El "modelo neoliberal" de educación en las universidades públicas fue ampliamente implementado en América Latina. De manera especial en Chile, cuando la dictadura militar reestructuró el sistema educacional en un sentido socialmente regresivo, al desmantelar la "universidad tradicional" y erigir sobre sus ruinas la "universidad empresarial elitista".
Como reconoce el Banco Mundial: "En América Latina, el único país que recupera una importante parte de los costos de enseñanza mediante cargos a los alumnos es Chile. En 1981, el gobierno chileno emprendió una serie de amplias reformas estructurales y financieras. Las instituciones públicas y gran número de universidades privadas impusieron el pago de derechos de matrícula; no obstante, en el resto del continente, todavía no existe, prácticamente, el cobro de matrícula en el sistema público de enseñanza superior. Según la Ley de Educación Superior de la Argentina de 1995, la decisión sobre cobrar o no cobrar derechos se deja a la discreción de las universidades. Una gran mayoría de los alumnos matriculados no paga derechos, pero algunas universidades los cobran para los estudios de postgrado".20 De acuerdo con esta misma fuente, "Antes de las reformas de 1981, Chile contaba con menos de diez instituciones públicas para atender la demanda de enseñanza superior. En 1981 el gobierno emprendió una serie de amplias reformas estructurales y financieras. La enseñanza superior se estratificó en universidades, institutos profesionales y centros de capacitación. No sólo aumentó el número de universidades privadas de paga, sino que varias instituciones públicas también empezaron a cobrar matrícula. En 1990, el 52,4% de los alumnos matriculados se concentraba en instituciones privadas que no recibían fondos públicos; en ese mismo año, el Estado financiaba el 27% de los costos, frente al 100% durante el período anterior a las reformas de 1980.
La multiplicación de las universidades privadas, si bien contribuyó a atender la creciente demanda de enseñanza superior, facilitó el acceso a un número de alumnos mucho más elevado e introdujo una mayor diversidad, todo ello sin costo para el Estado; supuso también un aumento de los costos de matrícula, un descenso de la calidad y un crecimiento incontrolado".21
Para corregir los problemas de la educación superior en Chile se proponen reformas que tendrían los siguientes objetivos: mejorar la calidad y la pertinencia de la enseñanza, establecer una política financiera y un marco normativo propicios y facilitar el acceso de los alumnos desfavorecidos mediante una política de préstamos selectivos y un sistema de becas para "cubrir" una red más amplia de especialidades. Lo fundamental de las reformas es la necesidad de completar la privatización del sistema educativo.
Pero bajo una perspectiva crítica, que es la del sociólogo chileno, Eduardo Aquevedo, se asienta, que "El ataque sistemático contra las Universidades Tradicionales (con excepción relativa de la Universidad Católica), los procesos de profunda reestructuración desencadenados en esas casas de estudio y la emergencia de un sinnúmero de universidades privadas, dan cuenta de la tentativa de los nuevos sectores dominantes de situar la regulación mercantil en el centro de la actividad cultural, intelectual y educacional chilena. Mas aún, de transformar el mercado no sólo en regulador único de la economía, sino en regulador central de la sociedad".22
De acuerdo con él, las causas de esta transición se deben ubicar en "... los procesos de intervención y reestructuración de las Universidades chilenas acaecidos bajo la dictadura militar, que bajo la batuta de 'Rectores delegados' sumieron a dichas Universidades en la más grave crisis moral, material e institucional de que se tenga memoria en toda la historia de nuestro país. En particular, la contra-reforma iniciada a comienzos de los años 80 implicó en los hechos un ataque sistemático contra la mayoría de las universidades tradicionales, y un intento en gran escala por mercantilizar y privatizar progresivamente el conjunto de la educación universitaria y superior del país... De ese proceso de contra-reforma y reestructuración se deriva la brutal reducción del financiamiento público a la educación superior, - que pasa del 2,11% del PGB en 1973, a sólo 1,05% en 1980, a 0,47% en 1987 y a menos de 0,6 en 1996 -, y las consiguientes políticas de autofinanciamiento y de arancelización impulsadas por el régimen militar. Esta política general de financiamiento, proseguida por los gobiernos de la Concertación, estrangula económicamente a las universidades tradicionales y pervierte y empobrece progresivamente su quehacer académico".23
Este nuevo "modelo" neoliberal de universidad, que puede ser considerado como "paradigmático" de las instituciones educativas de nivel superior en América Latina, se sustenta en los siguientes ejes, que sintetizamos del trabajo de Aquevedo:
a) Segmenta y divide el "parque universitario" en el curso de la década de los ochenta, cuestión que incrementa de 8 a mas de 60 las universidades del país. Dos de los objetivos estratégicos de esta política consisten en "desarticular las grandes estructuras universitarias, que pudieran ser "focos de subversión" y desregular el sistema educativo para que pueda rentabilizarse con el capital privado y someter a las instituciones educativas a la lógica y a los intereses del mercado capitalista.
b) Constituye 82 Institutos Profesionales y 168 Centros de Formación Técnica, en su casi totalidad de carácter privado.
c) Crea un "sistema de financiamiento privatizado basado esencialmente en el arancelamiento - (pago de cuotas) - de toda la educación superior y en la introducción de mecanismos competitivos para la asignación de recursos públicos... en la situación precedente el financiamiento era asegurado en más de tres cuartas partes por el Estado (más precisamente, 90,6 % en 1970, para caer al 40,9% en 1990). Ello ha significado una reducción del gasto en Educación Superior dentro del PGB desde un 1,81 % en 1973, a 0,45% en 1990; y del gasto fiscal en Educación Superior dentro del gasto fiscal educacional, desde un 39,7% en 1973 a un 21,6% en 1990".24
d) Se acentúa el carácter elitista de la "nueva" universidad, cuestión que, de acuerdo con el autor citado, se puede cotejar con las "tasas de escolarización y composición social" que de "... una tasa de escolarización de 16,4 % dentro del grupo de edad de 20-24 años alcanzado en 1973, se cae a un 9,8% en 1990. Por consiguiente, los incrementos de matrícula en el conjunto del sistema de Educación Superior (de 145 663 registrado en 1973, a 249 482 en 1990) se refieren estrictamente a los niveles no-universitarios. En cuanto al carácter socialmente excluyente del sistema, puede observarse que 'mientras que para la totalidad del grupo 18-24 años el promedio de su participación neta en la matrícula de la educación superior es de 15,8%, tal participación es de sólo 5,67% para el grupo de más bajos ingresos (primer quintil), y de 41,0 para el grupo de más altos ingresos".25
e) Crea un sistema de créditos a los estudiantes que conduce a situaciones extremas como la de que durante la permanencia en la universidad (cinco años), el alumno adquiera una deuda que lo compromete por los próximos quince años. Entre las medidas de sanciones que contempla la administración para quien incumpla, figura la suspensión de clases, la retención del certificado o título y la consignación ante los tribunales judiciales competentes del moroso que, incluso, en caso extremo, puede conducir a la penalización. Así, la pobreza que genera constantemente el sistema capitalista, por estudiar en los regímenes neoliberales, se castiga con la aplicación de sanciones y, cuando esta son insuficientes, con el encarcelamiento.
f) Es un sistema educativo que acentúa sus mecanismos autoritarios de gobierno y de exclusión política en la toma de decisiones de los miembros de la comunidad universitaria. Por lo tanto, excluye todo indicio de democratización.
Este sistema educativo vigente en esa nación sudamericana, encuentra en México, con el nuevo gobierno conservador de Vicente Fox, el mejor ambiente para imponer la privatización y la educación y la implementación de los programas de ajuste de la educación.
En efecto, el actual rector del Tecnológico de México e integrante de los Consejos de Administración de Latin America Board de IBM, Worl Bank Institute, Southwest Research Institute de San Antonio Texas, de CEMEX y Bancomer, Rangel Sostmann, coordinador del área educativa en el equipo de transición del presidente Fox, en declaraciones recientes afirmó que cambiará los paradigmas de la educación para ofrecer "mejores oportunidades" a los mexicanos, lo que implicará que las instituciones de educación superior obtengan los recursos para su operación de las cuotas que reintegren sus egresados o los estudiantes: "En el caso concreto de la UNAM, que vivió una de sus principales crisis por el intento de incrementar las mismas, refirió que se trata de que su comunidad entienda la importancia de retribuir a su universidad lo mucho que ésta le dio, pero si no lo decide así ese será su problema y ellos tendrán que resolverlo".26 Asumiendo el evangelio neoliberal, dice que: "...todo estudiante que va a la universidad tiene una responsabilidad para con la sociedad y esa responsabilidad tiene que ser económica; en otras palabras, una persona que termina la universidad tiene que regresar lo que se invirtió. Sé que esto crea una controversia muy grande y que todo mundo piensa que es injusto. Creo que hoy tenemos que pedirle a todos los mexicanos que si se les ayuda tienen que responder solidariamente a lo que la sociedad les está dando... hay universidades públicas que funcionan perfectamente porque 30 por ciento de sus ingresos los están pagando los estudiantes".27 Además, planteó que los "esquemas de evaluación" de la educación en todos los ciclos y niveles se tienen que ajustar a los nuevos tiempos: "...tenemos que enseñarnos a que hay organismos nacionales e internacionales muy acreditados que nos pueden dar el reconocimiento en la educación para mejorar".28
Para avanzar en la imposición de este esquema neoliberal, los nuevos integrantes del equipo conservador de Fox, planean modificar la constitución política del país para limitar la "autonomía" y borrar toda huella de educación gratuita consagrada en el texto constitucional.
