Los Procesos de Integración Contra la Apertura Comercial en el Marco de la Constitución - INTRODUCCION

En el artículo sobre la integración europea el autor se pregunta si es un modelo a seguir para Latinoamérica, y hace una suerte de comparación entre los procesos de integración latinoamericanos y los que llevaron a la consolidación de la Unión Europea, y el autor concluye: “es imperante la formación de bloques comerciales, puesto que es la única forma en que los países subdesarrollados puedan competir con el comercio internacional”[1][1]; si bien esta es una opinión con la que me solidarizo, el problema es mucho más complejo.

Los procesos de integración latinoamericanos, tales como son el ALADI, el CAN, el grupo de los tres, el MERCOSUR y muchos otros son iniciativas conjuntas de los pueblos latinoamericanos para obtener beneficios comunes a todos sus integrantes; sin embargo las “políticas de Apertura Comercial y Económica” son decisiones políticas unilaterales tomadas por un estado (ya sea para acceder a un mercado o para adecuar su normatividad a los estándares internacionales) y que se hacen en razón de lo que se considera conveniente en un momento determinado, un ejemplo seria el ATPDEA[2][2], una decisión unilateral de EEUU para abrir sus mercados a los países andinos porque les convenía; así el Perú también ha tomado este tipo de decisiones, desde 1990 se implanto una “política de apertura”, y se tomaron decisiones políticas con efectos jurídicos como fueron: la ley de promoción a la inversión extranjera, la reforma constitucional, la creación de INDECOPI, la reforma de ADUANAS, la adhesión a diferentes tratados internacionales y varios otros...

Es en este contexto que se presenta el problema al que nos referimos en el presente trabajo, las decisiones políticas de apertura comercial, tomadas por el estado en pos de lo más conveniente (concepto que es muy relativo y que iremos analizando más adelante), en muchos casos chocan no solo con compromisos previamente tomados por el estado y que gozan de preferencias de orden constitucional, sino también con principios constitucionalmente protegidos en nuestro ordenamiento jurídico; como ejemplo de esta situación podríamos hablar de cientos de diferentes casos, pero vamos a usar uno de los más controvertidos y actuales, la inminente firma del TLC ANDINO, de cómo las disposiciones que este contiene no solo contradicen sino que hasta harían imposibles de acatar las de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y de cómo se verían afectados derechos protegidos por la constitución del Perú.

Personalmente estoy convencido, que la integración latinoamericana es un imperativo de orden tanto económico como histórico que no podemos dejar de cumplir; sin embargo las circunstancias políticas guiadas casi siempre por intereses creados por grupos minoritarios, no solo han boicoteado y desnaturalizado este proceso sino que también ahora ha puesto en peligro los derechos fundamentales de nuestro pueblo indoamericano, sin caer en el chauvinismo, en el contenido de este trabajo haremos un análisis de los procesos de integración, de la naturaleza de las decisiones políticas de apertura comercial, de las incongruencias que estas decisiones tienen con respecto a los principios amparados en nuestra constitución y de los efectos que estas van a producir.

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[1][1] Jhonny Tupayachi, EL LARGO CAMINO DE LA UNION EUROPEA VISTO DESDE AMERICA LATINA: ¿un modelo a seguir?, ponencias desarrolladas del VIII Congreso nacional de Derecho Constitucional, Pág. 703.

[2][2] Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (Ley de preferencias arancelarias andinas para la erradicación de la droga)