La huelga petrolera, como ya lo había hecho el golpe de Estado de Abril del 2002, colocó en evidencia la alianza de la patronal con la dirigencia sindical corrupta. En la primera oportunidad el flamante presidente (Carmona) de la Federación de cámaras de comercio (FEDECAMARAS) tomó el camino del exilio reconociendo, de hecho, su responsabilidad en el golpe de Estado; en este caso fueron el presidente de la dirigencia reaccionaria de la central sindical (Carlos Ortega) junto al Vicepresidente de Fedecamaras, quienes huyeron al exterior.
El concluir la huelga petrolera con una aplastante victoria popular no sirvió para que los sectores económicos, políticos y culturales golpistas cesaran en su esfuerzo de destrucción nacional. Inmediatamente comenzaron la compra intensiva de dólares para minar las reservas nacionales y para mermar la capacidad de negociación, refinanciamiento y solvencia comercial de la nación. Acción que fue atacada de manera oportuna con la designación de una junta gubernamental de cambio de divisas y el establecimiento del control cambiario encabezada por Edgar Hernández. Estas medidas impedirían la nueva fase conspirativa y garantizaron la protección de las finanzas públicas.
I Encuentro Internacional de Solidaridad con la Revolución Bolivariana
El golpe de Estado opositor ejecutado por la oposición con el aval del gobierno de Washington y la amplia participación popular en la restitución del hilo constitucional disipó las dudas que aún mantenían amplios sectores de la izquierda y sectores progresistas del continente y el mundo. En los días siguientes al golpe, provenientes de todos los lugares del mundo se multiplicaron exponencialmente las comunicaciones de solidaridad y apoyo a la revolución bolivariana.
Es así como surge la iniciativa de realizar en Abril de 2003 el I Encuentro de solidaridad con la revolución venezolana. Este espacio de encuentro y organización de los apoyos concretos a la revolución bolivariana se constituyó en un espacio permanente de encuentro de todos los sectores progresistas del mundo que comenzaron a valorar y adherirse al modelo político de democracia participativa y protagónica que postula la revolución bolivariana.
Desde ese momento se decide reeditar anualmente el encuentro de las vocerías que en cada país defienden y propagan la buena nueva que está ocurriendo en Venezuela. En el 2004 se realizaría la segunda edición de este importante evento, multiplicándose las voces de solidaridad mundial con la revolución bolivariana.
Surgen las misiones
Tras la recuperación de la industria petrolera nacional en marzo 2003, se inicia una nueva fase en la revolución bolivariana, caracterizada por la elevación de la conciencia nacional superado el golpe de Estado y el sabotaje petrolero. Los planes conspirativos, antidemocráticos y clasistas de la oposición quedan al descubierto; su dirigencia, sumida en una nueva derrota, comienza a enfocar sus estrategias en el plano político y no en perspectivas económicas o militares para expulsar al presidente.
De nuevo se reproducen canales de encuentro nacional en la que intervienen diversos actores y sectores del país. La participación popular en las mesas de diálogo contribuyó a subrayar la creciente demanda ciudadana de una gestión gubernamental pertinente y eficaz. Las discusiones mostraron que las prioridades de la población, las mayores demandas sociales se ubicaban en el plano alimentario, de salud (atención integral), educativo (derrota del analfabetismo, la carencia de capacitación laboral y la exclusión de la educación superior), trabajo digno, vivienda, identidad ciudadana, entre otras.
Era evidente que la institucionalidad heredada de la cuarta república no estaba en capacidad de dar respuestas oportunas a estas demandas. Para subsanar ese déficit se comienzan a diseñar las misiones y en Julio de 2003 se anuncian las misiones Robinson (educativa para la derrota del analfabetismo) y de salud (programa médico barrio adentro).
Durante ésta fase el gobierno bolivariano contó con más recursos económicos, especialmente debidos al precio relativamente alto del petróleo, el cual para la fecha ya se producía dentro de las cuotas fijadas por la OPEP, lo que significa que la recuperación de la industria se había logrado satisfactoriamente, con la particularidad de que ahora sus costos de producción se habían disminuido como consecuencia del saneamiento emprendido a lo interno de PDVSA.
La recuperación económica nacional se enunciaba con un ritmo sostenido y el gobierno de los pobres, acentuó el énfasis de su labor en la aplicación de medidas antipobreza a corto plazo y enfocarse de nuevo en sus estrategias a mediano plazo. Se iniciaban las misiones sociales.
Desde la Alcaldía de Caracas, el alcalde Freddy Bernal había ideado una modalidad de atención médica dispensada directamente en los humildes hogares de algunas barriadas caraqueñas, el programa Barrio Adentro (tal como se denominó en sus inicios) se materializaba como experiencia piloto apoyado en el convenio Cuba – Venezuela.
Con las misiones, la revolución registra un punto de quiebre en su dinámica constructiva. Adoptado el marco legal necesario para las grandes transformaciones instadas por el proceso bolivariano, era necesario trascender al terreno de lo concreto e iniciar políticas francas que propicien soluciones a los problemas estructurales de la sociedad.
Pero no era posible viabilizar las disposiciones de ley y la política diseñada con las instituciones públicas existentes, las cuales obedecían y obedecen a esquemas burocráticos incompatibles con la apertura democrática que promueve la participación protagónica de las comunidades en los asuntos públicos.
Las misiones a poco fueron convirtiéndose en dispositivos de empoderamiento popular, desde la gente y con la gente se comienza a atender las necesidades más sentidas del colectivo nacional, pasándole por encima en muchos casos a los órganos públicos cuya función institucional se relaciona con los temas atendidos.
La propia gente fue aportando ideas y soluciones que eran incorporadas a los programas y proyectos contenidos en las misiones. Se alcanzan inéditos niveles de eficacia en el tratamiento de problemas educativos, de alimentación y salud fundamentalmente, lo que puso en evidencia la inoperancia del aparato público diseñado y fortalecido en los años de la democracia representativa. La anticultura de la corrupción, la escasa calificación técnica del recurso humano, la desmotivación de los funcionarios, su exigua identificación con los fines formales de las instituciones, las trabas y complejidades administrativas que demoran las tramitaciones, entre tantos otros aspectos, constituyen los causales de la inoperancia de casi toda la administración pública venezolana.
Consejos locales de planificación pública y la reproducción de “alcabalas” representativas
Como consecuencia inmediata a la sanción de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) el 16 de mayo del 2002, hubo a lo largo de ese año, poca actividad organizativa en torno a la conformación de tales espacios de planificación. No fue sino hasta el 2003 cuando se comenzaron a registrar múltiples iniciativas tendientes a abrir canales de participación de las comunidades organizadas en el diseño de los planes, programas y proyectos de desarrollo local, a través de los CLPP.
Desde la perspectiva de la participación protagónica enunciada en la Constitución Bolivariana, los CLPP son instancias de co gobierno local que promueve el siguiente propósito:
Art. 2. ... lograr la integración de las comunidades organizadas y grupos vecinales mediante la participación y el protagonismo dentro de una política general de Estado, descentralización y desconcentración de competencias y recursos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cada Consejo Local de Planificación Pública, promoverá y orientará una tipología de municipio atendiendo a las condiciones de población, nivel de progreso económico, capacidad para generar ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos, culturales y otros factores relevantes. En todo caso, el Consejo Local de Planificación Pública responderá a la naturaleza propia del municipio.231
No fue sino hasta bien entrado el 2003 cuando las primeras experiencias constitutivas tuvieron lugar en determinados puntos de la geografía nacional. En la mayoría de los municipios fueron escasas las iniciativas promovidas por la propia gente y menores aún las emprendidas por las autoridades locales en torno a dar cumplimiento al mandato de ley, crear los CLPP en cada municipio.
Al parecer ni la dirigencia nacional, ni dirigencia estadal, ni la local así como tampoco la ciudadanía estaba en sintonía con la ejercitación concreta de uno de los mecanismos constitucionales de participación popular. Salvo contadas excepciones, el denominador común de la constitución de los CLPP fue la presión de ponerse a derecho con la ley.
Poca difusión y apoyo gubernamental a dichas instancias fue una característica muy apreciable desde la propia promulgación de la ley. Muy por el contrario, en la mayoría de las localidades comienza a democratizarse los alcances de los CLPP a instancia de las redes de vocería popular. Este “descubrimiento” significó una acción coordinada por la ciudadanía que comienza a calmar por la instalación de los consejos correspondientes a su ámbito de acción.
La asignación del 20% del presupuesto del FIDES232 para proyectos comunitarios, presentados por la propia organización popular, así como la condicionante de aprobación de proyectos de inversión municipal presentados por los Alcaldes con el requisito de contar con el visto bueno de los CLPP, movilizan el interés de diversos sectores de la sociedad por participar en dichos consejos de planificación.
Según la ley, la forma de elección de los representantes comunitarios ante los CLPP se debe dar a través de la organización de los diversos sectores de la sociedad (cultura, vecinal, transporte, etc.), de acuerdo a ello,
Art. 4. la elección de los representantes de las organizaciones vecinales y de los sectores de la sociedad organizada, es competencia de la asamblea de ciudadanos de la comunidad o sector respectivo.
Sobrevino un auge esnobista por crear los CLPP, lo cual lejos de asumirse como una ganancia para la democracia participativa se convirtió en una suerte de reproducción de cuotas de representación gerenciada por los caudillos, partidos políticos y autoridades municipales. Cada alcalde apostaba por hegemonizar su consejo, para ello, apostaba por el montaje artificioso de asambleas sectoriales que le garantizaran el control de la mayoría al seno de dicha instancia.
Un sin fin de grupos e individualidades reprodujeron esta lógica y por todas partes se fueron estructurando consejos desvinculados de las comunidades, a quien cada representante por “sector organizado” decía representar. El pastel se rebana ahora en porciones más pequeñas, del reparto clientelar y partidista de los Concejos Municipales, ahora se amplia la cuota de micro poder a los CLPP.
Una vez más quedaba demostrado que la transición paradigmática de la democracia representativa a la democracia participativa y protagónica es un proceso sociocultural que no puede ser decretado e impuesto desde las dirección del proceso revolucionario. Del mismo modo, se hacía evidente la necesidad de promover iniciativas educativas en torno a los significados del ejercicio de la participación.
Pareciera que no ha existido dentro de las filas dirigenciales de la revolución voluntad política por profundizar el protagonismo participativo de las multitudes en acto de planificación, gestión y contraloría social de los asuntos públicos. Prueba de ello lo significa el que a la fecha no se ha instalado el Consejo Federal de Gobierno233, la mayoría de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas234 y un buen número de Consejos Locales de Planificación Pública. Otro indicador de esta aseveración lo constituye la poca disposición por difundir las bondades y alcances de los CLPP y el desinterés por promover enmiendas a la ley que posibiliten subsanar las fallas observadas en la conformación y el desenvolvimiento de los CLPP.
231 Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. Sancionada por la Asamblea Nacional el 16 de mayo de 2002.
232 Fondo Intergubernamental para la Descentralización. Órgano de la administración pública nacional que asigna recursos sobre proyectos presentados a los gobiernos estadales y municipales, así como a la comunidad organizada.
233 Órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Art. 185.
234 Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas sancionada por la AN el 01/08/2002.