Durante la Primera Jornada de la Convención Democrática Universitaria, el CGH logró varios acuerdos de consenso, respecto a la representatividad y a la proporcionalidad en el Congreso. "Consenso 3: considerando que este movimiento ha mostrado que el sector estudiantil es el más consecuente en la lucha por la transformación democrática de la universidad, que es la lucha actual de los estudiantes la que ha arrancado la aceptación de un Congreso Universitario por parte de las autoridades y que es ese sector el mayoritario en la universidad, la representación en el Congreso debe ser mayoritariamente estudiantil".246 En Lucha y otras corrientes afines a su línea política, como CLETA y otros grupos menores, siempre desconocieron este resolutivo de la Convención que, además, fue avalado por profesores, trabajadores, padres de familia y organizaciones sociales, en beneficio de su propuesta de "paridad", es decir, de la propuesta que, al igual que en 1990, deja en minoría a los estudiantes, al disminuirles su proporcionalidad como sector, en relación con el total de la población universitaria.
La convención, por el contrario, acentuó que: a) el Congreso Universitario deberá de contar con una mayoría estudiantil y b) donde las autoridades no participen como tales, sino en tanto académicos, en su sector respectivo. Puntos esenciales para evitar la repetición del Congreso de 1990247 que dejó a la universidad tal y como estaba antes de la realización de dicho Congreso y, sobre todo, transfirió el problema del RGP y otros al actual conflicto de la universidad.
En función de los datos consignados en la gráfica anterior, a la mayoría estudiantil en el Congreso, se contrapusieron dos propuestas más: la de la minoría y la de la paridad.
Mientras que la primera incluye proporciones que van del 51% de representación estudiantil hasta el 83% (cuestión que el CGH aún no ha fijado); la segunda, acusa porcentajes que sitúan al estudiantado por debajo del 50% y, por último, la de la "paridad", que "iguala" artificialmente a los otros sectores (académicos y administrativos) con el estudiantado.
Propuestas de Proporcionalidad para el Futuro Congreso Universitario
|| Sector || Mayoría248 || Minoría || Paridad || Congreso de 1990 ||
|| Estudiantes || 51 hasta 83.5% || 40% || 38% || 47% || 37% ||
|| Académicos || 9.3% || 40%249 || 38% || 47% || 37.5% ||
|| Investigadores || X || X || 16%250 || X || 12.5% ||
|| Trabajadores || 7.2% || 15% || 4% || 6% || 6.25% ||
|| Autoridades || X || 5% || 4% || X || 6.25% ||
En beneficio de la "paridad" se llegó a interpretar supuestamente que en cuanto a la propuesta de "mayoría estudiantil" no se había decidido si era "mayoría absoluta" o "mayoría relativa", cuando para el CGH y los sectores participantes en la Convención, era del todo claro como la luz del día que matemáticamente, por mayoría se entiende a partir del 50% más 1; cualquier otra proporcionalidad por debajo ya no es mayoría, ¡sino minoría!
El "argumento" central de la paridad descansa en la idea, por cierto equivocada, de que esa propuesta permitiría "evitar que parte de la comunidad universitaria se sume a la propuesta de Congreso de las Autoridades". Este es el argumento más "fuerte"; además se dice, que es una oferta para ganarse al "centro" (el que supuestamente "no está ni con el CGH ni con las autoridades"); visión cándida que no tiene sustento en la universidad-Estado donde existen, además de "comunidad", sujetos concretos con intereses de clase y de fracción y que después de un año de huelga y de conflicto ya han apostado o por una fuerza o por la otra y así se comportarán en el Congreso.
La argumentación a favor de la propuesta paritaria de En Lucha, se puede resumir en la siguiente:
Como tanto la rectoría como el CGH se encuentran "aislados", la lucha actual se convierte en una competencia por ver quién agrupa a más gente de la comunidad universitaria en torno suyo. Así, el Congreso que proponga cualquiera de las dos partes se convierte en el instrumento adecuado para lograr este cometido. Considerando, además, que es difícil que actualmente la autoridad le conceda al CGH el Congreso que propone, entonces, la propuesta de Congreso del CGH sólo puede servir para evitar que parte de la comunidad universitaria se sume a la nueva propuesta de Congreso que hagan las autoridades. De esta forma, al CGH se le facilitaría realizar el boicot a ese Congreso. Las propuestas de Congreso de las autoridades, tanto la del 90 como la actual, no son propuestas paritarias, puesto que en éstas se incluye como otro sector no sólo a las autoridades, sino también a los investigadores, los cuales se inclinan homogéneamente hacia la posición de las autoridades. Por último, reconoce que el "Congreso paritario" no es una propuesta que satisfaga al movimiento, sino que es una estrategia política y es la última "oferta" del CGH supuestamente "no negociable".
Entonces: resulta que: a) primero, se asume la "paridad" para "ganarle" a las autoridades a sectores del resto de la comunidad (al "centro"); luego b) se planea un "boicot" al Congreso de De la Fuente y, por último, c) el CGH no negocia su "propuesta de paridad". ¿Serán tan ingenuas las autoridades como para creer en esta "inteligente" táctica?
El error de fondo de la paridad radica en que parte de una ilusión derivada de la creencia en un presunto "centro apartidista" existente en la "comunidad universitaria", que "puede ser coptado" por el movimiento, como si la gran mayoría del profesorado no se hubiera manifestado durante el conflicto por cualquiera de las dos posiciones, siendo una minoría, como en 1986-1990, de académicos (básicamente de AUA y MAGNA) la que se inclinó por el CGH.
En segundo lugar, se argumenta que "Proponemos un Congreso donde el porcentaje de delegados académicos (que incluyen a los profesores, los investigadores y las autoridades que participen en él) sea igual al de los delegados estudiantes, es decir, paridad entre estos dos sectores. En el Congreso de 1990, el primer sector contaba con el 56.25% de los delegados (37.5% de profesores, 12.5% de investigadores y 6.25% de autoridades), mientras que los estudiantes representaban sólo el 37.5% de los delegados".251 Esta declaración de uno de los dirigentes de En Lucha, utilizando subrepticiamente la "mayoría relativa" como método para filtrar la "paridad", en el fondo ubica al sector estudiantil en minoría frente a los otros sectores ya que, como vimos en el cuadro anterior, al sumar el porcentaje que por separado se le atribuye a los sectores (47% para los académicos, siendo que éstos representan en realidad el 9.3%, más el 6% a los trabajadores administrativos), artificialmente se infla al sector académico a costa de reducir, en términos reales, a los estudiantes como se muestra en el siguiente ejercicio realizado por el profesor Guillermo Pardo del CCH-SUR:
En "Hablando de números", ("O la Juana aunque la vistan de seda Juana se queda"), con cifras del año 1998 de la Dirección General de Planeación, Evaluación y Proyectos Académicos de la UNAM, considerando un total de 308,230 personas, excluyendo a 5,748 que corresponden a personal de confianza, los estudiantes tienen una población de 260,000; es decir, el 84.35%; el sector académico, incluyendo a los investigadores, suma 25,743, es decir 1863 investigadores más 23,880 profesores y corresponde al 8.35 %. Los administrativos de base, con una población de 22,487, equivalen al 7.29 %.
Al variar el porcentaje de uno de los tres sectores, repercute en el porcentaje de los demás. Si un sector disminuye su porcentaje, al menos uno de los otros sectores aumentará en la proporción correspondiente. Del total de la población mencionada, cada 1% representa a 3082 personas, aproximadamente.
De acuerdo con lo anterior podemos analizar algunas de las propuestas relativas al porcentaje de cada sector en la composición del Congreso:
Para la "propuesta conocida como de "paridad": el sector estudiantil (47 %) disminuye un 37.35 %, por lo que renuncia a la representación de 115,112 compañeros; el sector de académicos, incluyendo a investigadores (47%) aumenta un 38.65%, con lo que incrementa su representatividad en 119,119 compañeros, mientras que el sector de administrativos de base (6%), disminuye en 1.29 %, que equivalen a 3975 que dejan de ser representados.
Como vemos, la propuesta paritaria, no sólo deja en minoría a los estudiantes frente a los otros sectores, sino que implica cederle a una artificialmente incrementada proporción de académicos e investigadores la representatividad de 115,112 estudiantes que dejan de estar representados en el Congreso. ¡Que flamante forma de introducir, como en el código federal electoral, el artificial principio de "mayoría relativa"! que, como en las películas de cantinflas, resulta en una reverenda minoría.
La conclusión del profesor Pardo es contundente: "...se observa una intencionalidad exagerada por alimentar la proporcionalidad (y por consecuencia de las ventajas que esto conlleva), del sector que representa a los académicos, cimentando la representatividad en bases falsas o que no le corresponden ni por presencia poblacional ni por actividad o compromiso político en el conflicto universitario que aún no ha sido resuelto. Es el congreso democrático el objetivo que el movimiento se ha planteado y que debe lograr, por lo que la propuesta idónea que obedece a la respectiva proporcionalidad de cada sector, debe darse en función de los legítimos derechos de cada uno de los sectores y no a través de privilegiar a uno de ellos imponiendo una disminución al resto".252
Otros sectores esgrimieron una serie de argumentos en beneficio de la mayoría estudiantil en el Congreso, entre los que destacan los de la Magna Asamblea Académica del 16 de enero de 2000, en un volante que distribuyó y donde establece "10 razones por las que los alumnos deben ser mayoría en el congreso":
"1.- Porque los alumnos son los que han cuestionado a la UNAM.
2.- Porque los alumnos son los que hicieron la huelga. Cuando los eméritos quieran mayoría ¡que hagan su huelga!
3.- Porque de lo que se trata es de convencer a los alumnos y no de aplastarlos a fuerza de votos.
4.- Porque si a los alumnos se les declara capaces para asistir a un Congreso, es incongruente declararlos incapaces al ponerlos en minoría.
5.- Porque los alumnos son la mayoría en la UNAM.
6.- Porque los alumnos son la razón de ser de la Universidad, la UNAM existe para ellos. Por más que los académicos seamos permanentes, simplemente no existiríamos si no hay alumnos.
7.- Porque desgraciadamente hoy el control sobre los académicos es asfixiante.
8.- Darle solamente 50% de delegados a los alumnos, equivale a negarlos como mayoría.
9.- Hoy, la única posibilidad de transformar a la UNAM es con una mayoría estudiantil en el Congreso.
10.- Los alumnos no conocen de compromisos y cuando los académicos cambiemos, cuando todo el sector se vuelva progresista, defendiendo nuestros propios intereses, entonces podrá pensarse distinto".253
Por otra parte, debe considerarse la experiencia del fallido congreso de 1990, en relación con la "toma de decisiones", que fue producto de la forma como quedó estructurada la representación de los sectores en el congreso y que dejó en minoría al sector estudiantil. Al respecto, alerta González Ruiz: "En las negociaciones, la parte oficial se comió a los representantes del CEU. Haber pactado un quórum de 75% para las decisiones de la Comisión Organizadora del Congreso Universitario, (COCU) y de 66% para el Congreso fue un error fatal. En los hechos, la burocracia contó con el derecho de veto de las decisiones de los representantes de la comunidad.".254
A esto le debemos acotar que esa conformación de la COCU fue producto de la previa formación de una Gran Comisión que solamente aseguró 12 representantes de licenciatura y bachillerato para 300 mil estudiantes, mientras que la Rectoría y el Consejo Universitario tuvieron 16 representantes en esa comisión. Era obvio, y así quedó denunciado por los estudiantes brigadistas que eran entonces la oposición política a los dirigentes del CEU-histórico en aquélla época, que esa composición en la representación inter-sectorial iba a reflejarse tanto en la COCU como en el mismo Congreso de 1990.
En función de lo anterior, y volviendo al conflicto actual, había que diferenciar dos fases en las negociaciones con las autoridades en el diálogo, en relación con la representatividad de los sectores en el Congreso; cuestión que nunca fue bien comprendida o no se quiso comprender.
Primero, se trataba de llegar a la mesa de diálogo en las mejores condiciones para negociar: por lo tanto, la parte estudiantil, en particular, el CGH, debería reivindicar una mayoría proporcional a su tamaño poblacional, donde no hubiera sobre-representación que implicara otorgarle una capacidad de decisión mayor a un sector que no la tiene, como por ejemplo, a las autoridades cuando se atribuyen un 4%. Pero, además de su tamaño, se tenía que admitir que tanto en 1986-1987 como en 1999-2000, políticamente fueron los estudiantes, no los académicos, ni los administrativos, la fuerza progresiva de la universidad, sobre todo, la que se articuló en el CGH.
Es por esta razón que muchas escuelas y sectores del CGH demandaron y defendieron en sus resolutivos una participación mayoritaria que, como era obvio, como en cualquier negociación, iba a ser objeto de discusión y regateo con las autoridades. Si como producto de este proceso, que por cierto no se dio, el resultado hubiera sido modificar la participación porcentual del estudiantado en el Congreso, en beneficio ya sea de los académicos o de las autoridades, sin embargo, esa proporcionalidad hubiera sido reflejo, no tanto de la relación del Congreso con el tamaño de la población estudiantil o de "negociaciones en lo oscurito", sino de su fuerza real, política en la coyuntura de la huelga o de la poshuelga. Pero esto definía la segunda fase que, en adelante, dependerá de la manera como el CGH luche por conquistar un lugar digno en el Congreso, contrarrestando, en alguna medida, la sobre-representación de los otros sectores en el futuro y las propuestas "paritarias".
Un último punto es el relativo a que no se debe formar una Comisión Organizadora del Congreso Universitario (COCU), sino directamente organizar una "comisión técnica de logística" constituida por el CGH, los académicos y los trabajadores, en un fiel reflejo de la actual correlación de fuerzas; al que se podrán agregar otros sectores de universitarios, pero no sobreponerse. La toma de decisiones no deberá de ser ponderada al estilo del 90, donde en la COCU se requería del 75% de los votos para que una propuesta fuera aprobada y el 66% en el Congreso. Consideramos que la fórmula de la mayoría simple, es decir, cuando el número de votos a favor de una propuesta es mayor que los votos en contra, es una fórmula práctica y democrática para avanzar y refrendar un Congreso con verdadera vocación transformadora.
Este cambio no puede ser otro que mediante el acuerdo entre profesores, estudiantes y trabajadores administrativos, padres de familiar y otros sectores del pueblo (como los sindicatos de electricistas y maestros): discutir y proponer una nueva Ley Orgánica de la Universidad que coloque a la universidad pública, gratuita y laica en la modernidad del siglo XXI, introduciendo la elección democrática del rector y de todas las autoridades universitarias por votación universal, directa y secreta y encontrar fórmulas también democráticas de gestión del presupuesto para que este se destine verdaderamente al desarrollo de las actividades substanciales de la universidad que son y seguirán siendo la investigación, la docencia y la extensión del conjunto de sus productos al pueblo y a la sociedad. Un congreso democrático y resolutivo de corazón constituyente.
