Democracia y emancipación social - Quinta parte: La democracia hasta el final...

1. Nada de angelical

Este regreso crítico sobre las relaciones entre democracia y marxismo, no es un signo angelical. Primero, los atolladeros, a veces sangrientos, del "pasaje pacífico al socialismo" a lo largo del último siglo muestran que, cuando la burguesía es amenazada, no tiene que hacer democracia. En segundo lugar, la referencia al sufragio universal no es suficiente, incluso únicamente en el plano político, para definir un régimen democrático. En Francia, la V República está allí para demostrarlo. Finalmente, no se trata de fetichizar la boleta de voto: la movilización y la autoorganización de las masas son elementos claves de toda perspectiva de emancipación social.

Simplemente, tal perspectiva no puede hacer economía de una orientación de lucha alrededor/por el poder político y su transformación radical. Hoy el acento está puesto en la movilización por la base y una lógica de simples contrapoderes, sin que se vea todavía muy bien cómo podría reformularse una estrategia concreta que vaya en ese sentido.

Sin embargo, es indispensable definir una concepción de la democracia, en un ángulo político. A la vez su problemática de conjunto (con relación al pasado) y la manera en que esta problemática aclara puntos de vista institucionales. Y naturalmente, esto tiene consecuencias en el tratamiento de las respuestas actuales.

2. El momento necesario de la abstracción ciudadana

Si se retoma la fórmula de La cuestión judía, "la emancipación política constituye un gran progreso", es porque, por primera vez en la historia de la humanidad, ella dice que por principio todos los individuos son iguales ante la ley y el ejercicio de la ciudadanía; sea cual fuera su status social, su "raza" o su sexo. Marx le da mucha importancia a este momento histórico de la emancipación humana, aún cuando deba prolongarse con la emancipación social. Pero para él, todo ocurre como si este enunciado de igualdad político - jurídico abstracto de los individuos se volviera inútil en esta segunda etapa, mientras que sigue siendo necesaria. Aún cuando esta no es suficiente, la afirmación de igualdad político - jurídica de los individuos es una dimensión indispensable ("insuperable") de todo proyecto de emancipación.

Evidentemente, esta constatación general tiene una serie de consecuencias en cadena en gran número de cuestiones. Por ejemplo, como ya he indicado, la de las relaciones entre emancipación y trabajo, pero también en el tratamiento de las relaciones entre individuos y sociedad. Tomar como punto de partida para el enunciado de ciertos derechos al individuo abstracto y no al productor, es rechazar toda concepción orgánica y "fusional" de las relaciones entre individuo y comunidad. Y entonces, más allá de la crítica al individualismo mercantil, es reconocer que la "autonomía" tomada por el individuo frente a la comunidad es también "un gran progreso" en relación a las sociedades precapitalistas. Tratar sobre esto demandaría largos desarrollos. Solamente destacaré una cuestión, ya señalada en este texto.

Si el enunciado de igualdad político - jurídico abstracto de los individuos es una condición de existencia de la democracia, entonces un "poder público", para retomar la categoría de Marx en el Manifiesto del Partido Comunista, no podría prescindir de él; aún en una sociedad sin clases. Ahora bien, repitámoslo, para Marx - pero también para Lenin, Trotsky y muchos otros -, la perspectiva de agonía del estado no solamente es sinónimo de desaparición del carácter burocrático del estado, sino del "derecho igual" y de toda forma de poder político. ¿Y qué es entonces un "poder público" que funciona como poder político y que se reclama de la igualdad político - jurídica sino un estado en el sentido moderno del término? Aún cuando - y esto es decisivo - es no burocrático.

No nos podemos conformar con retomar la fórmula de agonía del estado, evitando estos problemas. Tanto que - acabamos de verlo - al romper "la separación de la ciudadanía política y de la existencia social" y al arraigar el poder en la producción, la problemática de la democracia soviética tenía como objetivo preparar la agonía del estado así comprendido.

3. Por una democracia ciudadana

La emancipación política, es la democracia en el sentido moderno del término; la que dice igualdad ciudadana y se desarrolla a partir de la dinámica abierta por la Revolución francesa. Queda por decir que esta definición de la democracia moderna no es la de la tradición liberal. Para esta última, la democracia se arraiga en la simple libertad de la persona, considerada en principio como un individuo privado consagrado a sus asuntos, en una sociedad civil que habría encontrado una forma de autorregulación casi natural: el mercado.

Este es, recordemos, el enfoque de Benjamin Constant en el siglo XIX, pero no se trata de historia antigua. Al contrario, este enfoque - por cierto "modernizado" - está en el corazón de la ofensiva neoliberal contemporánea que, en los años ´90, se ha desarrollado a través de una crítica de la dinámica abierta por la Revolución Francesa. Se ha vuelto conveniente, incluida la izquierda, explicar que, al poner en el centro la igualdad, esta última ha sido portadora de resbalones igualitaristas, que desembocan en el despotismo, incluso en el totalitarismo.

De hecho, la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano no sobreestima el lugar de la igualdad con relación a la libertad, pero plantea de manera particular las relaciones entre las dos. Lleva una dialéctica de "égaliberté", según una fórmula de Etienne Balibar , una exigencia repetida sin cesar de nuevos derechos que conciernen a la vez a la igualdad y a la libertad, como dos caras indisociables de los derechos del hombre. Esta es una dialéctica que no opone los intereses de la comunidad a los de los individuos, pero buscar realizarlos unos en otros. Por eso estos derechos también tienen una dimensión social: derecho a la educación, a la salud, etc.

Esta problemática basa los derechos del hombre en la ciudadanía. Por el contrario, la tradición liberal - fuerte en la cultura anglosajona - arraiga los derechos del hombre más arriba del orden político, al remitir a una naturaleza humana y/o a una sociabilidad ya dada por el funcionamiento "natural" (entendamos el mercado) de la sociedad civil, al que, simplemente, hay que ayudar a regular. El juicio que dice el derecho se convierte en la figura dominante. Por el contrario, poner en el centro a la ciudadanía, es tener una visión voluntarista, pretender, en nombre de grandes utopías, remodelar la sociedad civil. De hecho, la política se convierte en una simple técnica de gestión. En este principio de siglo, además de la de juicio - y de su doble, el gendarme -, la segunda gran figura es la del tecnócrata - gestionario.

Todo esto no sale únicamente del debate de ideas. La autonomización de los ejecutivos y de la "tecnoestructura" en relación con las asambleas electas es un rasgo fundamental - ya viejo - del desarrollo de los estados capitalistas. Y, ligado con el cuestionamiento de las experiencias sociales, conocemos los discursos sobre la necesidad de regular la sociedad civil vía el contrato, cuyo juicio es el garante, y no por la ley que remite a la ciudadanía. En cuanto a la propia ley, es a un Consejo Constitucional (u otro) no electo a quien le toca juzgar la validez; en nombre del derecho, por supuesto.

4. Autoorganización, democracia directa, democracia representativa

Antes de avanzar en sus dimensiones institucionales, es necesario volver a ciertas categorías utilizadas corrientemente.

La autoorganización, ligada con las movilizaciones de masas, ha sido un elemento clave de todos los procesos revolucionarios pasados y sigue siendo un elemento decisivo de toda perspectiva de emancipación social. Por definición, las estructuras de autoorganización son efímeras ya que están ligadas a una movilización puntual. Sin embargo, su dinámica también puede desembocar en la creación de un nuevo poder político o, al menos, ir en ese sentido; este es el caso de los soviets en los años ´20. En este caso se plantea un nuevo problema: ¿sobre qué bases debe funcionar este poder que, por definición, se inscribe en el tiempo? Todo esto es esquemático, pero apunta a distinguir los niveles de discusión. Si bien la referencia a la autoorganización es importante, no podemos conformarnos con eso cuando se trabaja sobre las formas de un poder político. Por lo demás, esto sería tener una visión mítica de la historia de las revoluciones y del movimiento obrero y hacerla creer: las discusiones sobre el poder político no se conforman nunca con hacer referencia a una fórmula tan general.

Viene entonces un tercer problema: el de las relaciones entre democracia directa y democracia representativa. Ya he subrayado el carácter indeterminado de la primer categoría. Así, se ha vuelto corriente hablar de democracia directa en el caso de consultas a los ciudadanos por referendum. El procedimiento puede presentar fuertes lógicas plebiscitarias, como en Francia durante la V República. Por el contrario, si los ciudadanos pueden tomar la iniciativa por sí mismos, como en Suiza, la lógica es más democrática.

En la tradición del movimiento obrero y popular, la referencia a la democracia directa se refiere en general a otra cosa: la toma de decisión directa de un grupo de individuos reunidos en "asamblea general". Esto está entonces muy ligado a la autoorganización. Sin embargo, a partir que se supera el nivel de asamblea general, se desemboca en un problema de sistema representativo. No solamente porque existe una delegación del poder, sino porque se plantea el problema de saber quién es representado. Así, un delegado electo por una asamblea de huelguistas para participar en un comité central de huelga representa a los individuos como miembro de un colectivo (la asamblea general) y no, como el diputado, al individuo como ciudadano abstracto; en consecuencia la representación se organiza en forma piramidal.

Esto vale tanto para la democracia directa, así entendida, como para la autoorganización. Fundamentalmente, las dos se apoyan en movilizaciones de masas, según una lógica más o menos conflictiva con los poderes instituidos. Y esta es una dimensión decisiva, incluso en una sociedad socialista. Sin embargo, si se razona en términos de formas institucionales de organización de un poder político, la pregunta para hacer es la de la articulación - posible o no - de prácticas de democracia directa con un sistema representativo. Pero, al mismo tiempo, es necesario especificar dos cosas. ¿De qué sistema representativo se trata, y también de qué prácticas de democracia directa? El referendum sobre la base de la ciudadanía tiene poco que ver con el voto de los individuos en una asamblea general.

5. Una doble problemática de representación

La democracia ciudadana de la que hablamos supone asambleas electas por sufragio universal sobre la base proporcional y designando ejecutivos responsables frente a ellas. Esta es una forma institucional relativamente clásica; desde la Revolución Francesa, su exigencia ha sido llevada adelante en general por las corrientes democráticas radicales, en nombre de la soberanía popular. Sin embargo, si bien la ciudadanía abstracta es indispensable, la soberanía popular no puede arraigarse en la sola abstracción del pueblo ciudadano.

Esto va de suyo en la sociedad capitalista en donde una de las funciones de la referencia a la abstracción del pueblo - ciudadano es - lo he destacado en la 2ª. Parte - disimular los conflictos de clase. Pero la constatación es también válida para el futuro, a menos que soñemos con una sociedad que se ha vuelto homogénea socialmente y transparente en sí misma. Por eso, si bien la existencia de una instancia electa por sufragio universal es indispensable, es necesario hacer penetrar en ella lo "social" y sus conflictos, en el seno mismo de la organización del poder político.

De allí una doble problemática de representación. Una está organizada sobre una base territorial, apoyada en la ciudadanía. La otra apunta a representar lo "social"; no entendido como un simple corte de la población en categorías "sociológicas", sino como representación de organizaciones, sindicatos, asociaciones, etc. de las que se dota la sociedad civil.

No se trata de institucionalizar los conflictos de clase o, más en general, los conflictos sociales - de todas formas esto es imposible -, sino definir dos principios generales de organización del poder público, bajo su aspecto político. Y no es posible liberarse de los cimientos institucionales, fuera del tiempo y del espacio, a partir de estos dos principios. Esto que sigue tiene entonces un simple valor de ilustración.

Una de las posibilidades es articular una asamblea electa sobre la base del sufragio universal con prácticas de democracia directa, en el sentido en que acabo de hablar. Este es el caso en Porto Alegre, en donde la municipalidad ha dividido esta ciudad en zonas que disponen de consejos y organiza regularmente sesiones de los delegados de los consejos y de los barrios. Pero el ejemplo muestra bien la dimensión local de este tipo de soluciones. Se ve mal, en efecto, cómo esta articulación podría realizarse sobre la base de una asamblea nacional electa con sufragio universal por razones no "técnicas", sino ligadas a la naturaleza misma del sistema de representación. La otra solución reside en el emplazamiento, al lado de las asambleas electas sobre la base del sufragio universal, de estructuras de tipo "segunda cámara social", representando a los sindicatos, asociaciones, etc. que defienden los intereses económicos y sociales de los asalariados y las capas populares que componen la inmensa mayoría de la población. Podría, entre otras cosas, estar dotada con un derecho de veto (o de propuesta) en lo que concierne a los derechos sociales fundamentales.

Esta organización del poder político asume entonces explícitamente una dimensión conflictiva, pero debe basarse en un principio enunciado claramente: la referencia última es la ciudadanía abstracta. Y se quiere hacer referencia a la democracia directa para reglar un conflicto entre una asamblea representativa y una "cámara social", es sobre la base del sufragio universal (referendum).

Estos ejemplos no agotan los problemas, ya que se plantean los de la articulación entre esta organización del poder político y formas de "democracia social" . Finalmente, queda una dimensión transversal, que toca todas las instituciones tratadas: la del lugar de las mujeres y la batalla por una presencia paritaria hombre/mujer en su seno.

6. Separar el poder político y las funciones administrativas

"La Comuna no tenía que ser un organismo parlamentario, sino un cuerpo actuante, ejecutivo y legislativo a la vez", explica Marx en La guerra civil en Francia. Aquí, no se trata de un simple ejecutivo ("el gobierno") electo por una asamblea, sino de funciones administrativas del poder que Marx propone fusionar con los órganos del poder político. Este enfoque, coherente con la propuesta de elección de funcionarios, está en el corazón de la problemática soviética. En sus tesis ya citadas para el 1º. Congreso de la Internacional Comunista, Lenin define el poder soviético por dos características: elección sobre la base de "unidades de trabajo", fusión del poder ejecutivo y legislativo.

Por lo demás, el punto de vista no es especialmente "proletario", se lo encuentra durante la Revolución Francesa. Sin embargo, toma un relieve particular en la perspectiva soviética por la que la estructura de base del poder (el consejo obrero) tiene por vocación reunificar en su seno el conjunto de las funciones ligadas a la gestión de la sociedad; tanto en el plano político como en el plano económico. Esta es, en resumen, la otra cara de la figura del ciudadano productor.

Se toca aquí una cuestión que demandaría un tratamiento particular: el análisis de las "funciones administrativas" y de la burocracia, en el sentido moderno del término. Yo me conformaría con una afirmación general: es necesario distinguir claramente la organización administrativa del poder de sus órganos políticos. No para hacer creer en la existencia de una función administrativa puramente "técnica". Esto no solamente es ilusorio sino, además, estas funciones no son socialmente "neutras". Generan - a escala de toda la sociedad - formas específicas de dominación que no coinciden totalmente con las producidas por la división en clases.

Este es un factor de burocratización subestimado por la tradición marxista, tanto en el plano teórico como práctico. Pero, justamente por eso, es necesario distinguir las funciones administrativas, como función específica. La fusión con los órganos políticos no puede más que fortalecer esta tendencia a la burocratización. A menos que se imagine a la futura sociedad en la forma de las viejas comunidades campesinas o artesanales, el poder público tendrá funciones administrativas. Pero, contrariamente a lo que creía Marx, no podría reducirse a ellas. Todo ocurre entonces como si la fusión de los órganos políticos y las funciones administrativas en el período transitorio en la que existe un poder político no fuera más que un medio para preparar la segunda etapa: la desaparición de la política en provecho de la sola administración de la producción.

Queda por decir que si las funciones administrativas no son neutras, es necesario cuestionar su organización capitalista. Si la noción de "fractura" del estado tiene un sentido, es en este terreno. No para suprimir todas estas funciones, sino para cuestionar radicalmente, en las empresas como a nivel del conjunto de la sociedad, la separación entre las tareas de concepción y las tareas de ejecución que está en la raíz de la dominación burocrática.

Es a partir de este doble enfoque que habría que tratar más concretamente a las reorganizaciones de las funciones administrativas; y no solamente a nivel del aparato de estado propiamente dicho.

7. El capitalismo contra la democracia

Esta última constatación muestra bien que una perspectiva democrática no puede atenerse solamente al problema de organización del poder político, porque se choca con la realidad del capitalismo cuya lógica profunda es cuestionar la democracia, impedir su verdadera expansión.

El capitalismo va en contra de la democracia, porque tiende permanentemente a restringir el ejercicio de la ciudadanía, en el plano directamente político, pero también, ligado con la división de la sociedad en clases, generando profundas desigualdades sociales que vuelven imposible el ejercicio de una ciudadanía igualitaria.

El capitalismo va en contra de la democracia porque, para él, esta última se detiene en las puertas de la fábrica y, en general, no concierne a la economía, cuyo funcionamiento se deja a las "leyes" del mercado. Y se ve mal como puede llamarse democrática una sociedad si - por principio - considera que no puede tener un control democrático sobre una dimensión esencial de su actividad: la actividad económica.

En resumen, una democracia política debe prolongarse en una democracia económica: y a este nivel, la reactivación de estructuras de tipo consejo obrero o comité de fábrica tiene toda su importancia. Más en general, la organización de una democracia económica, tiene efectos propios sobre la organización del poder político. Por eso, por otra parte, las propuestas institucionales hechas más arriba son parciales. Porque una democracia económica no puede más que cuestionar la propiedad privada capitalista de los grandes medios de producción y de cambio, en beneficio de su apropiación social. Sobre esto tratará el próximo Cahier de Critique Communiste titulado: "¿Qué democracia económica?".