La complicada evolución de la libertad de prensa en España durante el siglo XX - El ingenuo entusiasmo de la etapa republicana

Después de un breve paréntesis de provisionalidad institucional, se produce un acercamiento de la mayoría de los intelectuales y fuerzas políticas hacia las posiciones republicanas. La firma del Pacto de San Sebastián durante el verano de 1930 es la antesala de la caída de la Monarquía, que no puede superar el triunfo de las candidaturas republicano-socialistas en las elecciones municipales. El 14 de abril de 1931 se forma el primer gobierno provisional republicano presidido por Niceto Alcalá Zamora y compuesto por todos los partidos que se opusieron a la Monarquía.

Con la II República cambian muchas cosas para el periodismo. Tres días después de su proclamación, se aprueba la abolición de la Ley de Jurisdicciones, que desde su nacimiento, veinticinco años antes, había sido muy criticada. Sin embargo, la polémica Ley de Policía e Imprenta de 1883 permanecerá formalmente en vigor durante toda la etapa republicana. Además, al terminar los problemas de censura para editar libros de izquierdas, se crean importantes editoriales que publican obras hasta entonces prohibidas en España.

Se publican dos decretos relacionados con la profesión periodística. El primero consolida la libertad de prensa, y el segundo concede una amnistía por delitos relacionados con la censura. Esto no impide que se suspendan publicaciones, como es el caso de los periódicos monárquicos ABC y El Debate, además del semanario comunista Mundo Obrero, un mes después de proclamada la República. Este hecho, unido a la quema de conventos producida al día siguiente, 11 de mayo, plantea el gran problema de la II República: garantizar la libertad de expresión y compatibilizarla con el orden público.

El 20 de octubre de 1931 se aprueba la Ley de Defensa de la República, que prohíbe las noticias que puedan quebrantar la paz social o el orden público. Es una norma jurídica que contradice la Constitución aprobada dos meses más tarde, ya que en su artículo 34 establece:

Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a previa censura. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos, sino en virtud del mandamiento del juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme

Pero para poder conservar en vigor la Ley de Defensa, se incluye en el texto constitucional una disposición transitoria que matiza lo anterior: “mientras subsistan las actuales Cortes Constituyentes”. Pese al contenido constitucional, y la siempre manifestada libertad de prensa, lo cierto es que en este período se producen masivas suspensiones de periódicos y revistas. La Ley de Defensa, cuya aplicación era encomendada al ministro de Gobernación, fue una herramienta utilizada a diario contra numerosos medios informativos (Sánchez, 1992: 326). Finalmente es derogada en 1933 y sustituida por la Ley de Orden Público elaborada por el nuevo gobierno republicano de derechas. La aplicación de esta nueva norma jurídica supone la imposición de la censura previa. En 1935, el gobierno radical-centrista presenta en las Cortes el proyecto de una nueva Ley de Prensa para sustituir a la de 1883. En su articulado se incluye el aumento de las posibilidades represivas con censura, multas y prohibiciones. La oposición frontal que encuentra en el parlamento, incluso de la extrema derecha, hace que se retire inmediatamente.

La República no supone un giro radical en la evolución de la prensa española, pues los grandes periódicos de empresa se siguen imponiendo a los de partidos políticos, y aunque se multiplica el número de publicaciones obreras, no sube el de sus lectores. Los periódicos que se adhieren a la República se mantienen, mientras fracasan los que buscan cobijo en partidos políticos. La situación económica de las empresas informativas, en general, no es buena al terminar la Dictadura, pero tampoco mejora con la llegada de la República, e incluso muchas de ellas empeoran como consecuencia de la situación general del país.

Los periódicos de empresa se consolidan y forman la Federación de Empresas Periodísticas de Provincias de España (FEPPE) como órgano de presión ante las autoridades. En 1931 ya agrupa a noventa y seis publicaciones, en su mayoría diarios, repartidos por todo el territorio nacional, con la excepción de Madrid y Barcelona. Durante toda la etapa republicana, FEPPE publica un boletín mensual en el que su presidente, Francisco de Cossío, insiste en su independencia de los partidos políticos, y aboga por un empresariado solvente para afrontar el reto económico que supone financiar la publicación (Desvois, 1986: 367).

Pero también se publican periódicos de partido. Entre las publicaciones comunistas destaca Mundo Obrero, que había nacido en 1930 como semanario, con una tirada de quince mil ejemplares, y que es suspendido desde el tercer número hasta la llegada de la República. Posteriormente se convierte en diario, momento en el que llega hasta los treinta y cinco mil ejemplares (Cruz, 1986: 266). En 1936 inicia una nueva etapa en la que aspira a alcanzar un amplio sector de la opinión pública con unos contenidos variados y alejados de un “periódico de partido” (Cobb, 1986: 281).

Es una etapa que se caracteriza por los continuos intentos de cambiar a fondo el país, con reformas que hasta ese momento nunca se habían planteado. Pero la falta de consenso político, y la actividad de grupos que quedaron al margen del régimen, como los anarquistas y los monárquicos católicos, hacen que España viva una gran inestabilidad social que culmina con la Guerra Civil cinco años más tarde. Una experiencia política que había despertado gran entusiasmo en su inicio, posiblemente de forma ingenua, termina con el peor enfrentamiento bélico sufrido en la España contemporánea.