La economía política del procomún - ¿Es sostenible el procomún?

A finales de los años 60 del pasado siglo Garrett Hardin acuñó una metáfora inmensamente efectiva, «la tragedia del procomún»3. Aunque originalmente pretendía explicar por qué los incentivos privados llevarían a las empresas a contaminar su entorno incluso en contra de sus propios intereses a largo plazo y por lo tanto justificarían los controles de polución, la metáfora tomó vida propia. Vino a convertirse en la aseveración de que cualquier tipo de procomún es trágico y de que los derechos de propiedad son una condición previa necesaria para una gestión de recursos eficiente, o incluso sostenible. En los últimos veinte años hemos visto el desarrollo de una literatura que se cuestiona esta visión hasta ahora estándar del procomún. Este esfuerzo ha llegado a cristalizar de forma muy nítida en el trabajo de Eleanor Ostrom. Una revista y un ensayo bibliográfico recientes de Hess y Ostrom proporcionan una descripción general excelente de esta literatura. El quid de casi todo este trabajo es que hay ciertas circunstancias bajo las cuales los regímenes de propiedad común son sostenibles y posiblemente bastante más eficientes que los regímenes de propiedad individual.

De forma más general, puede decirse que el procomún y la propiedad existen en un espectro de ordenaciones institucionales. Que en este espectro un sistema de gestión de recursos sea más o menos sostenible y eficiente depende de las características tecnológicas del recurso y de los patrones de su uso en cualquier momento histórico dado. Carol Rose identificó muy pronto que los recursos que tienen retornos crecientes en el lado de la demanda, como la externalización de redes, son candidatos especialmente buenos para ser procomún. Ella utilizó este concepto para sugerir por qué las carreteras y los canales, medios clásicos para el comercio, tendían a gravitar hacia modelos de procomún incluso si habían nacido como propiedad privada. Ellickson describió un fenómeno respecto a la tierra de labor, según el cual el tamaño del grupo de propietarios ­­de uno a muchos­­ es una función del uso de la tierra y de los probables fallos a los que está expuesta su gestión. En lo que se refiere a los sistemas de producción y comunicación de información, he explicado como los recursos necesarios para dichos sistemas pueden gestionarse como procomún en modalidades que son sostenibles y deseables.

La información es un bien público en el sentido económico estricto y es también una entrada en su propio proceso productivo. Debido a estas características inusuales, pocos, si es que hay alguno, economistas argumentarían en contra de la proposición de que un área sustancial de procomún en bienes de información no solamente es sostenible, sino que realmente es necesario para sistemas de producción de información eficientes e innovadores.

Más allá de la característica de bien público de la información, el entorno de redes digitales está también permeado por recursos que, si bien no son bienes públicos en el sentido económico estricto, funciona bien sin embargo dentro de un modelo de procomún. Representan casos en los que la compartición de recursos en procomún tiende a reducir la escasez y se comporta mejor que los sistemas basados en propiedad. He escrito en detalle sobre por qué la capacidad de las comunicaciones inalámbricas tiene también esta característica y por qué la creatividad humana a gran escala, tal como la colaboración basada en Internet representada por el software libre y otros proyectos de producción entre iguales (peer-to-peer), comparten asimismo esta característica.

El núcleo común de estos dominios diferentes de recursos para la producción y comunicación de información es que hay algún aspecto de un determinado recurso ­­como la capacidad de comunicaciones inalámbricas, la creatividad humana, la capacidad de proceso distribuido, el almacenamiento distribuido­­ que se evidencia en un mercado particularmente árido, caro e ineficiente. En estos casos, las comunicaciones de bajo coste y los procesadores baratos que forman una parte integral de la producción y el intercambio de información hacen que maduren las condiciones para una colaboración sostenible a gran escala y para una compartición de recursos basada en el procomún, en vez de para estructuras institucionales orientadas a la propiedad.