor flexibilidad, son sus manifestaciones más frecuentes.

Esta mutación global que afecta en profundidad la. organización y el funcionamiento de la industria, se ha visto matizada en el caso español por condiciones específicas.

Entre las primeras, la transición política generó un período de incertidumbre que incidió negativamente en el plano económico, reduciendo la inversión empresarial, tanto interna como del exterior, y postergando la adopción de políticas de ajuste de medio plazo, pese al intento de los Pactos de la Moncloa 1977.

De mayor importancia son los problemas heredados del período desarrollista, resumidos en: una desfavorable especialización sectorial, una baja productividad, un escaso esfuerzo innovador y un elevado endeudamiento empresarial.

–      El hecho de que, aún en 1981, las industrias de demanda fuerte sólo representasen el 12,8% del producto industrial español, mientras otras de demanda débil duplicaban esa proporción, es un buen exponente al igual que ocurre con la excesiva dependencia del petróleo como base energética.

–      Por otra parte, la tradición proteccionista y el minifundismo empresarial no incentivaron una reinversión suficiente en la mejora de equipos y procesos, con lo que la productividad por persona ocupada se mantuvo en niveles inferiores a los de los países de nuestro entorno.

–      Unos gastos en investigación y desarrollo (I+D) de sólo un 0,33% del PIB, junto a una excesiva dependencia de los créditos bancarios son factores complementarios que agudizaron la crisis.

–      Resulta más discutible el efecto ejercido por unas subidas salariales que muchos autores apuntaron como factor clave en la pérdida de competitividad, pues además de que el aumento de los costes laborales unitarios sólo fue superior al de los precios en años concretos (1972-76, 1978-79 y 1981), sus niveles continuaron bastante por debajo de otros países europeos.

Aunque las estrategias adoptadas por las empresas pueden ser muy diversas, pueden tipificarse unos cuantos comportamientos básicos, generadores de procesos de transformación específicos en la industria española.

Las respuestas de carácter más defensivo han consistido un proceso de racionalización productiva, con reducción de los puestos de trabajo y, a veces, de la capacidad productiva, cuando no en cierre de las instalaciones.

La precarización, por otra parte, del empleo, al abrigo de una legislación favorable, alcanza su máximo exponente en el caso de la economía sumergida.

Las estrategias de adaptación positivas, se han orientado a fomentar las mejoras técnicas en procesos, productos y organización, y buscar nuevos mercados, desbordando cada vez en mayor número las fronteras estatales.

También la segmentación de tareas entre establecimientos diversos para, reducir costes o mejorar la eficacia, lo que ha potenciado la proliferación de pequeñas firmas bastante especializadas en ciertos productos, tareas o servicios.

Por último, la fabricación de aquellas piezas o productos acabados de menor valor añadido y que emplean mano de obra poco cualificada, han tendido a relocalizarse en áreas con bajos costes laborales y de instalación y con buena accesibilidad a los focos industriales tradicionales.

Las características propias de cada territorio han favorecido un desigual reparto de estas respuestas, lo que se traduce en una creciente diversidad de área fabriles. No puede además ignorarse el papel que han seguido jugando los poderes públicos a través de las diversas políticas aplicadas desde la administración central, regional o local. La distinción entre políticas sectoriales, de apoyo a ciertas actividades, horizontales, cuando se busca mejorar las condiciones productivas cualquiera que sea el sector, y territoriales, si el criterio selectivo es de índole geográfico, suele ser comúnmente aceptada.

La privatización de una treintena de empresas públicas desde 1985, o la falta, de una estrategia concreta de reindustrialización a medio plazo, son exponentes de tal situación.

Las actuaciones llevadas a cabo desde el inicio de los años 80 se orientaron en tres direcciones principales:

–      reconversión y saneamiento de sectores y grandes empresas aquejados de grave deterioro y generadores de graves excedentes laborales.

–      fomento del progreso técnico y la exportación

–      flexibilización del mercado de trabajo y apoyo a las PYMES.

Fueron en cambio postergados las acciones con objetivos de redistribución territorial explícitos. Tan solo un 5% de las ayudas a la industria otorgadas entre 1981-1986 se dirigieron al desarrollo regional, frente al 48% destinado a los sectores en crisis, el 25% al fomento de la exportación, o el 14% a la promoción de la inversión empresarial.

Cada ciclo económico conlleva una sustitución de las industrias motrices. Por ello, algunos de los sectores que tuvieron ese carácter en la Primera o Segunda Revolución Industrial experimentaron un posterior envejecimiento. Al tiempo, la elevación de los costes laborales y de energía o materias primas resultó especialmente sentida. Finalmente, la integración en la Comunidad ha agravado la presión.

La necesidad de abordar una reestructuración en profundidad de esas industrias, explica la aparición de políticas de reconversión en numerosos países de la OCDE, desde mediados de los años 70. Su aparición en España se vio retrasada por las circunstancias políticas, teniendo como primer exponente el Real Decreto Ley 9/1981, ampliado en 1983 y desarrollado definitivamente en la Ley de Reconversión y Reindustrialización de 1984.

Como tratamiento de choque, sus objetivos se centraban en asegurar la viabilidad a medio plazo de las industrias en crisis. Los instrumentos a utilizar no diferían demasiado de los aplicados en las dos décadas anteriores por la política de incentivos, subvenciones, créditos, avales del Instituto de Crédito Oficial, etc. También se ofrecía apoyo público a la formación de grandes grupos empresariales en ciertos sectores.

El Libro Blando de la Reindustrialización definió un total de once sectores acogidos a la política de reconversión, junto a cinco grandes multinacionales, previendo unas pérdidas de empleo hasta 1985 concentradas en el País Vasco, Madrid, Cataluña, Valencia y Asturias.

El proceso se ha dilatado en el. tiempo, sobre todo tras la adhesión a la Comunidad Europea, que ha obligado a plantear una "segunda reconversión" en 1991, cuando aún no se había terminado la primera. El predominio de ramas metalmecánicas y las grandes empresas, con destacada presencia del INI se ha mantenido. Quedaron excluidos del proceso otros sectores, propuestos inicialmente (calzado o confección).

Pero la desviación mayor se ha producido en la reducción de empleos, especialmente negativa en Asturias y Euskadi y en ciertos enclaves febriles (El Ferrol, Cádiz, Reinosa, Sagunto, etc.) muy especializados.

Aunque existen núcleos dispersos afectados por este tipo de problemas, también visibles en áreas metropolitanas (Bajo Llobregat o su madrileño) resulta habitual identificar estas regiones de tradición industrial con las de la Cornisa Cantábrica. Todas ellas presentan una serie de rasgos estructurales comunes que están en la base de sus actuales dificultades:

–      En lo productivo, son áreas fuertemente especializadas en sectores maduros, afectados por una fuerte reconversión; suele sumarse un déficit de servicios e infraestructuras que no incentiva las nuevas inversiones.

–      El predominio de la gran empresa a veces publica y de la gran fábrica, generando en su entorno un tejido de PYMES muy dependiente, que se desintegra cuando falta el elemento dinamizador.

–      En lo sociolaboral presentan un mercado de trabajo bastante homogéneo, una cultura industrial o minera muy marcada, niveles de calificación medios o bajo una destacada implantación sindical.

–      En lo medioambiental, la frecuente presencia de una industria básica altamente contaminante y lo obsoleto de muchas instalaciones, generó un deterioro que ahora se acentúa con los solares abandonados.

En un intento de hacer frente a los especiales problemas, la Ley de 1984 incorporó la figura de las Zonas de Urgente Preindustrialización (ZUR). Su fin declarado era delimitar áreas en que se incentivaba durante un máximo de tres años, la instalación y ampliación de empresas generadoras de empleo para absorber los excedentes laborales acogidos a los Fondos de Promoción de Empleo FPE.

Se delimitaron siete zonas, que englobaban ochenta municipios, localizadas en Galicia (Ferrol y Vigo), Asturias (cuenca central), País Vasco (área metropolitana de Bilbao), Andalucía (bahía de Cádiz), Cataluña (área metropolitana de Barcelona) y Madrid. Se crearon una Oficina Ejecutiva y una Comisión Gestora en cada ZUR.

El balance final puede calificarse como éxito en cuanto a la inversión realizada. No puede decirse lo mismo respecto al empleo.

Aún más importante es su carácter fuertemente selectivo. Mientras Madrid y Barcelona reunieron el 44% de los proyectos aprobados, el 5% del empleo y el 59% de la inversión, las ZUR gallegas y asturianas solo sumaron un 17% de la inversión y un 24% de los puestos de trabajo, quedando el Nervión y Cádiz en situación intermedia.

En definitiva, las ventajas comparativas previas con que contaba cada una de ellas, parecen haber condicionado la respuesta empresarial.

Debe recordarse el hecho de que la desaparición de las ZUR conllevó la aparición de las Zonas Industriales en Declive (ZID).