Lo terrible
Lo terrible de verdad
Es que te venza el miedo
Lo terrible es que no entiendas
Que el precio de la libertad
No es nada
Al lado de la opresión
Lo terrible es no luchar
Por tu dignidad
Lo terrible es ser como un gusano
Que se deja aplastar
Lo terrible es la indiferencia
Lo terrible es vivir sólo para uno
Lo terrible es no tener esperanza
Lo terrible es no soñar
Oscar Fuentes76
El Informe Rettig reconoce que el Poder Judicial “no reaccionó con la suficiente energía frente a las violaciones a los derechos humanos”. No en vano el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Urrutia, apoyó el golpe de Estado y en numerosas ocasiones negó las violaciones de los derechos humanos. “La Corte de Apelaciones de Santiago y esta Corte Suprema, por las apelaciones deducidas, han sido abrumadas en su trabajo con los numerosos recursos de amparo que se han interpuesto, so pretexto de las detenciones que ha decretado el Poder Ejecutivo. Esto ha traído perturbaciones en la administración de Justicia, quitando a los Tribunales Superiores, especialmente en Santiago, la oportunidad para ocuparse de asuntos urgentes de su competencia”, aseguró Urrutia en marzo de 1975.
La colusión de la justicia con la dictadura produjo, según el Informe Rettig, “un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales... Otro efecto gravísimo que aún permanece es la desconfianza de la comunidad nacional en la Judicatura como institución protectora de sus derechos fundamentales”.77
Desde mediados de los años setenta, con la aprobación de las Actas Constitucionales, la dictadura empezó a dotarse de un barniz institucional y a forjar los mecanismos que garantizaran la perpetuación de su impunidad. Así, el 18 de abril de 1978 la junta aprobó el decreto-ley 2.191, conocido como el decreto-ley de Amnistía, ante “el imperativo ético que ordena llevar a cabo todos los esfuerzos conducentes a fortalecer los vínculos que unen a la nación chilena, dejando atrás odiosidades hoy carentes de sentido y fomentando todas las iniciativas que consoliden la reunificación de los chilenos” y ante “la necesidad de una férrea unidad nacional que respalde el avance hacia la nueva institucionalidad que debe regir los destinos de Chile”.
Su primer artículo dice: “Concédese amnistía a todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o condenadas”.78
El 15 de junio de 1978 el ministro del Interior se dirigió al país por radio y televisión para exponer la versión de la junta militar sobre los detenidos desaparecidos. Sergio Fernández señaló que carecían de información sobre estas personas y sugirió que estarían viviendo en la clandestinidad o que habrían caído en enfrentamientos con la policía o con los militares y que habrían sido sepultados con su identidad falsa y por ello su paradero sería desconocido.
Este discurso de Fernández pretendía reforzar una decisión que le correspondió anunciar: “Con la finalidad de poner término a la incertidumbre de los familiares afectados, informo oficialmente a la nación que la Junta de Gobierno ha resuelto dictar una ley que declara la muerte presunta de todas aquellas personas que a la fecha se encuentren desaparecidas y respecto de las cuales ya se haya interpuesto recurso ante los tribunales de justicia o acción ante las autoridades gubernativas”.79
En aquellos meses la junta ya tenía avanzado su proyecto de
constitución.
Pinochet quiso definir una institucionalidad que perdurara después de su régimen para garantizar a las Fuerzas Armadas determinados privilegios, en especial la tutela del orden institucional, e impedir que la izquierda volviera a gobernar. La
constitución de la tiranía fue “aprobada” con el 30,19% de votos en contra en el plebiscito del 11 de septiembre de 1980. Su artículo 8º prohibió la existencia de los partidos marxistas y decretó la persecución de quienes defendieran esta ideología.80
A finales de los años 70 la Democracia Cristiana81 se fue uniendo a las filas de la oposición después del fracaso de todos sus intentos por negociar con la junta un proceso de transición democrática y tras el decreto-ley de 1977 que prohibió su existencia. También en el seno de la izquierda se produjeron cambios significativos. En 1979 el Partido Socialista se dividió en dos tendencias: una, encabezada por Carlos Altamirano, derivó hacia la socialdemocracia; la otra, liderada por el ex ministro de Relaciones Exteriores de Allende, Clodomiro Almeyda, mantuvo su fidelidad al socialismo revolucionario.
Más radical fue el giro en la línea del Partido Comunista. Desde los tiempos del Frente Popular, en los años treinta, el PC más importante de América había apostado por la “vía pacíifica” y por las alianzas con las capas progresistas de la pequeña burguesía para conquistar un gobierno popular y construir el socialismo. Ante la política de exterminio de Pinochet e influidos por el triunfo de la Revolución Sandinista82 y por el empuje de sus combativos militantes, los comunistas definieron la línea política de la Rebelión Popular de Masas, que contemplaba “todas las formas de lucha”, incluida la armada, contra la dictadura. En diciembre de 1983 nació el insurgente Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), cercano al PC, pero integrado también por militantes del MIR, socialistas e independientes.
En 1983 la Democracia Cristiana, el sector socialdemócrata del socialismo y otras pequeñas fuerzas crearon la Alianza Democrática (AD), mientras que el Partido Comunista, el MIR, los socialistas de Almeyda y otras organizaciones de izquierda impulsaron el Movimiento Democrático Popular (MDP).
“Cesen la represión”
Las palabras con que Monseñor Oscar Romero exigió a los militares salvadoreños que pusieran fin al genocidio las hicieron suyas amplios sectores cristianos en Chile. El sacerdote jesuita José Aldunate participó en las huelgas de hambre que a partir de 1977 organizaron los familiares de los detenidos desaparecidos y denunció de manera incansable la brutalidad del régimen militar.
Aldunate formaba parte de un grupo cristiano que reflexionaba sobre la represión. “Veíamos que la tortura se iba generalizando y que había un silencio, una tolerancia, que la gente no reaccionaba. Entonces, decidimos salir a las calles y denunciar las prácticas de tortura de manera pacífica. Fue una lucha muy larga, desde 1983 a 1990, y salimos como 180 veces a la calle para golpear las conciencias”83. Este grupo se llamó Movimiento contra la Tortura “Sebastián Acevedo” en homenaje a un minero que se quemó ante la catedral de Concepción para denunciar que la CNI había detenido y estaba torturando a sus dos hijos. Su sacrificio les salvó la vida ya que fueron liberados.
A partir de 1981 una grave crisis económica sacudió América Latina. En sólo seis años la deuda externa de Chile pasó de 4.854 millones de dólares a 15.552 millones, la mayor
per cápita de todo el subcontinente. A principios de 1983 se desencadenó una crisis financiera que generó unas pérdidas de 600 millones de dólares para los bancos, de 120 millones de dólares para los pequeños ahorradores y de mil millones de dólares para el Estado.
Y mientras el ingreso del 40% más pobre de la población del Gran Santiago apenas alcanzaba el 10,4% del ingreso global nacional, el 30% más rico concentraba el 70,9% de los ingresos nacionales84. Eliana Olate, pobladora de La Victoria, explica con lucidez el por qué de la política económica de Pinochet: “Nosotros lo veíamos como una táctica de la dictadura: tenernos con hambre, tenernos sin trabajo para no pensar”.
Aquella crisis económica agudizó el hambre y la miseria y fue el detonante del comienzo de las multitudinarias movilizaciones populares contra la dictadura que exigían “¡Pan, trabajo, justicia y libertad!” El 11 de mayo de 1983 tuvo lugar la primera Protesta Nacional, convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre; la represión causó dos muertos y 600 detenidos. Desde entonces y hasta 1989 el pueblo chileno exigió la recuperación de una auténtica democracia política, económica y social en concentraciones que incluso reunieron a medio millón de personas, como la del Parque O’Higgins del 18 de noviembre de 1983.
El papel de los pobladores fue muy importante en la lucha por la recuperación de la democracia. Junto con La Legua o La Bandera, la población La Victoria se convirtió en uno de los símbolos de la resistencia popular a Pinochet, por sus importantes organizaciones sociales, por la olla común, por el asesinato del sacerdote francés André Jarlan en septiembre de 1984, por sus hermosos murales...
Victoria Plaza, pobladora de La Victoria, recuerda que en la olla común se trató “no sólo de que la gente viniera a buscar la comida y se fuera, sino que había que empezar a darle alguna formación, sobre todo a la mujer. En la misma olla empezábamos a conversar, dentro de las filas. Por ejemplo, había una marcha en el centro, entonces muchas mujeres decían ‘yo tengo terrror, no quiero ir, esas cosas me dan miedo’. Entonces les decíamos: ‘Mucho más terror tenemos que tener a esto: a estar en esta cola y seguir en esta cola toda la vida. Tenemos que salir, tenemos que empezar a protestar, a exigir que nuestros maridos tengan trabajo’. Eran como cosas muy de hormiga, muy difíciles, pero no imposibles”.85
El 25 de agosto de 1985 empezaron a sentarse las bases de la transición cuando once partidos suscribieron el llamado Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia. Su plataforma programática ya no demandaba la renuncia de Pinochet ni la eleción de una Asamblea Constituyente, sino tan sólo algunas reformas a la
constitución de 1980. Marginados de un acuerdo que tampoco habrían aceptado, los comunistas y sus aliados radicalizaron su lucha y así denominaron a 1986 el “año decisivo” para la derrota de la dictadura ya que, si ésta sobrevivía, la oposición moderada esperaría ya al plebiscito previsto por la
constitución para 1989.
Pero el 6 de agosto de 1986 agentes de la CNI capturaron un importante arsenal de armas del FPMR en las playas de Carrizal Bajo y un mes después fracasó el atentado de este grupo guerrillero contra Pinochet. El frustrado tiranicidio simbolizó el final de la política insurreccional auspiciada por comunistas y rodriguistas y dejó el camino expedito para la salida negociada que patrocinaba Estados Unidos y por la que ya apostaba la Alianza Democrática.
La matanza del Corpus Christi
En junio de 1987 agentes de la Central Nacional de Informaciones asesinaron a doce miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Santiago. Aunque la dictadura presentó la muerte de estos doce jóvenes como producto de los enfrentamientos con las fuerzas represivas, después se supo que habían sido detenidos y ejecutados a sangre fría.
A las doce y diez minutos del mediodía del 15 de junio de 1987 Recaredo Ignacio Valenzuela fue acribillado en la calle Alhué de Las Condes, a escasos metros de la casa de su madre. Empezaba la Operación Albania de la CNI. Pocos minutos antes de las seis y media de la tarde, Patricio Ricardo Acosta fue asesinado de un disparo en la calle Varas Mena, en San Miguel. En las primeras horas de la madrugada del 16 de junio en el número 417 de esa vía pública cayeron Juan Waldemar Henríquez y Wilson Daniel Henríquez, éste último tras ser capturado y golpeado por los agentes que participaron en este operativo.
A la misma hora, en el sector de Villa Olímpica de Ñuñoa otros miembros de la CNI acabaron con la vida de Julio Arturo Guerra, quien fue ejecutado a sangre fría con un tiro a muy corta distancia. Y en la calle Pedro Donoso de la localidad de Conchalí tuvo lugar aquella noche el último episodio de esta masacre, cuando Esther Angélica Cabrera, Elizabeth Edelmira Escobar, Patricia Angélica Quiroz, Ricardo Hernán Rivera, Ricardo Cristián Silva, Manuel Eduardo Valencia y José Joaquín Valenzuela fueron asesinados por agentes de la CNI.86
La junta militar habló de un enfrentamiento y de la existencia de agentes heridos, pero, como precisa el Informe Rettig, en el lugar no había huellas de disparos efectuados desde el interior, las marcas en el piso del inmueble dejadas por las balas demuestran que a algunas de las víctimas se les disparó desde arriba hacia abajo, “presumiblemente cuando estaban encuclilladas” y no se comprobó la existencia de agentes heridos. La edad media de las víctimas de la matanza del Corpus Christi era de 26 años.87
Humillado, pero no derrotado
Con la mirada puesta en el plebiscito fijado por la
constitución de 1980 para decidir entre la continuidad de Pinochet como jefe del Estado durante ocho años más o la convocatoria de eleccciones, el 2 de febrero de 1988 nació la Concertación de Partidos por la Democracia, en la que junto con las fuerzas políticas de la Alianza Democrática se integraban otras como el Partido Socialista de Almeyda, un paso decisivo para la posterior reunificación del socialismo chileno.
El plebiscito tuvo lugar el 5 de octubre de 1988 y en él, a excepción del MIR, que propugnó la abstención, todas las fuerzas democráticas, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, hicieron campaña por el “NO” a Pinochet, mientras que las Fuerzas Armadas y la derecha pidieron el “SI”. Aquel 5 de octubre significó el principio de la agonía de la dictadura ya que el tirano fue derrotado con un 54,68% de los votos en su contra frente al 43,04% a su favor. Millones de chilenos creyeron que sus demandas de democracia política, económica y social, de verdad y justicia, por las que lucharon con tanto sacrificio y que asumieron las fuerzas que pidieron el “NO” a Pinochet, se convertirían en realidad.
76 Oscar Fuentes, estudiante y militante de las Juventudes Comunistas de 19 años, fue asesinado por la dictadura con un tiro en la espalda en Santiago el 9 de abril de 1985. Guillaudat, Patrick y Mouterde, Pierre:
Los movimientos sociales en Chile, 1973-1993. LOM Ediciones. Santiago de Chile, 1998. p. 13.
77
Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pp. 95-97.
78 Consultado en
__http://www.derechoschile.com__
79
Revista de Chile, mayo de 1999. p. 28.
80 Guillaudat y Mouterde, pp. 114-116.
81 La dirección de la DC, presidida por Patricio Aylwin, rechazó el acuerdo que le ofreció Allende para salvar la democracia y apoyó el golpe de Estado, a excepción de una docena de dirigentes como Bernardo Leighton, Radomiro Tomic o Andrés Aylwin. Algunos militantes democratacristianos ocuparon importantes cargos en el gobierno de la junta militar durante los primeros años a pesar de que entre las miles de víctimas de la represión había compañeros suyos.
82 Decenas de militantes de la izquierda chilena, sobre todo comunistas, combatieron con los sandinistas en Nicaragua antes y después del triunfo de la Revolución. Muchos de aquellos internacionalistas lucharon después por la democracia en su país en las filas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
83 Amorós, Mario: Entrevista a José Aldunate.
Noticias Obreras, 1ª quincena de marzo de 2001. p. 38.
84 Guilladudat y Mouterde, p. 137.
85 Amorós, Mario: “Hasta La Victoria siempre...”.
86 Aguilera, Oscar:
Operación Albania... Sangre de Corpus Christi. Santiago de Chile, 1996. p. 9.
87 El 30 de octubre de 1999 el juez Milton Juica procesó a los jefes de la CNI por la matanza del Corpus Christi. Pereyra, Daniel y Montoya, Roberto:
El caso Pinochet y la impunidad en América Latina. Pandemia. Madrid, 2000. p. 325.
