Chile, la herida abierta - El libro que censuró José Antonio Viera-Gallo (senador social

A modo de prólogo

Por VIVIANA DÍAZ, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos

En estas páginas nuestro querido amigo Mario Amorós relata casi toda la historia de nuestras vidas y la de nuestros familiares, de los sectores democráticos de este país y su empeño en hacer de Chile un lugar en el mundo más justo. La primera lectura de su libro produce dolor y estupor. ¡No es posible tanta ignominia contra un pueblo! Una lectura más analítica nos devela, uno a uno, cada episodio dramático de la historia de nuestra patria y nos muestra a cada actor y su relación con la impunidad que se fortalece cada vez más en Chile.

El primer capítulo del libro alude a los que traicionaron la fe democrática no sólo violando los derechos humanos, sino también exterminando las grandes conquistas sociales que con mucho esfuerzo habían logrado los trabajadores. Muchos éramos niños o adolescentes en el período de la Unidad Popular, pero nos dan vueltas en la cabeza los recuerdos de la ilusión que se respiraba los primeros días luego del triunfo de Salvador Allende: había esperanza, había convicción de que, pese a lo duro que se debía enfrentar, saldríamos adelante… ¡Era el Gobierno popular, de los más desposeídos, y cualquier esfuerzo era mínimo ante la magnitud de los objetivos!

Los que hoy están desaparecidos en su mayoría participaron de ese proceso histórico. Muchos de ellos salían de madrugada a hacer cuanto les era posible por levantar al Gobierno popular, consolidarlo y defenderlo de la derecha fascista, que desde antes de la asunción del mando trató de hacerlo fracasar.

Pero vino la traición, el golpe, la represión… La vida cambió para todos. Fueron diecisiete años de tensión constante. Mataban a unos, desaparecían a otros; muchos eran torturados, encarcelados. A los amigos y a los compañeros los encontrábamos en los campos de concentración y no en las grandes concentraciones apoyando a nuestro querido compañero Salvador Allende. Con el transcurrir de los años la gente se fue organizando, fue perdiendo el miedo. Después de muchas jornadas de dura batalla, en 1988 el pueblo dijo NO en el histórico plebiscito del 5 de octubre y obligó a Pinochet a abandonar el poder.

En 1990 asumió el gobierno don Patricio Aylwin Azócar y supusimos que con él a la cabeza se uniría la sociedad toda a la búsqueda de verdad y justicia. Nuestra confianza se acrecentó con las primeras declaraciones de repudio por los crímenes cometidos. Se propició la llamada “Doctrina Aylwin”, que sostenía que el decreto-ley de Amnistía no impedía investigar los crímenes de la dictadura. Nuestros sueños de encontrar a nuestros seres queridos como estuvieran y donde estuvieran parecía que se concretarían rápidamente. Sin embargo, desde entonces, y cuando pensamos que caminaríamos hacia el término de la impunidad, el gobierno democrático, por el que tanto y tantos luchamos, produjo una seguidilla de intentos de leyes de punto final.

Así, en agosto de 1993 el Gobierno impulsó, como respuesta al Boinazo del 28 de mayo de ese año, un proyecto de ley de Punto Final. Luego, en 1995, enfrentamos la llamada “Propuesta Frei”, consistente básicamente en ampliar la ley de Amnistía y permitir el sobreseimiento definitivo de los procesos por detenidos desaparecidos, incluso sin haberse encontrado sus restos.

Poco meses después, conocimos la denominada Propuesta Otero-Figueroa, que buscaba, concretamente, no detener, ni citar a declarar, ni procesar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y pretendía facultar a los jueces para sobreseer definitivamente los procesos, bastando la convicción de que la persona estaba muerta.

En julio de aquel mismo año los senadores Díez, Larraín, Otero, Letelier y Piñera presentaron una moción con la que iniciaron un proyecto de ley que quería dictar normas para la aplicación de la Amnistía, restringir la procedencia del sobreseimiento temporal y establecer un procedimiento judicial para determinar el paradero físico de las personas detenidas desaparecidas o de sus restos.

En octubre de 1996, el intento de lograr la impunidad provino de los propios institutos armados a través del Fiscal General Militar, Eduardo Benavides, quien solicitó a la Corte Suprema que ordenara a las Cortes de Apelaciones aplicar las causales de extinción de responsabilidad penal; es decir, la amnistía, la prescripción, la cosa juzgada. Doce meses después, el Ministerio Público Militar hizo otra tentativa más, al solicitar a la Corte Suprema que aplicara la Amnistía en doscientas causas de detenidos desaparecidos que entonces se encontraban en trámite. Como la anterior, esta petición fue rechazada por la Corte Suprema.

En agosto de 1999, el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, contando con la estrecha colaboración de su ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, además del apoyo de entidades religiosas y de diversos sectores sociales, impulsó la creación de la denominada Mesa de Diálogo.

Resulta lamentable constatar que varios de los que estuvieron con nosotros en el combate contra Pinochet y en la lucha por la Verdad, la Justicia, el progreso y la igualdad para todos ya no están a nuestro lado. Y aún es más doloroso comprobar que participan en iniciativas que esconden tras ellas el cierre definitivo de las causas de flagrantes violaciones de derechos humanos cometidas en nuestro país. Respetar las leyes es deber de todos, sin exclusiones. Consecuentes con ese respeto, hemos exigido que sean los tribunales de justicia los que actúen en los casos de nuestros familiares, que cumplan con sus funciones, que investiguen aquellos crímenes y que sancionen con penas acordes a los delitos cometidos y no a conveniencias políticas o de otro orden.

En el primer capítulo, Mario Amorós recuerda a Víctor Jara, atrozmente asesinado en el Estadio Chile en los días posteriores al golpe de Estado. No obstante las flagelaciones a que fue sometido, su compañera Joan pudo reconocerle en la morgue: allí estaba con los ojos abiertos y la mirada desafiante. ¿Cómo no impactarse ante esos ojos? Dicen tanto de ellos, de las víctimas -nuestros familiares- y de la consecuencia y conciencia con que enfrentaron la muerte. Ellos no sólo iban a resistir porque consideraban justo lo hecho, sino que también iban a desafiar a los que se habían apoderado del poder a través de conspiraciones y traiciones. Estaban frente a frente. Los nuestros en la soledad de la tortura, amarrados, vendados, en la más completa indefensión. Ellos, sus victimarios, arrogantes y libres para hacer lo que quisieran.

Pero la indefensión de los primeros no significó que se empequeñecieran ante la supuesta “grandeza” de los últimos. Al contrario, crecieron en su desamparo y con la misma dignidad y sencillez con que habían enfrentado la vida y los grandes retos que ésta les había impuesto, enfrentaron la muerte. No nos cabe duda de esto, aunque de la mayoría de los desaparecidos ni siquiera sabemos con certeza cuándo y en qué condiciones dejaron de existir. Este no saber es a lo que nos condena la impunidad jurídica y política actualmente existentes. Ambas se necesitan para poder seguir sobreviviendo.

Es paradojal constatar que la impunidad de hoy no es muy distinta a la de la época del régimen militar. La impunidad política de la dictadura, basada en el poder omnipotente que ostentaba, se amparaba y disculpaba, por lo menos en la forma, en la impunidad jurídica que le otorgaba la obsecuencia de los tribunales. En los últimos meses, hemos visto cómo el poder político actual, amparado en el judicial, ha logrado revertir el procesamiento de Pinochet en el caso por los crímenes de la caravana de la muerte a través de su sobreseimiento y así ha podido frenar las insistentes presiones de las Fuerzas Armadas y de la derecha reaccionaria.

En efecto, es ampliamente conocido que a mediados de octubre del año pasado el Presidente Ricardo Lagos aseguró a un grupo de empresarios que el proceso contra Pinochet terminaría “bien y pronto”. El diario La Tercera, tal y como Amorós señala en el capítulo sexto, publicó aquellos días una noticia titulada así: “Paso decisivo para cerrar el caso Pinochet”. El 9 de julio, día del fallo que sobreseyó al general en los tribunales, eran vox populi las conversaciones efectuadas por personeros de gobierno con los magistrados que debían resolver el caso.

Nosotros, los familiares de los detenidos desaparecidos, siempre lo hemos dicho: deseamos profundamente que ninguna persona sufra nuestra dramática experiencia, ni aquí en Chile, ni en ningún confín del mundo. Así lo espera también la comunidad internacional. Con la detención de Augusto Pinochet en Londres durante 503 días quedaron ya sentadas las bases para que la tortura sea considerada un crimen internacional, para que los jefes de estado no sean ya inmunes al procesamiento cuando están implicados en tales actos y para que las leyes nacionales de amnistía no puedan contraponerse a las obligaciones de otros estados.

El camino que nos queda es largo. Hemos empleado muchos años de nuestras vidas en saber de nuestros seres queridos y en exigir justicia en cada uno de los casos de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos, de los torturados, de los presos políticos. Muchas veces nos sentimos solas, pero nos inspira y nos alienta la certeza de que la nuestra es una lucha justa y necesaria no sólo para los familiares, sino que también y fundamentalmente para Chile y para la humanidad.

Santiago de Chile, 21 de noviembre de 2001