Concluida la guerra, el gobierno del general Franco mantiene la Ley de Prensa redactada por José Antonio Giménez-Arnau, director general de Prensa en el Ministerio de Gobernación dirigido por Serrano Súñer (Sinova, 1989: 263), y que supone el control total de la actividad periodística. En su preámbulo se afirma que el periodista es un “apóstol del pensamiento y de la fe de la Nación”. De esta forma, todas las empresas informativas se convierten en una “institución nacional” con la misión política de propagar las ideas nacionalsindicalistas. Y su artículo primero dice: “Corresponde al Estado la organización, vigilancia y control de la Institución nacional de la prensa periódica”. Con ello se establece que la prensa es un servicio público en exclusiva, pues aunque las empresas privadas editan periódicos, siempre sus fines deben estar unidos a los del Estado.
Esta ley estará en vigor durante veintiocho años, en los que pasa por distintos momentos. Alejandro Pizarroso (1989: 231) considera que durante este largo período se distinguen diferentes etapas con características perfectamente diferenciables, pues, si la censura era intransigente al terminar la guerra, desde los comienzos de los años sesenta se produce una “cierta tolerancia”.
El término de la guerra significa el comienzo de una etapa para el periodismo en la que los periódicos son considerados botín de guerra, por lo que el nuevo régimen se apropia de ellos y quedan bajo el control de La Falange, que representa las fuerzas políticas del Movimiento Nacional. Es una visión totalitaria de la actividad periodística al servicio del régimen, que plantea unos mecanismos de control muy rígidos.
Toda la prensa del Movimiento forma parte de un monolito informativo que, en cuanto al número de publicaciones, es “uno de los imperios periodísticos más grandes del mundo” (Zalbidea, 1989: 250). Y el origen de esta cadena está en las incautaciones producidas durante la guerra a impresores contrarios al régimen, como los partidos de izquierda, sindicatos y personas afines a la Segunda República. Un imperio informativo que caerá cuarenta años más tarde con el régimen que lo creó.
Por medio de la censura previa se prohíbe mencionar a determinadas personas, hablar de algunos sucesos que puedan dar una mala imagen de la autoridad del Estado, y opinar sobre política internacional. Además, se establece el sistema de consignas, por el que los periódicos tienen la obligación de incluir determinadas informaciones oficiales. A propuesta de la empresa, el nombramiento de director corresponde al ministro, quien puede destituirlo si considera que su actividad es nociva para el Estado. Para Ricardo Martín de la Guardia (1993: 51), la Ley de Prensa del 38 pretende adoctrinar a los ciudadanos y convierte al Estado en “origen y fin del proceso informativo, puesto que de él partía y en él concluía”.
Además de las informaciones, el régimen de Franco intenta controlar a los profesionales del periodismo. En 1941 se crea la Escuela Oficial de Periodistas, en la que es imprescindible ser militante de Falange Española y de las JONS para ingresar. Es una iniciativa que monopoliza la formación de los periodistas durante veinte años, hasta que en los años sesenta se inician tres proyectos, todos del ámbito católico, que terminan con el monopolio aunque no aportan diversidad: el Instituto de Periodismo, del Opus Dei; la Escuela de Periodismo de la Iglesia, y la Escuela de Periodismo de la Acción Católica.
Tras el término de la II Guerra Mundial se inicia un período de aislamiento internacional que tiene consecuencias internas para el régimen. Se aprueba El Fuero de los Españoles en 1945, al estilo de una constitución, que en su artículo 12 manifiesta: “Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado”. La coletilla final deja claro que todo sigue igual en cuanto a la libertad de prensa. Todo apuntaba a que podría producirse una pequeña apertura, pero el propio bloqueo internacional con la retirada de embajadores en 1946 hace que el régimen se refugie en sí mismo y en su defensa a ultranza.
En 1951, el general Franco remodela su gobierno, en el que crea el Ministerio de Información y Turismo, al frente del cual nombra a Gabriel Arias Salgado, quien anuncia un “posible perfeccionamiento de la Ley de Prensa de 1938”, pero cuando abandona el cargo, once años más tarde, el borrador de la nueva ley no había pasado la fase de anteproyecto. Alejandro Pizarroso (1989: 241) afirma que con la llegada de Arias Salgado se multiplica la cantidad de consignas, “llegando a veces a extremos ridículos de detalles”. En la práctica, todo sigue como en la posguerra, con la misma legislación, y los mismos criterios de control de los periódicos como actividad pública al servicio del régimen.
En 1962 es nombrado ministro de Información y Turismo Manuel Fraga Iribarne, quien inicia los trámites de elaboración de una nueva ley de prensa, que será aprobada cuatro años más tarde.
