Los movimientos sociales, un actor clave para combatir el «proyecto europeo»
En este sentido, los movimientos sociales45 se pueden configurar como un instrumento clave, de hecho lo están siendo ya, que permita ir superando la cultura de la «vieja izquierda» y alumbrando esa nueva cultura política, esos nuevos contenidos y esas nuevas formas organizativas que permitan combatir la «construcción europea» en otros terrenos. El problema es que dichos movimientos sociales tienen una existencia atomizada y precaria, con importantes altibajos, y en general no están articulados a escala europea. De esta forma, se puede ir estableciendo poco a poco un espacio público europeo (y, por extensión, mundial), al margen del espejismo de participación institucional creado por esta «Europa» (un espacio absolutamente secuestrado), que permita ir avanzando en una crítica profunda al «proyecto europeo» e ir interconectando la multiplicidad de experiencias moleculares de resistencias al mismo. Hay muchas más expresiones de resistencias al despliegue del «proyecto europeo» de lo que parece, pero, como decimos, son en gran medida fragmentarias, en general a escala local o estatal, y de una duración limitada. Desde las que se suscitan al calor de la degradación ecológica del espacio europeo (luchas ciudadanas contra los impactos ambientales y territoriales y la desaparición del mundo rural46), hasta las que afectan a nuestras formas de vida y consumo (luchas y movilizaciones contra los alimentos transgénicos, las privatizaciones de servicios públicos —directiva Bolkestein—, etc., así como nuevas experiencias de desarrollo agroecológico y consumo alternativo), pasando por nuevas formas de protesta contra la degradación laboral y social (intentos de articulación política de la población precarizada —euromaydays—, alternativas de desarrollo comunitario, etc.). Dentro de estos movimientos de contestación laten también una diversidad de posicionamientos antagonistas al actual «proyecto europeo», aunque quizás no de forma estructurada, y su concreción depende asimismo de los territorios europeos de donde parten —la Europa anglosajona, del sur, nórdica, centroeuropea, o los países del Este (mucho más débil en estos casos)—.
Mención aparte requiere el tratamiento del movimiento feminista a escala europea, sazonado también por parecidas diferencias territoriales, cuya parte más activa ha decidido poner decididamente proa contra la Constitución Europea, pues más allá de la retórica de «igualdad formal» que en principio destila la Carta Magna, se consagra un modelo económico, político (militar) y social que es especialmente lesivo para las mujeres, y que puede poner en peligro los logros alcanzados por éstas, tanto a nivel estatal como en el marco comunitario. La «Europa» neoliberal que blinda y acentúa la Constitución va a redundar en una mayor precarización de la vida para las mujeres, y va a agravar la inseguridad laboral, la pobreza y la exclusión social que en el espacio de la Unión son prioritariamente femeninas. El desmantelamiento del «Estado social» que intensifica el nuevo Tratado Constitucional va a profundizar las desigualdades de género existentes, reforzando la división sexual del trabajo que históricamente ha existido en la Unión. El Estado se va a retirar de la atención y cobertura social, a costa de agravar el trabajo de cuidados realizado prioritariamente por las mujeres en el ámbito doméstico. No en vano en la Constitución Europea se refuerza el papel de la institución familiar. El Estado se retira a favor de la familia, invisibilizando y recargando aún más las tareas de las mujeres, imprescindibles para que la sociedad se reproduzca, produzca y funcione. De hecho, en el articulado del Tratado aparece el derecho al matrimonio, pero no el derecho al divorcio ni al aborto. La Constitución establece también que la UE mantendrá un diálogo regular con las Iglesias y consultará con éstas las políticas de la Unión. Se pretende, pues, constitucionalizar la injerencia de las Iglesias en las cuestiones públicas, lo cual supone un retraimiento de la laicidad y la revalorización de unas instituciones que han impulsado a lo largo de la historia el sometimiento de las mujeres a los hombres como algo natural. Asimismo, la Carta Magna promueve una «Europa» crecientemente militarizada (y securitaria), que prima los valores machistas y favorece la resolución violenta de los conflictos. En definitiva, el futuro marco constitucional defiende las instituciones y valores que perpetúan la subordinación de las mujeres a los hombres; y esto es perfectamente funcional con los objetivos de la Unión, al tiempo que dificulta el avance de los derechos sociales e individuales de las mujeres. Todo ello es una garantía para la continuidad de una organización social de corte patriarcal, que en las últimas décadas había limado sus aristas más agudas como resultado de la lucha feminista, de considerable implantación social en la UE, y de la concienciación generalizada acerca de la situación de las mujeres en el espacio europeo (y mundial). De esta forma, se puede afirmar que las reivindicaciones feministas son un verdadero estorbo para el despliegue del «proyecto europeo», y es por eso por lo que el movimiento de mujeres está orientando su actividad crecientemente contra éste, al calor de la denuncia de la futura Constitución. Esta dinámica de contestación antipatriarcal atraviesa además, en mayor o menor medida, aunque quizás no con la intensidad necesaria, todas las actividades antagonistas (Hernando y Acevedo, 2005).
Mientras tanto, los sectores más activos del «movimiento de movimientos», en general los más alejados de la política institucional, muchos de los cuales participan en los Foros Sociales Europeos, unos desde dentro y otros desde fuera, así como otros muchos que en gran medida los apoyan en la distancia desde sus realidades de luchas locales o sectoriales, parece que han entrado en una nueva etapa. Después del 11-S se va a producir un cambio de estrategia; es decir, tras el ciclo de luchas que va desde Seattle (noviembre de 1999) a Génova (julio de 2001), que alcanza como apuntábamos una dimensión en gran medida mundial y que tiene como eje central la movilización en torno a las cumbres de las instituciones del capitalismo global (FMI, BM, OMC, G-8, etc.), consiguiendo romper la imagen especular de estas instituciones internacionales. En el escenario «europeo» también se intensificaron las movilizaciones en torno a las cumbres de la UE (Niza 2000, Gotemburgo 2001), que ya venían de la segunda mitad de los noventa (a partir de la cumbre de Ámsterdam, 1997), y que se refuerzan con el cambio de siglo al considerarse la Unión como uno de los principales actores mundiales de la «globalización». Pero tras Génova y especialmente tras el derrumbe de las Torres Gemelas se va a entrar claramente en una nueva etapa del «movimiento». Dicho cambio de estrategia47 es en parte forzado por el incremento represivo que establecen las propias estructuras de poder en torno a estas cumbres48, aparte de que éstas se van a trasladar a lugares cada vez más remotos e inaccesibles; y en parte también porque el movimiento se decanta por centrarse en luchar contra las dinámicas del capitalismo global, y del «proyecto europeo» en particular, reforzando las luchas locales y sectoriales. No sólo para resistir mejor dichas dinámicas, sino también para intentar transformar las realidades más inmediatas al margen de la lógica mercantil e institucional. Quizás una estrategia menos visible y espectacular, pero probablemente más efectiva a medio plazo. Más con los pies en la tierra. Al tiempo que también, en el caso de la Unión, el hecho de que se agote el circo de cumbres europeas rotando por las distintas capitales comunitarias hacía obligado dicho cambio. A pesar de todo, en este último periodo se han dado importantes movilizaciones en torno a las cumbres de la UE, siendo obligado resaltar las que tuvieron lugar, en 2002, durante el semestre de la presidencia española (Barcelona, Sevilla, Valencia, Oviedo, Pamplona, etc.). Sin lugar a dudas, la movilización de Barcelona contra la «Europa del Capital y la Guerra», como lema principal, ha quedado inscrita como la más masiva de la historia contra una cumbre de la UE. Entre 300.000 y 500.000 personas se manifestaron contra los líderes «europeos» en aquella ocasión.
Además, el escenario de «guerra permanente» en el que se va instalar el capitalismo global después del 11-S, y más en concreto la guerra contra Irak, va a obligar también al «movimiento» a desarrollar toda una actividad (hasta entonces muy limitada) de contestación a estas nuevas dinámicas del capitalismo global. Las movilizaciones contra la guerra se van a convertir en una exigencia de primer orden en la agenda del «movimiento de movimientos» y en una seña de identidad fundamental del mismo. Todo ello eclosiona el 15 de febrero de 2003 en una verdadera movilización mundial contra la guerra en las principales ciudades del planeta. Y especialmente en Europa donde las movilizaciones adquieren una gran dimensión. En concreto, en los tres principales países europeos implicados en las fuerzas de la «Coalición»: España, Italia y Gran Bretaña. Posteriormente ha habido diversas convocatorias a escala global y europea contra la guerra, de menor dimensión y con paulatino declive. La contestación contra la «Europa» del capital y contra la guerra se va a ir convirtiendo quizás poco a poco en una única lucha, articulada eso sí en diferentes planos; sobre todo, visto el carácter fuertemente militarista de la actual Constitución Europea y la «incapacidad» de la UE para enfrentarse abiertamente a dicha lógica, convirtiéndose a posteriorien cómplice de lo que acontece en Irak, Afganistán y Palestina, entre otros puntos calientes del globo.
Finalmente, dentro de las resistencias a las dinámicas del «proyecto europeo» cabría señalar un nuevo ámbito de luchas, aquellas protagonizadas específicamente por los «ciudadanos de segunda clase», los ciudadanos de Estados extracomunitarios que viven y especialmente trabajan en los distintos países de la Unión. Desde hace años se están produciendo agrupamientos de estos ciudadanos para reivindicar sus derechos a múltiples niveles. Estas luchas adquirieron un relieve especial a partir de las movilizaciones de los «sin papeles» primero en Francia, a mediados de los noventa, que se extendieron posteriormente a muchos países de la Unión. Y sus reivindicaciones se han ido desarrollando no sólo en el ámbito laboral, sino también referidas a aquellas cuestiones relacionadas con distintas facetas de la vida cotidiana: salud, cultura, educación, desigualdades de género y hasta el derecho al voto. En definitiva, sus plenos derechos de ciudadanía. Sus demandas chocan frontalmente con la voluntad de las distintas estructuras de poder de explotar, debilitar, dividir y marginar a estos colectivos. Y sus luchas, por tanto, cuestionan radicalmente el papel que se les ha asignado en la futura «Europa». Como en EEUU, la organización y las movilizaciones de estos «ciudadanos de segunda» suponen un reto enorme para la nueva sociedad que se configura. Es por eso por lo que las estructuras de poder se preparan desde hace tiempo para lidiar también con este antagonismo en paulatino ascenso. Antagonismo que se entrelaza con otras dinámicas sociales de resistencia al «proyecto europeo», y con aquellas específicas también de solidaridad directa con la problemática de esta población extracomunitaria (iniciativas como «ningún ser humano es ilegal» o «no border» —sin fronteras—), a pesar de los esfuerzos desde el poder para establecer cordones sanitarios en torno a estas luchas.
No podríamos ir cerrando este apartado sin mencionar también cómo se están incubando igualmente nuevos protagonismos sociales subterráneos y difusos, es decir, no organizados o estructurados, que irrumpen en determinadas coyunturas con gran potencia, aunque también desaparecen (en apariencia) con la misma celeridad. La movilización en Madrid (y en otras ciudades del Estado español) el famoso 13 de marzo de 2004, tras los atentados del 11-M, y la posterior manipulación mediática del gobierno del PP es una magnífica muestra de ello. Pero también se producen procesos más o menos similares en otras latitudes del territorio «europeo». Son fenómenos sociales difíciles de escrutar, comprender y leer, pero son un buen indicador de un malestar social en ascenso que irrumpe con inusitada fuerza en determinados momentos, al margen de las dinámicas de la «vieja política», y hasta de los movimientos sociales, aunque en su extensión y propagación se ven ayudados por la articulación de redes militantes difusas.
Y todo ello coexiste también con un paulatino desarrollo, todavía incipiente, de nuevas cosmovisiones y espiritualidades, ante el vacío y sinrazón de este mundo postmoderno, y la sensación en ascenso de no future —de seguir por los caminos que nos llevan—, que aunque no directamente antagonistas con el orden capitalista vigente, sí que se están desarrollando al margen de él, impulsando nuevos valores y nuevas formas de relacionarse con el entorno social y ambiental.
La «guerra civil molecular», una amenaza en el horizonte
Por último, se abre también un enorme interrogante en relación con la evolución de las actuales dinámicas de contestación y desafección. ¿Qué pasará con ellas si se desmantelan los instrumentos de «paz social subvencionada» que se han construido en las últimas décadas? Tanto como consecuencia de las nuevas exigencias del capitalismo global financiarizado, que necesita acaparar para sus circuitos de revalorización de capital cantidades siempre en ascenso de flujos monetarios para que no se derrumbe el castillo de naipes de los mecanismos de acumulación y reproducción del capital-dinero; como también, tal vez, por una decisión consciente —parte de las estructuras de poder— de incentivar la «guerra civil molecular» entre «los de abajo», como forma de intentar frenar y desactivar el cuestionamiento desde la base de las formas de dominio «de los de arriba». De hecho, el llamado «movimiento de movimientos» no se podría entender en gran medida sin la existencia de ese magma que es el «Tercer Sector», y todo lo que bulle en él y en sus aledaños. Algo así se atisba ya, sobre todo el interés de paralizar como sea la confluencia de las luchas de los «no comunitarios» con los distintos antagonismos que llevan a cabo los «ciudadanos europeos» de a pie. Se intenta incentivar por distintas vías, que luego analizaremos con mayor detenimiento, las jerarquías internas (comunitarios y «no comunitarios» —legales e «ilegales»—), y el resentimiento (hacia) y la criminalización de los de «afuera», con el fin de crear un caldo de cultivo idóneo para este enfrentamiento entre «los de abajo».
Además, se prevé que a partir de 2020 la población comunitaria total de la UE a Veinticinco empiece a disminuir en términos absolutos, debido a la caída de la fertilidad y aumento de la esperanza de vida. Es decir, asistiremos a un envejecimiento progresivo de la población «europea» (en el caso de EEUU, su crecimiento poblacional es mayor y su dinámica de envejecimiento menor). Lo cual provocará una mayor presión sobre las finanzas públicas de los Estados de la UE (gasto en sanidad, prestaciones sociales, cuidado permanente, pensiones), en un escenario en el que la presión fiscal tiende a disminuir por las exigencias del capitalismo «europeo» y global. Será pues preciso, de acuerdo con la lógica del modelo, no sólo proceder a un rápido desmontaje del Estado social para que no grabe las dinámicas de acumulación de capital, sino también garantizar y controlar los flujos necesarios de población inmigrante que permitan —de una forma aún más intensa que en la actualidad— su concurso como fuerza de trabajo productiva y de cuidado, sobre todo si el Estado se retira del ámbito de la reproducción social y la estructura familiar —y, en concreto, las mujeres— ya no da(n) más de sí. Todo ello reforzará aún más las tensiones culturales en las metrópolis, los guetos identitarios, la búsqueda de identidades pérdidas, los fantasmas del etnicismo, sobre todo en los llamados «barrios sensibles», allí donde habitan «los de abajo» de ambos «bandos» (comunitarios y «no comunitarios»). Es decir, donde se va a producir la «guerra civil molecular» (que se está activando ya), azuzada por la extrema derecha y promovida también desde otras estructuras de poder, que es preciso desactivar como sea y reorientar de forma liberadora.
45. Tanto aquellos que irrumpen en los sesenta: el ecologista, feminista, pacifista, etc., como los nuevos movimientos «antiglobalización» de los últimos años, así como su hibridación mutua.
46. En nuestro caso, el Prestige, el Plan Hidrológico Nacional, desmanes urbanísticos y territoriales diversos, desarticulación del mundo campesino residual, etc. Pero lo mismo podríamos señalar en otros espacios de la Unión.
47. Que consiste fundamentalmente en un replanteamiento de la centralidad de la movilización en torno a las cumbres, pasando por así decir de una desobediencia civil organizada y puntual en torno a las mismas, a una desobediencia civil difusa en el espacio y dispersa en el tiempo, con un mayor enraizamiento en lo local y en lo sectorial, sin abandonar la necesidad de las interconexiones «europeas» y globales.
48. Los casos más sonados fueron los de Gotemburgo, donde la policía sueca provocó con su actuación fuertemente represiva distintos heridos de bala entre los manifestantes, y sobre todo la de Génova (julio de 2001) en la que la policía de Berlusconi tuvo una actuación directamente criminal, con un saldo de un muerto (Carlo Giuliani), cientos de heridos y miles de detenidos. Pero también se repitió la fuerte represión especialmente en Salónica (junio de 2003) —ver cita de inicio del libro—, y en otras cumbres en las que se elimina el derecho a la libre circulación (espacio Schengen), así como otros derechos y libertades.