Globalización, derechos sociales e identidad nacional - Ejes para el nuevo proyecto

* La defensa del catalán, como lengua propia de Catalunya, como un derecho de ciudadanía, también como un factor de cohesión, de incorporación de nuevas personas, de nuevos ciudadanos. No podemos olvidar que el conocimiento del catalán es un factor que facilita el acceso de las personas a otros derechos básicos, como el derecho al trabajo, y a la vez propicia la integración social, en la medida que actúa como un elemento de relación con la sociedad. En este sentido hay que hacer pedagogía para dejar de hablar del uso del catalán como un deber y situarlo claramente en el terreno de los derechos de las personas.

* La defensa de la cultura construida por la sociedad catalana, de manera abierta, plural e intercultural, entendiendo la interculturalidad o la multiculturalidad no como el mantenimiento de culturas diferentes o de espacios cerrados en función del origen de los diferentes colectivos, sino como una cultura en proceso de permanente adaptación y que sea el espacio común en el que se encuentren todas las aportaciones culturales de todas las personas que componen en cada momento histórico la sociedad catalana.

Una cultura abierta a la incorporación de todas las nuevas aportaciones, que sólo tiene que tener el límite de la defensa o la protección de los derechos humanos, los derechos de ciudadanía. Intentando, sin embargo, no confundir instituciones culturales propias de nuestra sociedad con estos derechos de ciudadanía. Así, la incorporación de personas que profesan otras religiones diferentes a la históricamente mayoritaria no puede representar ningún retroceso en la consolidación de una sociedad laica y en el avance histórico en la separación de Iglesia y Estado. Pero tampoco puede llevarnos a la identificación entre valores cívicos y cultura cristiana, por poner sólo un ejemplo de confusión protagonizado, en alguna ocasión, por destacados dirigentes políticos de nuestro país.

* Un incremento de las capacidades institucionales y sociales de autogobierno de la sociedad catalana, que le permita construir instrumentos y mecanismos de reequilibrio social y de fuerzas.

En el terreno político esto se concreta hoy en un nuevo modelo de financiación de las administraciones catalanas -Generalitat y administraciones locales-. Construido sobre los principios de autonomía, de suficiencia, de corresponsabilidad y de solidaridad, y que tenga también presente el esfuerzo y las necesidades fiscales de la sociedad catalana. En este sentido, el acuerdo del Consell de Política Fiscal de 27 de julio de 2001 representa un paso hacia delante en lo referente a la corresponsabilidad y a la autonomía fiscal. Así una parte significativa de los ingresos de la Generalitat tendrán su origen, no en las transferencias de la Administración Central del Estado, sino en la recaudación en Catalunya de los impuestos propios, los cedidos y los compartidos, con una ampliación significativa de la participación en los impuestos compartidos indirectos.

También se incrementa la capacidad normativa de la Generalitat en la regulación de los tramos autonómicos de determinados impuestos.

En cambio, no parece que el modelo acordado para el período 2002-2006 responda satisfactoriamente a la necesidad de atender de manera justa la suficiencia y el esfuerzo fiscal, ni que vaya más allá del debate sobre las balanzas fiscales y la complejidad política y técnica de objetivar unos mecanismos de cálculo en los que se mezclan criterios de imputación territorial con razones eminentemente sociales, como el hecho de que un sistema fiscal progresivo siempre tiene que tener una capacidad de redistribución social de la renta, con una presión más grande para las rentas altas y un gasto mayor para las bajas. Lo cierto es que con el nuevo acuerdo fiscal no se resuelve el problema de la suficiencia fiscal de las instituciones autonómicas para hacer frente a sus funciones sociales. Y que continúa existiendo un desequilibrio con relación a los ingresos per cápita que recibe el gobierno catalán en términos comparativos al de otras comunidades autónomas con un nivel parecido de competencias.

Hay, por tanto, que plantearse la necesidad de introducir cambios y reformas en el sistema de financiación, que consoliden los avances producidos en términos de corresponsabilidad y autonomía fiscal y que encaren las dos asignaturas pendientes de la suficiencia y del esfuerzo fiscal de la sociedad catalana.

En el terreno social la profundización del autogobierno pasa por el refuerzo de los mecanismos de intervención de los agentes sociales en la regulación de la sociedad. A través de la negociación colectiva, de la concertación social. Lo que desde principios de los 80, la CONC ha denominado el marco catalàn de relaciones sociolaborales

Y en este sentido hay que destacar que el nuevo contexto de globalización parece caracterizarse por la aparición de nuevas, diversas y policéntricas formas de intervención social en las relaciones económicas y el funcionamiento del mercado, por lo que el futuro puede dar más oportunidades a las formas o instituciones de autogobierno social que a las institucionales, que por definición son más rígidas y tienen una capacidad de adaptación menor.

* Un cambio radical en el modelo social y de relaciones de trabajo que rompa con la precariedad como la estrategia competitiva del tejido económico catalán durante las dos últimas décadas y apueste por un nuevo modelo de empresa y de competitividad en el que la calidad de la producción y la cohesión social sean los motores de la competitividad. Sin caer en la ingenuidad o en el espejismo de creer que en un contexto económico de globalización tienen cabida oasis o islas que queden al margen de las grandes reglas, tampoco es cierto que hayan desaparecido todas las posibilidades de intervenir social o políticamente en la configuración de las relaciones económicas. Y en este sentido una sociedad y una economía como la catalana, muy interrelacionadas, pero con unas características sociales, territoriales y físicas de dimensiones humanas, puede perfectamente plantearse este reto.

* Una profundización de los derechos sociales, a partir de la constitución cívica de nuevos derechos de ciudadanía, que tengan su razón de ser no en la nacionalidad, sino en la ciudadanía.

Se trata de los derechos sociales clásicos, universalizados y ampliados a todas las personas que viven y trabajan en Catalunya, con independencia de su situación legal o administrativa.

Pero también estamos hablando de nuevos derechos. Vinculados a las nuevas formas de convivencia, familia y sociedad. Entre ellos la actualización de derechos como el de libre circulación de personas, que no puede continuar identificándose como un derecho político en el marco de los estados nacionales, sino como un derecho humano en un contexto de globalización.

Pero son sobre todo un cambio radical en los mecanismos de participación de la ciudadanía en nuestras sociedades. Y como una manera más de participación, no la única, una nueva regulación del acceso al derecho de voto. Una reforma sustancial del derecho de voto para ponerlo al alcance de las nuevas migraciones llamadas extracomunitarias, terminología tan cargada de valoraciones negativas como la de extranjeros. Éste tiene que ser el primer paso, un cambio absolutamente imprescindible que permita provocar una ruptura en el concepto y en el origen del acceso a los derechos sociales y políticos. Mientras que la Revolución Francesa comenzó la universalización de algunos derechos y los vinculó a la condición de nacionales, como una manera de romper con las desigualdades existentes en las sociedades preindustriales, hoy la nueva realidad exige un nuevo paso en la universalización, que ahora pasa por su vinculación a la condición de ciudadanía.

La incorporación de los no nacionales a los derechos de ciudadanía y entre ellos al derecho de voto es, quizás, la única posibilidad de apostar plenamente por una sociedad de personas, de ciudadanos, no de factores del mercado de trabajo. Y es también la única posibilidad de abrir espacio a proyectos políticos que tengan en cuenta la realidad de la inmigración y los derechos de los inmigrantes. Lo que es políticamente inviable en sociedades en las que las personas inmigrantes trabajan, crean riqueza, pero no tienen derecho a voto y, por tanto, no pueden condicionar los proyectos políticos, que quedan sólo en manos de los ciudadanos nacionales, que en muchos casos ven la inmigración como un riesgo para su estabilidad económica, para su mejora social o para su identidad cultural.

Un proyecto nacional que tenga sus raíces en la cohesión social y en la profundización de los derechos de ciudadanía, como los entendemos en CC.OO. es, sin duda, la mejor contribución que desde Catalunya puede hacerse a la construcción futura de una Europa construida no sólo sobre el mercado y los estados, sino también arraigada en las naciones que la componen. Una Europa federal y plurinacional.