La complicada evolución de la libertad de prensa en España durante el siglo XX - La Guerra Civil: La información convertida en propaganda

Cuando comienza la guerra civil en España, el sistema informativo se encuentra en un momento de transición entre el modelo informativo-comunicativo tradicional y el modelo de masas. Un proceso que tiene un desarrollo desigual entre las zonas rurales y las grandes ciudades, aunque, en general, adolece de un escaso nivel de integración si se compara con otros países europeos. Sólo Madrid y Barcelona presentan una red informativa densa (Gómez Mompart, 1989: 168).

En la Guerra Civil Española, además del frente bélico, existió otro no menos importante en el periodismo. La prensa y la radio, además de los panfletos, son utilizadas como medios de propaganda con tal intensidad, que puede hablarse de una guerra periodística entre los bandos “franquista” y “frentepopulista” (Sánchez y Barrera, 1992: 357). El control de emisoras de radio se convierte en un importante objetivo militar para los sublevados, que intentan propagar el éxito de su operación. Es en esos momentos cuando la radio nace y alcanza su cenit como arma de propaganda de guerra en la contienda española, antes de ser la gran herramienta propagandística en la II Guerra Mundial (Pizarroso, 1989: 189).

También en la esfera internacional se libra esta batalla informativa con la llegada de muchos corresponsales de guerra a uno y otro bando, incluso del mismo periódico. El caso más significativo lo protagonizan los dos periodistas enviados por el New York Times, uno de los cuales, afín a la causa franquista, envía crónicas que contradicen las escritas por su compañero destinado en la zona republicana (Pizarroso, 1989: 192). Por circunstancias como ésta, de uno y otro bando son expulsados varios corresponsales extranjeros.

El 19 de julio de 1936, un día después de comenzada la guerra, se declara la censura previa en la zona controlada por la República, y nueve días más tarde el bando sublevado hace lo mismo. De inmediato, dejan de publicarse los diarios considerados hostiles en ambas zonas, y se incautan los primeros periódicos. En la parte republicana, los partidos políticos y sindicatos se apoderan de distintos diarios en una guerra de medios informativos útiles para la propaganda.

El caso de ABC es paradigmático: se edita simultáneamente en Madrid, gestionado por las autoridades de la República, y en Sevilla, donde se publica para defender la causa de los sublevados. Es el mismo periódico, con igual cabecera e idéntica tipografía, pero elaborados con dos concepciones políticas antagónicas (Gómez y Tresserras, 1989: 176). Lo mismo sucede con la agencia de noticias Fabra, que emite sus informaciones simultáneamente desde el bando rebelde, en Salamanca, y desde el leal a la República en sus tres sedes de Madrid, Valencia y Barcelona (Paz, 1989: 216).

En la zona “nacional” se constituye, quince días después del golpe militar, el Gabinete de Prensa de la Junta de Defensa Nacional, que pocos días más tarde pasa a llamarse Oficina de Prensa y Propaganda, siempre con el objetivo de centralizar toda la actividad informativa y propagandística de los sublevados.

En 1938 se aprueba la nueva Ley de Prensa que ratifica la censura previa. Además, se producen dos creaciones periodísticas durante la contienda que tienen una importante repercusión posterior: la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda (1937), Radio Nacional de España (1937), en la que colaboraron activamente los alemanes e italianos, y la Agencia Efe (1939).

La nueva Ley de Prensa está redactada con la intención de que todos los medios informativos constituyan una sola unidad de actuación con el fin de servir de propaganda a los sublevados. Ya desde septiembre de 1936, Falange Española controla 17 diarios y 23 semanarios (Martín de la Guardia, 1994: 59), y la incautación para lograr esa unidad informativa no cesará hasta concluir la guerra. Esta legislación, aunque diseñada con los criterios propios de la contienda, permanecerá en vigor al concluir la guerra, y no es hasta los años cincuenta cuando se inicia un debate dentro de los sectores afines al régimen para introducir modificaciones, pero no tiene resultados tangibles hasta 1966. Además, entre los aspectos a modificar nunca se cuestiona el espíritu de la ley en cuanto al control estricto por parte del Estado.

En las dos zonas se instala un modelo de aprovechamiento del sistema informativo para defender su concepto de Estado mediante la propaganda, aunque de forma muy distinta. En el bando nacional-católico se consolida un sistema centralizado con una jerarquía bien establecida, que obedece a la lógica de la guerra y al objetivo único de ganarla, por lo que sus mensajes tienen una gran uniformidad. Es un modelo construido desde el nuevo poder político, con una escala de valores muy clara y un discurso diáfano que es orientado en una sola dirección. La mentalidad militar se traslada a la prensa y la propaganda, y esta unidad de criterio cumple un importante papel en el asentamiento de las ideas de los sublevados: exaltación del ejército, integración de la religión en la vida diaria, y la consagración de un Estado totalitario.

En el bando republicano, por el contrario, hay demasiadas concepciones diferentes del Estado procedentes de los distintos partidos y sindicatos que apoyan el régimen, por lo que se produce una “constelación de microsistemas” (Gómez y Tresserras, 1989: 169). Para Jesús Timoteo Álvarez (1989: 221), la visión del papel que debe jugar la prensa, con unos objetivos claramente definidos en el bando franquista, contrasta con la desorientación informativa del bando fiel a la República, donde cada sector actúa según sus propias convicciones. Son modelos diferentes, y el éxito del primero tiene consecuencias reales en la marcha de la propia guerra. Se enfrentan dos sistemas informativos contrapuestos, que pueden denominarse “lo contradictorio frente a lo compacto” (Gómez y Tresserras, 1989: 170).

1937 es un año de cambios en la zona leal a la República. Tras la salida de Largo Caballero de la jefatura del Gobierno, que es reemplazado por Juan Negrín, se transforma el servicio propagandístico. Hasta ese momento, el Comisariado General de Guerra, gestionado por el Partido Comunista, es el responsable de la propaganda, pero en noviembre de este año, el nuevo gobierno traslada esta responsabilidad a la Subsecretaría de Propaganda del Ministerio de Estado, bajo una autoridad civil no perteneciente al PCE. Se intenta centralizar el mensaje, y con un decreto se prohíbe a los oficiales de las Fuerzas Armadas participar en mítines o hacer declaraciones a la prensa.

Tras la batalla del Ebro y la firma del Pacto de Munich en la esfera internacional, que niega toda esperanza de implicación de los países democráticos de occidente con la República Española, la suerte está echada en manos del bando nacional-sindicalista, y la guerra concluye el día primero de abril de 1939.