Cuando el gobierno compra algo para el público, actúa en su nombre; su responsabilidad es obtener el mejor trato posible —mejor para el público, no para la otra parte del acuerdo.
Por ejemplo, cuando firma contratos con las constructoras para hacer autopistas, el gobierno pretende gastar lo menor parte posible del erario público. Las agencias gubernamentales usan el sistema de concursos para forzar los precios a la baja.
En la práctica, el precio no puede ser igual a cero, porque los contratistas no pujarán tan bajo. Aunque no tengan derecho a consideraciones especiales, tienen los derechos ciudadanos corrientes en una sociedad libre, incluyendo el derecho a rechazar contratos no ventajosos; incluso la oferta más baja será suficiente para que algún contratista gane dinero. Luego ciertamente existe algún tipo de equilibrio. Pero no se trata de un equilibrio deliberado entre dos intereses que reclaman un trato especial. Es un equilibrio entre el bien público y las fuerzas del mercado. El gobierno trata de obtener para los contribuyentes automovilistas el mejor trato que puedan conseguir en el contexto de una sociedad libre y de un mercado libre.
En el contrato de copyright, el gobierno emplea nuestra libertad en lugar de nuestro dinero. La libertad es más valiosa que el dinero, así que la responsabilidad del gobierno en el empleo sabio y austero de nuestra libertad es incluso mayor que su responsabilidad en el uso de nuestro dinero. Los gobiernos jamás deben poner los intereses de los editores a la par que la libertad del público.