El Franquismo - Estructura social y económica de España durante el Franquismo

El estudio de las estructuras sociales y económicas de la España franquista va a servir para esclarecer la base real en que se sostuvo una dictadura que duró 36 años y que, nacida en el objetivo primario de sus protagonistas para congelar esas estructuras e, incluso, hacerlas retroceder en el tiempo, sin embargo, y de forma paradójica, dio lugar, en un corto espacio de tiempo, a la mayor transformación económica y social que haya conocido España en toda su historia, de manera que terminó haciendo inviable la propia dictadura.

Para una correcta comprensión de las estructuras económicas y sociales sobre las que se impuso el franquismo y su posterior evolución es conveniente volver la mirada al pasado y comprender el proceso que hacía de España en 1939 un país profundamente rural, con una revolución burguesa fracasada y unas estructuras socioeconómicas arcaicas en contraste con los procesos de industrialización y cambio social que caracterizaban a las sociedades europeas en los umbrales del siglo XX4.

Las fases del proceso de desarrollo económico y la industrialización en España se han caracterizado por su naturaleza cíclica, alternándose períodos de progreso con profundas crisis (1840-8, primer ciclo capitalista; 1848-55, expansión industrial; 1855-68, gran ciclo ferroviario; 1868-74, gran auge minero; 1874-9, ferrocarriles y minas; 1879-87, la fiebre del oro; etc.). Sin embargo, con el cambio de siglo hace aparición una generación muy activa que llevó a cabo importantes transformaciones económicas en la agricultura, la industria y la actividad financiera, apareciendo la red bancaria moderna, consiguiendo establecer en el primer cuarto del siglo XX unas bases sólidas para el crecimiento industrial.

El proceso de modernización y transformación económica encontraba dos grandes obstáculos, primero en la persistencia de unas resistentes estructuras sociales tradicionales y segundo en la práctica inexistencia de un mercado nacional. Tal como apunta Carlos Moya, en el siglo XIX España liquidó los restos de su imperio precapitalista sin alcanzar el nivel de una potencia nacional moderna al carecer de un Estado nacional mínimamente racional como marco para un mercado de una clase nacional burguesa.

Otro grave obstáculo en la consecución de un mercado nacional era el enorme peso que sobre la economía nacional ejercían los intereses del capital extranjero en la segunda mitad del siglo XIX que impedían establecer una política económica coherente. Estas contradicciones incidían en un endémico conflicto entre librecambistas y proteccionistas, que enfrentaba al centro político con la periferia industrial, y que solo se resolvería con el triunfo de un proteccionismo reconciliado con los diversos intereses económicos.

El despegue industrial se había iniciado a mediados del siglo XIX centrado en la industria textil catalana, pero el tardío desarrollo de la siderurgia y la estructura de comunicaciones llevó al fracaso de la segunda fase de la industrialización, cuyo resultado político fue la falta de empuje de una burguesía industrial para encabezar una revolución que acabara con las estructuras semifeudales, lo que unido a su propia división en torno al proteccionismo o librecambismo, la esterilizó políticamente.

La estructura social de España durante el siglo XIX se componía de una gran mayoría de población campesina con un sistema de propiedad agraria semifeudal, un proletariado industrial muy reducido, y una clase burguesa muy débil numéricamente en la que concurría, además, el hecho de que sus núcleos más dinámicos, el vasco y el catalán, se vieron obligados, ante la actitud de la oligarquía centralista que prevaleció en Madrid, a renunciar a un proyecto político burgués de ámbito estatal a cambio de un proyecto nacionalista en el que sentían socialmente más fuertes. Esta estructura social y económica no se correspondía con la estructura política que los liberales españoles pretendían hacer viable para España a partir de 1808. Las contradicciones existentes llevarían a la burguesía a la vacilación política oscilando entre los intentos de alianza con los sectores populares y la formación de frentes comunes con la oligarquía terrateniente para combatir las demandas populares.

Se puede considerar dicha estructura social como un incompleto sistema de clases en el cual persistían fuertes elementos del sistema estamental, donde solo la aristocracia nobiliaria y la funcional tenían alcance nacional y dominaban políticamente. Y sobre esta estructura se montó el Estado de la Restauración como fruto de la reconciliación de liberales y carlistas, de la Iglesia y el Estado, y de la propiedad territorial con la burguesía financiera, y donde va a aparecer como clase dominante la aristocracia financiera. Esta integración entre las elites económicas y la oligarquía gobernante reconcilió la oposición entre librecambismo y proteccionismo, reconstruyó a la aristocracia como clase dominante e impidió la posibilidad de formar una clase nacional burguesa. El mecanismo para esta fusión fue las uniones familiares, la creación de numerosos títulos nobiliarios y las concesiones de monopolios, a través de lo cual se produjo la ascensión aristocrática de la gran burguesía vasca y catalana.

Solo en dos momentos pareció que la burguesía iba a perseguir sus propios intereses al margen y en contra de la aristocracia, el primero fue en 1808 y el segundo en 1917. Las posibilidades de triunfo en este último momento fueron frustradas por la actitud de la burguesía catalana que finalmente cambió de posición y pactó con la monarquía y la aristocracia terrateniente. Pacto sellado con la entrada de Cambó en el nuevo gobierno desde donde impulsó la racionalización política y económica de la restaurada nueva clase dominante. Como apunta Carlos Moya, de esta manera culminó el proceso de absorción por la aristocracia de las élites burguesas económicas, políticas y militares, que reconstruye el poder de la vieja clase dominante y racionaliza sus bases económicas y da un carácter especial al desarrollo del capitalismo español, que no cristaliza en una clase nacional burguesa sino en la restauración modernizadora de la aristocracia.

En cuanto a las clases medias5 del primer cuarto del siglo XX, se trataba de un sector poco numeroso y heterogéneo en el que se podía distinguir cuatro fracciones. Era evidente que la industrialización de la economía española necesitaba transformar la todavía anquilosada estructura de la propiedad existente a la altura de los años 30, lo que a nivel político y de relaciones de clases significaba alcanzar un cambio definitivo de hegemonía en el seno del bloque dominante, que había pasado desde la aristocracia latifundista a la burguesía financiera e industrial, y apartar a aquélla de los centros de decisión política que dominaba. El problema residía en que la industrialización española, facilitada por la política de Primo de Rivera, encerraba un acuerdo tácito que implicaba la intangibilidad de la estructura de la propiedad agraria y el mantenimiento del proteccionismo de una producción agrícola atrasada, lo cual constituía el fundamento de la aristocracia financiera

Pero en el cuadro político de la II República esto no fue posible, debido entre otras cosas a la conjunción de una crisis económica con la exacerbación de la lucha de clases. En la II República, las reformas emprendidas por el gobierno durante el primer bienio, y la actitud de la izquierda política y sindical, favoreció el liderazgo de los sectores agrarios opuestos a cualquier modernización que tocase la arcaica estructura de propiedad, y llevó a gran parte de la patronal hacia posturas antiliberales y de enfrentamiento con el régimen republicano, acabando en el apoyo al levantamiento militar y al régimen derivado de él. La II República era una estructura política incompatible con el proceso de reestructuración de la vieja clase dominante llevado a cabo a través de la aristocracia financiera. El peso aún fundamental de los intereses agrarios se oponía a cualquier intento de llevar a cabo las medidas que completasen una revolución burguesa como se intentó en el primer bienio. Por otro lado, la exasperación de la clase trabajadora, especialmente debido a la situación campesina, que la llevó a sobre que estratos sociales caben en cada una de las clases. A pesar de esta diferencia en las cifras, si existe coincidencia en lo que consideramos lo principal, es decir, en los cambios acaecidos en la estructura social, en la dirección que toma este cambio y en sus repercusiones políticas, no encontrando por ello mismo necesario entrar a comentar aquellas diferencias. una situación insurreccional en determinados momentos, y el ambiente internacional van a completar una situación que consiguió proveer de una base de masas a los proyectos contrarrevolucionarios que sustentaban las clases dominantes.

Con esta situación, la II República puede ser interpretada como un intento inicial por parte de la fracción más modernizadora de las clases medias de asumir un mayor protagonismo político a través de una alianza con la clase trabajadora, cuya expresión política fue la conjunción republicano-socialista del primer bienio. Sin embargo, dicha alianza tenía bases endebles debido a la división de la clase media y a la rápida radicalización de la clase obrera. De esta manera, a partir de 1934 se produce un cambio de alianzas de las clases medias urbanas que pasan a asociarse con la alta burguesía y la oligarquía terrateniente por miedo a una revolución proletaria, temor que es reforzado por la radicalización del problema religioso.

Desde un punto de vista de clases, el levantamiento militar que originó la guerra civil en España fue la expresión general de una coalición de fuerzas reaccionarias de derechas6. El bloque de clase que apoyó la sublevación militar de 1936 lo componían dos sectores sociales diferenciados en sus intereses y expresiones políticas. El primero de ellos lo componía la oligarquía terrateniente y la alta burguesía industrial y financiera, es decir, la aristocracia financiera; el segundo sector estaba compuesto por los sectores más conservadores de las clases medias.

Según Alfonso Ortí existió una “proclividad genérica al fascismo” de la alta burguesía patrimonial española entre el fracaso de la República de 1873 y la guerra civil de 1936 debido a su incapacidad para sostener un sistema de parlamentarismo oligárquico. Esta proclividad, unida a una situación de latente o abierto conflicto social, hizo que la pequeña burguesía patrimonial reprodujese estas tendencias prefascistas con rasgos propios.

El apoyo al franquismo de una gran parte de las clases medias ya venía prefigurado en el apoyo que brindaron durante la Segunda República estas clases a los partidos contrarrevolucionarios y antirrepublicanos, especialmente a la CEDA. Este partido aglutinó los intereses de las clases medias, la oligarquía agraria y algunos elementos de la financiera. En realidad, las clases medias rompieron en la Segunda República, solo de manera momentánea, el pacto tácito que venían manteniendo con la oligarquía terrateniente y financiera. La CEDA lo recompuso convirtiéndose en la expresión política de la coalición de las clases dominantes.

Otro partido que aglutinaba una cierta base de masas de apoyo al franquismo fue el carlismo: sus partidarios, fundamentalmente rurales, lo formaban pequeños y medianos propietarios campesinos, arrendatarios y aparceros, artesanos, clero y un sector minoritario católico de la burguesía; y se mantuvo como fenómeno de masas en el País Vasco y sobre todo Navarra. Las otras dos fuerzas antirrepublicanas, Falange y Renovación Española, no consiguieron ninguna base de masas que aportar al franquismo antes de la guerra, aunque la primera conoció una afiliación masiva con el inicio de la guerra civil, pasando de 75.000 miembros a cerca de un millón a finales de 1939, y la segunda intentó sustraer la base de masas de la CEDA a través del Bloque Nacional.

Alfonso Ortí señala que las fracciones más reaccionarias de las viejas clases medias patrimoniales existentes en los años 30 en España (las fundadas sobre la propiedad y la independencia y compuestas por terratenientes medios y pequeños propietarios, comerciantes, profesiones liberales, artesanos y trabajadores independientes) habían establecido una alianza defensiva y antiobrera con la aristocracia financiera, que tras la guerra acuerda la construcción del sistema económico autárquico basado en un fortalecimiento de la pequeña producción, compatible con un alto grado de concentración financiera7, y la sobreexplotación de una fuerza de trabajo derrotada y sin instrumentos de defensa.

En relación con la anterior situación de las clases dominantes, también se había producido durante la guerra civil una importante transformación en su estructura y había pasado a ser una clase de ámbito estatal, frente a la anterior situación caracterizada por su segmentación regional y una diferente representación e influencia en los órganos del poder central. Con el franquismo se termina de consolidar el proceso de unificación de las clases dominantes. Si anteriormente se había venido produciendo la absorción por la aristocracia de la gran burguesía industrial y sobre todo el sector financiero, ahora el proceso se completaba con la homogeneización en el ámbito territorial.

En lo referente a la política económica seguida por el franquismo se pueden distinguir cinco fases diferentes: La primera se extiende entre 1939 y 1951 y se caracterizó por la autarquía, la inflación y el estancamiento. La segunda, de 1951 a 1956, aún marcada por la autarquía, sin embargo conoce una cierta recuperación de la renta nacional en contraste con el estancamiento anterior. La tercera, ente 1957 y 1959 se caracteriza por la búsqueda de un nuevo equilibrio. La cuarta discurre entre 1959 y 1964, y en ella, a partir del Plan de Estabilización, se produce un rápido crecimiento económico. La última se inicia en 1964 y se caracteriza por la planificación indicativa.

Acabada la guerra civil, la reconstrucción de la economía nacional se llevó a cabo mediante una estrecha alianza entre el Estado franquista y la aristocracia financiera dando lugar a un capitalismo monopolista de Estado mediante el cual éste, a través de una compleja y ramificada red de empresas y servicios, controló y dirigió la economía. El objetivo de este mecanismo era servir a los intereses del capital monopolista; José Luis García Delgado apunta a dos mecanismos a través de los cuales se obtenían dichos objetivos: uno va a ser la aplicación de la legislación a la libertad de industria que favorecía a las empresas ya establecidas y, sobre todo, y en segundo lugar, mediante la concesión a los grupos patronales de una participación efectiva en las medidas de la política económica en materia de instalación industrial y de asignación de cupos de materias primas. Entre 1939 y el Plan de Estabilización las formas que adopta el capitalismo monopolista se corresponden a grandes rasgos con las que tuvo en Alemania e Italia bajo el fascismo, cuyo objetivo era superar en el plazo más breve posible su retraso en relación con los países más avanzados.

En esta primera etapa el protagonismo militar fue decisivo para el despegue industrial a través de la creación y dirección del INI, pues tal y como apunta Carlos Moya:

“solamente los militares tenían capacidad de decisión suficiente para romper con la inercia de la pura restauración de los viejos intereses " reconquistados", resolviendo así la ambigüedad tradicional de aquella élite económica cuyo control financiero sobre la industria nacional estaba demasiado vinculado al tradicionalismo de sus viejas o nuevas explotaciones agrarias y a sus acuerdos internos de tipo más o menos oligopolístico. Frente al restaurado poder económico de la aristocracia financiera, excesivamente ocupada en consolidar y asegurar sus recuperados dominios, solamente los militares, apoyados en la propia legitimación y fuerza, tenían poder para dar un impulso nuevo a la reconstrucción y desarrollo industrial del país”.

La autarquía suponía la subordinación de la economía a las exigencias políticas en un Estado que si bien representaba a las clases dominantes, no era una simple herramienta de éstas, pues mantuvo un importante grado de autonomía respecto a los grupos integrantes del bloque dominante. Con el nacionalismo como motor ideológico, la intervención estatal, a través del INI, no buscaba, por supuesto la sustitución del capitalismo, sino complementar la iniciativa privada en los sectores donde la incierta rentabilidad no atraía a las conservadoras élites económicas. La base de la industrialización fue la concentración política de la élite financiera en torno al Estado franquista, primero controlando el sistema crediticio y luego impulsando la industrialización bajo el estímulo del reto del INI. Las élites que, a partir de 1939, reconstruyen y luego racionalizan la economía se estructuran a partir del núcleo dominante de la aristocracia financiera. En este período se produjo un trasvase forzoso de capital desde el campo a la industria, sirviendo de financiación en la industrialización y capitalización de los años 40 y 50.

En relación con la estructura social en esta primera etapa del franquismo, los estudios del profesor Ros Gimeno sobre estructura social en los años 50 arrojan, tomando como base la ocupación de la población, la siguiente proporción: 0,1% de clase alta; 34,1% de clase media y 65,8% de clase trabajadora. Para el año 1960, Cazorla Pérez presupone la existencia de 1% de clase alta como constante en todas las provincias y estima que el resto se divide entre un 38,8% de clase media y un 60,2% de trabajadores. Destaca en estas cifras la expansión de las clases medias que, según Ramón Tamames, no representaban más que un 17% de la población en 1939 y que encuentra las razones de este crecimiento en el aumento de los profesionales, la burocracia del estado y los pequeños y medianos empresarios industriales y agrícolas, al conjunto de los cuales considera profranquistas hasta finales de los 50.

Sin embargo, la intervención intensiva del Estado en la economía y la política autárquica de este período, llegado a un determinado nivel, apareció contradictoria con las exigencias del desarrollo económico capitalista que exigía su integración en el mercado mundial. En los años 50 se acelera el crecimiento económico debido a la ruptura del aislamiento internacional, pero también gracias a la acumulación forzada llevada a cabo en el período anterior sobre la base de una explotación intensiva de la clase obrera. A mediados de los 50 se empezaba a apreciar los cambios en la orientación que llevarían a la liberalización de la política económica. La reactivación de la economía a partir de la nueva orientación llevaría, por un lado, a un cambio en la dinámica de las relaciones industriales entre empresarios y trabajadores, que en 1956 se plasman en dos decretos que inician los cambios en el sistema de relaciones laborales; por otro lado, se incrementa la participación de España en las instituciones del capitalismo internacional al entrar a formar parte de del FMI, el BM y la OECE en 1958.

El Plan de Estabilización, a partir del cual va a cambiar profundamente la estructura social y económica de España, vino precedido por una etapa de precalentamiento iniciada con el cambio de gobierno de 1957. La puesta en marcha del Plan vino precedida por el apoyo de las instituciones privadas y públicas del capitalismo internacional. Una de sus medidas, la devaluación de la peseta, fue compensada con importantes créditos extranjeros (FMI, OECE, gobierno y banca norteamericanos). Las otras medidas orientadas a favorecer la inversión extranjera se vieron rápidamente coronadas por el éxito. Se trataba de la aplicación de un modelo ortodoxo de estabilización. El Plan, que sería el inicio de un cambio inmerso en la economía española, sin embargo exigió importantes sacrificios iniciales que recayeron sobre la clase trabajadora (congelación de salarios entre 1957 y 1961).

Conviene igualmente despejar el auténtico significado de este desarrollo económico. Primero, porque el desarrollo impulsado por el régimen, tenía unos beneficiarios claramente apuntados en el informe emitido por el Banco Mundial en 1962, en el cual se recomendaba que los recursos y capitales públicos fuesen puestos a disposición de los intereses privados. Para ello el gobierno empleó dos instrumentos: las acciones concertadas entre el gobierno y las empresas, y los polos de desarrollo regional, que sirvieron de instrumentos para el trasvase de dinero público al sector privado. También, porque no se trató de un hecho excepcional, como intentó capitalizar la propaganda franquista a su favor, pues la transformación no fue muy diferente a la experimentada por otras economías occidentales en la postguerra; la diferencia fue sobre todo temporal, y se saldó con una década de retraso. Por último, porque el desarrollo se produjo más a pesar de la política gubernamental que por ella. Lo importante, en opinión de Fusi, fue la política de apertura y liberalización económica de 1957-9, el resto fue gracias a factores ajenos a la responsabilidad gubernamental: el boom europeo, los ingresos por turismo, las remesas de emigrantes, las inversiones extranjeras y un excedente de mano de obra que abarataba los costes del trabajo.

Entre 1959-69, España pasó de ser un país agrario a uno industrial y urbano y esto se reflejó en la propia estructura productiva del país. La desruralización masiva y migraciones internas hacia los centros urbanos industriales fue la responsable de que entre 1964-74 la agricultura pasase del 22% del PIB al 9%, la industria del 35% al 38% y los servicios del 43% al 53%.. En términos de ocupación esto se tradujo en que el sector agrícola pasó del 41,7% de la población activa en 1960 al 29,2% en 1970, el sector de obreros industriales pasó del 32,6% en 1964 al 33,2% en 1976; y que el sector terciario pasó del 39% en 1973 al 52,2% en 1987, quebrándose definitivamente la estructura agraria tradicional y pasando la reforma agraria de ser un problema político a uno técnico.

Traducido en términos de distribución de clases sociales, esta transformación económica y social en 1970 significaba, según el Informe FOESSA8, que la clase alta representaba el 0,5% de la población, la clase media alta el 6%, las clases medias y medias bajas el 49%, y la clase obrera el 32%, existiendo por debajo de ella 3 millones de pobres. Siendo lo más destacable el relativo crecimiento de las clases medias y de los trabajadores industriales. Las primeras pasaban de representar un 25% en 1950 a un 49% en 1970. Pero además, se había producido una importante transformación en su seno: la antigua clase media compuesta de estratos preindustriales (pequeños rentistas, profesiones liberales, comerciantes, etc.) y los pequeños empresarios industriales, veía crecer a su lado, de manera pujante, una nueva clase media profesionalizada fruto de la transformación, a gran escala, de aquellas tradicionales clases medias a través de la educación superior y del aprendizaje técnico.

El cambio en el modelo económico, acaecido a partir de 1959, generó una dinámica que diversificaba las clases que se habían venido beneficiando del franquismo. Así, mientras el nuevo rumbo beneficiaba claramente a un sector, el de la burguesía industrial y financiera, marginaba a cierto tipo de clases medias que, sin embargo, mantenían un peso político desproporcionado a su importancia social. En tanto que las viejas clases medias perdían importancia económica y social con el nuevo proceso, aparecían unas nuevas clases medias, compuestas sobre todo por técnicos y empleados, fruto de la expansión del gran capital y del Estado. Estas nuevas clases medias no se sentían ya vinculadas a los proyectos reaccionarios de los partidos de la Segunda República ni a su continuador, el franquismo, y algunos de sus sectores. Los datos procedentes de este Informe han sido tomados de Juan Díez Nicolás y Juan del Pino Artacho, op., cit. como los estudiantes o los profesionales, se incorporaron a la oposición antidictatorial especialmente en la última etapa del régimen. Esta desafección de uno de sus pilares sociales fundamentales era reforzada por el propio alejamiento, también contradictorio, de su principal instancia de legitimación, la Iglesia católica.

En cuanto a los trabajadores, en la década de los 70 se formó por primera vez una clase obrera numerosa y distribuida por toda la geografía española, representando el 37,3% del total de la población activa en contraste con el 24,9% ocupado en la agricultura. En relación con este dato Flaquer, Giner y Moreno apuntan que:

“la nueva y vasta clase obrera que surgió a medio de los años sesenta en España difería en muchos sentidos de la de los países de Europa occidental. En primer lugar, la mayor parte era proletaria, en el sentido clásico de la palabra: pobre, no especializada, con un índice de semianalfabetismo muy elevado, y con una cultura política muy limitada. En segundo lugar, la proporción entre los tres elementos subproletariado-proletariado-clase obrera especializada era diferente según la zona geográfica y asentamiento. El ritmo de crecimiento del número de obreros especializados fue mayor que el de los no especializados. La mayor terciarización de la economía española también dejó sentir sus efectos. En 1971, la población activa no manual había alcanzado la cifra aproximada del 37%, lo cual contrastaba con un mero 28% que ocupó esa misma población en 1966. Se trata de una velocidad de cambio muy intensa, hasta en condiciones de modernización rápida”

Como apunta Tezanos, esta transformación de la estructura social se produce:

“de acuerdo no con las pautas del capitalismo de principios de siglo, sino en las coordenadas de lo que son las sociedades industriales avanzadas de nuestro tiempo. Es decir, la emergencia del sistema de clases propio de una sociedad industrial moderna se caracteriza, también en la España contemporánea, por una presencia importante de activos empleados en el sector servicios, un aumento de los niveles de cualificación de los trabajadores industriales y una creciente importancia de los sectores de asalariados de " nuevas clases medias " (oficinistas, vendedores, técnicos, profesionales, etcétera).

Es decir, la actual estructura de clases española presentaba rasgos de indudable complejidad que tiene su raíz tanto en elementos condicionantes globales como en diversos componentes de heterogeneidad interna”. Para este autor, como consecuencia precisamente del franquismo, la industrialización y el surgimiento de un sistema de clases moderno no solo se produjeron con retraso respecto al resto de los países europeos de nuestra área, sino que adquirieron unas peculiaridades propias, y así la emergencia del sistema de clases propio de la sociedad industrial lo hizo de acuerdo con las características propias de las sociedades industriales avanzadas.

El mejor resumen de la importancia de los cambios en la estructura ocupacional acaecidos en el último período del franquismo lo aporta el propio Informe FOESSA que los describe así:

“1) En el periodo 1860-1966, un descenso sistemático pronunciado de la clase de los jornaleros del campo y un ascenso paralelo de los obreros urbanos, proceso que se reafirma en los últimos años.

2) En el mismo período, un descenso muy lento de los agricultores y un ascenso lento de clases medias urbanas.

3) En el periodo 1965-1971, se agudizan todos los procesos anteriores y se puede ver que el cambio es vertiginoso. Un hecho nuevo es la detención de la ampliación del estrato obrero y el más rápido incremento del sector de las clases medias urbanas

4) En resumen se puede decir que la pirámide de ocupaciones de 1971 se va a distanciar más de la de 1950 que la de esta última en relación con la de 1860. Es decir, el cambio social en este aspecto se va a producir en un par de décadas, y supera en magnitud al que había tenido lugar a lo largo de todo un siglo.” 9

También hay que destacar, a nivel de la transformación de la estructura de clases, el desplazamiento de los centros de poder de la aristocracia financiera, tal como se había estructurado en la Restauración, en favor de una nueva élite vinculada a la banca (que jugó un papel relevante en la financiación del desarrollo y obtuvo cifras récord de rentabilidad), a los sectores empresariales más dinámicos y a los cuerpos más calificados de la administración. Pese a la reforma bancaria de 1962, la banca privada, y en particular, los siete bancos mayores, continuaron controlando los recursos financieros y el sistema crediticio del país10. El desarrollo fortaleció el poder económico de la banca. Ello tuvo un reflejo fulminante en la estructura social del país.

La élite bancaria11 pasó a constituir el núcleo con más capacidad de poder económico y social de la clase alta española. Un estudio de 1969 distribuía la población activa por clases e incluía en la clase alta a 54.111 personas, a la clase media alta pertenecían 170.000, y 2.800.000 personas eran situadas en la clase media; como trabajadores eran clasificados 8,5 millones.

En definitiva, la dinámica de la racionalización y la burocratización potenció la dimensión de la élite financiero industrial – aparecieron nuevos ejecutivos en paralelo a los nuevos tecnócratas con intercambio de posiciones entre ellos, ampliando de esta manera el círculo de la clase dominante - en perjuicio de la dimensión aristocrática, y la clase dominante se reestructuró en función de las exigencias de la nueva sociedad industrial. El proceso es perfectamente descrito por Carlos Moya:

“Cuando la dominación político social alcanza el nivel “moderno” de la racionalización burocrática correspondiente a las grandes organizaciones públicas y privadas, se produce una movilización ascendente de élites y altos cuadros incompatible con toda residual dominación del tipo aristocrático estamental: en esta movilización vertical, jugarán, por supuesto, un papel clave ciertos sectores de los las clases medias. En nuestro país, el núcleo central de una aristocratizante clase altas se ve limitado en su poder tradicional por ese proceso de movilización horizontal y vertical de los nuevos altos cuadros y ejecutivos, imponiendo progresivamente un estilo relativamente “burgués y moderno” en amplios sectores de la clase alta. Pues con el creciente proceso de burocratización a que viene sometida nuestra sociedad, el enorme poder tradicional de aquella vieja y restaurada clase dominante sólo se puede mantener hoy en funcionamiento mediante esa reestructuración modernizante de una clase altas en la que aquella élite decisiva vendría englobada”.

El cambio de gobierno de 1957 expresó la modificación que había acaecido en el equilibrio de poder dentro del bloque social que apoyaba al franquismo mediante la cual el capital financiero se había convertido definitiva e irreversiblemente en hegemónico.

El desarrollo industrial de los 60 en España se realizó bajo el predominio del capital bancario12. Las implicaciones que Paramio y Reverte extraen de este hecho son:

Por un lado, que la fracción terrateniente había perdido la posición hegemónica en el bloque dominante al no ser ya la dominante en el plano económico; y por otro, que el desarrollo del capital industrial en este período se realiza bajo la tutela del capital bancario con el que se fusiona. Pero además, la hegemonía del capital financiero se consolida en cuanto consigue estar representado en el poder por el gobierno de los tecnócratas y al transformarse en dominante la ideología desarrollista que desplaza a la nacionalsindicalista en las zonas urbanas. Entre 1959 y 1969 la lucha entre los dos sectores que representan es enconada. Los planes políticos y económicos del grupo de tecnócratas tenían cierta coherencia, de un lado impulsaban desde el Estado la racionalización del proceso económico, su ligazón al mercado mundial, a la vez que recionalizaba y burocratizaba la gestión de la administración pública; de otro lado, desde la vertiente política abogaban por un Estado autoritario, desarrollista, basado en una monarquía tradicional. Otra cuestión era las posibilidades reales de éxito que tenían esos planes.

Sin embargo, para ambos autores la victoria definitiva de los tecnócratas en 1969 supone paradójicamente la ruptura del vínculo que mantenían con el capital financiero. Esta ruptura es consecuencia del agotamiento que se percibe en el modelo económico y que lleva a las fracciones más esclarecidas de la burguesía a plantearse tanto la instauración de un régimen más abierto que garantice a largo plazo el mantenimiento del sistema de dominación, como la transformación de las bases del sistema económico. Con ello se abre una crisis de hegemonía en el bloque dominante, debido fundamentalmente a la ausencia de una representación eficaz en el gobierno de alguna de las clases o fracciones de aquel que puedan aspirar a la hegemonía. El gobierno de 1969, preponderantemente del Opus Dei, no era el adecuado para realizar las nuevas tareas que demandaba el capital financiero al estar presidido por el almirante Carrero. El Estado franquista demostraba así, todavía al final de su ciclo, su capacidad de autonomía incluso respecto de los intereses económicos más afines. Esta crisis en el bloque dominante ya no se cerrará hasta la transición democrática, adoptando durante el período final del franquismo una actitud de ganar tiempo y de cerrar filas en tanto se consolida un nuevo sistema de legitimidad que consolide su sistema de dominación.

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4 La elaboración de esta parte se he apoyado en los siguientes trabajos: Carlos Moya Valgañón, “Las élites económicas y el desarrollo español”, en Salustiano del Campo (ed.), La España de los años 70: La sociedad, Madrid, Moneda y Crédito, 1972. Juan Díez Nicolás y Juan del Pino Artaco, “Estratificación y movilidad social en España en la década de los años 70”, en Salustiano del Campo (ed.), La España de los años 70: La sociedad, Madrid, Moneda y Crédito, 1972. Lluis Flaquer, Salvador Giner y Luis Moreno, “La sociedad española en la encrucijada”, en Salvador Giner (ed.), España. Sociedad y política, Espasa-Calpe, Madrid, 1990. Ramón Tamames, La República. La era de Franco, Alfaguara, Madrid, 1976 José Félix Tezanos, “Clases sociales”, en Salvador Giner (ed.), España. Sociedad y política, Espasa-Calpe, Madrid, 1990. Juan Pablo Fusi, “La década desarrollista (1959-1969), en Juan Pablo Fusi, Sergio Vilar y Paul Preston, De la dictadura a la democracia, Historia 16, Extra XXV, Madrid, Febrero 1983. José Luis García Delgado, “Estancamiento industrial e intervensionismo económico durante el primer franquismo”, en Joseph Fontana (ed.), España bajo el franquismo, Ed. Crítica, Barcelona, 1986, pág. 184 Alfonso Ortí, “Estratificación social y estructura del poder: viejas y nuevas clases medias en la reconstrucción de la hegemonía burguesa”, en Política y sociedad. Estudios en homenaje a Francisco Murillo Ferrol, CIS, Madrid, 1987, vol.2 Ludolfo Paramio y Jorge M. Reverte, La crisis de hegemonía de la burguesía española, 1969-1979, Zona Abierta, Nº 23, 1980

5 A lo largo de este epígrafe se va a utilizar la división de la estructura social más citada por los diversos autores consultados al respecto, es decir, aquella que hace referencia a las clases altas, medias y bajas. No obstante, se advierte que se encuentran variaciones en las cifras referidas incluso a un mismo período dada la existencia de una cierta ambigüedad diferenciadas por su mentalidad, ocupación y situación social: el sector rural de pequeños propietarios agrícolas; el que se denomina actualmente sector de cuellos blancos, es decir, la burocracia pública y empleados administrativos privados; los pequeños empresarios industriales y mercantiles, y el sector formado por las profesiones liberales. Esta heterogeneidad las hacía debatirse políticamente entre el reformismo y el conservadurismo, lo que unido a su debilidad numérica explica su falta de peso político.

6 Esta es una interpretación dentro de las varias que se verán más abajo sobre la naturaleza del franquismo.

7 En los años 40 los cinco bancos más importantes (Central, Español de Crédito, Hispanoamericano, Bilbao y Vizcaya) crecieron a un ritmo sin precedentes con un aumento de los beneficios anuales del 700%. En 1950 controlaban el 65% de los recursos financieros movilizados en España. Recogido en Stanley G. Payne, El régimen de Franco, Alianza Editorial, Madrid, 1987, pág. 403.

8 Fundación FOESSA, Informe Sociológico sobre la Situación Social de España, 1970, Euroamérica, Madrid, 1971

9 Fundación FEOSSA, Informe...., op.,cit., pág. 537

10 Ramón Tamames apunta que la reforma bancaria de 1962 no fue más que un simple intento de suprimir exteriormente alguno de los elementos de privilegio más claramente visibles de la banca privada, pero que la situación de fondo no cambió sustancialmente y tras la reforma la posición de los grupos financieros se fortaleció.

11 Ramón Tamames estimaba en unas 1000 personas el grupo constitutivo de la oligarquía financiera.

12 Ramón Tamames indica que el núcleo fundamental del poder económico reside en la banca privada, y más en concreto, en la banca mixta donde la concentración económica es muy elevada y controla los restantes sectores de la economía española a través de una tupida red de consejeros comunes entre los bancos y las principales sociedades mediante unas interconexiones configuradas normalmente como agrupaciones de empresas en torno a un gran banco mixto.