Responsabilidad social en la alimentación transgénica - Bioseguridad

Debido a la complejidad de la materia, resulta difícil realizar estudios completos sobre seguridad ambiental en el largo plazo, ya que se requiere mucha inversión, hay que controlar gran cantidad de variables tales como el nivel molecular, la genética de poblaciones y la ecológica, se requieren distintos especialistas.  Lo clásico fue que se centró la atención en los productos peligrosos y menor atención a las técnicas o procesos peligrosos y los informes de agencias norteamericanas (NRC y NAS) concluyeron que no había nada intrínsecamente peligroso en la ingeniería genética.

Sin embargo, para proteger una agricultura sustentable, la Organización de Naciones Unidas (ONU) proclamó la necesidad de tomar medidas de protección a la biodiversidad mundial de los potenciales riesgos de la modificación genética, objetivo central de su Protocolo de Biodiversidad.  

El Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, firmado el 29 de enero de 2000 en Montreal, Canadá, es el primer acuerdo internacional que reconoce que los transgénicos son diferentes a los productos comercializados normalmente y que requieren una regulación separada.  Esta reunión no logró conseguir el compromiso de Estados Unidos ni de las empresas multinacionales.  De ella surgieron dos grupos: El Grupo de Miami, integrado por Estados Unidos, empresas agroquímicas, Canadá, Argentina, Chile y Uruguay, y el grupo de Cartagena, conformado por el resto de países latinoamericanos, africanos y asiáticos.  

Más de 130 países aprobaron este documento que regula el comercio internacional de organismos modificados genéticamente, a fin de evitar riesgos para la salud y el medio ambiente, es el primer acuerdo internacional que reconoce que los transgénicos son diferentes a los productos comercializados normalmente y que requieren una regulación separada.  Los productos afectados por el Protocolo son todos los que entran en contacto con el medio ambiente: semillas, peces transgénicos, y productos agrícolas no transformados. Quedan excluidos los productos elaborados, como salsas, galletas y otros alimentos que pueden contener soya o maíz transgénicos, y los medicamentos, vacunas o test de diagnóstico.  

Uno de los logros más importantes para los países en desarrollo y para la Unión Europea fue el establecimiento del Principio de Precaución. Este permite que un país pueda vetar la llegada de un producto transgénico si los análisis científicos sobre seguridad ofrecen datos dudosos, y puede pedir al país exportador una evaluación previa de riesgo ambiental.   

Respecto al etiquetado, el Protocolo sólo exige que se especifique en la etiqueta general de cada producto que “puede contener organismos vivos modificados”. La fórmula rigió durante los dos años siguientes a la entrada en vigor del Protocolo, posteriormente se podrá discutir la posibilidad de un etiquetado más concreto.  

A fines del 2000, se adoptó el Protocolo de Bioseguridad, en el marco de la Convención de Diversidad Biológica, Chile firmó este acuerdo en Kenya en Mayo del 2000, para regular manipulación y transporte de estos organismos. La liberación de transgénicos al medio ambiente se encuentra regulada por el protocolo y se basa en el principio precautorio, es decir la ausencia de suficiente evidencia científica sobre los riesgos.   

Adicionalmente, los bienes de consumo transgénicos quedaron regulados (productos procesados, alimento animal). Se validó las consideraciones socioeconómicas en el acuerdo y un país puede rechazar un cargamento de transgénicos si estima que daña su economía y cultura.  La importación de transgénicos puede realizarse sólo con la explícita aprobación del país importador. En el caso de negligencias y accidentes,  el protocolo provee un sistema de responsabilidad que debe ser negociado, esto podría llegar a ser negociado por la OMC.  

En Chile, desde 1992, los informes de gobierno revelan que se permitió la internación de material transgénico y la siembra del tomate (Chile Seeds) y canola transgénica (Plant Genetic System) en la Región Metropolitana, los cultivos preponderantes han sido maíz y soya.  También se autorizó entre 1992 y 1999 en 8 regiones del país la siembra de canola, remolacha, melón, papa, tomate maravilla, zapallo, tabaco, trigo, eucaliptos y pino.   

María Isabel Manzur asevera: “El hecho de que en Chile se haya permitido cultivos transgénicos sin medidas de bioseguridad, a lo largo de casi todo el territorio, significa una opción muy riesgosa, pues será imposible evitar la contaminación de los otros cultivos.  Desde el punto de vista de la biodiversidad, Chile está arriesgando la pérdida, por contaminación de su único y valioso patrimonio genético. Arriesga además el desarrollo nacional de la agricultura orgánica, pues ambos sistemas no son compatibles, y los cultivos orgánicos pierden su calidad de tal al contaminarse con transgénicos. También la contaminación transgénica implicará mayores costos a la producción orgánica y convencional para mantener los cultivos libres de contaminación como modificar prácticas agrícolas, tests de detección, aumento de distancias de bioseguridad, primas de seguros, etc.[38]”  

Según Rolando Stein, Embajador Director de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que encabezara la delegación chilena en las negociaciones dice que “es difícil pensar hoy que se pueda frenar una tecnología como la transgenia, que puede ser la respuesta para muchos problemas que el mundo está viviendo hoy. En su opinión, el debate sobre este tema en Chile no debe perder de vista que somos el principal exportador frutícola del hemisferio Sur, y mientras unos 50 países están avanzando a grandes pasos en esta tecnología, debemos decidir si preferimos sumarnos o quedarnos atrás en este campo”[39]. Internamente en Chile, también recibió críticas de las ONG’s en el sentido de que la posición del país se preparó a puertas cerradas y no reflejaba sus preocupaciones en relación a los peligros de los transgénicos, a lo cual contestó, “Yo diría que ha habido una evolución en materia de participación desde que empezamos a preocuparnos por el tema. Cuando el Gobierno creó la  Comisión para la Biotecnología, empezamos a invitar a todas las personas e instituciones que estuviesen interesadas. Tal vez la falta de participación en esa etapa se deba a que veníamos recién organizándonos, pero en adelante se ha seguido una política de que todos los sectores puedan tomar parte en este debate.”[40]  

En otro aspecto de la entrevista, la periodista Sofía Torey le consulta: En el tema de los resguardos, ¿qué opina del hecho que en algunos países europeos las autoridades han desautorizado proyectos de cultivos transgénicos, considerando el limitado conocimiento científico que se tiene sobre el tema y los temores de la población?, a la cual Stein responde: “Si analizamos el origen de esas controversias, vemos que nacen de los problemas de seguridad alimentaría que se han producido sobre todo en Europa y que han provocado gran conmoción, como el problema del aceite de colza en España con la muerte de cientos de personas, el de las vacas locas en Inglaterra, los casos de plasma sanguíneo o de las dioxina en pollo y cerdo en Francia, Bélgica y Holanda, la Coca-Cola en Bélgica o en panetone en Italia…Son todos casos contra la salud humana que han provocado un gran revuelo que nada tiene que ver con los transgénicos, pero han generado una enorme desconfianza hacia los reguladores alimenticios europeos.  La reacción de la opinión pública ha sido “su ustedes no han podido controlar los alimentos tradicionales, tenemos miedo con lo que pueda ocurrir con los transgénicos”.  Por otra parte, el tema se ha confundido. Se está hablando de transgénicos versus alimentos naturales, cuando lo importante debería ser alimento con o sin problema de seguridad alimenticia.  Lo que interesa en definitiva, es si el producto me va a hacer mal o no”. [41]  

Es importante mencionar que lo que interesa en un alimento es que éste sea seguro para consumo humano y que sea sustentable en el medio ambiente y con la vida en el planeta.  “Respetando la biodiversidad propia de la naturaleza, comunicando a la ciudadanía sobre el tema, para tener un país con “consumidores cada vez más conscientes”, tanto en el consumo, como en  el proceso de producción que lleva a la culminación de un determinado producto” [42].  Y como muy bien plantea Patricia Araos en entrevista concedida (Ver Anexo Nº3): “A partir del concepto más simple de RSE, como se define por Juan Trimboli, me parece que el no hacer daño, es la base en la que se sustenta. Y si bien las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol en la construcción del concepto, no es exclusivo ni excluyente”. [43]