El país por un dinerito - Bush Iám sorry, Chavez is crazy (III)
18 de Enero de 2006
Historia, Pensamiento y política
El ocaso del patriarcado político y económico
El gobierno del Jaime Lusinchi (1984-1989) fue realmente un gobierno que se dedicó a crear a través de los medios una auténtica Venezuela virtual.
El señor no sólo se dio el lujo de andar con su barragana “pa´rriba y pa ´bajo” y permitir que esta, Blanca Ibañez, gobernara el país, sino que, además, nos vimos obligados a ver en la televisión a cada rato a la madre de este diciéndonos “lo bueno que era su hijo y todo lo bueno que hacía por la nación”.
Por esos días sorprende que las famosas organizaciones destinadas a vigilar que los gobiernos no cometan excesos, como la OEA, las Naciones Unidas o la Asociación Latinoamericana de Periodismo, entre otras, nunca dijeran nada acerca de la persecución, tortura y asesinatos de aquellos periodistas que se atrevieron a asomar su crítica al gobierno. Curiosamente, si uno trata de investigar qué ocurrió concretamente durante el período de Jaime Lusinchi, es muy poca la información que podemos hallar. Cuando Lusinchi entregó el gobierno a Carlos Andrés Pérez el 2 de febrero de 1989, entregó un país quebrado. Sólo en lo referente a nuestras reservas internacionales, estas habían disminuido durante su gobierno de 10.000 a 300 millones de dólares.
Durante la campaña política a la presidencia de 1988, tanto Carlos Andrés Pérez por AD como Eduardo Fernández por COPEI, manifestaron la necesidad y su compromiso por la Reforma del Estado. Dicha reforma, en realidad, había comenzado durante los últimos meses del gobierno de Lusinchi y se convertía en obligación del siguiente gobierno, ya que el Congreso Nacional la aprobó antes de que Lusinchi terminara su mandato.
Durante las elecciones de 1988, la mayoría de quienes votaron por Pérez no lo hizo de manera razonada y sobre la base de criterios sólidos, sino a ciegas de lo que en verdad había estado ocurriendo en el país y sobre la base de la expectativa de que este gran padre simbólico, que supuestamente en el pasado lo había hecho bien, nos reconduciría nuevamente a la abundancia y a la prosperidad de su primer gobierno. La confrontación con la realidad no se hizo esperar. Catorce días después, el 16 de febrero, Pérez anunció el famoso “paquete de medidas económicas”, que contradecía su discurso de toma de posesión.
Su paquete económico, contempló, entre otras medidas, someterse al programa de ajustes económicos del FMI para obtener un préstamo de 4.5oo millones de dólares; unificar la tasa cambiaria, lo que significó eliminar RECADI; liberar los precios de todos los productos con excepción de 18 renglones de la cesta básica; reforma del sistema tributario; sincerar los precios de los servicios públicos, lo cual implicaba el aumento de las tarifas de teléfono, agua, luz, aseo…; aumento de productos derivados del petróleo, entre ellos la gasolina que aumentaría en un 100%; congelar los cargos de la administración pública; y la participación de la banca internacional en el sistema financiero nacional.
Como compensación de estos cambios, Carlos Andrés creó una serie de medidas como el aumento entre un 5 y 30% de los sueldos de los empleados públicos; subsidios a los productos de la cesta básica; becas alimentarias, la creación de 42.000 hogares de cuidados diarios; apoyo a microempresas; plan de consolidación de barrios…. Fueran cuales fueran sus verdaderos motivos, podemos decir que Carlos Andrés se proponía iniciar un cambio profundo en las estructuras del país. La transformación de dichas estructuras realmente eran necesarias dada la realidad concreta que estábamos viviendo.
El cambio que se proponía Carlos Andrés, no eran simples reformas. En su conjunto se trataba de transformaciones que afectaban el sagrado orden social establecido hasta entonces, lo cual afectaba directamente las estructuras de poder del sector económico y partidista y, por supuesto, toda una serie de intereses creados, al que ningún grupo de poder estaba dispuesto a renunciar. Fue un cambio que inició y produjo desconcierto, grandes descontentos, oposición, resistencia, pues iba en contra de las expectativas de la mayoría de la gente, que seguía pensando de manera mágica y fantasiosa en un pasado de prosperidad artificial y efímera.
El empresariado se resistía a perder toda la serie de prevendas, protección y subsidios del estado. La clase media quería recuperar cuanto antes su capacidad adquisitiva y aspiraba volver pronto a los buenos tiempos de fines de semana en Miami, el Whiskisito… Los partidos políticos vieron que perderían su poder y capacidad de manipulación desde los cocuyos de los partidos debido a la descentralización del poder y las elecciones locales de gobernadores, alcaldes… Ya que no hubo una reacción favorable a los cambios planteados por Pérez, ni hubo diálogo entre los diversos sectores del país y el gobierno, este simplemente como buen patriarca decidió imponerse, lo cual conllevó, a su vez, a una crisis de gobernabilidad del país.
La gente, habituada a su inercia y a que todo lo resolviera el gran padre simbólico, sólo quería que Pérez resolviera todos los problemas del país sin tener que realizar cambios significativos en su actitud personal y social. Ni siquiera se planteó la posibilidad de participar más activamente en la vida pública y construir una cultura política que facilitara el diálogo, la discusión, la posibilidad de desarrollar esquemas de organización social y económicos distintos.
El 27 de febrero del 89, desde tempranas horas de la mañana tuvo lugar un sorpresivo estallido social de violencia protagonizado por miembros del sector popular en las ciudades más importantes del país, debido, en términos generales, al paquete de medidas anunciadas el 16 de febrero y, en lo particular, debido, entre otras causas al:
A) Destape de la corrupción de la gestión de Lusinchi. B) Al prolongado descontento de la población debido, entre otras cosas, a la escasez artificial de ciertos productos, provocada por el acaparamiento del sector empresarial y un grupo de comerciantes sin escrúpulos desde hacía más de dos años. En particular, entre diciembre del 88 y febrero del 89, dichas personas intensificaron el acaparamiento y la especulación con los productos básicos de primera necesidad, generando aún más inflación de la ya existente. C) Al aumento de la gasolina en un 100%, anunciado el día anterior, lo cual implicaba, a su vez, el aumento de todos los productos, dado que en Venezuela su distribución se realiza a través de vehículos automotores y D) Al aumento desproporcionado del pasaje del transporte público.
Para una población con tantas expectativas de mejorar, encontrarse con las circunstancias anteriores representaba haber sido traicionados y tener que reponer con hambre, sufrimiento, sacrificio y trabajo lo que habían robado Lusinchi, su barragana, sus cómplices en el gobierno, en el sector económico y las transnacionales. Más aún, representaba repetir una historia conocida, según la cual, los corruptos no eran castigados y la mayoría “debía apretarse el cinturón”.
Ante los hechos de violencia, inexplicamente, ni Pérez ni sus voceros aparecieron ante los medios para calmar la situación y dar la información de rigor. Lo que creó mucha incertidumbre. El comentario era: “¿Dónde se habrán escondido?
Mientras tanto, la rebelión continuó evolucionando y tomando cuerpo. En la mañana del 28 de febrero, esta había desbordado la capacidad de control de las fuerzas policiales, por lo que en horas de la tarde Pérez y el ministro de defensa pasaron a controlarla valiéndose del ejército. El control no fue más que una demostración de poder que incluyó disparar a mansalva desde tanques de guerra. Por supuesto, las garantías también fueron suspendidas y hubo toque de queda por varios días en la mayor parte de las ciudades del país.
Según las cifras oficiales, el número de muertos era cercano a 300, pero según fuentes extraoficiales, las víctimas podrían estar entre 1000 y 1500 personas. En aquel momento, curiosamente los medios de comunicación no protestaron cuando Carlos Andrés Pérez ordenó el allanamiento de algunos de ellos.
Pasado este hecho, que conmovió al país y a la comunidad internacional, Carlos Andrés siguió como si no hubiese pasado nada: “Se hizo el loco”; y siguió adelante sin buscar consenso para llevar a cabo las transformaciones que se proponía.
De hecho, siguió gobernando en la cuerda floja al mantener relaciones tensas con la mayoría de los sectores del país, incluso, con AD, es decir, con el partido al que pertenecía.
Es de destacar que en ese momento histórico se estaban produciendo duras luchas internas en AD y COPEI.
En el caso concreto de AD, no sólo se podían observar duros enfrentamientos entre sus dirigentes por hacerse del control del partido, lo cual venía ocurriendo desde hacía algunos años, sino que, además, los mismos tenían que ver con su papel como partido de gobierno que se veía afectado por las decisiones de Pérez en lo concerniente a colaboradores y política económica:
“ En efecto, algunas de las autoridades del Partido se quejaban de que Acción Democrática fuese partido de gobierno pero no partido gobernante. El gabinete ministerial, conformado en sus dos terceras partes por personas ajenas al partido, operaba como una severa limitante del acceso privilegiado del partido al gobierno, a tal punto que connotados dirigentes de AD no dudaban de calificar pública y despectivamente a algunos ministros de tecnócratas harvadianos. Algunos se quejaban abiertamente del hecho de […] no haber podido colocar siquiera a un compañero de partido de portero de un ministerio. Por otro lado, el anuncio de la reestructuración y privatización de algunas empresas del sector público, al implicar una reducción significativa de la capacidad clientelar del partido, no dejaba de preocupar a algunos dirigentes que veían en ello una erosión importante de sus fuentes de poder…” (Andrés Stambouli: “La política extraviada”. p. 179).
CAP, aparte de haber tomado medidas impopulares, se reunió con un grupo de tecnócratas que seguían teorías y no tenían en cuenta ni la realidad social ni las consecuencias de poner en práctica ciertas medidas como lo era la devaluación lineal de la moneda que ocasionó un 80% de inflación.
El día 4 de febrero de 1992 tuvo lugar un intento fallido de golpe de Estado contra el presidente Pérez. El mismo, llamado “Operación Zamora”, fue dirigido por el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Lo acompañaron también Francisco Javier Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta Hernández y Jesús Ortiz Contreras.
Entre los objetivos de este golpe militar estaban: derrocar a Carlos Andrés para someterlo a juicio por diversos delitos y sustituir al gobierno vigente por una Junta de Reconstrucción Nacional, integrada por civiles y militares progresistas. Meses después, hubo un nuevo intento de golpe de estado, que igualmente fracasó.
Durante el año 93, la presión política llega a tales niveles que CAP pierde el apoyo de su propio partido y es enjuiciado en el segundo trimestre por mal uso de la partida secreta. Posteriormente, pocos meses antes de terminar su mandato es destituido y ocupa la presidencia Ramón Velásquez como presidente interino.
En las elecciones del 94 gana Caldera. Pero lo logra, no con el apoyo de su partido, del cual fuera fundador y del cual fue expulsado por su “hijo adoptivo” Carlos Fernández, sino de Convergencia, “El Chiripero”, es decir, del grupo de pequeños partidos políticos que se aliaron en el momento: MAS, MEP, PCV
Este triunfo de Caldera, según algunos historiadores, es el fruto de su conocida frase: “A un pueblo no se le puede pedir sacrificios mientras pasa hambre”; dicha el día 4 de febrero de 1992, es decir, el mismo día del intento de golpe de estado de Chávez y sus seguidores.
Como otros tantos demagogos que buscaron agradar al pueblo para ganar elecciones, Caldera no cumplió sus promesas electorales, entre ellas, el que no acudiría al FMI.
Aparte de que sí acudió al FMI, aumentando nuestra deuda externa, Venezuela atravesó por una de las mayores crisis de su historia en todos los ámbitos nacionales:
Un informe de Human Rights Watch sobre Venezuela en el año de 1998 dice textualmente:
“ Caracas tiene una media de treinta asesinatos cada fin de semana.(11) Tan sólo en el primer trimestre de 1998, fueron asesinadas un total de 376 personas con armas de fuego y armas blancas, en el área metropolitana de Caracas.(12) Una encuesta de Gallup de 1995 concluyó que aproximadamente una tercera parte de los residentes de Caracas habían sido víctimas de un delito durante ese año.(13) La situación está tan incontrolada, y la confianza pública en el sistema de justicia penal ha decaído hasta tal punto, que los ciudadanos recurren a veces a los linchamientos. Masas de gente, especialmente en las áreas más pobres de la ciudad en las que los habitantes se sienten menos protegidos por la policía, han atacado y asesinado con palos, piedras y otros instrumentos rudimentarios a presuntos delincuentes”
Sin embargo, a pesar de lo sucedido en nuestra historia reciente, la supuesta oposición venezolana exclama hoy: “Esto nunca sucedió antes”.
El gobierno del Jaime Lusinchi (1984-1989) fue realmente un gobierno que se dedicó a crear a través de los medios una auténtica Venezuela virtual.
El señor no sólo se dio el lujo de andar con su barragana “pa´rriba y pa ´bajo” y permitir que esta, Blanca Ibañez, gobernara el país, sino que, además, nos vimos obligados a ver en la televisión a cada rato a la madre de este diciéndonos “lo bueno que era su hijo y todo lo bueno que hacía por la nación”.
Por esos días sorprende que las famosas organizaciones destinadas a vigilar que los gobiernos no cometan excesos, como la OEA, las Naciones Unidas o la Asociación Latinoamericana de Periodismo, entre otras, nunca dijeran nada acerca de la persecución, tortura y asesinatos de aquellos periodistas que se atrevieron a asomar su crítica al gobierno. Curiosamente, si uno trata de investigar qué ocurrió concretamente durante el período de Jaime Lusinchi, es muy poca la información que podemos hallar. Cuando Lusinchi entregó el gobierno a Carlos Andrés Pérez el 2 de febrero de 1989, entregó un país quebrado. Sólo en lo referente a nuestras reservas internacionales, estas habían disminuido durante su gobierno de 10.000 a 300 millones de dólares.
Durante la campaña política a la presidencia de 1988, tanto Carlos Andrés Pérez por AD como Eduardo Fernández por COPEI, manifestaron la necesidad y su compromiso por la Reforma del Estado. Dicha reforma, en realidad, había comenzado durante los últimos meses del gobierno de Lusinchi y se convertía en obligación del siguiente gobierno, ya que el Congreso Nacional la aprobó antes de que Lusinchi terminara su mandato.
Durante las elecciones de 1988, la mayoría de quienes votaron por Pérez no lo hizo de manera razonada y sobre la base de criterios sólidos, sino a ciegas de lo que en verdad había estado ocurriendo en el país y sobre la base de la expectativa de que este gran padre simbólico, que supuestamente en el pasado lo había hecho bien, nos reconduciría nuevamente a la abundancia y a la prosperidad de su primer gobierno. La confrontación con la realidad no se hizo esperar. Catorce días después, el 16 de febrero, Pérez anunció el famoso “paquete de medidas económicas”, que contradecía su discurso de toma de posesión.
Su paquete económico, contempló, entre otras medidas, someterse al programa de ajustes económicos del FMI para obtener un préstamo de 4.5oo millones de dólares; unificar la tasa cambiaria, lo que significó eliminar RECADI; liberar los precios de todos los productos con excepción de 18 renglones de la cesta básica; reforma del sistema tributario; sincerar los precios de los servicios públicos, lo cual implicaba el aumento de las tarifas de teléfono, agua, luz, aseo…; aumento de productos derivados del petróleo, entre ellos la gasolina que aumentaría en un 100%; congelar los cargos de la administración pública; y la participación de la banca internacional en el sistema financiero nacional.
Como compensación de estos cambios, Carlos Andrés creó una serie de medidas como el aumento entre un 5 y 30% de los sueldos de los empleados públicos; subsidios a los productos de la cesta básica; becas alimentarias, la creación de 42.000 hogares de cuidados diarios; apoyo a microempresas; plan de consolidación de barrios…. Fueran cuales fueran sus verdaderos motivos, podemos decir que Carlos Andrés se proponía iniciar un cambio profundo en las estructuras del país. La transformación de dichas estructuras realmente eran necesarias dada la realidad concreta que estábamos viviendo.
El cambio que se proponía Carlos Andrés, no eran simples reformas. En su conjunto se trataba de transformaciones que afectaban el sagrado orden social establecido hasta entonces, lo cual afectaba directamente las estructuras de poder del sector económico y partidista y, por supuesto, toda una serie de intereses creados, al que ningún grupo de poder estaba dispuesto a renunciar. Fue un cambio que inició y produjo desconcierto, grandes descontentos, oposición, resistencia, pues iba en contra de las expectativas de la mayoría de la gente, que seguía pensando de manera mágica y fantasiosa en un pasado de prosperidad artificial y efímera.
El empresariado se resistía a perder toda la serie de prevendas, protección y subsidios del estado. La clase media quería recuperar cuanto antes su capacidad adquisitiva y aspiraba volver pronto a los buenos tiempos de fines de semana en Miami, el Whiskisito… Los partidos políticos vieron que perderían su poder y capacidad de manipulación desde los cocuyos de los partidos debido a la descentralización del poder y las elecciones locales de gobernadores, alcaldes… Ya que no hubo una reacción favorable a los cambios planteados por Pérez, ni hubo diálogo entre los diversos sectores del país y el gobierno, este simplemente como buen patriarca decidió imponerse, lo cual conllevó, a su vez, a una crisis de gobernabilidad del país.
La gente, habituada a su inercia y a que todo lo resolviera el gran padre simbólico, sólo quería que Pérez resolviera todos los problemas del país sin tener que realizar cambios significativos en su actitud personal y social. Ni siquiera se planteó la posibilidad de participar más activamente en la vida pública y construir una cultura política que facilitara el diálogo, la discusión, la posibilidad de desarrollar esquemas de organización social y económicos distintos.
El 27 de febrero del 89, desde tempranas horas de la mañana tuvo lugar un sorpresivo estallido social de violencia protagonizado por miembros del sector popular en las ciudades más importantes del país, debido, en términos generales, al paquete de medidas anunciadas el 16 de febrero y, en lo particular, debido, entre otras causas al:
A) Destape de la corrupción de la gestión de Lusinchi. B) Al prolongado descontento de la población debido, entre otras cosas, a la escasez artificial de ciertos productos, provocada por el acaparamiento del sector empresarial y un grupo de comerciantes sin escrúpulos desde hacía más de dos años. En particular, entre diciembre del 88 y febrero del 89, dichas personas intensificaron el acaparamiento y la especulación con los productos básicos de primera necesidad, generando aún más inflación de la ya existente. C) Al aumento de la gasolina en un 100%, anunciado el día anterior, lo cual implicaba, a su vez, el aumento de todos los productos, dado que en Venezuela su distribución se realiza a través de vehículos automotores y D) Al aumento desproporcionado del pasaje del transporte público.
Para una población con tantas expectativas de mejorar, encontrarse con las circunstancias anteriores representaba haber sido traicionados y tener que reponer con hambre, sufrimiento, sacrificio y trabajo lo que habían robado Lusinchi, su barragana, sus cómplices en el gobierno, en el sector económico y las transnacionales. Más aún, representaba repetir una historia conocida, según la cual, los corruptos no eran castigados y la mayoría “debía apretarse el cinturón”.
Ante los hechos de violencia, inexplicamente, ni Pérez ni sus voceros aparecieron ante los medios para calmar la situación y dar la información de rigor. Lo que creó mucha incertidumbre. El comentario era: “¿Dónde se habrán escondido?
Mientras tanto, la rebelión continuó evolucionando y tomando cuerpo. En la mañana del 28 de febrero, esta había desbordado la capacidad de control de las fuerzas policiales, por lo que en horas de la tarde Pérez y el ministro de defensa pasaron a controlarla valiéndose del ejército. El control no fue más que una demostración de poder que incluyó disparar a mansalva desde tanques de guerra. Por supuesto, las garantías también fueron suspendidas y hubo toque de queda por varios días en la mayor parte de las ciudades del país.
Según las cifras oficiales, el número de muertos era cercano a 300, pero según fuentes extraoficiales, las víctimas podrían estar entre 1000 y 1500 personas. En aquel momento, curiosamente los medios de comunicación no protestaron cuando Carlos Andrés Pérez ordenó el allanamiento de algunos de ellos.
Pasado este hecho, que conmovió al país y a la comunidad internacional, Carlos Andrés siguió como si no hubiese pasado nada: “Se hizo el loco”; y siguió adelante sin buscar consenso para llevar a cabo las transformaciones que se proponía.
De hecho, siguió gobernando en la cuerda floja al mantener relaciones tensas con la mayoría de los sectores del país, incluso, con AD, es decir, con el partido al que pertenecía.
Es de destacar que en ese momento histórico se estaban produciendo duras luchas internas en AD y COPEI.
En el caso concreto de AD, no sólo se podían observar duros enfrentamientos entre sus dirigentes por hacerse del control del partido, lo cual venía ocurriendo desde hacía algunos años, sino que, además, los mismos tenían que ver con su papel como partido de gobierno que se veía afectado por las decisiones de Pérez en lo concerniente a colaboradores y política económica:
“ En efecto, algunas de las autoridades del Partido se quejaban de que Acción Democrática fuese partido de gobierno pero no partido gobernante. El gabinete ministerial, conformado en sus dos terceras partes por personas ajenas al partido, operaba como una severa limitante del acceso privilegiado del partido al gobierno, a tal punto que connotados dirigentes de AD no dudaban de calificar pública y despectivamente a algunos ministros de tecnócratas harvadianos. Algunos se quejaban abiertamente del hecho de […] no haber podido colocar siquiera a un compañero de partido de portero de un ministerio. Por otro lado, el anuncio de la reestructuración y privatización de algunas empresas del sector público, al implicar una reducción significativa de la capacidad clientelar del partido, no dejaba de preocupar a algunos dirigentes que veían en ello una erosión importante de sus fuentes de poder…” (Andrés Stambouli: “La política extraviada”. p. 179).
CAP, aparte de haber tomado medidas impopulares, se reunió con un grupo de tecnócratas que seguían teorías y no tenían en cuenta ni la realidad social ni las consecuencias de poner en práctica ciertas medidas como lo era la devaluación lineal de la moneda que ocasionó un 80% de inflación.
El día 4 de febrero de 1992 tuvo lugar un intento fallido de golpe de Estado contra el presidente Pérez. El mismo, llamado “Operación Zamora”, fue dirigido por el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Lo acompañaron también Francisco Javier Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta Hernández y Jesús Ortiz Contreras.
Entre los objetivos de este golpe militar estaban: derrocar a Carlos Andrés para someterlo a juicio por diversos delitos y sustituir al gobierno vigente por una Junta de Reconstrucción Nacional, integrada por civiles y militares progresistas. Meses después, hubo un nuevo intento de golpe de estado, que igualmente fracasó.
Durante el año 93, la presión política llega a tales niveles que CAP pierde el apoyo de su propio partido y es enjuiciado en el segundo trimestre por mal uso de la partida secreta. Posteriormente, pocos meses antes de terminar su mandato es destituido y ocupa la presidencia Ramón Velásquez como presidente interino.
En las elecciones del 94 gana Caldera. Pero lo logra, no con el apoyo de su partido, del cual fuera fundador y del cual fue expulsado por su “hijo adoptivo” Carlos Fernández, sino de Convergencia, “El Chiripero”, es decir, del grupo de pequeños partidos políticos que se aliaron en el momento: MAS, MEP, PCV
Este triunfo de Caldera, según algunos historiadores, es el fruto de su conocida frase: “A un pueblo no se le puede pedir sacrificios mientras pasa hambre”; dicha el día 4 de febrero de 1992, es decir, el mismo día del intento de golpe de estado de Chávez y sus seguidores.
Como otros tantos demagogos que buscaron agradar al pueblo para ganar elecciones, Caldera no cumplió sus promesas electorales, entre ellas, el que no acudiría al FMI.
Aparte de que sí acudió al FMI, aumentando nuestra deuda externa, Venezuela atravesó por una de las mayores crisis de su historia en todos los ámbitos nacionales:
- Se generalizó la delincuencia y la inseguridad ciudadana.
- Los servicios públicos se vieron deteriorados.
- El país se volvió aún más ingobernable.
- Surgió el anarquismo.
- Aumentó el precio de la gasolina en un 600%.
- Se continuó privatizando los activos del Estado.
- Se inicia un proceso de apertura petrolera a la inversión privada.
- En el 94 es intervenido el Banco Latino y, junto con este, fueron intervenidas otras 10 entidades bancarias, lo que conllevó a una gran fuga de capitales y a la pérdida de la confianza y credibilidad en nuestras instituciones bancarias.
- El nivel de calidad de vida llegó a niveles de deterioro nunca vistos.
- En 1996 implementa el programa “Agenda Venezuela”, el cual consistía, entre otras cosas, en aumentar los impuestos, liberar las tasas de interés y suspender los controles de cambio, siendo su objetivo restablecer el equilibrio macroeconómico y disminuir la inflación.
- Como solución a la banca rota nacional, fue nombrada una comisión tripartita, integrada por el gobierno, el sector laboral y los empresarios; para que supuestamente velaran por los deberes y derechos de los trabajadores.
Un informe de Human Rights Watch sobre Venezuela en el año de 1998 dice textualmente:
“ Caracas tiene una media de treinta asesinatos cada fin de semana.(11) Tan sólo en el primer trimestre de 1998, fueron asesinadas un total de 376 personas con armas de fuego y armas blancas, en el área metropolitana de Caracas.(12) Una encuesta de Gallup de 1995 concluyó que aproximadamente una tercera parte de los residentes de Caracas habían sido víctimas de un delito durante ese año.(13) La situación está tan incontrolada, y la confianza pública en el sistema de justicia penal ha decaído hasta tal punto, que los ciudadanos recurren a veces a los linchamientos. Masas de gente, especialmente en las áreas más pobres de la ciudad en las que los habitantes se sienten menos protegidos por la policía, han atacado y asesinado con palos, piedras y otros instrumentos rudimentarios a presuntos delincuentes”
Sin embargo, a pesar de lo sucedido en nuestra historia reciente, la supuesta oposición venezolana exclama hoy: “Esto nunca sucedió antes”.
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