La Historia contemporánea de España debe tener presente al retraso relativo con que se inició aquí la Industrialización por comparación con otros países de Europa noroccidental y sobre todo, la atonía imperante durante décadas, que acabaron por situar a nuestro país entre los países de desarrollo tardío que constituyen la periferia continental.
Tras el profundo estancamiento que para la economía española supusieron las tres primeras décadas del siglo XIX, el segundo tercio conoció los inicios de un proceso de modernización permitiendo cuadruplicar la producción industrial entre 1831 y 1861.
Junto al desarrollo de la agroindustria en Andalucía y las regiones interiores o del textil lanero y algodonero, principalmente catalán, que en 1860 representaban en conjunto mas del 70% del VAB Industrial español. También se produjo cierta dinamización de la metalurgia y la química, así como los curtidos, calzados, papel, madera.
La incorporación española a la era del maquinismo, con la puesta en marcha de la primera máquina de vapor en la fábrica algodonera barcelonesa.
En los años posteriores, el surgimiento de la siderometalurgia asturiana en la década de los sesenta y la vasca en la de los ochenta, modernización de la industria del papel en Cataluña, Guipúzcoa, Alcoy, fabricación de maquinaria también en Cataluña, son hitos de un proceso que generó una creciente desigualdad territorial.
El otro pilar básico en que se cimentó el crecimiento económico de la época fue la Minería Explotadora, tanto de hierro como de plomo, mercurio, cinc, etc. Así, durante décadas, España se especializó en el contexto internacional como abastecedora de materias primas, poco o nada elaboradas, hacia potencias industriales dominantes, al tiempo que importadora de bienes de equipo, capitales y maquinaria.
Como resultado de todo ello, en 1900 la población activa industrial no superaba el 15% del total. Andalucía ocupaba una posición destacada con el 19% de los activos en el sector, pero era rebasada por el País Vasco y Madrid. En un plano intermedio habría que situar a Baleares, Valencia o Asturias, frente al vacío casi absoluto del resto de la España interior.
La existencia de límites internos al Desarrollo del Capitalismo Industrial Español ha sido el argumento mas frecuente para justificar el fracaso de esa Primera Revolución Industrial, junto a la deficiente desamortización del suelo que impidió una efectiva modernización del campo, pueden también mencionarse otros tres tipos de factores:
– La relativa escasez de recursos productivos, tanto humanos como tecnológicos, de capital e incluso naturales.
– En segundo lugar, la debilidad mostrada por el mercado de consumo interno ante la estructura social imperante, con un predominio de población campesina poco productiva, así como la difícil exportación ante la débil competitividad empresarial
– La inestabilidad política que acarrearon las guerras carlistas, los sucesivos golpes militares y la pérdida de las últimas colonias supuso un freno complementario a los anteriores.
La parcial incorporación de España al conjunto de sociedades industrializadas está ligada a la aplicación de la máquina de vapor en el ámbito del transporte, tanto marítimo como, sobre todo, terrestre: la aparición del ferrocarril.
En el plano geográfico, fueron diversos los efectos generados por la consolidación del ferrocarril, tanto en el transporte de mercancías como de personas. Al aumentar la rapidez y seguridad de los movimientos, junto a la capacidad de carga tuvo lugar una reducción de los costes, aunque el trazado fue esencialmente radial. Se consolidó la posición de Madrid como principal centro de intercambio y redistribución.
El auge ferroviaria también tuvo diversas limitaciones:
1. Los elevados recursos financieros pudieron haberse utilizado en otros sectores mas rentables
2. El carácter especulativo y apenas planificado de bastantes de esas inversiones.
3. Escaso tráfico en muchas de las líneas.
El modesto desarrollo industrial y los limitados avances en la consolidación de una agricultura moderna de mercado, son factores de primer orden para su interpretación.
Todavía a comienzos de nuestro siglo mas de dos tercios de la población activa total, se empleaba en la agricultura, tan solo un 15% en la industria y un 18% en los servicios. De ahí la importancia de los fenómenos relacionados con el campo.
Entre éstos sobresale el de la propiedad agraria, que mantenía en España acusados desequilibrios. Los intentos de reforma agraria se habían sucedido desde Carlos III y se habían mantenido vivos desde entonces. Esta política culminó con la reforma agraria de la Segunda República, que acabó sin resultados prácticos. De ahí que la lucha por la tierra en el sur representó para los braceros el objetivo irrenunciable mientras que en el norte la crisis agraria condujo a los jornaleros e incluso a pequeños campesinos hacia la emigración nacional y ultramarina.
Corno herencia de esta situación y de una fuerte acumulación de población en el campo se fue generando una presión elevada sobre la tierra, y ello a pesar de un importante éxodo rural, que fue dejando un número de pueblos vacíos o semivacíos.
Pero esta crisis, potenciada por la pérdida de la últimas colonias, obligó a buscar nuevas respuestas, incrementar las superficies cultivadas, a disminuir los barbechos y a elevar los aranceles, con el fin de defenderse de la competencia exterior.
El secular atraso y falta de dinamismo agrario se pretendió corregir mediante la Desamortización de los bienes de la Iglesia y de los municipios, pero no fue capaz de superar los obstáculos.
El impulso roturador, no se acompañó de un impulso técnico de capitalización de las explotaciones agrarias, sino que se basó en la utilización de una mano de obra abundante y barata. El consumo de abono tampoco realizó grandes progresos en el siglo pasado y en el conjunto de la agricultura española el uso de los aperos tradicionales era mayoritario.
Algo similar ocurría con las estructuras, tanto viarias como hidráulicas. El estado lamentable de los caminos y vías de comunicación dificultaba y encarecía los transportes. En obras hidráulicas tampoco se realizaron grandes avances.
Como consecuencia de todo lo anterior, la población española experimentó diversas alteraciones a lo largo de la centuria que pueden resumirse en cuatro fundamentales: un moderado crecimiento de sus efectivos, una aceleración de los procesos migratorios y con ello, de la urbanización, así como ciertos cambios en su distribución regional.
Entre 1797 y 1900, los residentes en el territorio español aumentaron en más de ocho millones, un 76,5% sobre la cifra inicial. La reducción de las crisis debidas a períodos de hambre, epidemias o guerras estabilizó "las tasas de crecimiento". La esperanza de vida al principio de siglo es de 34,8 años.
Aunque las migraciones interiores aumentaron en la segunda mitad del siglo al acentuarse la crisis agraria, mejorar las comunicaciones e irse consolidando los focos industriales catalán y vasco, junto al de Madrid, sus efectos fueron aún bastante limitados.
La importancia relativa tuvo la emigración exterior, dirigida hacia los nuevos países de ultramar y el norte de África, en tanto la destinada a Europa quedaba en segundo plano. Las salidas anuales hacia América del sur, calculadas en 347.000 entre 1882 y 1900 fueron la válvula de escape para un buen número de campesinos procedentes principalmente de Galicia, Asturias y Canarias. Por otra parte los flujos de alicantinos, murcianos y almerienses emigraron hacia Argelia hasta alcanzar los 160.000 residentes en este territorio al comenzar nuestro siglo.
Hay que tener en cuenta el proceso urbanizador, ya que si en 1857, al realizarse el primer censo oficial de población, solo un 16% de los españoles residía en municipios con mas de 10.000 habitantes, calificados estadísticamente como urbanos, tal proporción se duplicó en 1900, pese a lo cual es indudable que la nuestra siguió siendo una sociedad esencialmente rural, tanto si se tiene en cuenta el tamaño de los asentamientos como la economía y cultura dominantes.
La situación urbana heredada a mediados del siglo XIX mostraba los rasgos propios de una sociedad preindustrial: tamaño y ámbito de influencia reducido, funciones dominantes de carácter comercial, administrativo, portuario o eclesiástico/militar, y una estrecha relación con el entorno rural circundante, lo que explica que el mayor número de ciudades y el mayor dinamismo correspondiera con frecuencia a espacios de próspera agricultura.
La expansión de la segunda mitad del siglo se concentró en dos tipos de núcleos: Los de carácter industrial (Barcelona, País Vasco) y las capitales administrativas.
Otros dos cambios de interés fueron el aumento de relación entre las ciudades, que acentúo su especialización funcional y una reorientación del proceso urbanizador en favor de la mitad norte y el litoral peninsular, en detrimento de la España interior.
