Las tendencias internacionales recientes, luego de más de cincuenta años de vigencia del llamado Estado del Bienestar (1929-1933 hasta la primera mitad de los ochenta) han girado hacia la reversión del accionar del Estado-gobierno de sus responsabilidades económicas y sociales para con sus súbditos, buscando de esta manera ajustarse a los derroteros de la economía mundial y dejar libre el camino (mercado abierto) para que sea el gran capital y la gran empresa transnacional, principalmente, los que se encarguen de los asuntos económicos. En aras del equilibrio presupuestal gubernamental y de una mera regulación en el sistema económico, la mayoría de los Estados nacionales, han sido convencidos compulsivamente por los organismos financieros y comerciales supranacionales y sus políticas de corte liberal ortodoxo así como por las grandes corporaciones transnacionales, para que apliquen políticas, que les han significado a estas, a entrega de industrias productoras de bienes y servicios otrora estratégicos dentro de los esquemas de desarrollo nacional, autónomo que tenía al Estado como garante de los intereses de los ciudadanos de esos países.
México, que tiene antecedentes de intervención del Estado en la economía mediante los estancos, pero sobre todo a partir de la promulgación de la Constitución de 19179, no escapa -era imposible y es imposible escapar- a las tendencias desreguladoras y privatizadoras imperantes en el mundo, las cuales tienen como trasfondo la reducción a su mínima expresión del accionar estatal en el sistema económico y la reeficientización de sector público y privado nacional
El Estado-gobierno de las dos últimas décadas, que es quien ha promovido la reinserción de México al contexto mundial prevaleciente, no logró insertar y preservar las características propias del capitalismo nacional ni supo cuidar del llamado interés nacional, pues, la globalización económica, que no es una moda pasajera sino que ha trastocado todas las estructuras del país y de muchos países, no sólo ha despojado de recursos naturales y empresas paraestatales a los conacionales, sino que los ha sumido en una gran crisis que pone en riesgo la propiedad nacional y de algunas clases sociales nacionales,
La globalización, si bien ha tenido la virtud de despertar violentamente a los agentes de la economía nacional de una manera ingrata y hacerles ver que será la competencia internacional en los mercados mundiales y en el propio mercado nacional lo que podrá mejorar la competitividad de la economía nacional. Ha hecho ver mal al Estado mexicano, quien ha carecido de una estrategia integral para ver en su propia participación en la economía, no una carga social, sino la posibilidad real de una armonización de intereses económicos: el interés nacional vis a vis el interés internacional. Repensar en la intervención del Estado en la economía de mercados concretos y globalizados, es una condición sine-quanon de este pues, no es el mejor Estado, aquel que tiene una estructura mínima, ni el que tiene superávit primario sino aquel que con raciocinio económico, no desatiende las funciones social-económicas que le dan sustento real. Ello, de ninguna manera iría contra los principios del mercado abierto, ya que el Estado es algo más que puramente economía sana. Esto, implicaría que, sería posible mantener una hacienda pública sana con una equidad social, que devuelva a los conacionales, las posibilidades hurtadas de superación y desarrollo, tendientes a una real (más participativa) reinserción de México en los mercados internacionales.
Es necesario centrarse en el diseño del nuevo modelo de administración pública para este Estado redimensionado, ya que, en un principio, las actividades relacionadas con la administración pública no se manejan con los mismos principios administrativos de la administración de organizaciones privadas, pues no tienen la misma aplicación para los ciudadanos, sujetos, clientes o consumidores del gobierno que para los consumidores finales de la empresa privada. La utilidad social que persigue el gobierno para con la sociedad, no coincide con la utilidad económica que persigue la empresa en el mercado.
En lugar de que el Estado moderno asigne tareas específicas a los sectores productivos, debe crear las condiciones más favorables para el desarrollo de la competitividad general del aparato económico, correspondiéndole a los particulares decidir en qué actividades invertir capitales, y en qué forma consagrarles tiempo y esfuerzos a hacerlos producir. El Estado debe, por una parte, eliminar obstáculos innecesarios al desarrollo de la creatividad e iniciativa de la sociedad, y por el otro, crear instrumentaciones promotoras.
En el proceso de integración económica ninguna democracia puede darse el lujo de abandonar al mercado la solución de sus problemas distributivos y de equidad. La lógica del mismo y las relaciones que en él dominan exacerban los conflictos, pueden socavar la libertad, tanto o más que cualquier gobierno opresivo y ser, en el largo plazo, desastrosa para la democracia; ésta exige la reducción de las desigualdades económicas a fin de garantizar equidades políticas y libertades individuales.
