Software libre para una sociedad libre - Resultados de los tres errores

La tendencia actual en la legislación de copyright es proporcionar a los editores poderes más amplios por periodos de tiempo cada vez más largos. La base conceptual del copyright, en la medida en que resulta distorsionada por esta secuencia de errores, rara vez ofrece una base para decir no. Los legisladores defienden de boquilla la idea de que el copyright sirve al público, mientras que en realidad dan a los editores cualquier cosa que pidan.

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Por ejemplo, esto es lo que dijo el senador Hatch al introducir la S. 483, una ley dictada en 1995 que incrementa la duración del copyright 20 años más:

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Creo que hemos llegado al punto de preguntarnos si la duración actual del copyright protege adecuadamente los intereses de los autores, y la cuestión correlativa de si el tiempo de protección sigue proporcionando suficientes incentivos para la creación de nuevas obras.
Esta ley extendió el copyright para obras publicadas y escritas desde 1920. Este cambio supuso una ganga para los editores, sin beneficio posible para el público, dado que ahora no hay modo de aumentar retroactivamente la cantidad de libros publicados entonces. Sin embargo costó al público una libertad hoy muy significativa —la libertad de redistribuir libros de esa época.

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La ley también extendió el copyright de las obras que aún no han sido escritas. Para trabajos de encargo, el copyright duraría 95 años en lugar de los 75 años que dura hoy. Teóricamente esto aumentaría los incentivos para escribir nuevos libros, pero cualquier editor que diga necesitar este incentivo extra debería apoyar esta pretensión con hojas de balance proyectadas hasta el año 2075.

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No hace falta decir que el Congreso no cuestionó los argumentos de los editores: en 1998 fue promulgada la ley que extendía la duración del copyright. Fue conocida como la «ley Sonny Bono para la extensión de la duración del copyright», así llamada por uno de sus promotores, que había muerto ese año. Su viuda, que cubrió el resto de su trabajo, hizo esta declaración:

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En realidad, Sonny quería que el copyright durase para siempre. Mis abogados me han informado de que tal cambio violaría la Constitución. Os invito a todos vosotros a trabajar conmigo para reforzar nuestras leyes de copyright de todos los modos a nuestro alcance. Como sabéis, también está la propuesta de Jack Valenti para que dure para siempre menos un día. Quizá el comité pueda tratar este asunto el próximo Congreso.
El Tribunal Supremo ha admitido un pleito que busca derogar esta ley con el fundamento de que la retroactividad no sirve al objetivo constitucional de promover el progreso.

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Otra ley, aprobada en 1996, convirtió en una fechoría hacer determinadas copias de cualquier obra publicada, incluso si vas a repartirlas entre amigos simplemente por amabilidad. Antes esto en absoluto era un crimen en los EE.UU.

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Una ley todavía peor, la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) fue diseñada para traer de vuelta la protección frente a las copias —que los usuarios de ordenadores detestan— convirtiendo en un crimen cualquier infracción de esta protección, o incluso publicar información sobre cómo quebrar esta protección. Esta ley debería de llamarse «ley para la dominación por parte de las empresas mass-mediáticas» porque ofrece efectivamente a los editores la oportunidad de escribir su propia ley de copyright. Dicta que pueden imponer cualquier tipo de restricciones en el uso de una obra, y estas restricciones tienen el rango de ley siempre que la obra contenga algún tipo de cifrado o gestor de licencias que haga efectivo su cumplimiento.

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Uno de los argumentos ofrecidos por esta ley era que implementaría un reciente tratado para aumentar la extensión del copyright. Este tratado fue promulgado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organización dominada por los propietarios de los derechos de autor y de patentes, con la ayuda del gobierno de Clinton; dado que el tratado sólo aumenta la extensión del copyright, es dudoso que sirva al interés público en ningún país. En cualquier caso, la ley fue mucho más lejos de lo que el tratado demandaba.

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Las bibliotecas fueron una fuente clave de oposición a esta ley, especialmente en los aspectos que coartan las formas de copia que se consideran de «uso razonable». ¿Cómo respondieron los editores? El antes diputado Pat Schroeder, ahora miembro del grupo de presión a favor de la Asociación de Editores Americanos, dijo que los editores «no podrían vivir con lo que (las bibliotecas) están pidiendo». Dado que las bibliotecas sólo estaban pidiendo que se mantuviera parte del statu quo, uno podría contestar preguntando cómo habían sobrevivido los editores hasta entonces.

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El congresista Barney Frank, durante una reunión conmigo y otros opositores a esta ley, demostró cuánto se ha menospreciado la visión que la Constitución de los EE.UU. tiene sobre el copyright. Dijo que se necesitan urgentemente nuevos poderes respaldados por nuevas penas, puesto que «la industria del cine está preocupada», así como la «industria de la música» y otras «industrias». Yo le pregunté, «¿pero todo esto es para el interés general?» Su respuesta vino a decir: «¿Por qué me hablas del interés general? ¡La gente creativa no tiene que abandonar sus derechos en favor del interés general!» La «industria» ha sido identificada con «la gente creativa» a la que contrata, el copyright ha sido tratado como su privilegio y la Constitución ha sido puesta patas arriba.

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La DMCA fue publicada en 1998. Esta ley dice que el uso razonable sigue siendo legítimo, pero permite a los editores prohibir todo el software o el hardware con el que podrías ponerlo en práctica. De hecho, el uso razonable está prohibido.

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Basándose en esta ley, la industria del cine ha impuesto la censura al software libre por leer y reproducir DVDs, e incluso a la información sobre cómo leerlos. En abril de 2001 el profesor Edward Felten, de la universidad de Princeton, fue intimidado bajo amenaza de una demanda judicial por parte de la Asociación de la Industria Americana de Grabación, con el objetivo de que retirara un artículo científico en el que exponía lo que había aprendido acerca de un sistema piloto de encriptación que restringía el acceso a las grabaciones musicales.

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También estamos empezando a ver libros electrónicos que retiran a los lectores muchas de sus libertades tradicionales —por ejemplo, la libertad de prestar un libro a un amigo, de venderlo a una tienda de libros usados, de tomarlo prestado de una biblioteca, de comprarlo sin darle tu nombre a una base de datos empresarial, incluso la libertad de leerlo dos veces. Los libros electrónicos codificados restringen por lo general este tipo de actividades —sólo puedes leerlos con un software especial secreto diseñado para limitar tus libertades.

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Nunca compraré uno de esos libros electrónicos, cifrados y restrictivos, y espero que tú también los rechaces. ¡Si un libro electrónico no te da las mismas libertades que un libro tradicional de papel, no lo aceptes!

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Cualquiera que lance por su cuenta software que pueda leer libros electrónicos restrictivos se arriesga a ser acusado. Un programador ruso, Dmitry Sklyarov, fue arrestado en 2001 mientras visitaba EE.UU. para dar en una conferencia, porque había escrito un programa de esas características en Rusia, donde hacerlo era legal. Ahora Rusia también está preparando una ley para prohibirlo y la Unión Europea ha adoptado una similar recientemente.

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Los libros electrónicos para el mercado de masas han resultado hasta ahora un fracaso comercial, pero no porque los lectores elijan defender su libertad; no eran atractivos por otras razones, como el hecho de que los monitores de los ordenadores no son soportes cómodos para la lectura. No podemos confiar en esta feliz casualidad para protegernos a largo plazo; el próximo intento para promocionar los libros electrónicos usará «papel electrónico» —objetos parecidos a libros dentro de los cuales se puede descargar un libro electrónico codificado y restringido. Si este soporte parecido al papel demuestra ser más atractivo que los actuales monitores, tendremos que defender nuestra libertad para conservarla. Mientras tanto, los libros electrónicos están penetrando nichos de mercado: la NYU y otras escuelas de odontología obligan a sus estudiantes a comprar sus libros de texto con formato de libros electrónicos restrictivos.

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Las empresas mediáticas no están satisfechas todavía. En 2001, el senador Hollings —financiado por la Disney— propuso una ley llamada «ley para los estándares de los sistemas de seguridad y de las certificaciones», 3∞ que obligaría a que todos los ordenadores —y otros dispositivos de grabación y reproducción digital— tuvieran sistemas restrictivos de copia por mandato del gobierno. Ese es su objetivo final, pero el primer punto de su agenda es prohibir cualquier equipo que pueda sintonizar HDTV digital a no ser que esté diseñado para que al público le sea imposible «entrometerse» —por ejemplo, modificarlo para sus propios fines. Dado que el software libre es software que los usuarios pueden modificar, aquí nos enfrentamos por primera vez con una propuesta de ley que prohíbe explícitamente el software libre para un trabajo determinado. Seguramente, le seguirá la prohibición de otros trabajos. Si el FCC adopta esta regla, el software libre hoy existente, como GNU Radio, sería censurado.

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La acción política es necesaria para bloquear estas leyes y reglamentos. 4∞