La ciudadanía es un concepto forjado inicialmente en la ciudad. Corresponde al estatuto de los hombres y mujeres libres ("el aire de la ciudad nos hace libres"). Este estatuto, conjunto de derechos y deberes, se realizaba mediante las instituciones de representación y gobierno en el ámbito local. Los Ayuntamientos, las "communes" o los "burgos", con su asamblea elegida y el control que ejercía ésta sobre el gobierno de la ciudad son el precedente de la democracia política europea y americana. El ciudadano era el habitante de "derecho" de la ciudad. Aun hoy en España se distingue la población de "derecho" de la población de "hecho" en cada municipio.
Pero el concepto actual de ciudadano está ligado a la constitución del Estado moderno. Es el Estado el que vincula ciudadanía con nacionalidad. El ciudadano es el sujeto político. El poseedor de un estatuto que le confiere, además de derechos civiles y sociales, los derechos de participación política. Se es ciudadano de un país, no de una ciudad. Se es ciudadano porque se posee una nacionalidad, regulada por un Estado y solamente vale este estatuto en el ámbito de ese Estado.
En la actualidad este concepto de ciudadanía no parece suficiente para integrar las nuevas demandas democráticas. Porque precisamente el concepto de ciudadano se refiere a una realidad dinámica. La ciudadanía se ha ido ampliando como resultado del desarrollo social y civil del Estado democrático. El estatuto de ciudadano en la segunda mitad del siglo XX es a la vez resultado del progreso civil (extensión hacia las mujeres y los jóvenes), social (Estado del Bienestar) y político (mecanismos de participación y representación más amplios y eficientes).
Pero parece evidente que este progreso ha entrado en crisis. Por una parte, en el ámbito del Estado-nación se produce la dificultad de mantener el Estado del Bienestar o de completarlo si existe sólo a medias. Se constata la falta de credibilidad y de capacidad de representación de los partidos políticos, la burocratización de las instituciones públicas, la multiplicación de las exclusiones. Por otra parte se crean nuevas uniones políticas y económicas supraestatales, más o menos intergubernamentales, la globalización económica genera situaciones asimétricas en la conflictividad social, que deviene poco productora de ciudadanía en tanto que la revolución informacional induce procesos dualizadores de los "in" y los "out".
En consecuencia, en la medida que la ciudadanía es para la gente lo que la democracia es para la organización política, no es posible separar progreso democrático de desarrollo de la ciudadanía, el cual tiene dos frentes abiertos.
El marco estatal en el que hay que defender los derechos adquiridos, ampliarlos a nuevos ámbitos y extenderlos al conjunto de la población. Y el marco supraestatal, en el cual hay que definir nuevas dimensiones de la ciudadanía, tanto por lo que se refiere a las uniones políticas y económicas "regionales" como al sistema económico e informacional mundial. El funcionamiento del sistema financiero, la Organización mundial del comercio y el Acuerdo multilateral de las inversiones son ejemplos de una mundialización sin democracia. Como lo son el mundo de las telecomunicaciones y el de las alianzas político-militares. En tanto que la inmensa mayoría de la humanidad tiene derechos restringidos para circular, informarse o trabajar. Y posibilidades cuasi nulas de controlar, estar representado o participar en los procesos característicos de la globalización.
En este artículo no nos referimos al conjunto de cuestiones planteadas en esta Introducción, sino únicamente al devenir de la ciudadanía en el marco de la Unión Europea. Aunque sean un ámbito y una perspectiva parciales, tienen la doble ventaja de referirse al "montaje" supraestatal posiblemente más desarrollado y permiten, en consecuencia, avanzar propuestas relativas a una ciudadanía supranacional, o, mejor dicho, a la dimensión supranacional de la ciudadanía, sin que estas propuestas sean utópicas.
Por otra parte el marco europeo es aquel en el que se manifiesta con más claridad una de las aparentes paradojas de la globalización: la importancia adquirida nuevamente por lo local tanto desde su dimensión institucional, como desde la sociedad civil.
Las ciudades no tienen competencia para transformar la ciudadanía, ligada al Estado y a la nacionalidad, y ahora también a la Unión Europea. No obstante, existen tres razones que justifican su implicación en el proceso de configuración de la ciudadanía europea:
Una razón histórica: la ciudad europea se encuentra en el origen de nuestra cultura política, democrática, de una concepción igualitaria de sus habitantes, del derecho como base de la autoridad y de la coexistencia de la sociedad como comunidad de hombres y mujeres libres.
Una razón social: la ciudadanía europea se concreta en un conjunto de derechos cívicos y sociales, que requieren instituciones y políticas públicas que las materialicen y las hagan realidad en la proximidad y, por tanto, en las ciudades y las regiones.
Una razón política: las autoridades locales, doblemente legitimadas por su representatividad política y por su proximidad con las problemáticas sociales, culturales y con los ciudadanos en particular, son más capaces y sensibles para contemplar el conjunto de derechos y de deberes que podrían formar parte de un concepto ambicioso de ciudadanía europea.
