Neoliberalismo y educación - La Renuncia de Barnés y el nuevo Rector

Después de 207 días de huelga efectiva en la UNAM, el 12 de noviembre de 1999 presentó formalmente su renuncia el rector Barnés, ante la Junta de Gobierno, como producto de su incapacidad para resolver el conflicto universitario. Con esta renuncia vino un cambio de tónica: muchos pensaron que el nuevo rector traía la misiva del "diálogo-negociación" y, por ello había, que "flexibilizar" el PP para "resolver" el conflicto. En esta lógica cayeron tanto moderados como neo-moderados, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. El papel protagónico le correspondió entonces a En Lucha.

El motivo de la renuncia se expuso en un desplegado en la prensa nacional un día después: "Ante la impotencia para encontrar una vía de solución dentro del ámbito universitario, utilizando los únicos medios que los universitarios tenemos a nuestro alcance, que son los del diálogo y el uso de la razón, debido a la intransigencia de los grupos radicales que se han adueñado de la conducción del movimiento, a la injerencia de grupos políticos ajenos a la vida universitaria y al clima de impunidad que a lo largo de estos meses ha prevalecido, he decidido presentar mi renuncia ante esta H. Junta de Gobierno."196

El ex-rector confiesa que fue impotente, incapaz, para dar solución a las demandas estudiantiles del CGH y apunta como "causas", elementos que encubren la esencia del conflicto: la "injerencia de los partidos políticos" (claro que aquí no se refiere a su partido el PRI, además del PRD); los 2 grupos radicales (que no identifica) y el "clima de impunidad" que no especifica cuál, ocultando las verdaderas: su incapacidad real para brindar primero una respuesta y, después, una solución al pliego petitorio del CGH que asegurara la gratuidad de la educación, que ampara la Constitución, y su carácter público; el desmantelamiento del aparato represivo instrumentado en la UNAM, la anulación de las clases extramuros y la recuperación del semestre, el retiro de todo tipo de actas administrativas y penales contra los participantes en el movimiento, la suspensión de las reformas de 1997 respecto a la derogación del pase automático y la desvinculación de la UNAM del CENEVAL, además de la garantía de celebrar un Congreso Democrático y Resolutivo que transformara de raíz la estructura antidemocrática y vertical de gobierno de la UNAM.

Por su parte, en un comunicado, la Junta de Gobierno, después de"... lamentar las circunstancias por las que ha venido atravesando nuestra institución y que desembocaron en la renuncia del Rector", "acepta" la dimisión de Barnés, no sin antes reconocer que "Las razones por él expuestas, en el documento que nos dirigió, revelan su compromiso institucional y su apego a los principios y valores universitarios.

Reconocemos plenamente el esfuerzo excepcional que ha hecho para resolver el conflicto que nos aqueja, pero los argumentos que expone nos llevan a aceptar, con gran pesar, su renuncia.

Aseguramos a la comunidad universitaria que velaremos por mantener los altos principios en los que la Universidad funda su grandeza y que le han permitido superar los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su historia.

Corresponde ahora a la Junta de Gobierno, en el uso de las facultades que la Ley le otorga, designar al Rector que reclama la Universidad".197

El nuevo Rector de la UNAM fue designado como un vocero de la presidencia de la república encomendado por Zedillo para levantar la huelga mediante la construcción de "consensos" entre las "partes en conflicto" y entre la "comunidad universitaria". Pero también se debe reconocer que la renuncia del rector se dio en función de la presión que el movimiento estudiantil desató para conquistar sus demandas, además de otros factores de carácter político, como las contradicciones en el seno del aparato de poder universitario, que llevó a escoger a un rector que no era del agrado de grupo UDUAL integrado por los ex-rectores Sarukhán, Rivero y Soberón que, junto con Barnés, se opusieron rotundamente a toda tentativa de realizar el congreso universitario.198

La caída de Barnés no fue, como dijo la revista Proceso con su característico amarillismo periodístico, "producto de una llamada telefónica" desde los Pinos; si bien intervino el gobierno, fue obligado por las circunstancias políticas que le imponían tanto la prolongada y fortalecida huelga universitaria de más de 7 meses, como su incapacidad desde el punto de vista de los intereses gubernamentales para haber fortalecido a los mermados grupos moderados y cuya miopía política dio muestras de cinismo y de cerrazón para atender el diálogo público, directo y resolutivo a que convocaba el CGH. Tampoco se podía enarbolar un triunfalismo a cuatro vientos, como el de En Lucha, cuando declaró que había caído el tirano, "déspota y prepotente", identificando ficticiamente su caída con un "duro golpe que están recibiendo los organismos financieros internacionales para la universidad más importante de América Latina".199

Acontecimientos posteriores como el plebiscito oficial del día 20 de enero; el intento del rector De la Fuente de entrar a la explanada de CU el 25 de enero para "entregar" los resultados del plebiscito al CGH200; el ultimátum del 4 de febrero en la Antigua Escuela de Medicina, la toma de planteles por la PFP y de CU el 6 de febrero, pusieron al desnudo que ese triunfalismo carecía de bases sólidas. Por lo tanto, otros sectores del CGH y de académicos más realistas, relativizaron la caída y no cantaron victoria como se hizo en los círculos de los moderados, tanto dentro de los investigadores como de los estudiantes, sobre todo, de sus representantes consejeros universitarios, respecto a los buenos augurios para "resolver" el conflicto. Por el contrario, se prendieron las luces de alerta para esperar una nueva embestida desencadenada por los medios de comunicación, el alto clero, los "investigadores plurales", los gobiernos federal y del DF y los autoproclamados "demócratas" para reeditar una "propuesta de salida", pero no de verdadera solución a la problemática universitaria.

El calendario escogido por Barnés, desde que aprobó el incremento de las colegiaturas el 15 de marzo, ya no daba para más, es decir, para levantar la huelga y derrotarla, satisfaciendo así los planes de imposición de los programas neoliberales en la universidad: privatización, recortes al presupuesto, incremento de las colegiaturas y de impuestos onerosos a los estudiantes, autofinanciamiento, etcétera. En otras palabras, para imponer la universidad académica calcada de los dogmas neoliberales.

La derecha barnesiana recibió un golpe con la caída de su "jefe nato" y, con ella, todos aquellos grupos e individuos que venían negociando con él, como era el caso público del PRD. Dicho golpe, sin embargo, fue posible gracias a la lucha del CGH y al declive de los moderados que en los últimos meses se dedicaron a sabotear las asambleas locales y las plenarias del organismo estudiantil y menos a "hacer política", como dicen ellos, para conquistar la "dirección" del movimiento.

El nuevo rector anunció que aceptaba el "diálogo" para construir "consensos" entre la comunidad universitaria; pero más adelante se evidenció que lo que se buscaba era "una salida" y no una satisfacción, de las demandas estudiantiles contenidas en el PP.

Desde el punto de vista del movimiento, lo que debería quedar claro era que si algo había que evitar era justamente la reedición de la salida de 1987-90, es decir, aquélla que simplemente "suspendió" las reformas de Carpizo y pactó un "congreso" con sobrerepresentación de autoridades y académicos. En la misma dirección apuntaban los acuerdos del 10 de diciembre de 1999, donde: a) se reconoció que el diálogo era la única vía para solucionar el conflicto universitario; b) que la agenda del diálogo eran los seis puntos del pliego petitorio del CGH; c) que el diálogo sería transmitido por Radio UNAM en vivo y directo y TV UNAM se comprometía a grabar el diálogo y transmitirlo posteriormente sin ediciones y, por último, d) que el CGH era el único interlocutor en la discusión y solución del pliego petitorio y del conflicto de huelga estudiantil. Las autoridades aceptaron firmarlos en el entendido de que servirían como base para el "análisis y discusión" del PP, pero no aseguraban, de por sí, la plena satisfacción de las demandas del movimiento, como se desprende del punto 2 de dichos acuerdos.

A pesar de este indudable avance del movimiento estudiantil, sobre todo de sus sectores progresistas que siempre se opusieron a la línea partidista y moderada que apostaba desde un principio a que "la huelga estaba desgastada y había que levantarla" aún sin atención de las demandas, todavía quedaban muchos obstáculos por superar.