



El caso de los países en vías de desarrollo de Latinoamérica es sustancialmente distinto al de Europa del Este, en primer lugar porque sus economía promovieron un desarrollo de tipo extensivo por sobre la utilización de la tecnología, implicando un desaprovechamiento de sus recursos, enclavado en la falta de un modelo económico definido (agroexportador, industrial, etc.) y sostenido en el tiempo, con un alto grado de corrupción de la dirigencia política y estados burocratizados en forma permanente. Permitiendo el ingreso y salida de capitales, que aprovechando las altas tasas de interés y las oportunidades muy rentables de inversión de corto plazo, provocaron profundas crisis sociales, políticas y económicas prácticamente en forma continuada.
Casi como una constante los desfasajes en sus balanzas comerciales, el permanente agujero fiscal sobre la base de un gasto público sobredimensionado, la falta de presupuestos adecuados, la concentración del poder, la ausencia de un organismo recaudador con capacidad para percibir los tributos y un sistema de distribución cada vez más regresivo y verticalista, con acumulación de riquezas en la cúspide de la pirámide, han determinado una situación muy complicada, si bien las permanentes presiones a favor de las democracias y los mecanismos puestos en práctica para la eliminación de la corrupción y la protección de los derechos humanos, mejoraron ostensiblemente la situación, estos no fueron suficiente, no obstante hay un factor muy importante a tener en cuenta y a su vez diferencia a las dos alternativas planteadas y consiste en considerar que mientras los países de Europa del Este pueden incorporarse al modelo de la Unión Europea, los países en vías de desarrollo de Latinoamérica deberán abrirse mucho más porque las distancias métricas y de bienestar de el país del Norte son mucho más pronunciada que en el caso Europeo. En este contexto lo que hay que entender es que lo que corresponde aplicar son Normas Homologables, es decir aplicar normas probadas y aprobadas, es decir la aplicación de el sello que confirma o verifica la actuación de una determinada acción , al mismo tiempo recrear las iniciativas individuales y generar el marco institucional propicio, dándole la continuidad a las reglas de juego, con objetivos factibles, maduros y conscientes
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