La compleja construcción de la Europa superpotencia - Una nueva "Europa" de estados en red, reforzados, transnacionaliz

En la nueva Constitución Europea a los Estados se les asigna claramente (entre otras tareas) la función de guardianes del orden interno, y se les garantiza asimismo la intangibilidad de sus fronteras (una de las exigencias de Aznar durante la redacción de la Constitución), realzando de forma especial el protagonismo de los mismos en el devenir de la UE, sobre todo en materia de política interior49. Es decir, se petrifica el actual orden estatal y se olvida además cualquier referencia a los «pueblos» de «Europa», como en anteriores tratados, y mucho más a los «pueblos» sin Estado que mantienen esa reivindicación (vascos, corsos, bretones, etc.), para los que ni siquiera cabe el derecho de autodeterminación que es reconocido por las propias NNUU. Y hasta la «Europa de las Regiones» parece que pasa a una mejor vida, después de su lento (pero considerable) desarrollo desde la década de los ochenta. Esto es, después de una cierta cesión de «estatalidad» hacia abajo y de reconocimiento por parte de la UE de ésta «deslocalización» del poder político hacia las estructuras regionales en los últimos veinte años, se frena este proceso dejándolo prácticamente en vía muerta; al tiempo también que se paraliza en gran medida la cesión de ciertas competencias estatales hacia arriba, con el fin de reforzar el papel de los Estados en la futura Unión.

Ante la pérdida de legitimidad (y debilidad) de las instituciones europeas, el auge de la contestación y desintegración social interna, el nuevo contexto internacional de intensificación de las rivalidades intercapitalistas, la necesidad de «gestionar» volúmenes de población in crescendo no comunitaria y la perentoriedad de frenar flujos aún mayores de población inmigrante que desbordan las demandas de nueva fuerza de trabajo, se va a recurrir a una institución centenaria: el Estado-nación (remodelado) para hacerse cargo de este (des)orden de cosas, al tiempo que su estructura se va a poner (aún más) abiertamente a funcionar en beneficio de los sectores hegemónicos del capital. El Estado-nación que, según algunos, parecía desfallecer vuelve a resurgir fuertemente reconfigurado, desprendiéndose cada vez más de su cara blanda (la del Estado social), apuntalándose de forma creciente su cara dura (la policial y militar), y reestructurándose internamente para ponerse en función del proyecto supraestatal del capital: el «proyecto europeo». Un proyecto que se ve obligado a construir su estructura política a partir de esa materia prima existente: el Estado-nación, que se ha ido constituyendo y remodelando durante siglos. Es la organización de poder más solvente de la que dispone para la construcción de «Europa», no tiene otra de igual entidad a mano, pero además se ve obligado a contar con esta institución de poder territorial para edificar esa otra estructura de poder superior, pues depende también para establecerla de su concurso e iniciativa. Sin la participación directa del poder político existente no se puede construir la nueva estructura de poder, que es clave para reforzar las dinámicas del capital transnacional a escala de la Unión y para proyectar esta nueva potencia a nivel global, máxime en esta nueva etapa de «globalización armada» en la que hemos entrado con el nuevo milenio.

Pero esta estructura de poder superior es más bien un entramado supraestatal, una red de Estados. Por lo que hemos visto «Europa» tiene pocas posibilidades (o ninguna) de convertirse en el futuro en un nuevo y gran «Estadonación» supraestatal, valga la redundancia. La velocidad con la que se configura y reconfigura el «proyecto europeo», y la complejidad del tablero institucional, político, social y cultural sobre el que opera, hacen muy difícil (imposible diríamos) ensayar dicha opción. Es por eso por lo que la «Europa» (que sanciona la Constitución) se ha decantado por configurarse como una nueva estructura política: una especie de «superEstado» postmoderno, que cabría mejor definirlo como un conjunto de Estados funcionando en red. O mejor dicho, en el futuro, en redes de distintos niveles de complejidad e interrelación, que conforme nos vamos acercando a su corazón central incrementan su densidad institucional («cooperaciones reforzadas»). Es decir, algo así como una estructura de círculos concéntricos operando a distintas «velocidades» institucionales, a las que se adscriben (o son asignados por los poderes centrales) los diferentes poderes territoriales estatales. Este nuevo proyecto político de la UE es indudablemente un «objeto político no identificado», como se le ha llegado a caracterizar. Al menos en el universo institucional conocido. En esta nueva configuración política la unidad que la compone: el Estado-nación, por así decirlo, se desnacionaliza, paradójicamente, al tiempo que se transnacionaliza (Brenner, 2003; Serfati, 2004). Esta des-nacionalización y transnacionalización es algo que caracteriza a la transformación del Estado-nación a escala mundial en la época de la «globalización», pero este fenómeno adquiere una especial relevancia en el caso del «proyecto europeo», sobre todo porque da a luz una nueva estructura institucional superior. Genuina en el caso «europeo». Y en esta nueva estructura institucional el Estado-nación que la alimenta podríamos decir, irónicamente, y esquematizando, tan sólo conserva su bandera (junto con, en su caso, la «lengua nacional») y quizás la organización territorial como señas específicas de identidad; mientras que cambia en casi todo lo demás, adecuando su soberanía y funcionamiento a las nuevas exigencias del «proyecto europeo» (más del 60% de las leyes y normativas «estatales» provienen de Bruselas y son comunes a todos los Estados de la Unión), al tiempo que se va adaptando también, con distintos ritmos, a las más amplias del nuevo capitalismo (financiero) global.

La crisis del Estado-nación (social) y su «renacimiento» a favor del capital y su (des)orden

La readecuación del Estado-nación que se desarrolló en la Europa occidental de los «treinta gloriosos», es decir, su configuración como «Estado del Bienestar» en la época fordista, hace tiempo que venía experimentando cambios profundos. Las nuevas dinámicas capitalistas que se van instalando a escala mundial desde finales de los setenta, la propia evolución del «proyecto europeo» que las acompaña (Mercado Único, Maastricht, Ámsterdam, Lisboa, Niza), la revolución conservadora y el inicio de las políticas neoliberales en los ochenta (efecto y causa de las mismas), la Tercera Vía de la socialdemocracia que las continúa en los noventa (impulsada también por las crisis y transformaciones políticas que activa la caída del muro de Berlín) y la derrota del movimiento obrero han trastocado sustancial-mente el «Estado social» característico del espacio europeo occidental y de una época histórica. Pero ahora asistimos a una nueva revolución (política y económica) en su estructura, una nueva vuelta de tuerca, incentivada por las nuevas dinámicas del capitalismo global, especialmente tras el 11S, y por las exigencias adicionales que plantea la nueva fase del «proyecto europeo», moldeada asimismo por la presión e incidencia ideológica de las fuerzas de la extrema derecha (ultranacionalista, populista —pero a favor de la «Europa Blanca»—, xenófoba, racista, antimulticultural y, especialmente, antimusulmana) en la estructura político-social. La nueva «Europa» que define la Constitución Europea certifica la etapa terminal del Estado asistencial, así como el agotamiento progresivo de los mecanismos redistributivos (e integradores) a escala estatal y comunitaria. En paralelo a todo este proceso se ha producido una degradación de la «democracia». Primero, se planteaba una «contención democrática» como cuestión de gobernabilidad del nuevo capitalismo global (y «europeo»), y de ahí hemos llegado a una «democracia» (aún más) vacía, sin derechos, que se mantiene en base a una banalización mediática de la política. Además, el poder estatal utiliza también la coartada de la Unión Europea para concentrar aún más poder y desembarazarse de incómodos controles parlamentarios internos, con el fin de poder llevar a cabo (no sin tensiones) las nuevas demandas que se le exigen. En este recorrido forzoso el nuevo Estado-nación se ha dejado en el camino importantes jirones de legitimidad (simbólica), que adquirió fundamentalmente en el periodo postbélico.

Y esta pérdida de legitimidad se va intensificando porque el Estado empieza a dejar de percibirse como un ente «neutral» (nunca lo ha sido) entre el capital y el trabajo, cuyo objetivo es lidiar en el conflicto social y proteger a los más débiles. No, la actividad del Estado se pone cada vez con menos contrapesos (políticos) al servicio de los intereses del capital transnacional, productivo y financiero. Recientemente, hasta la propia administración estatal es la que está lanzando los mayores fondos de pensiones privados para el cuantioso personal funcionario y laboral a su cargo. Y en especial como último rasgo de su «nacionalidad» en declive, el Estado sale de forma contundente en apoyo de los principales sectores de capital autóctono que se transnacionalizan (junto con otros capitales foráneos) para mejor crecer y acumular. El Estado ayuda a las principales empresas «nacionales» a salir fuera, con el fin de ampliar sus mercados50. Y para ello les da todo tipo de ayudas económicas51y apoyo político-diplomático, si es preciso. En muchos casos este apoyo deriva directa o indirectamente en la deslocalización de las propias empresas «nacionales» hacia enclaves exteriores desde donde exportan al mercado «nacional» (y «europeo» o mundial). Estas empresas (y entidades financieras) transnacionalizadas que son las primeras que disponen de mecanismos para eludir sus propias obligaciones fiscales, pues operan con un pie en los paraísos fiscales y otro pie en «casa», son también las primeras en obtener las ayudas precisas para proyectar su actividad en el exterior. Y cuando vienen mal dadas en el exterior son capaces de conseguir el apoyo político, diplomático, financiero y fiscal preciso para intentar hacer frente a potenciales reveses. Es decir, se instaura un nuevo capitalismo (públicamente) asistido. La implicación del gobierno del PP, y del propio Aznar, en la crisis Argentina, los créditos extraordinarios que se aprobaron de la noche a la mañana en el Congreso de los Diputados para apoyar los intereses de las empresas «españolas» que operaban en dicho país, junto con las amplias deducciones fiscales por las «pérdidas» sufridas, son un buen ejemplo doméstico de todo ello. Y Rodríguez Zapatero, aunque con otro talante e imagen pública, continúa con matices en la misma dirección.

Todo esto hace —como señala Eva Joly (2003), la jueza que llevó el caso Elf en Francia— que la gran corrupción se haya instalado dentro del propio Estado, en connivencia con las grandes empresas «nacionales» transnacionalizadas, convirtiéndose no en un fenómeno marginal, sino sistémico. Hoy en día, las empresas transnacionalizadas, que son principalmente las que operan en los mercados financieros, están sometidas al llamado Gobierno Corporativo (Fdez Durán, 2003); y para crear «valor para el accionista», se ven tentadas («obligadas») a comportarse como lo han hecho Enron, Parmalat, Vivendi, etc. No son sólo las ovejas descarriadas las que actúan así, sino que las condiciones estructurales en las que operan los mercados financieros y la propia actividad económica —que, no lo olvidemos, las han creado («presionados») los propios Estados nacionales «transnacionalizados»— generan el marco adecuado para que el conjunto del sistema se vea abocado en esa dirección. Mientras tanto, la actividad económica que permanece atada al espacio «nacional» y el conjunto de la fuerza de trabajo son los que mantienen, fiscalmente, el funcionamiento del Estado-nación. No en vano la mitad de los activos financieros mundiales está en paraísos fiscales (Joly, 2003), y la Constitución Europea sanciona su existencia dentro de su propio territorio (Luxemburgo, la sede del Tribunal Europeo de Justicia, entre otros), al tiempo que prohíbe cualquier restricción a los movimientos de capitales, vengan de donde vengan. Sin embargo, dentro del clima generalizado de «bajar los impuestos» en el que se ha instalado el programa de cualquier partido político, y que responde asimismo a los intereses de este nuevo modelo de capitalismo global financiarizado, la fiscalidad —esa «carga» que llegó a adquirir en un momento histórico determinado un cierto carácter progresista (debido a la correlación de fuerzas existente) y una forma redistributiva de operar a través del Estado— hoy funciona justo en sentido contrario. Las grandes empresas, en primer lugar, pero también gran parte de la actividad económica, así como las grandes fortunas y, en menor medida, pero también, las rentas altas se benefician de una bajada generalizada de impuestos (pues si no emigran hacia los «agujeros negros» fiscales), mientras que éstos recaen cada vez más sobre la pequeña actividad económica, el trabajo autónomo (de primera y segunda generación) y la fuerza de trabajo asalariada, en especial aquella más precarizada.

El afianzamiento de la «Europa» securitaria y los Estados de «tolerancia cero»

Es el triunfo cada día más absoluto del mercado, y el Estado-nación (en crisis) debe adaptarse a la nueva realidad que se le impone y prepararse para lidiar con una explosión de desorden (antagonista y sobre todo no antagonista), fruto de treinta años de ruptura de vínculos sociales que hoy sigue (aún más aceleradamente) su curso (Germinal, 2003). Es por eso por lo que se intensifican los aspectos securitarios en el «proyecto europeo» y se refuerzan las funciones hobbesianas, represivas, tanto del Estado-nación como a escala comunitaria. Europol es un magnífico ejemplo de ello52. Europol, que se crea con Maastricht, va a ver ampliado su ámbito de competencias, al tiempo que opera sin ningún tipo de control parlamentario o judicial, lo cual supone una importante amenaza para todo el entramado de derechos y libertades conseguido a escala del Estado-nación. Se puede afirmar que se va consolidando una cultura de la emergencia y excepcionalidad en el ámbito securitario, que se refuerza mutuamente entre los Estados-nación y el espacio «europeo». De hecho, las reformas penales, jurídicas y policiales acometidas en el espacio de la UE al calor del 11-S van claramente en esa dirección (incluida la posibilidad, que se hace realidad, de un fuerte control de Internet), y desde la cumbre de Salónica (junio, 2003) están plenamente comunitarizadas, suponiendo ya un muy importante recorte de los derechos y libertades. El 11-M va a suponer una nueva y poderosa excusa para dar una vuelta de tuerca adicional en esta dinámica, tal y como se desprende de la nueva Constitución (Asens y Ubasart, 2004). La avanzadilla en este terreno es Gran Bretaña que aprobó, ya en 2002, una legislación antiterrorista que permite establecer una especie de limbo jurídico para los detenidos foráneos en pleno corazón de la «Europa de las libertades», algo así como un «Guantánamo» dentro de la UE. El país que inventó el hábeas corpus es ahora el primero que lo niega en la UE, siguiendo la estela de EEUU. Es un Derecho que suspende las normas del llamado Estado de Derecho (De Lucas, 2003). Y que ahora, en una nueva legislación antiterrorista en marcha, quiere extender también a los «autóctonos», «para no hacer discriminaciones», pues según Blair la seguridad está por encima de los derechos y libertades. Esta nueva legislación parece especialmente pensada para la represión de activistas de los movimientos sociales que cuestionan el orden vigente53, a los que se podría perseguir como a «terroristas», estableciendo una clara primacía del poder político sobre el poder judicial, mayor garante, hasta ahora, de los derechos y libertades (que, en teoría, dice recoger la Constitución Europea en su primera y segunda parte). Pero hay muchos más Estados dentro de la Unión que le siguen de cerca. España es uno de ellos. La Ley de Partidos y su aceptación a escala de la Unión es un buen síntoma de ello. En este campo (el de la «Europa» policial) parece que las distintas estructuras de poder en la UE no manifiestan discrepancias. Se podría pues afirmar que el Gran Hermano ya está aquí.

Convendría resaltar aquí dos campos de actuación de las estructuras estatales y comunitarias en el ámbito securitario: la política penal y la política de inmigración, y la interrelación también entre las mismas; y cómo ambas se orientan asimismo a conseguir apoyo social para las estructuras políticas a partir de la gestión del miedo al «otro», sea éste «nacional» o principalmente extracomunitario, y cada vez más también hasta el propio intracomunitario del Este. Esta gestión se ejecuta a través de políticas que van desde la cada día mayor criminalización de la pobreza (en ascenso), hasta el reforzamiento comunicativo-mediático del perfil delictivo del inmigrante. Si el Estado (y la UE) pierde(n) apoyo social, es preciso conseguir reforzar ese apoyo a través de la gestión del miedo, como ya apuntábamos antes. Un campo de actuación es todo aquello relativo al «Estado penal». Indulgente con los «ganadores» y represivo con los «perdedores». Hoy en día, caminamos hacia una «política social» que se está convirtiendo en una política represivo-penal, como en EEUU, aunque por supuesto todavía hay una diferencia sustancial entre el «Estado penal» estadounidense y el «europeo». No en vano el número de presos en EEUU es casi diez veces más alto, relativamente, al existente en «Europa»54. Un encarcelamiento verdaderamente masivo, sin parangón en cualquier otro Estado del planeta (Brandariz, 2004). En el «Estado penal» ya no hay aspiraciones rehabilitadoras. Se pretende solamente sustraer a los «delincuentes» de la sociedad a través de medidas de «tolerancia cero»55, como forma de dar «seguridad» al cuerpo social integrado y de conseguir réditos políticos (la venta de «seguridad», compra de «legitimidad»). Todo ello se está empezando a acompañar, al igual que al otro lado del Atlántico Norte, de mecanismos de privatización de cárceles y de leyes de justicia rápida, que suspenden o dejan disminuidos los derechos fundamentales, al tiempo que promueven la «industria privada de control del delito», tanto penitenciaria como extrapenitenciaria. En EEUU hasta se empieza a contemplar abiertamente (se está haciendo ya) el encarcelamiento preventivo, al igual que en la nueva legislación antiterrorista británica. La política penal es un ámbito prioritariamente estatal, aunque se están estableciendo ya mecanismos (como la «euroorden») para aplicar un normativa penal común a escala comunitaria, bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo.

La gestión del miedo a través de la política penal se va a convertir en un mecanismo de apoyo a un nuevo «patriotismo estatal» y por ahora, en bastante menor medida, en un instrumento de apuntalamiento de una «Europa» fuerte. Este nuevo «patriotismo estatal», basado en el culto al Estado de «tolerancia cero», promueve un trasvase de recursos públicos del ámbito de la asistencia y el bienestar social al del control. Y en él, las autoridades penitenciarias y los servicios sociales cooperan directamente en la gestión de las poblaciones actual o potencialmente excluidas, estableciendo dispositivos tutelares extraordinarios de gobernabilidad y seguridad sobre dichos márgenes (Brandariz, 2004).

La «Europa fortaleza» vincula cada vez más el «enemigo interior» con el «enemigo exterior»

Por otro lado, la política de inmigración ha tenido hasta ahora una dimensión prioritariamente estatal, a pesar de instrumentos como el espacio Schengen, que han permitido (y obligado) a una coordinación de este tipo de políticas en el ámbito comunitario. Pero con la nueva Constitución Europea, y las políticas que la acompañan, esta política va a tener, como se ha apuntado, una dimensión crecientemente comunitaria. Y se va a utilizar también como una forma de reforzar el apoyo social a la UE, especialmente dentro de su corazón central, que se va a proteger respecto de las posibles «avalanchas» de las periferias, incluyendo la propia periferia de la UE, recién incorporada a la Unión. Es curioso cómo en el espacio Schengen están todos los países de la antigua UE a Quince, salvo Gran Bretaña e Irlanda, más «sorprendentemente» Noruega, Suiza e Islandia, tres países que no forman parte de la UE. Y sin embargo, no forman parte de él los nuevos miembros de la UE a Veinticinco. Así pues, el apoyo que se busca obtener en las clases medias de ese corazón central comunitario va a ir en detrimento seguro de una mayor cohesión social de la UE como un todo y de una percepción de la Unión como un espacio inclusivo para los nuevos miembros.

La nueva Constitución Europea establece la creación de una Agencia Europea de Control de Fronteras, que va a «gestionar» de forma unitaria, y aún más firme, el control de los flujos migratorios a escala comunitaria; a este respecto, en relación con la inmigración, el encarcelamiento preventivo y la expulsión existen ya desde hace tiempo (es decir, la privación de libertad sin mediar delito ni resolución judicial, simplemente por ser un «sin papeles», así como su posterior repatriación). Queda aún al margen el establecimiento de cupos de inmigrantes por países, que serán determinados por los Estados miembros, pues los mercados de trabajo siguen siendo todavía «nacionales». De hecho, el sistema «europeo» común de asilo se reduce muy drásticamente en toda la Unión, y se orienta a sus solicitantes hacia los mismos «campos de concentración» (centros de agrupamiento especiales), situados en los países periféricos de la Unión, que a los «inmigrantes económicos», a fin de asegurar un acceso filtrado a ésta. Es más, la ayuda comunitaria al «desarrollo» para los países limítrofes del sur y del este va a estar condicionada al control en origen de los flujos migratorios y a la aceptación de los «sin papeles» expulsados por la UE. Y la lucha contra el terrorismo internacional va a permitir (va a ser una excusa más en) el combate contra las incipientes organizaciones de los trabajadores inmigrantes, lo que ayudará a yugular sus reivindicaciones laborales y de otra índole, abaratando aún más su fuerza de trabajo y garantizando un mayor sometimiento de la población extracomunitaria. Ésta ha sido una de las razones de la aprobación en EEUU de la Homeland Security Act, en la que la hostilidad a la sindicación de los trabajadores inmigrantes es muy explícita (Caffentzis, 2003), y va a ser un componente también, quizás no tan patente, por ahora, de la política inmigratoria comunitaria. Al inmigrante se le presenta cada vez más como el nuevo «enemigo interior», resaltando policialmente su perfil delictivo, que enlaza directamente con el «enemigo exterior» más allá de las fronteras de la UE. Ello es funcional con el desdibujamiento entre las políticas de orden público interno y la «defensa exterior» de la Unión Europea.

En este nuevo modelo securitario «europeo» las funciones policiales y militares tienden progresivamente a confundirse, y la política interior y exterior también. Es preciso recordar que no es lo mismo el control democrático sobre la policía que sobre el ejército. En este sentido, es de resaltar cómo en las fronteras de la Unión con el exterior participan ya conjuntamente, en las funciones de control, fuerzas policiales y militares. Esta tendencia es algo común a los principales centros de poder territorial de los espacios centrales, destacando por supuesto las políticas impulsadas al respecto por EEUU, sobre todo tras el 11-S.

---

49. La UE «respetará las funciones esenciales del Estado, en particular las que tienen por objeto garantizar la integridad territorial del mismo, mantener el orden público y garantizar la seguridad nacional» (artículo 5 de la Constitución Europea).

50. Siempre lo hizo, pues el capitalismo tuvo desde sus inicios una dimensión mundial, que se ha ido intensificando con el tiempo. Pero es en esta nueva etapa de «globalización», cuando el capital «nacional» se proyecta aún más clara y masivamente sobre los mercados mundiales, abandonando y trascendiendo el refugio hasta ahora protegido del espacio geográfico «nacional». Le va su propia vida en ello.

51. Se establecen los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) para apoyar la actividad exportadora de las grandes empresas «nacionales», se crean Agencias de Créditos a la Exportación cuyo objetivo es cubrir riesgos de impago derivados de la venta de productos o servicios de dichas empresas en los mercados exteriores, y se arbitran todo tipo de facilidades fiscales en relación con esta actividad foránea.

52. Y el Sistema Informático Schengen (SIS), una enorme base de datos personales que se recogen a escala europea, también. El SIS surge en teoría para controlar y regular los flujos migratorios, pero hoy en día funciona como una vasta base de información policial, abastecida por todas las policías nacionales.

53. Y especialmente diseñada para poder actuar, a corto plazo, con el fin de impedir movilizaciones en torno a la cumbre del G-8, que tendrá lugar en Escocia en julio de este año.

54. El número de presos en EEUU es de 685 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media comunitaria «tan sólo» alcanza, por ahora, los 87 presos por 100.000 habitantes (Rifkin, 2004). La población carcelaria se ha multiplicado en la hiperpotencia por más de cinco entre 1975 y 2000, sobrepasando los dos millones de presos entonces. Además, existen más de cinco millones de personas con control extrapenitenciario, por medio de libertad vigilada (Brandariz, 2004, Wacquant, 2003).

55. Término creado por el Manhattan Institute (un think tank en materia securitaria) y promovido primero en Nueva York en los noventa. Según su filosofía, la mejor forma de luchar contra la gran criminalidad consiste en perseguir con severidad hasta los pequeños desordenes cotidianos (Brandariz, 2004).