La complicada evolución de la libertad de prensa en España durante el siglo XX - El control informativo de Primo de Rivera

Las dos primeras décadas del siglo XX suponen una etapa de profundas inestabilidades políticas y sociales. Esta situación se agrava con la crisis de los partidos vivida a raíz de la división del Partido Conservador, llegándose a una situación en la que una supuesta monarquía parlamentaria se queda sin los partidos que le dan contenido. Todo ello provocará la llegada de una dictadura con la anuencia de la monarquía. Es un período con muy pocas iniciativas dirigidas a modificar la situación del periodismo. La única con cierta relevancia es la Ley de Jurisdicciones de 1906 que complementa la Ley de Prensa e Imprenta de 1883.

La etapa iniciada tras el golpe militar del 13 de septiembre de 1923 es un período poco estudiado por los historiadores, sin duda atraídos por los sucesos de la República y, sobre todo, por la Guerra Civil (Fernández, 1982: 189). Los últimos años de la Restauración se desarrollan en el marco de una crisis social a la que el periodismo no es ajeno. Tras la suspensión de las garantías constitucionales en 1919, los trabajadores de artes gráficas ponen en práctica la llamada “censura roja”, por medio de la cual no imprimen las noticias que se consideran perjudiciales para los trabajadores. Tras el cierre patronal en protesta por esta medida, los empresarios acuerdan con los trabajadores delegar en los directores para que estas informaciones no se publiquen (Seoane y Sáiz, 1996: 256).

Tres días después del golpe se publica un Real Decreto por el que se toman medidas contra la prensa regionalista. A partir de este momento se impone un régimen de censura previa que, según algunos autores (Sánchez y Barrera, 1992: 177) no existía desde hacía muchos años como algo estable, lo que provoca una actitud de atonía y sordidez generalizada en el periodismo español, aunque otros afirman que la censura previa no es ninguna novedad en el periodismo español, acostumbrado a la frecuente suspensión de las garantías constitucionales durante la Restauración: veintitrés veces en los últimos veinticinco años (Fuentes y Fernández, 1997: 203).

Un año después del inicio de la Dictadura, los presidentes de las Asociaciones de la Prensa de todo el país solicitan al general Primo de Rivera que suspenda la censura previa, a lo que el dictador, que siempre presume de periodista, responde con una circular en la que refleja su visión sobre el papel que debe jugar la prensa. Afirma que se necesita un Estatuto “para obligarla a ser buena”, y añade “ya que la igualdad de derechos para propagar una u otra teoría, es una candidez sólo aceptada en tiempos de decadencia...”

Por decreto se convierte en censores a los funcionarios de los Gobiernos Civiles, una medida que tiene un resultado muchas veces incoherente, ya que son personas ajenas a la Dictadura y en su actuación utilizan criterios no homogéneos. Así, se censura a unos diarios por unos contenidos que a otros se les permite, ya que todo depende de la provincia donde sucede, aunque existe un control centralizado en un organismo creado al efecto: la Oficina de Información y Censura, que según Eloy Fernández (1982: 220) está dirigida desde su comienzo por el teniente coronel Celedonio de la Iglesia, aunque Seoane y Sáiz (1996: 322) señalan que éste fue el segundo responsable de la Oficina, nombrado en 1925 en sustitución de Pedro Rico, primer director de la misma, y también teniente coronel.

Pero la censura de esta época se caracteriza por llevarse a cabo en general de forma benévola, ya que continúan publicándose las escasas revistas comunistas que existían en el momento del golpe militar, aunque se les somete a un control riguroso, y lo mismo sucede con alguna revista nacionalista vasca y catalana. En una circular dirigida a los gobernadores militares con las instrucciones para censurar a los periódicos, Primo de Rivera considera que se deben permitir los artículos políticos que cuestionen la propia existencia de la censura, la Dictadura, o la Monarquía, “siempre que no sean separatistas o subversivos”. Sin embargo, curiosamente en este comunicado puntualiza que no admitirá la difusión de noticias sobre huelgas, delitos, escándalos e incluso circunstancias meteorológicas que pudieran dar una imagen de intranquilidad social.

La arbitraria censura origina gran cantidad de anécdotas. Muchos periódicos intentan burlarla con titulares de doble sentido, donde siempre está presente la ironía. Algunos periódicos, como España, dirigido por Ortega y Gasset y Azaña, publican los textos censurados con las marcas que indicaban las prohibiciones oficiales. Otros lo hacen con puntos suspensivos para indicar que la censura había impuesto el silencio, o con espacios en blanco para dejar patente la prohibición gubernamental, hasta que en 1927 ambos métodos quedan prohibidos. Pero la reacción más común es no hacerse eco de los aciertos del Gobierno como contrapartida a la imposibilidad de criticar determinadas actuaciones, algo de lo que se queja el general en repetidas ocasiones. Un ejemplo de este enfrentamiento de la prensa con la Dictadura se pone de manifiesto con motivo de la celebración del V Congreso de Prensa Latina, que con la excusa de que debía denominarse “Hispanoamericana”, es rechazada por los principales diarios del país como parte de la lucha contra el régimen.

Pero lo más sorprendente es que la Dictadura no hace ninguna modificación legal relevante, pues no deroga la Ley de Policía e Imprenta de 1883 ni la Ley de Jurisdicciones de 1906. Todas las iniciativas legislativas en este período se limitan a la aprobación de decretos de muy diverso contenido. Unos benefician a la actividad periodística, como el que concede el indulto a procesados por delitos de prensa, o el que recupera el descanso dominical, y otros inciden en contra de la libertad de expresión, como el que suprime los ataques a la Dictadura, o el que dicta las instrucciones para la obtención del carné de periodista como medio de control de la profesión. Además, en 1926, el régimen nacionaliza la agencia de prensa Havas, que pasa a denominarse Fabra.

La censura previa continúa hasta la dimisión de Primo de Rivera, producida el 30 de enero de 1930, y que pone fin al régimen dictatorial. El general nunca tuvo una visión clara de lo que debía hacer con la prensa ni con otros medios informativos que acababan de aparecer: la radio y el cine. El dictador admira a Mussolini, pero no organiza un régimen fascista con una estructura como la italiana, y la censura previa no se lleva a cabo con criterios firmes. Todo ello lleva al fracaso a la Dictadura que, sin una política informativa definida, se enfrenta a los intelectuales y pierde ante la opinión pública (Álvarez, 1989: 86).